CE - Sentencia 11001032500020200056100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 11001-03-25-000-2021-00140-00 (0826-2021)

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros

Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil1

Tema: Nulidad del Acuerdo CNSC – 2018000007556 del 17 de diciembre de 201 8, por medio del cual se establecieron las reglas para el proceso de selección 833 del municipio de

Caucasia (Antioquia).

Sentencia de única instancia

Asunto

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la s demandas de nulidad interpuestas en contra del Acuerdo CNSC – 2018000007556 del 17 de diciembre de 2018, «[p]or el cual se convocan y se establecen reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA, PROCESO DE SELECCIÓN No. 833 de 2018 –

concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA, PROCESO DE SELECCIÓN No. 833 de 2018 – MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (Municipios de 5º y 6º categoría)”».

I. Antecedentes

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

1. Miguel Ángel Muñoz Pérez, Oscar William Santana Mazo, María del Carmen Mendoza Arias, Manuel Salvador Torres Mendoza, Luz Mari Quintero, Alexander Luis Tus Heredia, Gabriel Antonio Durán Méndez, Eva Samara Correa, Cuello, Rosa Irene Ríos Arias, Janet Patri cia Vélez Morales, Melva Cecilia Avilez Sotomayor,

1 En adelante CNSC.2

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros

Olga Amparo Viana Medina, Norcira Noriethna Navarro Landero, Aceneth Montoya Ochoa, Anderson Bladimir Arrieta Cardozo, Elba Lucía Aristizábal Castaño, José Isaac Menco Flórez, Félix Antonio Ayala Baldovino, Angélica María Figueroa Jaraba, Nany Peñate Coron ado, Wilmar Jhoan Hernández Villera, Luis Antonio Meneses Meriño, Luis Eduardo Gutiérrez Álzate, Gilma Esther Hernández Rivera,

Jaraba, Nany Peñate Coron ado, Wilmar Jhoan Hernández Villera, Luis Antonio Meneses Meriño, Luis Eduardo Gutiérrez Álzate, Gilma Esther Hernández Rivera, William Barbosa Díaz, Temilda Rosa González Bertel, Ernesto José Miranda, Gerardo Dannis Padilla Barrera, Esteher Posada Arias, Adalberto Urbino Zabaleta, Lacides Enrique Caly Estrada, Pedro Nolasco Lozano Ruiz, María Magdalena Jiménez Ochoa [del proceso 1284-2020]; y Leonardo Reyes Contreras [del proceso 0826-2021] en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 13 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 acudieron a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1.1. En ambos procesos, del Acuerdo CNSC – 201800007556 del 17 de diciembre de 2018 «[p]or el cual se convocan y se establecen reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA, PROCESO DE SELECCIÓN No. 833 de 2018 – MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (Municipios de 5º y 6º categoría)”

1.2. En el proceso 1284-2020, de la «Oferta Pública de Carrera Administrativa – OPEC contenida en el Decreto 1038 de 2018 “[p]or el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los

contenida en el Decreto 1038 de 2018 “[p]or el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los requisitos de ingreso, selección, capacit ación y estímulos para los empleos de los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017”, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública».

1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

1.1.2.1. Proceso 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)

2. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política; 8 del CPACA; 9 de la Ley 1006 de 2006; y 8 de la Ley 1409 de 2010; en su

concepto, porque:

3. El «Departamento Administrativo para la Prosperidad » social desconoció el principio de publicidad, toda vez que la Resolución 1602 del 1 de julio de 2014 no se divulgó en el diario oficial, con lo cual se quebrantó el artículo 29 de la

Constitución.

4. El municipio de Caucasia omitió expedir y publicar la resolución en la que

2 En adelante CPACA.3

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros adoptara el manual de funciones y competencias laborales como principal

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros adoptara el manual de funciones y competencias laborales como principal instrumento para definir las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos de la entidad. No se demostró la ocurrencia de una situación constitutiva de fuerza mayor que le impidiera llevar a cabo dicha actuación.

5. Con lo anterior también se desconocieron las etapas establecidas para acceder a las vacantes definitivas en los municipios priorizados para el posconflicto , pues aquellas con enfoque diferencial estaban sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad «en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia».

6. Igualmente, «de acuerdo con el artículo 65 del CPACA , el Decreto 1038 de 2018 no era obligatorio y no podía ser tenido en cuenta por la CNSC para la convocatoria del concurso de méritos».

7. Respecto de las personas con discapacidad física, en la convocatoria no se plasmaron las reglamentaciones pertinentes para su acceso efectivo, lo cual generó desigualdad al momento de enfrentar las pruebas de conocimiento dentro de los términos establecidos para contestar.

8. El acuerdo expedido por la CNSC vulneró los derechos de participación y mérito al permitir la presentación a un solo cargo. El ciudadano «debería contar con la posibilidad de poder acceder a varios cargos, ya que como se realiza[ban] funciones casi

8. El acuerdo expedido por la CNSC vulneró los derechos de participación y mérito al permitir la presentación a un solo cargo. El ciudadano «debería contar con la posibilidad de poder acceder a varios cargos, ya que como se realiza[ban] funciones casi idénticas, el participante tendría la opción que con sus pruebas pu[diera] acceder al cargo en el que mejor se [hubiera] desempeñado. El concurso [debía] garantizar que el ciudadano

[pudiera] escoger varias opciones para concursar».

1.1.2.2. Proceso 11001-03-25-000-2021-00140-00 (0826-2021)

9. Se invocaron los artículos 4 [parágrafo 2] de la Ley 769 de 2002; 20 del Decreto 785 de 2005; y 7 de la Ley 1310 de 2009 , normas que se quebrantaron, en su

concepto, porque:

10. La entidad territorial contaba con 7 cargos de agentes de tránsito que estaban vacantes, razón por la cual fueron ofertados cuando suscribió con la CNSC el Acuerdo 20181000007556 de 2018, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 123 de 2019.

11. En dicho acuerdo se tomaron los requisitos previstos en el Decreto 123 de 2019 y estableció unas equivalencias, lo cual desconoció la exigencia legal del título de técnico profesional [leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009, Decreto 785 de 2005] avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C -577 de 2006, «así como la prohibición de establecer equivalencias cuando los requisitos son establecidos por la Constitución o una Ley especial».4

avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C -577 de 2006, «así como la prohibición de establecer equivalencias cuando los requisitos son establecidos por la Constitución o una Ley especial».4

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros

12. El requisito exigido para el cargo de agente de tránsito se acreditaba con el título emitido por una entidad de educación superior regulada por la Ley 30 de 1992 [arts. 24 y 25] y, si bien era cierto que la Ley 769 de 2002 se refirió a una formación técnica, no determinó si debía ser profesional o laboral; sin embargo, en la sentencia

antes referida se determinó que debía pertenecer en carrera administrativa al nivel técnico.

13. En ese orden, de acuerdo con el Decreto 785 de 2005, dicho cargo del nivel técnico código 340 exigía para su ingreso la formación académica técnica profesional y, además, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 1310 de 2009 , entre los cuales se encontraba el de «cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente)».

14. Por lo anterior, e l legislador planteó unos requisitos previos y posteriores para ocupar el cargo de agente de tránsito, pues de haber querido que todos fueran

autoridad competente)».

14. Por lo anterior, e l legislador planteó unos requisitos previos y posteriores para ocupar el cargo de agente de tránsito, pues de haber querido que todos fueran anteriores, se hubiesen conjugado los verbos de manera distinta, esto es « “haber cursado y aprobado” o “acreditar programa de capacitación”» . Entonces, el requisito se refería a una capacitación que el aspirante debía cursar y aprobar de conformidad con el pénsum establecido por el Ministerio de Transporte, pero después de ingresar al cargo de agente de tránsito, pues al momento de la inscripción no se solicitaba acreditar dicha capacitación.

15. El municipio de Caucasia expidió el Decreto 123 de 2019 que contenía el manual de funciones de los cargos, entre ellos, el de agente de tránsito que exigía:

(i) en estudios, técnico en agente de tránsito (art. 7 de la Ley 1310 de 2009); y (ii) 6 meses de experiencia relacionad a. Como alternativa, 1 año de experiencia y las equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005 adoptado por la entidad a través del Decreto 138 del 29 de julio de 2014.

16. El requisito de estudios como «técnico en agente de tránsito» se derivó del «fatal error» cometido por el Ministerio de Transporte en la Resolución 4548 de 2013 , en la cual se anotó que los agentes de tránsito código 340 debían ser del nivel «técnico laboral» aun cuando, de conformidad con la sentencia y normas citadas, se debía acreditar el título de formación técnica profesional en tránsito y transporte.

laboral» aun cuando, de conformidad con la sentencia y normas citadas, se debía acreditar el título de formación técnica profesional en tránsito y transporte.

17. Las autoridades territoriales no podían establecer competencias laborales, funciones y requisitos específicos de un empleo cuando estuvieran previstos en la Constitución o la ley. Fue el Decreto 785 de 2005 el que estableció que se debía acreditar mínimo el título de bachiller y máximo el de técnico profesional o tecnólogo.

18. En consecuencia, la CNSC desconoció las leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009, así como el Decreto 785 de 2005 y la sentencia C-577 de 2006 dictada por la Corte Constitucional al establecer como requisito el cumplimiento de las exigencias5

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros previstas en el Decreto 123 de 2019 [manual de funciones].

19. Lo anterior generaba una inestabilidad del orden jurídico y transgredía los derechos fundamentales de todos los aspirantes al cargo de agente de tránsito.

Además, podía causar las siguientes situaciones: (i) el aspirante con técnico laboral que superaba las pruebas, pero era descalificado por no acreditar el requisito de ley; (ii) el aspirante con técnico profesional que no aprobaba las pruebas, pero era superado por quien no cumplía con el requisito de ley; (iii) el aspirante con técnico

que superaba las pruebas, pero era descalificado por no acreditar el requisito de ley; (ii) el aspirante con técnico profesional que no aprobaba las pruebas, pero era superado por quien no cumplía con el requisito de ley; (iii) el aspirante con técnico laboral en lista de elegibles que no se podía posesionar porque la entidad territorial ajustó su manual de funciones a técnico profesional.

20. En conclusión, el acuerdo expedido por la CNSC era nulo «por ser contrario a la ley 769/02, decreto 785/05, ley 1310/09, en cuanto establec[ió] como requisito para ocupar el cargo de agente de tránsito, unos requisitos señalados por el decreto 123 de 2019, los cuales hacen referencia a una formación correspondi ente a la educación no formal

(certificado de aptitud ocupacional por competencias); cuando por ministerio de la ley se debe exigir una formación académica correspondiente a la educación superior (técnico profesional en tránsito y transporte)».

1.2. Auto que ordenó acumular y admitió demanda

21. El 31 de agosto de 2021 se resolvió acumular el proceso 0826-2021 y admitir la demanda. Asimismo, se suspendió el trámite del proceso 1284-2020 hasta tanto el expediente acumulado alcanzara el mismo estado.

1.3. Medida cautelar3

22. En auto del 27 de septiembre de 2023 se negó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

1.4. Contestación de la demanda4

23. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en lo

siguiente:

provisional de los efectos del acto demandado.

1.4. Contestación de la demanda4

23. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en lo

siguiente:

23.1. El demandante explicó de manera superficial el concepto de la violación y «trat[ó] de confundir » haciendo parecer que la CNSC trató el cargo de agente de tránsito como un empleo asistencial y no técnico. El acto acusado se expidió de acuerdo con las funciones legales y constitucionales asignadas a la comisión.

23.2. El actor discutió el contenido de los requisitos para el cargo de agente de tránsito establecidos en el Decreto 123 de 2019 expedido por el municipio de

3 Samai, índice 30. 4 Samai, índice 36.6

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros Caucasia, acto distinto de la convocatoria.

23.3. El acuerdo se profirió con fundamento en la OPEC reportada por la entidad territorial, en la cual se estableció el mencionado empleo como del nivel técnico. Frente a los requisitos exigidos del empleo de agente de tránsito código 340 , se exigieron los requisitos mínimos de la Ley 1310 de 2009 , reglamentada por la Resolución 4548 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte . De cualquier

exigieron los requisitos mínimos de la Ley 1310 de 2009 , reglamentada por la Resolución 4548 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte . De cualquier modo, la entidad no tuvo participación laguna en la adopción del manual de funciones, en tanto su función se circunscribe a la vigilancia y control y, por lo tanto, no podía verificar su legalidad ni responsabilizarse de la OPEC realizada por la entidad territorial.

24. Propuso las excepciones de «inexistencia de la causal de nulidad del acto administrativo», «incumplimiento de la carga probatoria» y «pronunciamiento frente al problema jurídico y a los argumentos hechos por el demandante».

1.5. Decisión sobre excepciones previas5

25. En proveído del 4 de marzo de 2024 se declaró que las excepciones propuestas por la CNSC no eran excepciones previas ni mixtas que debieran ser resueltas. Ello, con sustento en que no estaban previstas en los artículos 100 del Código General del Proceso y 175 del CPACA, sino que correspondían a argumentos de fondo para defender la legalidad del acto administrativo objeto de control de legalidad, los cuales debían resolverse en la sentencia.

1.6. Trámite de sentencia anticipada6

26. En auto del 24 de mayo de 2024 se resolvió: (i) incorporar las pruebas aportadas con la demanda y sus contestaciones; (ii) requerir a la CNSC para que remitiera la OPEC que sustentó el acuerdo demandado; (iii) correr el traslado de las pruebas;

(iv) fijar el litigio; y (v) correr traslado por el término de 10 días a las partes y al

OPEC que sustentó el acuerdo demandado; (iii) correr el traslado de las pruebas; (iv) fijar el litigio; y (v) correr traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

27. El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿debe declararse la nulidad de los actos administrativos demandados por haberse proferido con desconocimiento de las normas en que debían fundarse?» [sic].

1.7. Alegatos de conclusión

28. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

5 Samai, índice 61. 6 Samai, índice 66.7

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros

II. Consideraciones

2.1. Competencia

29. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 7, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 8

criterio de especialidad, los artículos 13 7, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 8 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

30. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver los

siguientes interrogantes:

30.1. ¿Debe declararse la nulidad del Acuerdo CNSC-20181000007556 del 7 de diciembre de 2018 expedido por la CNSC porque (i) se tuvo en cuenta el Decreto 1038 de 2018 a pesar de que el municipio de Caucasia no expidió el manual de funciones y competencias laborales ; (ii) vulneró el derecho al trabajo al impedir que los concursantes se presentaran a varios cargos; (iii) se tomaron los requisitos del Decreto 123 de 2019 expedido por el municipio de Caucasia en contravía de la exigencia legal del título de técnico profesional y de la prohibición de establecer equivalencias ?; (iv) no se estableció la reglamentación pertinente para el acceso de las personas en situación de diversidad cognitiva, funcional y/o anatómica; y (v) la omisión en la expedición y publicación del manual de funciones afecta la legalidad de la convocatoria?

31. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo

diversidad cognitiva, funcional y/o anatómica; y (v) la omisión en la expedición y publicación del manual de funciones afecta la legalidad de la convocatoria?

31. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo y jurisprudencial y el caso concreto frente a las dos demandas acumuladas.

2.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil. Marco normativo y jurisprudencial

32. Para cumplir con sus fines esenciales 9, el Estado desarrolla sus funciones a

7 Reglamento interno del Consejo de Estado. 8 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90». 9 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y8

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos 10. En atención a la trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política

específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos 10. En atención a la trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de carrera administrativa11.

33. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se desenvuelva bajo los princip ios de moralidad administrativa, imparcialidad política de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar empleos públicos y la estabilidad en ellos12. La finalidad de la selección de acuerdo con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los

siguientes términos:

«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las leyes han confiado a las entidades del Estado 13, responsabilidades que exigen, para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional” 14 [...]»15

34. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores

y cada uno de los habitantes del territorio nacional” 14 [...]»15

34. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuya naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de

la Ley 909 de 200416 en los siguientes términos:

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.» 10 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.» 11 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]» 12 Sentencia C-1230 de 2005. 13 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002» 14 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002» 15 Sentencia C-1320 de 2005

13 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002» 14 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002» 15 Sentencia C-1320 de 2005 16 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones»9

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros «[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las

carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, au tonomía administrativa y patrimonio propio. Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. […]»

35. Las funciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la

administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley 909 en mención, así:

[…]»

35. Las funciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la

administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley 909 en mención, así:

«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley;

b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento;

d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;

e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;

f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;

g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos

administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;

g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;

h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa;10

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin;

j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la evaluación del desempeño;

k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa.»

36. De otra parte, las labores propias de la atribución de vigilancia de aplicación de

las normas sobre carrera administrativa que debe atender la Comisión Nacional del Servicio Civil son las siguientes:

«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender

cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se c