CE - Sentencia 11001032500020200043400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001032500020200043400 (1051-2020)1

Accionante: Pensiones de Antioquia Accionada: Dora Elena Guardia Machado Trámite: Revisión de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Tema: Reliquidación pensión de jubilación Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra la sentencia de Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, a través de la cual, se confirmó la sentencia del Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, providencias judiciales que accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Dora Elena Guardia Machado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

Pensiones de Antioquia formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20

del derecho instaurada por la señora Dora Elena Guardia Machado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

Pensiones de Antioquia formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Te rcera de Oralidad ; a través de la cual , se confirmó la sentencia del Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín , dictadas dentro del proceso con radicado

1 Expediente físico. 2 Folios 1 a 6.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

2

No. 05001-33-33-006-2015-00286-01 y, en su lugar, se d enieguen las pretensiones de reliquidación de la señora Dora Elena Guardia Machado.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, a través de Resolución No. 000534 del Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Doce (2012) 3, Pensiones de Antioquia, le reconoció una pensión de vejez a la demandada como beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de Dos Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Veintid ós Pesos ($2.423.022), efectiva a partir del

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de Dos Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Veintid ós Pesos ($2.423.022), efectiva a partir del día en que se acredite el retiro definitivo del servicio oficial, distribuyendo el valor total de la pensión entre las entidades empleadoras EDITEL S.A. E.S.P y Pensiones de Antioquia.

La prestación fue reconocida con base en las disposiciones de la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del citado régimen de transición; no obstante, de la ley en cita se tuvo en cuenta la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, en cuanto al IBL aplicó las disposiciones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, lo cotizado durante los últimos diez (10) años y como factores los consagrados en los decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995.

Señaló que, la demandada solicitó la reliquidación de la pensión de vejez con miras a que le fueran tenidos en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, entre el Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Once ( 2011) y el Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012); petición que fue negada mediante la Resolución No. 2015010237 del Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Quince (2015).

Afirmó que, la accionada interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con miras a obtener la reliquidación de su pensión, la cual, le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín,

y restablecimiento del derecho con miras a obtener la reliquidación de su pensión, la cual, le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, siendo radicada bajo el No. 05001-33-33-006-2015-00286-00, proceso en el cual se dictó sentencia el Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) , accediendo parcialmente a las pretensiones , ordenando la reliquidación de la prestación teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante los últimos diez (10) años anteriores al cumplimiento del estatus de pensionada, siendo estos: prima de navidad y prima de vacaciones.

3 Folios 17 a 20.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Ora lidad, mediante sentencia del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)4, confirmando la anterior decisión.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante sentencia de Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)5, confirmó la sentencia de primer grado, que dispuso:

«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, por las razones expuestas anteriormente.

«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, por las razones expuestas anteriormente.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en la segunda instancia. [...]

Como sustento de la decisión el Tribunal precisó que , conforme con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado en la sentencia unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez ( 2010), los factores que deben incluirse en la reliquidación de la pensión deben ser aquellos que constituyen salario y que tienen origen legal, siendo en el presente caso, además de los ya reconocidos la prima de navidad y la prima de vacaciones.

Las citadas primas, pese a su carácter prestacional, se consideran factores que deben servir de base para liquidar las pensiones y las cesantías, tal como lo dispone el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Precisó que, según lo certificado la señora Dora Elena Guardia Machado durante los diez (10) años previos a la adquisición de la condición de pensionada devengó la prima de navidad y la prima de vacaciones; por tanto, era viable su reliquidación con base en ellos.

1.3 Causales de revisión invocadas

Pensiones de Antioquia invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión

de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,

4 Folios 89 a 97. 5 Ibid.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la causal a) se dijo que la sentencia del Tribunal vulneró el debido proceso al desconocer el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional establecido en las sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016 y SU -395 de 2017 , configurándose la existencia de una vía de hecho en una decisión judicial. Lo anterior, por cuanto, como factores salariales tuvo en cuenta todos los devengados , aplicando el precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia del Cuatro (4) de agos to de Dos Mil Diez (2010), cuando para ello, debió aplicarse íntegramente el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, indicó que, hubo detrimento al erario por cuanto la orden judicial dispuso la reliquidación pensional desde el momento en que la demandada adquirió el estatus de pensionado; cuando lo propio era desde el retiro del servicio.

Respecto a la causal b) se alegó que, la sentencia cuya revisión solicita ordenó un ajuste

reliquidación pensional desde el momento en que la demandada adquirió el estatus de pensionado; cuando lo propio era desde el retiro del servicio.

Respecto a la causal b) se alegó que, la sentencia cuya revisión solicita ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legisla ción, reiterando que, al aplicar el precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), para determinar los factores salariales se debió aplicar lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 , el Acto Legislativo 01 de 2005 y del precedente constitucional de las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.

Sumado a lo anterior, respecto de la causal en ci ta, expuso que en cumplimiento de la orden judicial la pensión de la demandada fue incrementada en un 13.35%, lo cual, afectó las finanzas del fondo común que constituye el régimen de prima media con prestación definida que administra la entidad Pensiones de Antioquia.

1.4 Auto admisorio

Por medio de providencia del Primero (1) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) 6 se admitió el recurso extraordinario de revisión.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

6 Samai - índice 11.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario7, la parte pasiva se pronunció de

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario7, la parte pasiva se pronunció de la demanda de revisión y solicitó mantener incólume la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia , al considerar que, no se configur ó ninguna violación al debido proceso ni error en la reliquidación.

1.6 Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, quedó ejecutoriada el Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)11, y la demanda fue presentada el Dieciocho (18) Febrero de Dos Mil Veinte ( 2020)12, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veintisiete (27) de

artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad , está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y/o b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si fue expedida con

7 Notificación que se llevó a cabo personalmente el 27 de agosto de 2024, a través de despacho comisorio, Samai - índice 21. 8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado»., modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 11 Constancia secretarial obrante en el fl. 561 del expediente digital remitido por el Tribunal, índice 8 12 Folio 111.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía d el derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía d el derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13, y comporta una herramienta excepcional que se opo ne a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

13 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

Suárez Vargas.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios15.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis17, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia18», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial19.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia “cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión No. 22, en sentencia del Cinco (5) de

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia “cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión No. 22, en sentencia del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), consideró:

“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 16 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de rev isión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 18 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Ra d.

18 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Ra d. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favo r de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

1. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y

1. Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se prod uzca una decisión motivada, el derecho a

la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se prod uzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem ”20.

La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con vio lación del debido proceso , es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues, solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995 y C -258 de 2013, SU-230 de 2015, a partir de las cuales , se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga. Y porque, además, el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de transición.

20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicab les y la sentencia revisada, sino que , impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de lo s servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de lo s servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos

“Artículo 36. -Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o má s años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas

si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, s e regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo deven gado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]”.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual , la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010)21, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.Número Interno: 1051-2020

Accionante: Pensiones de Antioquia

Accionado: Dora Elena Guardia Machado

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momento en que es ta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU -230 de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas con el porcentaje previ