CE - Sentencia 11001032500020200039100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)

Demandante: Carlos Ossa Barrera

Demandada: Departamento Administrativo de la Función Pública1

Tema: Nulidad parcial del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015. Excepción de cosa juzgada.

Sentencia de única instancia

Asunto

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la demanda de nulidad interpuesta contra la expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de lista» prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.

I. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

1. Carlos Ossa Barrera presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 13 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 en orden a que se declarara la nulidad de la expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista .», prevista en el

nulidad previsto en el artículo 13 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 en orden a que se declarara la nulidad de la expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista .», prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. », por el presidente de la República.

2. La norma cuya anulación se solicita se encuentra en el título 27 [estándares mínimos para la elección de personeros municipales] y su tenor literal es el

siguiente:

1 En adelante DAFP. 2 Folios 1 a 10 del cuaderno principal. También visible en Samai, índice 16, archivo «Anexo notificación del 11_AUTOQUEADMITEDEMANDA» 3 En adelante CPACA.2

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)

Demandante: Carlos Ossa Barrera

«Artículo 2.2.27.4 Lista de elegibles . Con los resultados de las pruebas el concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.»

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.»

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se señalaron los artículos 1, 116 y 313.8 de la Constitución Política; 170 de la Ley 136 de 1994; y el 2.1.1.1. del Decreto 1083 de 2015; en su concepto,

porque:

4. Los artículos 313 de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994 establecieron que los concejos municipales elegirían al personero municipal previo concurso de méritos sin disponer porcentajes específicos para cada etapa del concurso . Sin embargo , el Decreto 1083 de 2015 ─que reglamentó dicha disposición─ no dej ó margen alguno de libertad a los concejales para que determinaran libremente quién sería el personero, pues se les asignó un 10% del puntaje total adquirido en el concurso de méritos.

5. El espíritu del artículo 170 de la Ley 136 de 1994 le confirió la facultad al concejo municipal de elegir al personero previo concurso de méritos más no a quien

quedara de primero en la lista , como si se trata ra de un cargo de carrera administrativa que no aplicaba a los personeros municipales comoquiera que estos eran elegidos por períodos fijos.

6. Se desconoci eron los principios de autonomía y descentralización de las entidades territoriales que previó el artículo 1 de la Constitución Política, pues la Ley 136 de 1994 dispuso que sería el concejo municipal el que escogería al

6. Se desconoci eron los principios de autonomía y descentralización de las entidades territoriales que previó el artículo 1 de la Constitución Política, pues la Ley 136 de 1994 dispuso que sería el concejo municipal el que escogería al personero; no obstante, la norma acusada los obligó a votar por el primero de la lista de elegibles.

7. La potestad reglamentaria no podía ir en contra de la ley, en este caso el Decreto 1083 de 2015, el cual previó que el personero sería elegido por concurso de méritos y no por el concejo municipal. Ello obligaba a los concejales a elegir a la persona que ocupara el primer puesto de la lista, so pena de sanciones penales y disciplinarias.

8. Se vulneró el artículo 116 superior , toda vez que el cargo de personero municipal estaba dentro de la categoría de miembro del Ministerio Público y tenía un componente político al ser electo por el concejo municipal ; sin embargo, la

norma demandada los equipara a los cargos de carrera administrativa al obligar a los concejales a votar por el primero de la lista.

9. Cuando desde la presidencia de la República «[s]e está ordenando por quién votar y a quien elegir se viola el principio de descentralización y autonomía territorial».3

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)

Demandante: Carlos Ossa Barrera

10. En casos análogos, los artículos 267 y 272 superiores establecieron que, para

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)

Demandante: Carlos Ossa Barrera

10. En casos análogos, los artículos 267 y 272 superiores establecieron que, para la elección del contralor general, los contralores departamentales y municipales se aplicaría también una lista de elegibles, pero en ese caso el Congreso no estaba obligado a elegir al primero de la lista, por lo que «se pod[ía] apreciar en todos los casos de elección para periodos fijos en los que la corporación elige esta tiene un margen para escoger precedido de un concurso de méritos».

11. El artículo 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015 era contradictorio con lo dispuesto en la norma demandada porque «se afirm[ó] que regula estándares mínimos pero lo que hace es regular absolutamente todo incluso dictaminando por quien tienen que votar los concejales.»

1.2. Contestación de la demanda

12. Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda,

con sustento en lo que sigue:

1.2.1. El DAPRE4

13. Se debían declarar probadas las excepciones de «inexistencia de violación alguna de normas superiores », «indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República y del Presidente

de la República» por lo siguiente:

14. El artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 se expidió con sujeción a l ordenamiento jurídico y de acuerdo con los principios constitucionales de transparencia, objetividad, publicidad y mérito que en nada vulneraban la

14. El artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 se expidió con sujeción a l ordenamiento jurídico y de acuerdo con los principios constitucionales de transparencia, objetividad, publicidad y mérito que en nada vulneraban la autonomía de las entidades territoriales, de acuerdo con las sentencias C-520 de 1994 y C-037 de 2010 proferidas por la Corte Constitucional.

15. El precepto demandado materializó el principio constitucional del mérito, puesto que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 ─modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012─ señaló en forma expresa que la elección de personeros debía estar precedida por concurso público de méritos.

16. La elección del personero municipal por parte del concejo deb ía realizarse a través de concurso público de méritos, el cual deb ía sujetarse a los estándares generales de la jurisprudencia constitucional, precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que regula ban el acceso a la función pública, al derecho a la igualdad y el debido proceso.

4 Samai, índice 28, archivo «47_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA»4

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

17. El precepto normativo que se demandó no transgredió la autonomía territorial de los concejos que ─por demás─ no era absoluta y encontraba sus límites en la

Demandante: Carlos Ossa Barrera

17. El precepto normativo que se demandó no transgredió la autonomía territorial de los concejos que ─por demás─ no era absoluta y encontraba sus límites en la Constitución y la ley.

18. Al tenor de lo establecido en los artículos 159 del CPACA, 115 y 208 constitucionales, los actos administrativos expedidos por el gobierno nacional debían ser defendidos por el ministro y/o por el director de l departamento administrativo responsable de s u expedición, quien ostentaba la capacidad de representación judicial en torno a la respectiva materia . Fue un error vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, puesto que no participó en la expedición del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 demandado.

1.2.2. El DAFP5

19. Se debían declarar probadas las excepciones de «legalidad de la norma acusada», «ausencia probatoria que sustenten las causales de nulidad invocadas en contra de la norma demandada», «cosa juzgada» y «genérica» porque:

20. El precepto acusado no atentó contra la descentralización, autonomía de las entidades territoriales y la discrecionalidad de los concejos para la designación del personero, por lo tanto , no podía confundirse dicha discrecionalidad con arbitrariedad.

21. En ese sentido y siguiendo los lineamientos de la sentencia del «019 de 2017» dictada por el Consejo de Estado, la designación del funcionario debía obedecer a criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer el cargo en cuestión y se tenía que otorgar menos valor porcentual calificable a

dictada por el Consejo de Estado, la designación del funcionario debía obedecer a criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer el cargo en cuestión y se tenía que otorgar menos valor porcentual calificable a criterios subjetivos, entendidos como las apreciaciones derivadas del libre criterio y arbitrio de los concejales que debían constituir tan solo un factor accesorio y secundario de la elección. A la par, debía tenerse en cuenta la sentencia C -031 de 1995.

22. No se vulneraron los artículos 313.8 de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994 porque los concejos municipales conservaban la discrecionalidad que les asistía en la elección del personero. Además, la elección se encontraba constituida por varias etapas como ─por ejemplo─ la entrevista que deb ían realizar los concejales en la que fijaban la calificación que consideraran, hasta en un 10%.

23. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 fue modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y su expresión «previo concurso público de méritos» se declaró

5 Samai, índice 28, archivo «47_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA »5

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

exequible en sentencia C -105 de 2013, pues se le dio prevalencia al mérito. El

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)

Demandante: Carlos Ossa Barrera

exequible en sentencia C -105 de 2013, pues se le dio prevalencia al mérito. El espíritu de la ley que alegó el demandante no consistió en darle lugar al concejo municipal para escoger personero, sino en la prevalencia del mérito sobre criterios subjetivos, comoquiera que si su finalidad fuera lo señalado por el demandante «no se admitiría si quiera la realización de un concurso público de méritos, sin que esto impli[cara] el menoscabo de la competencia de los mismos» [sic].

24. Las normas que regula ban el proceso de elección de un funcionario público estaban llamadas a privilegiar al mérito sobre cualquier otro criterio de selección, por lo que no se podía equiparar la elección de los contralores con la de los personeros.

25. No se desvirtuó la presunción de legalidad de la norma acusada , pues los argumentos del demandante se basaron en afirmaciones sin sustento probatorio.

26. Se configuró la cosa juzgada, toda vez que la Sección Quinta del Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate en el expediente 11001-03-26-000-2021-00153-00, demandante Carlos Ossa Barrera, con el mismo escrito de la demanda y pretensiones , profirió la sentencia del 1 de septiembre de 2022 que resolvió declarar la cosa juzgada en relación con la sentencia dictada por la Sección Segunda el 9 de diciembre de 2019; estarse a lo resuelto; y negar las pretensiones de la demanda.

septiembre de 2022 que resolvió declarar la cosa juzgada en relación con la sentencia dictada por la Sección Segunda el 9 de diciembre de 2019; estarse a lo resuelto; y negar las pretensiones de la demanda.

27. Existía coincidencia exacta entre el objeto y causa petendi de las demandas propuestas por el accionante en el medio de control antes señalado [en el cual se dictó sentencia que ya había cobrado ejecutoria] y en el proceso de la referencia; en consecuencia, la Sección Segunda se encontraba imposibilitada para ventilar un asunto que ya tenía decisión judicial en firme.

28. Además, en otras sentencias6 ya se discutió la legalidad del mismo artículo y decreto, por lo que resultaba un «despropósito» continuar con dicho debate jurídico, pues no se encontró que se persiguiera una argumentativa diferente que permitiera controvertir la legalidad de la norma acusada.

1.3. Medida cautelar7

29. En auto del 29 de agosto de 2023 se negó la medida de suspensión solicitada con la demanda.

6 Expedientes 2015 -01089-00 y 2016 -00001-00, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sentencia del 9 de diciembre de 2019, mediante la cual se negó la pretensión de nulidad de las normas acusadas. 7 Samai, índice 37, archivo «64_AUTOQUERESUELVEMEDIDACAUTELAR»6

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)

Demandante: Carlos Ossa Barrera

1.4. Decisión sobre las excepciones previas8

30. Mediante auto del 4 de marzo de 2024 se declaró probada la excepción denominada «indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República» propuesta por el DAPRE , comoquiera que en virtud de l artículo 115 de la Constitución Política los actos administrativos expedidos por el gobierno nacional solo podían ser ejecutados una vez se encontraran suscritos por el ministro o director del departamento administrativo correspondiente, quienes eran los que asumían la responsabilidad.

Además, el artículo 159 del CPACA dispuso que l a representación del gobierno nacional se materializaba a través de su ministerio o ministerios del ramo, sin que requiriera la presencia del presidente de la República a través del DAPRE.

31. Las excepciones formuladas por el DAFP denominadas «legalidad de la norma acusada», «ausencia probatoria que sustenten las causales de nulidad invocadas en contra de la norma demandada» y la de «cosa juzgada» no constituían excepciones previas que debieran ser resueltas en esa etapa del proceso , por lo que debían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el fondo del asunto.

1.5. Trámite de sentencia anticipada9

32. En auto del 7 de mayo de 2024 se impartió trámite de sentencia anticipada .

ser estudiadas en la sentencia que resolviera el fondo del asunto.

1.5. Trámite de sentencia anticipada9

32. En auto del 7 de mayo de 2024 se impartió trámite de sentencia anticipada .

Con esa finalidad, se realizó un pronunciamiento sobre el decreto de pruebas; se fijó el litigio; y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

33. El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿Se configura total o parcialmente la excepción mixta de cosa juzgada en relación con el objeto de la controversia? En caso negativo, se analizará lo siguiente: -¿La expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista», prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 contraría el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 por vulnerar el principio de discrecionalidad con el que cuentan los concejos municipales y distritales en el eje rcicio de su función de elegir? -¿La expresión demandada desconoció los principios de descentralización y autonomía territorial previstos en el artículo 1 constitucional?».

1.6. Alegatos de conclusión

34. El DAFP10 solicitó negar por improcedente la nulidad de la expresión acusada e insistió en los argumentos expuestos con la contestación de la demanda , así como en las excepciones.

8 Samai, índice 45, archivo «70AUTOQUEDECIDE_08472020EXCEPCIONESN» 9 Samai, índice 50, archivo «74Auto que corre _08472020Adoptamedida»

como en las excepciones.

8 Samai, índice 45, archivo «70AUTOQUEDECIDE_08472020EXCEPCIONESN» 9 Samai, índice 50, archivo «74Auto que corre _08472020Adoptamedida» 10 Samai, índice 54, archivo «76_MemorialWeb_Alegatos-20246000495401»7

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35. Por su parte, el demandante guardo silencio.

36. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

37. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 11, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 12 señalan que la sección segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

38. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los

laboral.

2.2. Problema jurídico

38. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver

el siguiente interrogante:

38.1. ¿Se configuró total o parcialmente la excepción de cosa juzgada en relación con el objeto de la controversia?

39. En caso de que la respuesta al anterior planteamiento sea negativa,

39.1. ¿La expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista », prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 contraría los artículos 116 y 313.8 de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994 - modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012?

39.2. ¿La expresión demandada desconoció los principios de descentralización y autonomía territorial previstos en el artículo 1 de la Constitución Política?

40. Con el fin de resolver los interrogantes, la Sala seguirá la siguiente estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial de la cosa juzgada y se examinará si se configuró o no en el caso concreto. En caso de que

11 Reglamento interno del Consejo de Estado. 12 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019,

y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».8

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se llegue a la conclusión de que no, se examinarán los demás problemas jurídicos.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Cosa juzgada

41. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como efectos proc esales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión » y como efectos sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»13.

42. Se trata de una institución jurídico -procesal «mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al

alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio» 14.

43. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso 15, según el cual «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»

44. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se configure, el juez debe verificar si existe i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos16:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varia s cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

13 Sentencia C-100 de 2019.

o modificado sobre una o varia s cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

13 Sentencia C-100 de 2019. 14 Sentencia C-774 de 2001. 15 En adelante CGP. 16 Sentencia C-774 de 2001.9

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• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, sol amente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada».

45. Es pertinente resaltar que el referido artículo 303 solo establece de manera expresa una excepción a la cosa juzgada , esto es cuando se trata d el recurso extraordinario de revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

expresa una excepción a la cosa juzgada , esto es cuando se trata d el recurso extraordinario de revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

46. El artículo 182A del CPACA, le impone al juez contencioso el deber de dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre probada la cosa juzgada. A su turno, el artículo 189 del CPACA dispuso que «[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes . La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.» [se subraya]

47. En línea con lo anterior esta corporación ha dicho que «en cuanto al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son por regla general interpartes, con excepción de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso en el cual los mismos son oponibles de manera general»17.

48. Lo anterior significa que, al ser sus efectos erga omnes y no interpartes y en atención a que el propósito del juicio de nulidad simple que es conocer la legalidad objetiva del acto administrativo de carácter general, lo importante es determinar la causa petendi para efectos de establecer si se configuró la cosa juzgada, motivo por el cual no resultaba necesario comprobar la identidad de las partes del litigio18.

objetiva del acto administrativo de carácter general, lo importante es determinar la causa petendi para efectos de establecer si se configuró la cosa juzgada, motivo por el cual no resultaba necesario comprobar la identidad de las partes del litigio18.

49. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo.

17 Providencia del 7 de diciembre de 2017. Expediente 05001-23-33-000-2015-02253-01. Auto del 29 de octubre 2020. Expediente 08001-23-33-000-2020-00022-01. 18 Sentencia del 14 de octubre de 2021. Expediente 11001-03-24-000-2009-00100-00.10

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2.4. Caso concreto

2.4.1. Artículos 1 y 313.8 de la Constitución Política, 170 de la Ley 136 de 1994 y el argumento relacionado con la elección de contralores. Cosa juzgada

50. A efectos de resolver el primer problema jurídico y determinar si se configuró o no la excepción de cosa juzgada , se procederá a exponer el contenido de la

juzgada

50. A efectos de resolver el primer problema jurídico y determinar si se configuró o no la excepción de cosa juzgada , se procederá a exponer el contenido de la sentencia C-105 de 2013 dictada por la Corte Constitucional , en particular, lo relacionado con la elección de los personeros municipales o distritales . Después se analizarán los procesos en los cuales se demandó el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 ante esta corporación.

 Sentencia C-105 de 2013 dictada por la Corte Constitucional

51. En la providencia referida, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «previo concurso de méritos» y la inexequibilidad de la expresión «que realizará la Procuraduría General de la Nación», dispuesta en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, con base en su precedente jurisprudencial, por cuanto el artículo 125 de la Constitución Política estableció que los funcionarios públicos debían ser nombrados a través de concurso público y que los empleos en los órganos y entidades del Estado eran

de carrera, por lo que el ingreso y el ascenso en la misma deb ía efectuarse mediante dicho procedimiento.

52. Es decir que la obligatoriedad de ese sistema en los cargos de carrera no excluía su utilización en aquellos que no tenían ese carácter. Por el contrario, de acuerdo con la norma antes señalada el concurso era la regla general y las excepciones que se establecieran en el derecho positivo debían estar respaldadas y justificadas en los principios y fines del propio ordenamiento constitucional.

acuerdo con la norma antes señalada el concurso era la regla general y las excepciones que se establecieran en el derecho positivo debían estar respaldadas y justificadas en los principios y fines del propio ordenamiento constitucional.

53. La Carta Política no solo avaló ese tipo de procedimiento para la elección de funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se enc ontraban sometidos a un período fijo (como los personeros), sino que además, sus finalidades justificaban su aplicación, comoquiera que (i) ese tipo de vinculación facilitaba y promovía la consecución de los fines estatales, en la medida en que su objeto estaba justamente la identificación de las personas que reunieran las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, podían contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas; (ii) se trataba de procedimientos abiertos, reglados y formalizados, en los que las decisiones est