CE - Sentencia 11001032500020200082300 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

Demandado: Bernarda Romero de Cortés

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas , Cesantías y Pensiones

(FONCEP) Demandado: Bernarda Romero de Cortés Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003

Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B 2, que confirmó la providencia del 6 de abril de 20163, dictada por el Juzgado 20 Administrativo

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B 2, que confirmó la providencia del 6 de abril de 20163, dictada por el Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP) solicita que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes mencionada, porque considera que incurrió en las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la señora Bernarda Romero de Cortés no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión en el ingreso base de liquidación de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, puesto que aquel (el IBL) debe establecerse según el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-0056100(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero

de 2022, radicación: 11001-03-15-000-201904468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 2 M.P. Luis Gilberto Ortegón. Rad. 11001-33-35-020-2015-00297-01. 3 Respecto del año en el que se dictó el fallo de primera instancia, se observa que fue proferido en el 2016, pese a que la sentencia de segunda instancia señaló que fue dictado en el 2015.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

Demandado: Bernarda Romero de Cortés

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1. La señora Bernarda Romero de Cortés , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el FONCEP con el fin de que se declarara lo siguiente: la nulidad de la Resolución 000163 del 19 de enero de 2015, a través de la cual se le negó la reliquidación de su pensión de vejez; y , en consecuencia, que se le ordene a la parte demandada reliquidar la referida prestación, con el 75% de los factores salariales percibidos durante el último año de servicios de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.

2.2. Sentencia de primera instancia4

2. El Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá, en sentencia del 6 de abril

Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.

2.2. Sentencia de primera instancia4

2. El Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá, en sentencia del 6 de abril

de 2016, resolvió lo siguiente:

[…]

SEGUNDA: DECLARAR la nulidad de la Resolución N°00163 del 19 de enero de 2015 proferida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – Foncep, por medio de la cual le negó a la señora BERNANDA (sic) ROMERO DE CORTÉS, identificada con cédula de ciudadanía (…), la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se condena (al) Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – Foncep, a efectuar una nueva liquidación de la pensión de jubilación de la señora BERNANDA (sic) ROMERO DE CORTÉS, identificada con cédula de ciudadanía (…) , aplicando el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios anterior al retiro, esto es desde 01 de marzo de 2000 a 01 de mar zo de 2001, incluyendo además de la asignación básica y la prima de antigüedad, todos los factores salariales certificados que integran el salario como son: prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte , auxilio de alimentación, sumas que se pagarán a partir del 05 de noviembre de 2011,

antigüedad, todos los factores salariales certificados que integran el salario como son: prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte , auxilio de alimentación, sumas que se pagarán a partir del 05 de noviembre de 2011, por prescripción trienal, en forma proporcional o las doceavas partes, con los reajustes pensionales previstos en la l ey sobre las diferencias liquidadas y efectivamente canceladas. La entidad demandada hará los descuentos correspondientes a los aportes no efectuados.

[…].

3. Subrayó que la señora Romero de Cortés tenía más de 35 años de edad y 20 de servicios cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993 para el distrito capital, por lo tanto, es beneficiaria del régimen de transición establecido en aquella; en ese orden de ideas, el juez de primera instancia estimó que la norma a aplicar frente al derecho pensional es la Ley 33 de 1985, según la cual para liquidar la pensión debe tenerse en cuenta el 75% de lo devengado durante el último año de servicios.

4. Seguidamente, hizo alusión a la sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que unificó su jurisprudencia para señalar que la lista de los factores salariales de la Ley 33 de 1985 no es taxativa sino meramente

4 Samai, índice 3, págs. 52-80.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

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3 enunciativa, de manera que, para el cálculo de la pensión de las personas en régimen de transición, a quienes se les aplica dicha ley, debe tenerse en cuenta todos los factores devengados que materialmente constituyen salario.

5. Bajo ese entendido, concluyó que el acto administrativo acusado adolece de nulidad, toda vez que «fue proferido con desconocimiento de los derecho s laborales contemplados en la Constitución Política y con violación de la ley, al no dársele aplicación integral a las Leyes (sic) 33 y 62 de 1985, por lo mismo, como está incurso en causal de nulidad, perdió la presunción de legalidad que lo amparaba, raz ón suficiente para declarar su nulidad y acceder a ordenar una nueva liquidación de la pensión de la demandan te, teniendo como base todas las sumas devengadas y probadas según certificación visible a folio 16 de expediente, entre el 01 de marzo de 2000 a l 01 de marzo de 2001, es decir, se debe reliquidar el valor de la mesada pensional con un monto igual al 75% del promedio mensual de salarios devengados en el año anterior al retiro del servicio, con inclusión de la prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte, auxilio de alimentación».

6. Finalmente, precisó que para la reliquidación no podía tenerse en cuenta el dinero

el año anterior al retiro del servicio, con inclusión de la prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte, auxilio de alimentación».

6. Finalmente, precisó que para la reliquidación no podía tenerse en cuenta el dinero recibido por vacaciones y bonificación por recreación, en tanto no constituyen factores salariales.

2.3. Sentencia de segunda instancia5

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión de primera instancia el 12 de octubre de 2017. Como fundamento de su decisión, sostuvo que, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales del Consejo de Estado, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 , como la señora Romero de Cortés, debe aplicárseles en su integridad el régimen anterior, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley; es decir, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión.

8. En cuanto a la aplicación de la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, que desarrolla una interpretación distinta del régimen de transición, manifestó que debía acogerse el precedente imperativo de l máximo tribunal de lo contencioso – administrativo, contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda, según el cual , las leyes 33 y 62 de 1985 deben aplicarse en su integridad, esto es, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados, como lo hizo el juez de primera instancia en el caso de autos.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

9. El FONCEP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción

lo hizo el juez de primera instancia en el caso de autos.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

9. El FONCEP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes descrita, por la presunta configuración de las causales a) y b) del artículo 20 de

5 Samai, índice 3, págs. 81-99. 6 Samai, índice 3, págs. 3-24.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

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4 la Ley 797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:

(i) Revocar la sentencia objeto de revisión.

(ii) Declarar que a la señora Bernarda Romero de Cortés no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio s, pues el ingreso base de liquidación debe calcularse según el artículo 36 (inciso 3°) o 21 de la Ley 100 de 1993 , y a partir de los factores salariales expresamente señalados en el Decreto 1158 de 1994.

(iii) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez de la demandada de acuerdo con las anteriores normas y con una tasa de reemplazo del 75%.

1994.

(iii) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez de la demandada de acuerdo con las anteriores normas y con una tasa de reemplazo del 75%.

10. A juicio de la parte recurrente se configura la causal a), toda vez que la orden judicial violó el debido proceso del FONCEP, ya que la reliquidación de la pensión no se ajustó a derecho, pues lo procedente era interpretar correctamente los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Tampoco se tuvo en cuenta el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales. Indicó que la decisión judicial acusada es contraria a la ley y a la jurisprudencia, en la medida que otorg ó un aumento en la mesada pensional sin fundamento constitucional ni legal.

11. Agregó que no se o bservaron las formas propias de cada juicio como consecuencia de la liquidación de una pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, lo que puso en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional, prevista en el artículo 48 de la Constitución, además de los principios señalados en la anterior norma y en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123

(inciso 2°) y 124 de la Carta Política.

12. Por otra parte, la entidad señaló respecto a la causal b) que la cuantía del derecho reconocido exced e lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la accionada no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL

derecho reconocido exced e lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la accionada no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL debe calcularse según lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el 75% del promedio de los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

7 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención

además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

Demandado: Bernarda Romero de Cortés

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13. Resaltó que se desconoce el precedente judicial de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU210 de 2017, SU395 de 2017, SU631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional; así como el fallo SU-52001-23-33-000-201200143-01 del 28 de agosto de 2018 dictad o por la Sala Plena de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado.

14. Señaló frente a las distintas posturas jurisprudenciales existentes sobre el alcance del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que debe dársele prevalencia a la desarrollada por la Corte Constitucional , en atención a las potestades que le ha conferido la Constitución Política para unificar el alcance de los derechos fundamentales y verificar la compatibilidad de las normas jurídicas con el ordenamiento superior.

a la desarrollada por la Corte Constitucional , en atención a las potestades que le ha conferido la Constitución Política para unificar el alcance de los derechos fundamentales y verificar la compatibilidad de las normas jurídicas con el ordenamiento superior.

15. Afirmó que se configuró un abuso palmario del derecho, debido a la equivocada interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como al desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Constitucional sobre la forma de calcular el IBL de las pensiones para los beneficiarios del régimen de transición. A su juicio, la reliquidación pensional es irregular, ya que la señora Romero de Cortés está obteniendo ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su prestación del 32.3%, en grave detrimento del erario.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

16. Por medio del auto de l 30 de septiembre de 20218 se admitió la demanda y se ordenó notificar a la entidad recurrente y personalmente a la señora Bernarda Romero de Cortés.

17. En providencia del 15 de septiembre de 2022 9 se dejó constancia que la mencionada señora Romero de Cortés no contestó la demanda10; y se tuvieron como pruebas las aportadas con la acción especial de revisión. En consecuencia, por no existir medios de prueba adicionales por decretar, se prescindió del periodo máximo probatorio.

18. Adicionalmente, en el anterior auto se requirió a la demandada para que designara un apoderado en el presente trámite, solicitud que no atendió.

19. El Ministerio público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

designara un apoderado en el presente trámite, solicitud que no atendió.

19. El Ministerio público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

8 Samai, índice 5. 9 Samai, índice 13. 10 Sobre el particular también se evidencia, de conformidad con el informe secretarial del 8 de abril de 2022 (Samai, índice 11), que el citador se dirigió la dirección de notificación de la demandada, que no estuvo presta a dejar constancia de la notificación efectuada . El empleado judicial declaró lo siguiente: «El día 8 de abril del presente año, me dirigí a la dirección aportada por la entidad demandante[,] en el escrito de la demanda, a saber, Calle […], con el fin de realizar la notificación personal a la señora Bernarda Romero de Cortés, para lo cual, una vez estuve en la dirección referida, me atendió la mencionada señora, quien se negó a notificarse, aduciendo que se encuentra a paz y salvo con la entidad demandante y quien me manifestó que acudiría a la Personería».Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

Demandado: Bernarda Romero de Cortés

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20. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA11.

6

20. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA11.

21. La Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción especial de revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral.

4.2. Oportunidad

22. El FONCEP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251

de esta normativa que precisa lo siguiente:

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

23. En el presente caso , la sentencia del 12 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, quedó ejecutoriada el 26 del mismo mes13, y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 24 de agosto de 2020 14; es decir, dentro del término previsto en la normativa en mención.

4.3. Legitimación

ejecutoriada el 26 del mismo mes13, y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 24 de agosto de 2020 14; es decir, dentro del término previsto en la normativa en mención.

4.3. Legitimación

24. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 señaló que la acción especial de revisión procede a solicitud «del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación»; sin embargo, también se ha considerado que este mecanismo excepcional puede ejercerse por las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas presuntamente de manera irregular, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 201615, así:

Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de

11 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». 12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 13 Samai, índice 3, página 101. 14 Samai, índice 3. 15 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

Demandado: Bernarda Romero de Cortés

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7 las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero16.

25. En ese orden de ideas, en atención a que el FONCEP es la entidad administradora encargada de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital17, esta corporación en varias oportunidades ha considerado que también está legitimada para ejercer la acción especial de revisión18.

26. Añádase a lo expuesto, que en el caso de autos el FONCEP fue la parte vencida dentro del trámite en el que se dictó la sentencia cuya revocatoria se pretende del 12 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,

del trámite en el que se dictó la sentencia cuya revocatoria se pretende del 12 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con la cual se le dio fin al proceso, lo que corrobora su legitimación para interponer la acción especial de revisión.

27. Por su parte, la señora Bernarda Romero de Cortés, está legitimada por pasiva, dada su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el que se dictó la providencia cuya revisión se solicita.

4.4. Problema jurídico

28. Según los planteamientos expuestos en la demanda, la Sala se ocupará de establecer si la sentencia del 12 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual se deberá dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la señora Bernarda Romero de Cortés se obtuvo con violación al debido proceso y/o en una cuantía superior a la prevista por la ley, porque a juicio de la parte actora, la pensión no se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?

29. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la acción especial de revisión , además de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, el caso concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas

acción especial de revisión , además de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, el caso concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de jurisprudencia19

30. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra la s sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada .

Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten

16 Cfr. Sentencias T-363 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz y T-300 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 17 Según el artículo 65 del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. 18 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2024, Rad. 11-001-03-25-000-2020-00036-00 (0037-2020) (REV), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado

(2698-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)

Demandante: FONCEP

Demandado: Bernarda Romero de Cortés

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 interpretaciones extensivas20.

31. Ahora bien, e l artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»21, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias judiciales , transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . La norma en cita estableció expresamente las causales de

procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

32. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado22 y de la Corte

Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen

la caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado22 y de la Corte Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia23.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de un solicitante calificado24.

20 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV2001-00091; 6 de abril de 2010, Rad. REV -2003-00678; 12 de julio de 2005, Rad. REV -1997-00143-02; 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078; 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070; 20 de abril de 1993, Rad. REV-045; y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037. 21 Cita original: Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la que se indicó: […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una

recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría - para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala). Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de