CE - Sentencia 11001032500020200041700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 11001032500020200041700 (1011-2020)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionada : Aida del Socorro Montes Salas Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo d e Sucre.

Causal regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión , mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia del Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Sincelejo , que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del dere cho instaurada por la señora Aida del Socorro Montes Salas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

señora Aida del Socorro Montes Salas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del Veinticinco (25) de

1 Expediente hibrido. 2 Folios 1 al 10, expediente físico, cuaderno No. 1.Número Interno: 1011-2020

Accionante: UGPP

Accionada: Aida del Socorro Montes Salas

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junio de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Sincelejo, dictadas dentro del expediente radicado 70001-33-33-006-2013-00147-01 y, en su lugar, se revoque la mencionada providencia ; así como, se declare que la señora Aida del Socorro Montes Salas, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor a de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana , en consecuencia, se ordene la reliquidación de su pensión teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en

en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU427 de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, la señora Aida del Socorro Montes Salas nació el Veintinueve (29) de junio de Mil Novecientos Treinta y Ocho (1938), quien prestó sus servicios al Departamento de Seguridad Social en Salud de Sucre desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) al Diez (10) de mayo de Dos Mil Uno (2001), siendo su último cargo desempeñado el de operario de servicios generales; además que, adquirió el estatus de pensionada el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil (2000).

Narró que, mediante Resolución No. 29354 del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil uno (2001), CAJANAL le reconoció a la demandada una pensión de vejez en cuantía de Trescientos Veintinueve Mil Ochocientos Dos pesos con Catorce centavos ($329.802,14), efectiva a partir del Primero (1) de marzo de Dos Mil Uno (2001), liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos Seis (6) años, Diez (10) meses y Veintiocho (28) días de servicio, condicionada al retiro definitivo del servicio.

del promedio de lo devengado en los últimos Seis (6) años, Diez (10) meses y Veintiocho (28) días de servicio, condicionada al retiro definitivo del servicio.

A través de la Resolución No. UGM 1874 del Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Once (2011), CAJANAL negó una solicitud de reliquid ación presentada por la señora Montes Salas.

La señora Aida del Socorro Montes Salas incoó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la citada Resolución No. UGM 1874 del Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Once (2011) y pidiendo la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior al momento en que adquirió el estatus jurídico de pensionada , la cual , leNúmero Interno: 1011-2020

Accionante: UGPP

Accionada: Aida del Socorro Montes Salas

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correspondió al Juzgado Sexto (6) Administrativo de Oralidad de Sincelejo, quien accedió a las pretensiones de la demanda por medio de la sentencia del Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Catorce (2014), decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Sucre a través de la sentencia del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014) confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, modificando la fecha a partir de la cual se configuró el fenómeno de la prescripción; así como, los valores a pagar a favor de la demandante; las demás órdenes fueron confirmadas.

instancia, modificando la fecha a partir de la cual se configuró el fenómeno de la prescripción; así como, los valores a pagar a favor de la demandante; las demás órdenes fueron confirmadas.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, así:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3.3 y 3.4 de la sentencia de 25 de junio de 2014, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo, con funciones en el sistema oral, el cual quedará así:

3.3. Declarar que se extinguió por prescripción el derecho de la demandante a recibir el pago del reajuste de las mesadas causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2010.

3.4. Condenar a la entidad demandada a pagarle a la demandante el valor no pagado en las diferentes épocas, según lo señaló en el numeral anterior y el 2.6 de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. (…)”.

La anterior decisión tuvo como fundamento que, la señora Montes Salas es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, comoquiera que, al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), en que entró en vigor dicha ley, contaba con más de 35 años; ante ello, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985; asimismo, se dijo que aquella adquirió el estatus de pensionada el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil (2000).

más de 35 años; ante ello, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985; asimismo, se dijo que aquella adquirió el estatus de pensionada el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil (2000).

Sostuvo el Tribunal que, la allí demandante pre stó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de Sucre, desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) hasta el Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Uno (2001), en el cargo de operaria de servicios g enerales; quien tiene derecho a que su pensión se liquide “en cuantía del 75%, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio; es decir, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, deberá incluirse la prima de navidad, la prima de servicios, prima de vacaciones, subsidio de alimentación y subsidio de transporte, como quiera que constituyen factores de salario, de conformidad conNúmero Interno: 1011-2020

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el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, inclusive, así no hayan sido objeto de aportes por el empleador” Resaltó el Tribunal que, la aplicación de la Ley 33 de 1985 al caso de la señora Montes Salas debía darse de forma íntegra, dada la inescendibilidad normativa; además, ordenó los descuentos sobre los aportes no realizados sobre los factores que sirvan de base en la reliquidación.

En cuanto a la prescripción se indicó que, aquella era la establecida en los artículos 102

los descuentos sobre los aportes no realizados sobre los factores que sirvan de base en la reliquidación.

En cuanto a la prescripción se indicó que, aquella era la establecida en los artículos 102 del Decreto 1848 de 1969 y 41 d el Decreto 3135 de 1968; ante ello, declaró prescritas las diferencias pensionales que se hubieran causado con anterioridad al Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Diez (2010), toda vez que, la demanda fue presentada el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Trece (2013); afirmando que la reclamación inicial había sido presentada el Veintiséis ( 26) de octubre de Dos Mil Seis ( 2006), habiendo la interesada dejado trascurrir más de tres años para reclamar judicialmente.

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Adujo que, la sentencia cuya revisión solicita violó el debido proceso comoquiera que, ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación, pues, de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016,

ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación, pues, de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, como ingreso base de cotización debe tenerse en cuenta las disposiciones d el inciso 3 del artículo 36 o el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993, según el caso; así como, los factores salariales con incidencia pensional son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

Sumado a lo anterior , la cuantía de la mesada pensional que fue fijada desatiende las reglas jurisprudenciales aplicables ; indicando que, la postura unificada de la Corte Constitucional propendió por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, a fin de no cometer los errores del pasado que llevaron a la desfinanciación del mismo.Número Interno: 1011-2020

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1.4. Auto admisorio3

El despacho sustanciador mediante providencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) admitió el recurso extraordinario de revisión.

1.5. Contestación de la demanda de revisión4.

La señora Aida del Socorro Morales Salas , por conducto de apoderado judicial, allegó contestación a la presente acción, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones ; lo anterior, al considerar que su actuar siempre ha sido de buena fe y es ajena a cualquier

La señora Aida del Socorro Morales Salas , por conducto de apoderado judicial, allegó contestación a la presente acción, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones ; lo anterior, al considerar que su actuar siempre ha sido de buena fe y es ajena a cualquier error en que se haya podido incurrir al momento de liquidar su mesada pensional.

1.6. Ministerio Público.

No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 5 y 20 de la Ley 797 de 2003 6, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna , toda vez que, la sentencia revisada fue proferida Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), por el Tribunal Administrativo de Sucre y quedó ejecutoriada el Once (11) de Febrero de Dos Mil Quince (2015)8; por su parte, el recurso extraordinario de revisión fue radicado el Ocho (8) de

3 Índice 00018 de Samai. 4 Índice 00038 de Samai. 5 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 6 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o

secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 6 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Folio 249 anverso del expediente físico, cuaderno No. 2.Número Interno: 1011-2020

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febrero de Dos Mil Veinte (2018) ante la secretaría de esta Corporación9, concluyéndose que no fue superado el término de cinco ( 5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y /o, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

9 Sello visible en el anverso del folio 10 del expediente físico, cuaderno No. 1.Número Interno: 1011-2020

o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

9 Sello visible en el anverso del folio 10 del expediente físico, cuaderno No. 1.Número Interno: 1011-2020

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Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material10 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»11.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios12.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, « que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite13 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis14, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al

10 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 13 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas

de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 13 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 1 1001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP . Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisió n en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 1011-2020

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igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia15», tal como el análisis que sobre su configurac ión realiza el juez de esta acción especial16.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado17:

con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado17:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

15 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 1100115 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 1 7 de mayo de 2018 [Rad. 11001 -03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 1011-2020

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Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 18 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 19.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que , impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos

confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que , impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y co ndiciones generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

18 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 1011-2020

Accionante: UGPP

Accionada: Aida del Socorro Montes Salas

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Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 20, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas

señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 20, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interp retado de manera uniforme, motivo por el cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) 21, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los benef iciarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU -230 de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

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