CE - Sentencia 11001032500020200018200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00182-00 (0183-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones1

Demandada: Luz Amparo Corredor de Pérez

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Foncep contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A2, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia emitida el 15 de julio de 2015 por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Luz Amparo Corredor de Pérez contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep

contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión del 15 de julio de 201 5 dictada por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-2014-00335-00(01), a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Luz

1 En adelante Foncep. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 11001 -33-35-010-2014-00335-01; demandante: Luz Amparo Corredor de Pérez, demandado: Foncep.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020) Demandante: Foncep Amparo Corredor de Pérez contra esa entidad, encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la anulación de la sentencia del 30 de junio de 2016; ii) la declaratoria de que Luz Amparo Corredor de Pérez, en cuanto a la liquidación de su pensión de jubilación, no era acreedora de un derecho adquirido;

junio de 2016; ii) la declaratoria de que Luz Amparo Corredor de Pérez, en cuanto a la liquidación de su pensión de jubilación, no era acreedora de un derecho adquirido; y iii) la reliquidación de la prestación en un monto o tasa de reemplazo del 75% previsto en el artículo «6 del Decreto Ley 546 de 1971 » y con una base de liquidación con fundamento en lo previsto en los artículos 36, inciso 3, o 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores de salario de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresament e dispongan esa condición, tal y como lo determinó la jurisprudencia de la Corte Constitucional 3 y el Consejo de Estado4.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luz Amparo Corredor de Pérez nació el 30 de enero de 1949 y prestó su s servicios al Departamento Administrativo de Bienestar Social desde el 10 de enero de 1972 hasta el 31 de mayo de 2005.

3.2. A través de la Resolución 0 034 del 3 de enero de 2005, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, le reconoció la pensión de jubilación , efectiva a partir del retiro del servicio.

3.3. Por medio de la Resolución 1307 del 1 2 de mayo de 20 05, la prestación fue reliquidada con el 85% del promedio de la asignación básica y la inclusión de otros factores salariales devengados entre los años 1 995 y 2004. La mesada pensional

reliquidada con el 85% del promedio de la asignación básica y la inclusión de otros factores salariales devengados entre los años 1 995 y 2004. La mesada pensional resultó en $967.656.

3.4. El 18 de junio de 2013, la demandada solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación en consideración a lo previsto en la Ley 33 de 1985; sin embargo, fue negada por el Foncep mediante el Oficio 2013EE109501 del 30 de septiembre de 2013.

3.5. En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Luz

3 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T039 de 2019, A326 de 2014 y A229 de 2017. 4 Sentencia SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del agosto 28 de 2018.3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020) Demandante: Foncep Amparo Corredor de Pérez presentó demanda contra el Foncep en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 2013EE109501 del 30 de septiembre de 2013, a través de la s cuales la entidad le negó la reliquidación de la pensión de jubilación en consideración a la totalidad de los factores de salario que percibió en el último año de servicio.

3.6. El asunto le correspondió al Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del

consideración a la totalidad de los factores de salario que percibió en el último año de servicio.

3.6. El asunto le correspondió al Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, el que por medio de la sentencia del 15 de julio de 2015 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda para lo cual declaró la nulidad del acto administrativo acusado y ordenó al Foncep reliquidar la pensión de jubilación de Luz Amparo Corredor de Pérez con el 75% del promedio de los factores devengados en último año de servicio , como lo eran «asignación básica, ajuste sueldo, trabajo suplementario recargo nocturno, domingo festivo extra nocturno, prima de riesgo, (1/60) quinquenio, (1/12) prima de antigüedad, (1/12) prima semestral, (1/12) bonificación por servicios prestados, (1/12) prima de v acaciones, (1/12) prima de navidad y (1/12) prima semestral ajuste, desde el 1° de junio de 2005, pero con efectos fiscales a partir del 18 de junio de 2010 por prescripción trienal» (sic).

3.7. La anterior decisión fue apelada por el Foncep y a través de la sentencia recurrida fue confirmada parcialmente en sede de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

3.8. El Foncep mediante la Resolución SPE-GP 0976 del 12 de diciembre de 2016 dio cumplimiento a la providencia proferida por el Tribunal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

3.8. El Foncep mediante la Resolución SPE-GP 0976 del 12 de diciembre de 2016 dio cumplimiento a la providencia proferida por el Tribunal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión del 15 de junio de 2015 emitida por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

5.1. Comoquiera que Luz Amparo Corredor de Pérez era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podía acceder a la pensión de jubilación con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio.

5 CD folio 18, archivo «FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA».4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020) Demandante: Foncep 5.2. Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de 2010 6, para el reconocimiento de la p ensión de jubilación era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de liquidación, de modo que el monto de la prestación se debió establecer con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio , bajo el entendido de que eran factores de salario aquellas sumas que percibía el servidor

la base de liquidación, de modo que el monto de la prestación se debió establecer con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio , bajo el entendido de que eran factores de salario aquellas sumas que percibía el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les hubiere otorgado.

5.3. Así las cosas, debía confirmarse la decisión de primera instancia que declaró la nulidad del oficio demandado y ordenó la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, es decir asignación básica , prima de antigüedad, trabajo suplementario y recargo nocturno, ajuste del sueldo, prima de riesgo, prima de vacaciones, quinquenio, prima semestral, bonificación por servicios y prima de navidad, con efectos fiscales por prescripción desde el 18 de junio de 2010.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la s causales previstas en l os literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que determinaron que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición se liquidarían conforme con las reglas previstas en los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según fuera el caso, y con la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, pero que se conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior.

la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, pero que se conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior. No obstante, la prestación que fue reconocida a Luz Amparo Corredor de Pérez se reliquidó en consideración a todos los emolumentos de salario devengados en el último año de servicio.

6.2. Por tanto, aquella, al haber sido beneficiaria d el régimen de transición, tenía derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que t enía que ver con el ingreso base de liquidación8, el cual se encontraba regulado en el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 7 Folios 4 vuelto a 12 vuelto. 8 En lo sucesivo IBL.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)

Demandante: Foncep

6.3. El principio de sostenibilidad financiera del sistema se vio afectado toda vez que se aumentó la mesada pensional en un 42.40% sin que existiera justificación legal o jurisprudencial para ello.

6.4. Así entonces, l a cuantía del derecho reconocido exced ió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en

jurisprudencial para ello.

6.4. Así entonces, l a cuantía del derecho reconocido exced ió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del IBL.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Luz Amparo Corredor de Pérez se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por

las razones que se expresan a continuación9:

7.1. La sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó el fallo del Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá el 15 de julio de 2015, se profirió conforme con las normas legales y la jurisprudencia vigente para esa época, en especial la sentencia de unificación del Consejo de Estado emitida el 4 de agosto de 2010.

7.2. El Foncep desconoció que el recurso extraordinario de revisión no era una tercera instancia para debatir el derecho o no a la reliquidación de su pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó declarar infundado el «recurso extraordinario de revisión», toda vez que «no se encuentra acreditada la causal de revisión extraordinaria contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sin embargo, en lo referente a la causal prevista en literal b) de la misma ley no se pudo

de revisión extraordinaria contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sin embargo, en lo referente a la causal prevista en literal b) de la misma ley no se pudo determinar si esta se configuraba o no, por no contar en este caso con los medios de prueba para proferir un juicio de valor» (sic)10.

9 Samai, índice 28, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 28». 10 Samai, índice 9, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «Concepto0183-2020REVISIÓN FONCEP vs Luz Amparo Corredor-concepto MinPüblico.pdf(.pdf) NroActua 9».6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)

Demandante: Foncep

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA11.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 9 de agosto de 2016 y la presente acción fue radicada el 21 de agosto de 2020, lo que permite concluir que se presentó en oportunidad.

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilaci ón en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.

ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)

Demandante: Foncep 2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 13 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462 -2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)

Demandante: Foncep

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel

(literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un

el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»16.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las c uales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020) Demandante: Foncep las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio percibido el último año de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación

discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020) Demandante: Foncep aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera

a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6a de 194519 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»20; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»21.

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 22, esta corporación 23 señaló que si el servidor era de l orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de 1968 y si era de orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la

edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 1945 24 se aplicó para efectos de las prestaciones

edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 1945 24 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los servidores públicos del nivel territorial (…).

(…)

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales 21 Artículo 27. 22 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017). 23 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, expediente 11001 -03-25-000-2019-00699-00 (5398 -2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 24 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

24 de marzo de 2022, expediente 11001 -03-25-000-2019-00699-00 (5398 -2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 24 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial