CE - Sentencia 11001032500020200081200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones1

Demandado: María Eugenia Rubiano Rodríguez

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Foncep contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 201 7 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2, por medio de la cual se confirmó parcialmente la decisión de primera instancia emitida el 29 de junio de 2017 por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por María Eugenia Rubiano Rodríguez contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

de manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por María Eugenia Rubiano Rodríguez contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 201 7 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó de manera parcial la decisión del 29 de junio de 2017 dictada por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-0121 En adelante Foncep. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 11001 -33-42-052-2016-00116-01; demandante: María Eugenia Rubiano Rodríguez, demandado: Foncep.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep 2011-00514-00(01), a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Eugenia Rubiano Rodríguez contra esa entidad, encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la anulación de la sentencia del 30 de noviembre de 2017; ii) la declaratoria de que María Eugenia Rubiano Rodríguez, en

salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la anulación de la sentencia del 30 de noviembre de 2017; ii) la declaratoria de que María Eugenia Rubiano Rodríguez, en cuanto a la liquidación de su pensión de jubilación, no e ra acreedora de un derecho adquirido; y iii) la reliquidación de la prestación en un monto o tasa de reemplazo del 75% previsto en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 y con una base de liquidación con fundamento en lo previsto en los artículos 36, inciso 3, o 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores de salario de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente dispongan esa condición, tal y como lo determinó la jurisprudencia de la Corte

Constitucional3.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Eugenia Rubiano Rodríguez prestó su servicio al Distrito Capital en la Unidad Administrativa de Catastro desde el 3 de marzo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2010.

3.2. A través de la Resolución 0583 del 16 de marzo de 2011, el Foncep le reconoció la pensión de jubilación.

3.3. Solicitó a la entidad la reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio; no obstante, esta petición fue negada a través de la Resolución 0155 del 19 de enero de 2015, acto

factores salariales devengados en el último año de servicio; no obstante, esta petición fue negada a través de la Resolución 0155 del 19 de enero de 2015, acto administrativo que fue confirmado por la Resolución 1076 del 25 de mayo de 2015.

3.4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho María Eugenia Rubiano Rodríguez presentó demanda contra el Foncep en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 0155 del 19 de enero de 2015 y 1076 del 25 de mayo de ese año, a través de la s cuales la entidad le negó la reliquidación de la pensión de jubilación en consideración a la totalidad de los factores de salario que percibió en el último año de servicio.

3 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, T039 de 2019, A326 de 2016 y A229 de 2017, proferidas por la Corte Constitucional.3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020)

Demandante: Foncep

3.5. El asunto le correspondió al Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, el que por medio de la sentencia del 29 de junio de 2017 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda para lo cual declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a l Foncep reliquidar la pensión de jubilación de María Eugenia Rubiano Rodríguez con el 75% del promedio de los factores

administrativos acusados y ordenó a l Foncep reliquidar la pensión de jubilación de María Eugenia Rubiano Rodríguez con el 75% del promedio de los factores devengados en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio, como lo eran «además de los ya reconocidos de "asignación básica mensual y otros factores", los de auxilio de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios, doceava parte de las primas de servicios y de navidad, a partir del 23 de julio de 2011, por prescripción trienal».

3.6. La anterior decisión fue apelada por el Foncep y a través de la sentencia recurrida fue confirmada parcialmente en sede de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

3.7. La subdirectora de prestaciones económicas del Foncep, mediante la Resolución SPE GDP 0814 del 25 de junio de 2018 dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 30 de noviembre de 201 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó parcialmente la decisión del 29 de junio de 2017 emitida por el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y precisó que los factores percibidos deberían ser incluidos de manera proporcional a una doceava parte.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

5.1. Comoquiera que María Eugenia Rubiano Rodríguez nació el 27 de diciembre de

incluidos de manera proporcional a una doceava parte.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

5.1. Comoquiera que María Eugenia Rubiano Rodríguez nació el 27 de diciembre de 1955 e ingresó a laborar en la Unidad Administrativa de Catastro Distrital el 4 de marzo de 1975, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de esa norma para los empleados del orden territorial, contaba con más de 35 años de edad y 15 de servicio. En consecuencia, podía acceder a la pensión con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio.

4 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED-5-05 S152 -D2Demanda202082323829.pdf(.pdf) NroActua 4», folios 96 a 107.4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep 5.2. Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de 2010 5, para el reconocimiento de la p ensión de jubilación era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de liquidación, de modo que el monto de la prestación se debió establecer con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio , bajo el entendido de que eran factores de salario aquellas sumas que percibía el servidor

la base de liquidación, de modo que el monto de la prestación se debió establecer con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio , bajo el entendido de que eran factores de salario aquellas sumas que percibía el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les hubiere otorgado.

5.3. Si bien era cierto que la sentencia de primera instancia dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores de salario percibidos en el último año de servicio, también lo e ra que no indicó que deberían ser proporcionales a una doceava parte.

5.4. Los factores salariales que tenían que incluirse para la reliquidación de la pensión eran: «además de los ya reconocidos de “asignación básica mensual y otros factores", los de auxilio de alimentación, subsidio de transporte, la doceava (1/12) parte de la bonificación por servicios, la doceava (1/12) parte de la prima de servicios y la doceava (1/12) parte de la prima de navidad, a partir del 23 de julio de 2011, por prescripción trienal».

5.5. Al no haber sido objeto de apelación y en consideración a que el Foncep era apelante único, no era procedente pronunciarse sobre la negación en primera instancia del concepto ajuste de cesantías e intereses cesantías.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la s causales previstas en l os literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la s causales previstas en l os literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que determinaron que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición se liquidarían conforme con las reglas previstas en los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según fuera el caso, y con la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, pero que se conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior. No obstante, la prestación que fue reconocida a María Eugenia Rubiano Rodríguez se reliquidó en consideración a todos los emolumentos de salario devengados en el último año de servicio.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED-5-05 S152 -D2Demanda202082323829.pdf(.pdf) NroActua 4», folios 7 a 23.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020)

Demandante: Foncep

6.2. Por tanto, aquella, al haber sido beneficiaria d el régimen de transición, tenía derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de

Demandante: Foncep

6.2. Por tanto, aquella, al haber sido beneficiaria d el régimen de transición, tenía derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que t enía que ver con el ingreso base de liquidación7, el cual se encontraba regulado en el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

6.3. El principio de sostenibilidad financiera del sistema se vio afectado toda vez que se aumentó la mesada pensional en un 21,6% sin que existiera justificación legal o jurisprudencial para ello.

6.4. Así entonces, l a cuantía del derecho reconocido exced ió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del IBL.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. María Eugenia Rubiano Rodríguez se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

por las razones que se expresan a continuación8:

7.1. La sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D mediante la cual se confirmó de forma parcial el fallo del Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá el 29 de junio de 201 7, se profirió conforme con las normas legales y la jurisprudencia vigente para esa época, en especial la sentencia de unificación del

Bogotá el 29 de junio de 201 7, se profirió conforme con las normas legales y la jurisprudencia vigente para esa época, en especial la sentencia de unificación del Consejo de Estado emitida el 4 de agosto de 2010.

7.2. El cambio de jurisprudencia no podía ser tenido en cuenta como un argumento para haber solicitado la revisión de la sentencia, pues los razonamientos que fueron allí expuestos eran totalmente válidos y aceptados para la época de su expedición y debían mantenerse incólumes, independientemente que la posición en la que se fundó hubiera sido modificada, pues era evidente que con ello las situaciones consolidadas, no se alterarían.

7.3. En consideración a que era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 199 3, el régimen que se le debía aplicar para el

7 En lo sucesivo IBL. 8 Samai, índice 13, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 13», folios 2 a 30.6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep reconocimiento pensional era el dispuesto en la Ley 33 de 1985 , según el cual la prestación debía ser liquidada con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicio y no con el promedio de lo percibido en los 10 últimos años de labores, lo que le resultaría desfavorable.

1.4. Concepto del Ministerio Público

el último año de servicio y no con el promedio de lo percibido en los 10 últimos años de labores, lo que le resultaría desfavorable.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó declarar fundado el «recurso extraordinario de revisión », toda vez que si bien si bien el fallo recurrido continuó la línea jurisprudencial de la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, también lo es que desconoció la sentencia de unificación jurisprudencial de la Corte Constitucional SU-230 de 2015, posteriormente ratificada con las sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018, SU114 de 2018 y SU-575 de 2019, entre otras, a través de las cuales se precisó y reiteró la interpretación respecto del alcance del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la cual el IBL no hace parte de este.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA9.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo

competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 8 de febrero de 2018 y la presente acción fue radicada el 25 de septiembre de 2020, lo que permite concluir que se presentó en oportunidad.

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilaci ón en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 11 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura

debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las

11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel

(literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades

12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»14.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación15 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación15 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las c uales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a

decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020)

Demandante: Foncep

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que

aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular lo s 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6a de 194517 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00812-00 (2465-2020) Demandante: Foncep aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

Demandante: Foncep aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 20, esta corporación 21 señaló que si el servido