CE - Sentencia 11001032500020200026900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Marina Otálvaro de Zuluaga

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Marina Otálvaro de Zuluaga.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017 por el

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001 -33-33-002-2014-00301-00 (01), que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia

1 En lo que sigue Ugpp.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

el 30 de junio de 2016, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Marina Otálvaro de Zuluaga contra la Ugpp y se ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio para la reliquidación de su pensión.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria de que Marina Otálvaro de Zuluaga no e ra acreedora de un derecho adquirido amparable en la legislación colombiana; iii) la orden de reliquidación y pago de la pensión reconocida conforme con las reglas de las sentencias C -168 de 1995, C258 de 2013, SU -230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iv) la orden de restituirle a la Ugpp la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso

de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iv) la orden de restituirle a la Ugpp la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso con la correspondiente indexación y; v) la orden de pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Marina Otálvaro de Zuluaga nació el 3 de diciembre de 1943 y prestó sus servicios en el Hospital María Inmaculada de Florencia desde el 1 de enero de 1975 hasta el 31 de agosto de 2002. El último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de servicios generales.

3.2. Mediante la Resolución 11332 del 21 de mayo de 2002 Cajanal le reconoció una pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de abril del 2000 en una cuantía de $408.324.89 condicionada al retiro.

3.3. Con la Resolución 3091 del 20 de abril de 2006 la pensión fue reliquidada en una cuantía de $509.975.83 a partir del 1 de septiembre de 2002.

3.4. En virtud de la Resolución UGM 045292 del 7 de mayo de 2012 Cajanal negó una solicitud de reliquidación de la pensión reconocida con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. Decisión que fue confirmada con la Resolución UGM 052904 del 24 de julio de 2012.

3.5. La Uggp negó una nueva solicitud de reliquidación de la mesada pensional

los factores salariales devengados en el último año de servicio. Decisión que fue confirmada con la Resolución UGM 052904 del 24 de julio de 2012.

3.5. La Uggp negó una nueva solicitud de reliquidación de la mesada pensional mediante la Resolución RDP 046284 del 4 de octubre de 2013. Decisión que fue confirmada en la Resolución RDP 053175 del 19 de noviembre de 2013.

3.6. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

Administrativo2, Marina Otálvaro de Zuluaga presentó demanda contra la Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, el que por medio de la sentencia del 30 de junio de 20163 accedió a las pretensiones, para lo cual resolvió:

« PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 046284 del 4 de octubre de 2013 ”por la cual se niega la reliquidación de una pensión de vejez” y RDP 053175 del 19 de noviembre de 2013 “por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 46284 del 4 de octubre de 2013”, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

la resolución 46284 del 4 de octubre de 2013”, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: Ordenar como medida de restablecimiento a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” que reliquide la pensión de vejez reconocida a la señora MARINA OTALVARO DE ZULUAGA teniendo como base el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en dicho periodo, a saber ASIGNACIÓN BÁSICA,

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS, TRABAJO SUPLEMENTARIO (DOMINICALES Y FESTIVOS) SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, AUXILIO DE TRANSPORTE, PRIMA DE VACACIONES 1/12 PRIMA DE SERVICIOS Y PRIMA DE NAVIDAD 1/12.

TERCERO: DECRETAR la materialización del fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales reajustadas causadas con anterioridad al 20 de septiembre de 2010, quiere decir que todo lo dejado de devengar por reliquidación de su mesada pensional con anterioridad a esa fecha se encuentra prescrito.

(…)

QUINTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” que para efecto de la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social, se efecúen las correspondientes deducciones de las sumas que resultaren de la

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” que para efecto de la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social, se efecúen las correspondientes deducciones de las sumas que resultaren de la reliquidación, las cuales serán consignadas a las cuentas de la misma entidad. (…) » (sic)

3.7. Inconforme con lo decidido, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 23 de marzo de 2017, que confirmó la providencia recurrida, así:

«PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia del 30 de junio de 2016, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2 En lo sucesivo CPACA. 3 Índice 8 de Samai, archivo denominado 9_110010325000202000269001EXPEDIENTEDIG I2020112413334 páginas 128 a 139.4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

SEGUNDO. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada. Las agencias en derecho se fijan en el 2% de las pretensiones que fueron concedidas, las cuales se liquidarán por la Secretaría del a quo. (…)»

3.8. Mediante la Resolución RDP 011365 del 2 de abril de 2018 la Ugpp dio cumplimiento al fallo y reliquidó la pensión de Marina Otálvaro de Zuluaga en

3.8. Mediante la Resolución RDP 011365 del 2 de abril de 2018 la Ugpp dio cumplimiento al fallo y reliquidó la pensión de Marina Otálvaro de Zuluaga en cuantía de $530.819 efectiva a partir del 1 de septiembre de 2002 con efectos fiscales a partir del 20 de septiembre de 2010 por prescripción trienal.

3.9. A través de la Resolución RDP 020462 del 5 de junio de 2018, se modificó el numeral décimo tercero de la Resolución RDP 011365 del 2 de abril de 2018.

3.10. Finalmente, con la Resolución RDP 041679 del 19 de octubre de 2018 se reliquidó la pensión de la demandante con el fin de incluir en la liquidación la prima de vacaciones y prima de servicios elevando la cuantía en $584.980 efectiva a partir del 20 de septiembre de 2010.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 23 de marzo de 2017 confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que accedió a las súplicas de la demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

5.1. Marina Otálvaro de Zuluaga fue beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 en tanto, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad lo que le permitió acceder al régimen pensional anterior contenido en la Ley 33 de 1985.

5.2. Por ser beneficiaria del régimen de transición tenía derecho al reconocimiento

con más de 35 años de edad lo que le permitió acceder al régimen pensional anterior contenido en la Ley 33 de 1985.

5.2. Por ser beneficiaria del régimen de transición tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación al haber cumplido 20 años de servicio, 55 años de edad y el monto debió liquidarse sobre el 75% del salario promedio base para los aportes durante el último año de servicio.

5.3. El monto prestacional reconocido a la demandante debió ser liquidado de acuerdo con las previsiones del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año y no se debió tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994.

4 Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001 EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 141 a 165.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

5.4. En relación con los factores salariales, en la tesis unificada del Consejo de Estado de la sentencia del 4 de agosto de 2010, se concluyó que se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por la demandante durante el último año de servicio, postura jurisprudencial que fue reiterada después de proferida la sentencia SU -230 de 2015 por la Corte Constitucional, razón por la cual debió confirmarse la sentencia apelada.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del

razón por la cual debió confirmarse la sentencia apelada.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5, para lo cual expuso los siguientes

argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la reliquidación de la pensión de vejez no se ajustó a derecho, pues lo procedente era dar una correcta interpretación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 en cuanto se refieren al IBL, asimismo, los factores salariales no correspondieron a los establecidos en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 por lo que las providencias acusadas transgredieron los principios constitucionales al acceder a la reliquidación de la prestación conforme con una interpretación errada de las normas.

6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU 427 de 2016 entre otras.

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. Marina Otálvaro de Zuluaga no contestó la demanda7:

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado « el recurso extraordinario de revisión » al considerar que en el momento en que se

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado « el recurso extraordinario de revisión » al considerar que en el momento en que se profirieron las sentencias de instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho estaba en vigor la sentencia de unificación del 4 de

6 Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001 EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 4 a 23. 7 La demandada recibió la notificación personal del auto admisorio de la acción de revisión el 27 de marzo de 2024 como se indicó en el auto de 24 de mayo de 2024 y en el índice 48 de Samai.6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

agosto de 2010 por lo que no se desconoció las reglas de unificación vigentes en la época de los hechos.

9. A pesar de que el Consejo de Estado, emitió la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 en la que fijó unas reglas y efectos respecto al ingreso base de liquidación para el régimen pensional de los servidores del sector público beneficiarios del régimen de transición, esta sentencia no es aplicable al caso concreto por cuanto debió aplicarse únicamente a los casos pendientes de resolver en sede administrativa y judicial.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo8, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

12. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

13. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 21 de abril de 2017 10 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 24 de enero de 202011 fue oportuna.

8 En lo que sigue CPACA. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

enero de 202011 fue oportuna.

8 En lo que sigue CPACA. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Índice 56 de Samai, RECIBE MEMORIALES ONE LINE - archivo denominado 02CUADERNO PRINCIPAL 2 página 65. 11 Índice 8 de Samai, archivo denominado 9_110010325000202000269001EXPEDIENTEDIG I2020112413334 página 24.7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

2.3 Los problemas jurídicos

14. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y; ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4 Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo

providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» , la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la

12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

11001 03 15 000 2018 01884 00.8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»15.

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los

de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes términos

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la

de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En

de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6a de 194517 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 20, esta corporación 21 señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de 1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la

edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 1945 22 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los servidores públicos del nivel territorial (…). (…) El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de

se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales 19 Artículo 27. 20 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017). 21 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, expediente 11001 -03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 22 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020)

Demandante: Ugpp

jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince

33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945 » (se resalta).

27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968 previeron los factores a tenerse en cu