CE - Sentencia 11001032500020200069100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020) Recurrente: Gladys Antonio Mitchell Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del nume ral 5 del artículo 250 del CPACA . Nulidad originada en la sentencia que puso fin al p roceso. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gladys Antonio Mitchell contra la sentencia del 10 de sept iembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que revocó la decisión de primera instancia del Juzgado Único Adm inistrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 10 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, invocando la causal quinta del artículo 250

La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 10 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, invocando la causal quinta del artículo 250 del CPACA , al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del dere cho

1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente , las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP 1, y el expediente ordinario allegado a este trámite , la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el ra dicado número 88001-33-33-0012017-000147-00/01 2.

2.1.1. La demanda

2. La señora Gladys Antonio Mitchell radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administrado ra Colombiana de PensionesCOLPENSIONES , en la que solicitó, en síntesis, la nulidad de las resoluciones núm. GNR 338897 del 28 de septiembre de 2014; GNR 24357 del 24 de febrero de 2015; SUB 9360 del 16 de marzo de 2017; SUB 58212 del 10 de mayo de 2017; y DIR 8095 del 13 de

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuan do por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuan do por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf».Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

Recurrente: Gladys Antonio Mitchell

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junio de 2017, a través de las cuales negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

3. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, so licitó, a título de restablecimiento del derecho: i) el reconocimiento de la pensión, desde el 26 de julio de 2010 y efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2011, tomando como IBL lo cotizado durante toda su vida laboral; ii) el pago del retroactivo pensional; iii) intereses moratorios; iv) la actualización de los valores adeudados conforme al IPC ; y v) el pago de costas y agencias en derecho. Como pretensión su bsidiaria, pidió vi) el otorgamiento de la acreencia pensional con base en la norma más favorable, tomando como IBL los tiempos en los sectores público y privado.

de costas y agencias en derecho. Como pretensión su bsidiaria, pidió vi) el otorgamiento de la acreencia pensional con base en la norma más favorable, tomando como IBL los tiempos en los sectores público y privado.

4. Como fundamento de la demanda, sostuvo que resultab a aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que al entrar en vigor dicha norma tenía más de 35 años y estaba vin culada al sector público. Afirmó haber cotizado las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990, por lo que consideraba tener derecho a la pensión con la mesad a 14. Finalmente, señaló que COLPENSIONES aplicó indebidamente la normativa y desconoció los derechos fundamentales de la accionante 3.

2.1.2. Contestación de la demanda

5. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES – contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Señaló que, si bien la actora nació en 1955 y en principio estaba amparada por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, al cumplir 55 años en 2010 debía verificarse si conservaba dicho beneficio. Sin embargo, solo acreditó 695 semanas de cotización al momento de entrar en vigor el Acto Legislativo 1 de 2005, número insuficiente para mantenerlo de conformidad con este.

6. Sostuvo que, respecto de legislaciones anteriores, como la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, la accionante cumplía el requisito de edad, pero no el de 20 años de aportes —equivalentes a 1.029 semanas—, razón por la cual tampoco podía acceder

Ley 71 de 1988, la accionante cumplía el requisito de edad, pero no el de 20 años de aportes —equivalentes a 1.029 semanas—, razón por la cual tampoco podía acceder a la pensión bajo esos regímenes.

7. Indicó que, al examinar el reconocimiento pensional conforme al Decreto 758 de 1990, la demandante debía acreditar 55 años de edad y 500 semanas en los últimos veinte años o 1.000 semanas en cualquier tiempo. Si n embargo, no demostró cotizaciones anteriores al 1º. de abril de 1994 ant e el Instituto de Seguros Sociales, requisito indispensable para conservar el régimen d e transición. En consecuencia, perdió este beneficio el 31 de julio de 2010 y quedó sujeta a la Ley 797 de 2003. Bajo este régimen, aunque tenía 61 años, solo acreditaba 1.121 semanas, sin alcanzar las 1.300 exigidas 4.

3 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 1. 4 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 116.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

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2.1.3. Audiencia inicial

8. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Prov idencia y Santa Catalina celebró audiencia inicial el 18 de abril de 2018 5, en la que se surtieron todas las etapas previstas. En esa diligencia se fijó el litigio en los siguientes términos:

Debe establecer el Despacho si procede la nulidad d e los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. GNR 338897 del 28 de septiembre de 2014, No. GNR 24357 del 24 de febrero de 2015, No. SUB 9360 d el 16 de marzo de 2017, No. SUB 58212 del 10 de mayo de 2017 y la Resolución No. DIR 8095 del 13 de junio de 2017, a través de los cuales COLPENSIONES EICE, neg ó a la aquí actora Gladys Antonio Mitchell el reconocimiento y pago de su pensión de vejez en la forma como se pide en el escrito de la demanda.

Por lo anterior, el Despacho debe establecer: i) régimen pensional que cobija al actor,

Antonio Mitchell el reconocimiento y pago de su pensión de vejez en la forma como se pide en el escrito de la demanda.

Por lo anterior, el Despacho debe establecer: i) régimen pensional que cobija al actor, ii) la normatividad y jurisprudencia aplicable al c aso concreto iii) y si se ajusta a los presupuestos normativos y jurisprudenciales para que se ordene el reconocimiento y pago de su pensión en la forma como se pide en el escrito de la demanda 6.

2.1.4. Sentencia de primera instancia

9. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Prov idencia y Santa Catalina profirió sentencia el 21 de septiembre de 2018 7 en la que resolvió:

PRIMERO: DECLÁRASE la Nulidad de los actos administ rativos contenidos en las Resoluciones Nos. GNR 338897 del 28 de septiembre de 2014, GNR 24357 del 24 de febrero de 2015, SUB 9360 del 16 de marzo de 2017, SUB 58212 del 10 de mayo de 2017 y DIR 8095 del 13 de junio de 2017, a través d e los cuales COLPENSIONES EICE, negó a la aquí actora Gladys Antonio Mitchell el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

SEGUNDO: En consecuencia, y a título de restablecim iento del derecho, CONDÉNASE a la entidad demandada la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES EICE a reconocer y pagar una pensión de vejez a partir del 26 julio 2010, fecha en que se causó el derecho, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Sentencia SU-395 de 2017 y Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del

2010, fecha en que se causó el derecho, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Sentencia SU-395 de 2017 y Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, esto es, acorde a la Ley 71 de 1 988, respecto a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, entendido como tasa de reemplazo, que para el caso particular es del 75% sobre el ingreso base de liquidación y los factores consagrados en el inciso 3° del artículo 36 de la L ey 100 de 1993, sobre el ingreso base de liquidación según la subregla 1° de la Sent encia de Unificación del Consejo de Estado, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.

TERCERO: ADVIÉRTASE a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES EICE, que de conformidad con el artícu lo 41 del Decreto 3135 de 1968, la efectividad de la pensión será desde el 12 de junio de 2014, en virtud de la prescripción trienal.

CUARTO: De conformidad con el artículo 188 del CPACA, condénase en costas a la parte demandada. De igual manera se le condena en agencias en derecho las cuales se fijan en 4% de lo pedido.

5 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 147. 6 Transcripción con errores de ortografía y sintaxis propios del texto original. 7 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 1.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

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QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia 8.

10. Señaló que la demandante cumplió con los requisitos legales exigidos, dado que alcanzó los 55 años de edad y acreditó más de 2 0 años de aportes al sistema, tanto en el sector público como en el privado. Esto s elementos demostraron que satisfizo las condiciones establecidas en la Ley 71 de 1988, aplicables bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

11. Adicionalmente, se precisó que, por haber efectuado cotizaciones superiores a

satisfizo las condiciones establecidas en la Ley 71 de 1988, aplicables bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

11. Adicionalmente, se precisó que, por haber efectuado cotizaciones superiores a veinte años, correspondía a COLPENSIONES reconocer la prestación en su calidad de última entidad de previsión. De igual forma, destac ó que la jurisprudencia constitucional y contenciosa-administrativa aclaró que el régimen de transición garantiza la aplicación de las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo de la normatividad anterior, pero que el ingreso base de liquidación debía calcularse conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con el promedio de los salarios de los últimos diez años.

2.1.5 Recurso de apelación de la parte demandante

12. La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en lo relativo a la fecha de efectividad y a los efectos fiscales de la pensión reconocida, así como a los perjuicios reclamados. Sostuvo que la pensión se causó desde el 26 de julio de 2010, c uando cumplió la edad y las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990. Además , indicó que, al haber acreditado más de 500 semanas en los últimos veinte años, tenía derecho a la pensión y al reconocimiento de la mesada 14.

13. En cuanto a los efectos fiscales, argumentó que debe tenerse como fecha el 12 de junio de 2011, tres años antes de la solicitud r adicada el 12 de junio de 2014, la cual interrumpió la prescripción. Igualmente, indicó que COLPENSIONES incurrió en mora

de junio de 2011, tres años antes de la solicitud r adicada el 12 de junio de 2014, la cual interrumpió la prescripción. Igualmente, indicó que COLPENSIONES incurrió en mora al no pagar oportunamente, generando intereses inde mnizatorios que no requieren prueba, conforme a los artículos 1608 y 1617 del Código Civil y 141 de la Ley 100 de 1993.

14. Por todo lo anterior, la parte actora solicitó: i) reconocer la pensión desde el 26 de julio de 2010, con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2011; ii) ordenar el pago de la mesada 14; iii) reconocer el retroactivo pensional con intereses de mora desde los cuatro meses posteriores a la primera petición; y iv) de manera subsidiaria, ordenar la indexación del retroactivo pensional9.

2.1.6 Recurso de apelación de la parte demandada

15. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES – interpuso igualmente recurso de alzada contra la decisión de primera instancia. Alegó que, si bien la demandante cumplía con el requisito de edad al entrar en vigor la Ley 100 de 1993, no acreditaba el número mínimo de semanas exi gidas para conservar el régimen de transición. Con la expedición del Acto L egislativo 1 de 2005, este se extendió hasta 2010, o hasta 2014 únicamente para q uienes contaran con al menos 750 semanas a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional; no obstante, la accionante solo registraba 695 para 2005, por lo que perdió dicho beneficio en 2010.

8 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.

accionante solo registraba 695 para 2005, por lo que perdió dicho beneficio en 2010.

8 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original. 9 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 27.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

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16. Indicó que la demandante debía acreditar los requis itos previstos en los regímenes anteriores —leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y Decreto 758 de 1990—; no obstante, para el 31 de julio de 2010 no cumplía ta les exigencias. En consecuencia, debía acudirse a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que requería 1.300 semanas de cotización. Sin embargo, la petici onaria solo acreditó 1.121 semanas, motivo por el cual no podía acceder a la prestación en este último régimen 10 .

2.1.7 Sentencia objeto del recurso extraordinario d e revisión

17. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providenc ia y Santa Catalina profirió

semanas, motivo por el cual no podía acceder a la prestación en este último régimen 10 .

2.1.7 Sentencia objeto del recurso extraordinario d e revisión

17. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providenc ia y Santa Catalina profirió sentencia el 10 de septiembre de 2019 11 , en cuya parte resolutiva consignó:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzg ado Único Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de fecha veintiún (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), de acuerdo a lo consignado en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

18. Para sustentar lo expuesto, el Tribunal indicó que, de acuerdo con las pruebas del proceso, la demandante nació el 26 de julio de 1955, razón por la cual, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, en principio se encont raba amparada por el régimen de transición. Sin embargo, al verificar las semanas c otizadas, advirtió que para la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 la accionante solo había acumulado 695 semanas, número insuficiente para conservar dicho beneficio, pues este exigía un mínimo de 750 semanas.

19. De otro lado, se examinó el reconocimiento pensional a la luz de la Ley 100 de 1993 y concluyó que, si bien la parte actora cumplí a con el requisito de edad, solo acreditaba 1121 semanas cotizadas, cuando eran nece sarias 1300 para causar el derecho a la pensión de vejez. En consecuencia, no resultaba procedente reconocer la

acreditaba 1121 semanas cotizadas, cuando eran nece sarias 1300 para causar el derecho a la pensión de vejez. En consecuencia, no resultaba procedente reconocer la pensión solicitada, ni la indexación ni los interes es moratorios reclamados en los términos del recurso de apelación de la demandante.

2.1.8. Solicitud adición de la sentencia

20. En virtud de la decisión anterior, el apoderado jud icial de la parte demandante solicitó la adición 12 del fallo de segunda instancia. Advirtió que en virtud del principio de congruencia debían estudiarse todos los aspectos de la demanda y la apelación.

21. Sostuvo que tiene derecho a la pensión conforme a l os requisitos del Decreto 758 de 1990, por haber acumulado más de 500 semanas de cotización dentro de los últimos 20 años anteriores a la edad de jubilación, lo cual, insiste, cumplió el 26 de julio de 2010 antes del límite establecido en el parágrafo 4 del Acto Legislativo 1 de 2005 — 31 de julio de 2010—.

22. Por estas razones, reiteró que en la demanda no se afirmó que la parte actora contara con 750 semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005. Contrario a lo anterior, tanto en las pretensiones como en la apelación se sostuvo que la

10 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 22. 11 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 66. 12 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 97.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

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accionante cumplió los requisitos de edad —55 años— y semanas de cotización de que trata el Decreto 758 de 1990, para el 26 de julio d e 2010; esto es, antes de la primera fecha que estableció el parágrafo transitorio 4 del citado acto legislativo, del régimen de transición –31 de julio de 2010–.

fecha que estableció el parágrafo transitorio 4 del citado acto legislativo, del régimen de transición –31 de julio de 2010–.

23. A través de auto del 19 de noviembre de 2019 13 , el Tribunal negó la solicitud de adición. Lo anterior, al precisar que los aspectos objeto de la petición ya habían sido decididos en la parte resolutiva de la sentencia, en relación con el «alcance pretendido con la Ley 71 de 1988». Para tales efectos, reiteró el análisis efectuado en el fallo de segunda instancia sobre el régimen de transición frente a la demandante.

24. Luego, la parte actora presentó un nuevo memorial en el que solicitó una decisión de fondo sobre la petición de adición del fallo de segunda instancia, al insistir en que ni en dicha providencia ni en el auto precedente se abordaron aspectos relacionados con la fecha en que adquirió el derecho pensional: «jus to 5 días antes de la fecha de restricción del parágrafo 4 del Acto Legislativo 1 de 2005» —26 de julio de 2010—; así como la omisión en la aplicación del Decreto 758 de 1990. No obstante, por auto del 19 de diciembre de 2019 14 , dicha solicitud fue negada.

2.2. Recurso extraordinario de revisión

25. La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso extraordinario de revisión el 27 de junio de 2020 15 , a través de correo electrónico dirigido a la secr etaría de esta corporación , al considerar que la decisión proferida por el Tr ibunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las providencias que resolvieron solicitudes de adición, resultaron incongruentes por omitir pronunciarse sobre aspectos

corporación , al considerar que la decisión proferida por el Tr ibunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las providencias que resolvieron solicitudes de adición, resultaron incongruentes por omitir pronunciarse sobre aspectos esenciales de la litis y desconocer el régimen aplicable a la demandante en materia de reconocimiento pensional.

26. Para desarrollar lo anterior, refirió que el Tribun al incurrió en errores de hecho, debido que desconoció la fecha exacta en que la acc ionante cumplió los 55 años y la cantidad de semanas cotizadas en los 20 años previos (629,99) que supera ban el mínimo exigido por el Decreto 758 de 1990.

27. Consideró que el Tribunal aplicó indebidamente la L ey 71 de 1988 y exigió los requisitos del Acto Legislativo 1 de 2005 (750 semanas al 25 de julio de 2005), cuando lo correcto era aplicar el régimen de transición y el Decreto 758 de 1990. Aunado a lo anterior, advirtió que la inobservancia al principi o de congruencia obedeció a que no resolvió lo realmente pedido en la litis.

28. Además, la recurrente reprochó que en la sentencia del Tribunal no se valoraron adecuadamente las certificaciones laborales, que acreditaban las semanas exigidas, ni se consideró la jurisprudencia constitucional (SU-7 69 de 2014) que permite la acumulación de tiempos públicos y privados. Del mi smo modo, sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso y favorab ilidad en materia laboral, por aplicación indebida de normas.

acumulación de tiempos públicos y privados. Del mi smo modo, sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso y favorab ilidad en materia laboral, por aplicación indebida de normas.

13 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 114. 14 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-0014700», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 114. 15 Samai, índice 3, actuación « AL DESPACHO POR REPARTO », documento «1 AL DESPACHO POR REPARTO - 01Correo-1-01Correo.pdf(.pdf) NroActua 2», fecha del correo, 27 de junio de 2020.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

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29. Por estas razones, la señora Gladys Antonio Mitchell solicitó a esta corporación: i) la revisión del fallo de segunda instancia del 1 0 de septiembre de 2019 y de las

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29. Por estas razones, la señora Gladys Antonio Mitchell solicitó a esta corporación: i) la revisión del fallo de segunda instancia del 1 0 de septiembre de 2019 y de las providencias dictadas con posterioridad, con el fin de dejarlas sin efecto o revocarlas; ii) la revocatoria parcial de la sentencia de prime ra instancia del 21 de septiembre de 2018, emitida por el Juzgado Único Administrativo d el Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; iii) que se ordene a COLPENSIONES reconocer la pensión de la demandante conforme con el Decreto 758 de 1990, e inclusión de la mesada 14; iv) declarar la prescripción de las mesadas anterio res al 12 de junio de 2011; v) el reconocimiento del retroactivo pensional, junto con los intereses moratorios y la indexación; y vi) la condena en costas y agencias en derecho.

2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

30. Por auto del 30 de septiembre de 2021 16 , se requirió al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que allegara constancia de ejecutoria de la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.

31. Mediante decisión del 9 de mayo de 2024 17 , se inadmitió el recurso, por lo que se requirió a la recurrente para que subsanara las falencias indicadas en dicho proveído.

32. Esta corporación admitió el recurso en auto del 20 de marzo de 2025 18 , ordenó la notificación personal de esta decisión a COLPENSIONES y al Ministerio Público y le

proveído.

32. Esta corporación admitió el recurso en auto del 20 de marzo de 2025 18 , ordenó la notificación personal de esta decisión a COLPENSIONES y al Ministerio Público y le reconoció personería al abogado de la recurrente. Asimismo, requirió al Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que remitiera a este proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 88001-33-33-0012017-00147-01.

33. Luego de que esta decisión fue debidamente notifica da 19 , COLPENSIONES contestó el escrito 20 en el que se solicitaba declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, al no acreditarse la causal alegada. L a entidad reiteró los argumentos expuestos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al señalar que la demandante no era beneficiaria del régimen d e transición y, en consecuencia, no le resultaban aplicables las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 ni el Decreto 758 de

1990. Agregó que tampoco cumplía con los requisitos para el reconocimiento pensional previstos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, análisis que, además, ya había sido efectuado por el Tribunal en la sentencia recurrida.

34. Propuso como excepciones la inexistencia del derech o reclamado, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y se opuso a la condena en costas en su contra.

35. A través de auto del 3 de septiembre de 2025 21 , se decretaron y tuvieron como

no debido, prescripción, buena fe y se opuso a la condena en costas en su contra.

35. A través de auto del 3 de septiembre de 2025 21 , se decretaron y tuvieron como prueba los documentos allegados con el recurso extr aordinario de revisión, así como los solicitados al Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa

Catalina.

36. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Prov idencia y Santa Catalina remitió el expediente digital del proceso ordinario22 .

16 Samai, índice 7. 17 Samai, índice 26. 18 Samai, índice 41. 19 Samai, índice 44 y 48. 20 Samai, índice 50. 21 Samai, índice 52 22 Samai, índice 47.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)

Recurrente: Gladys Antonio Mitchell

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gladys Antonio Mitchell c ontra la sentencia del 10 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA 23 .

3.2. Oportunidad

septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA 23 .

3.2. Oportunidad

38. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 10 de septiembre de 2019; ahora, pese a que se allegó copia del expediente, no es legible la fecha de la notificación; no obstante, en virtud del requerimiento efectuado por esta corporación 24 se allegó certificación expedida por la Secretaría General de l Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 25 , en la que hace constar que la decisión quedó ejecutoriada el 25 de noviembre de 2019. Así las cosas, como la señora Gladys Antonio Mitchell interpuso el recurso extraordinario de revisión el 27 de junio de 2020, según la constancia del correo electrónico que obra a índice 3 del aplicativo SAMAI , su radicación fue oportuna dentro del término