CE - Sentencia 11001032500020200068700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Accionante: Luís Ángel Lozada Olaya Demandado: Departamento del Caquetá Temas: Causal 5.° del artículo 2 50 de la Ley 1137 de 20 11.

Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por el señor Luís Ángel Lozada Olaya1 en contra de la sentencia del 9 de mayo de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001 33 33 002 2012 00385 01.

II. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso extraordinario.

Las pretensiones.

2. A través de la demanda se solicitó anular el Decreto 000669 de 31 de mayo de 2012, a través del cual se suprimieron unos cargos en la planta de personal de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá.

2. A través de la demanda se solicitó anular el Decreto 000669 de 31 de mayo de 2012, a través del cual se suprimieron unos cargos en la planta de personal de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá.

3. A título de restablecimiento del derecho , se exigió el reintegro del actor al cargo de profesional universitario código 219 grado 12 y el pago de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir desde el día de su retiro y hasta el momento de su reincorporación, los cuales deben ser actualizados conforme al IPC.

4. Así mismo, se peticionó el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo señalado en el artículo 192 del CPACA y la condena en costas y agencias en derecho de la entidad accionada.

1 El escrito de revisión fue remitido a través del correo electrónico de la secretaría de esta Sección el 3 de julio de 2020. Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “AL DESPACHO POR REPARTOCORREORADICACION-1-01CorreoRadicacion.pdf”.Radicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Hechos relevantes.

5. En el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional contrató una firma consultora para adelantar un estudio sobre la estructura organizacional de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá. Ello, dadas las

2 Hechos relevantes.

5. En el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional contrató una firma consultora para adelantar un estudio sobre la estructura organizacional de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá. Ello, dadas las competencias de administración educativa asumidas po r ese ente territorial de acuerdo con la Ley 715 de 2001 y la financiación, con recursos del sistema general de participaciones, de los costos derivados de la planta de personal.

6. El 21 de octubre de ese año se entregó el proyecto de modernización de esa dependencia, el cual recomendó la creación de 18 empleos de profesional universitario para brindar apoyo a las labores misionales de esa institución.

7. En cumplimiento de lo anterior, y previa creación de esos cargos, el gobernador del departamento, mediante el Decreto 000074 de 13 de enero de 2011, nombró provisionalmente al accionante como profesional universitario código 219, grado 03. Posteriormente, e se empleo fue homologado al de profesional universitario código 219, grado 12a través del Decreto 000922 del 16 de mayo de

2011.

8. A principios del año 2012, los nuevos directivos departamentales evidenciaron su deseo de retirar del servicio a los trabajadores que venían vinculados con la administración anterior. Fue así como al demandante le asignaron una sobrecarga laboral y , además, lo sometieron a climas laborales tensos e inadecuados.

9. El 1.° de junio de 2012, el actor y algunos de sus compañeros de labor fueron citados al despacho de la secretaria de educación con la finalidad de discutir la

inadecuados.

9. El 1.° de junio de 2012, el actor y algunos de sus compañeros de labor fueron citados al despacho de la secretaria de educación con la finalidad de discutir la propuesta de incremento salarial. Sin embargo, en esa sesión les fue leído el contenido del acto administrativo que ahora se demanda, cuyo fundamento principal lo constituyó el déficit presupuestal para el sostenimiento de la nómina de cargos.

10. Inconforme con esa decisión, los trabajadores solicitaron la intervención de la Procuraduría Regional del Caquetá, quien en la visita realizada a las dependencias de la secretaría de educación no encontraron el estudio técnico que sirvió de base a la supresión de cargos.

11. En fecha posterior se encontró el documento denominado «JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA SUPRESIÓN DE UNOS CARGOS EN PROVISIONALIDAD DE LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ», el cual fue presuntamente plagiado de una página web y, por demás, carece de la firma de su autor.

12. Tal estudio no satisface los lineamientos técnicos y legales exigidos para ello.

Adicionalmente, en tres párrafos se justificó la supresión de algunos empleos adscritos a la secretaría de educación departamental, sin hacer mención de las razones de déficit presupuestal depositadas en el decreto sometido a juicio.Radicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

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Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

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13. Mediante el Decreto 000710 de 6 de junio de 2012 se modificó el acto cuestionado, en el sentido de señalar que eran 11 y no 13 los empleos de profesional universitario que serían eliminados.

Normas violadas y concepto de violación.

14. Para la abogada de la parte actora, el acto administrativo demandado vulneró

las siguientes disposiciones:

• Artículos 6.°, 14, 25, 29, 125 y 209 de la Constitución Política. • Artículo 228 del Decreto 019 de 2012. • Artículo 2.° de la Ley 909 de 2004. • Artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005.

15. Se señaló que el acto administrativo demandado y, especialmente, el estudio técnico presuntamente realizado no se fundó en razones de necesidad del servicio y/o de modernización de la administración, sino que fueron emitidos para satisfacción de los fines políticos del gobernador de turno.

16. El citado estudio no se ajustó a los parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, pues está ausente el análisis de los procesos técnicos misionales, la evaluación de los servicios prestados, el examen de las funciones, perfiles y cargas de trabajo , entre otros lineamientos . Además, ese estudio jamás fue estructurado con el apoyo de los funcionarios cuyos empleos fueron objeto de valoración.

la evaluación de los servicios prestados, el examen de las funciones, perfiles y cargas de trabajo , entre otros lineamientos . Además, ese estudio jamás fue estructurado con el apoyo de los funcionarios cuyos empleos fueron objeto de valoración.

17. Existe contradicción entre los fundamentos citados como soporte de esa supresión y que se encuentran depositados en ese estudio técnico y en el decreto demandado, pues mientras en el primero de ellos se alude a un superávit de la oferta institucional frente a la demandada ciudadana, en el segundo se da cuenta de un déficit presupuestal para el sostenimiento de la planta de personal que, por cierto, es financiada con recursos del sistema general de participaciones.

18. En consecuencia, l a decisión demandada está viciada por violación del derecho de audiencias y defensa, falsa motivación, desviación de poder e infracción de las normas en las que debería fundarse, por lo que amerita ser anulado.

Sentencia de primera instancia.

19. Mediante sentencia de 31 de julio de 2017 , el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Florencia, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada.

20. Con tales fines , después de referenciar brevemente el marco normativo de los procesos de reestructuración de la administración pública y la profesionalizaciónRadicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 de la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá concluyó que:

21. El estudio técnico que justificó la supresión de cargos adolece de varias irregularidades que tornan procedente la nulidad del decreto demandado, entre ellas: a) el desconocimiento de su autor, su experticia profesional e idoneidad para la emisión de ese documento; b) su único sustrato lo constituye la racionalización del gasto público, sin ninguna evidencia al respecto; c) la ausencia de análisis de los procesos técnico misionales y de apoyo prestados por la dependencia , de los servicios brindados por la e ntidad y de las funciones de los empleos, perfiles de trabajo y cargas laborales.

22. Es evidente la falsa motivación del acto demandado y del reseñado estudio técnico, pues no es comprensible que la administración departamental haya desconocido en su totalidad el proceso de reestructuración administrativa adelantado en el año 2010 por el Ministerio de Educación Nacional, que concluyó que la planta de cargos de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá requería para su buen funcionamiento de 49 empleos de distinto nivel , para lo cual recomendó la supresión de 27 empleos.

23. Tampoco son aceptables las razones de déficit presupuestal para el pago de la nómina pues, según se demostró, es financiada en su totalidad con los recursos provenientes del sistema general de participaciones.

Recurso de apelación.

23. Tampoco son aceptables las razones de déficit presupuestal para el pago de la nómina pues, según se demostró, es financiada en su totalidad con los recursos provenientes del sistema general de participaciones.

Recurso de apelación.

24. Inconformes con la anterior decisión, las partes la recurrieron en apelación.

Con tales fines, arguyeron:

25. Parte demandante. Los límites impuestos a la medida del restablecimiento del derecho -pago de salarios sin exceder los veinticuatro meses y el descuento de lo recibido por cualquier vínculo laboral público y/o privadono se avienen al criterio de justicia según el cual cada quien debe recibir lo que corresponde.

26. Aunque tal restricción se fundó en la sentencia de unificación 556 de 2014, lo cierto es que esa providencia constituye, a la luz de la carta política, un criterio auxiliar de la actividad judicial que no patrocina la justicia ni la equidad, pues se basó en dato s estadísticos generales que no se compadecen de la situación particular del demandante.

27. La regla jurisprudencial en referencia, al ser fuente de derecho, no puede ser aplicada a casos que se concretaron con anterioridad a su expedición, máximo porque las disposiciones judiciales de unificación se proyectan hacía el futuro. De manera que, con su aplicación, se restó fuerza a la tesis de indemnización plena del daño elaborada por el Consejo de Estado.

28. La limitación impugnada desconoce disposiciones internacionales ratificadasRadicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

28. La limitación impugnada desconoce disposiciones internacionales ratificadasRadicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 por Colombia -artículo 7.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios 158 de la OIT y la recomendación 166 de ese mismo organismo - que ratifican el derecho a la indemnización integral en materia de desvinculaciones ilegales del servicio.

29. La Gobernación del Caquetá. El a quo no debió anular el oficio SED 01896 de 1.° de junio de 2012, que comunicó al actor la supresión de su empleo, en razón a que dicha decisión no fue demandada.

30. Además, se ordenó el reintegro del demandante sin tener en cuenta que, de acuerdo con lo señalado en la sentencia SU -556 de 2014, tal orden es pertinente en la medida en que el empleo no haya sido suprimido. Por tanto, como la ocupación que el accionante tenía en la Gobernación del Caquetá fue eliminada, no procede la orden en cuestión.

Sentencia objeto de revisión.

31. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante providencia del 9 de mayo de 2019 revocó la sentencia apelada y se condenó en costas en ambas instancias a la parte demandante . Para ello, después de reseñar una sentencia de esta

31. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante providencia del 9 de mayo de 2019 revocó la sentencia apelada y se condenó en costas en ambas instancias a la parte demandante . Para ello, después de reseñar una sentencia de esta Corporación en la que se hace claridad de las decisiones que deben ser cuestionadas en tratándose de supresión de cargos, concluyó:

32. El acto que lesionó los derechos particulares del actor no fue el decreto aquí demandado, sino el oficio SED 01898 de 1.° de junio de 2012, a través del cual la administración departamental le informó a aquel que su empleo había sido suprimido y, por ende, que su relación laboral finiquitaba en esa calenda.

33. En consecuencia, como esa decisión no fue sometida a juicio, es imposible desplegar sobre él un análisis de legalidad, por lo que se estima que la demanda fue indebidamente planteada y, por tanto, se debe revocar la sentencia impugnada.

Del recurso extraordinario de revisión.

34. La causal invocada. El señor Luís Ángel Lozada Olaya , a través de apoderada, señaló que en este asunto se configuró la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por su importancia

aquí, se transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]».Radicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

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35. Los fundamentos del recurso. Para el recurrente, la providencia impugnada vulneró los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, debido proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto:

36. Desconoció que, frente a la excepción de inepta demanda -invocada ante el no sometimiento a juicio del oficio SED 01898 de 1.° de junio de 2012 - había operado el fenómeno de cosa juzgada, pues había sido despachada negativamente en la audiencia inicial sin oposición alguna de la parte demandada. Esa omisión conllevó, a su vez, la violación del principio de seguridad jurídica.

37. Adicionalmente, ese postulado superior fue desconocido por el tribunal, pues el referenciado oficio no fue demandado en aplicación de la teoría “del acto próximo”. Según esta tesis, ante la imposibilidad de definir un criterio general para identificar cuál o cuáles son las decisiones que, en el marco de los procesos de supresión de cargos deben ser cuestionadas, se acude, en principio, a la que contiene la orden de eliminación, en tan to primera manifestación de voluntad de la

identificar cuál o cuáles son las decisiones que, en el marco de los procesos de supresión de cargos deben ser cuestionadas, se acude, en principio, a la que contiene la orden de eliminación, en tan to primera manifestación de voluntad de la administración y, de contera, causa remota del retiro del servicio.

38. Se infringió el derecho a la tutela judicial efectiva y, junto con él, la prerrogativa del debido proceso, pues el ad quem se inhibió para emitir una resolución de fondo, sin tener una razón para ello. Tal injusticia se cristalizó con la conclusión según la cual debía demandarse el oficio en referencia, el cual, por cierto, no es un acto administrativo, pues no creó, modificó y/o extinguió una situación jurídica, sino que se limitó a comunicar al demandante que su empleo había sido suprimido.

39. El juez de segundo grado pasó por alto su propio precedente, pues existían decisiones anteriores en las que se había definido que era innecesario demandar el oficio de comunicación que aquí se ha venido señalando. Entre tales providencias se encuentran las proferidas los días 14, 20 y 25 de febrero de 2014 , en trámites judiciales similares.

40. La sentencia impugnada adoptó dentro de sus fundamentos una providencia del Consejo de Estado (expediente 0471-2014) que fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda, desconociendo que los precedentes no son retroactivos y, por demás, que no pueden emplearse en perjuicio de los derechos ciudadanos.

41. Pretensiones. El recurrente solicitó dejar sin efectos la sentencia impugnada y, en consecuencia, devolver el expediente al tribunal de origen para que emita una

ciudadanos.

41. Pretensiones. El recurrente solicitó dejar sin efectos la sentencia impugnada y, en consecuencia, devolver el expediente al tribunal de origen para que emita una nueva decisión.

42. Intervención de la Gobernación del Caquetá y del Procurador Delegado ante esta Corporación. Los señalados sujetos procesales guardaron silencio en esta instancia.Radicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

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III. CONSIDERACIONES

43. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del

Reglamento Interno de esta Corporación.

44. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

45. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 9 de mayo de 2019 y quedó ejecutoriada el día 17 de ese mes, tal y como lo certificó el Tribunal Administrativo de l Caquetá. Por tanto, la Sala concluye que el recurso,

mayo de 2019 y quedó ejecutoriada el día 17 de ese mes, tal y como lo certificó el Tribunal Administrativo de l Caquetá. Por tanto, la Sala concluye que el recurso, radicado a través del correo electrónico de la secretaría de esta Sección el 3 de julio de 2020, fue presentado dentro de la oportunidad legal.

46. Lo anterior, en razón a que, con ocasión a la pandemia vivida en el año 2020, los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de esa anualidad,2 esto es, por espacio superior a tres (3) meses. En consecuencia, la adición de ese tiempo al plazo inicial -contado a partir del 17 de mayo de 2019, fecha de ejecutoria de esa providencia-, permite confirmar que el fenómeno extintivo no tuvo lugar.

47. Problema jurídico . De acuerdo con lo planteado en la impugnación, corresponde a la Sala determinar s í: ¿La sentencia recurrida incurrió en la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A. y, por tanto, amerita ser anulada?

48. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA y; iii) el alcance del fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

Normas y jurisprudencia aplicables.

La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

49. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede

La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

49. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

2 Decreto 564 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».Radicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

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50. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las providencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.

51. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

52. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento

jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

52. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

53. En sentencia de 3 de marzo de 2020, 3 la Sala Décima Especial de Revisión

de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».4

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya

las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina5 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.6

3 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 5 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884. 6 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para

diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violenci a o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base enRadicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)

Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

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45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».7

54. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias

juzgada […]».7

54. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a juicio.

55. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los fundamentos y la causal alegada. 8 En la sentencia que se viene citando, esta

Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpreta tiva del juez 9 o para corregir errores «in iudicando» 10, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 11-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho 12-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 13o

determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho 12-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 13o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación14-.

dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada». 7 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-150002003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 9 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1°