CE - Sentencia 11001032500020200083500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020) (AER)

Accionante: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Demandado: Carlos Eduardo Ramos Rodríguez Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Presupuestos de configuración Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en contra de la sentencia de 27 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 33 31 014 2012 00089 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 33 31 014 2012 00089 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administr ativo contra el Instituto de seguros Sociales -ISS-, c on el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes

declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.

2Índice 4 de la plataforma SAMAI. Archivo 22_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES, página 35-45.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

Demandante: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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• La nulidad de la Resolución 30089 de 26 de agosto de 2011, proferida por el ISS a través de la cual se negó la reliquidación pensional de l señor

Carlos Eduardo Ramos Rodríguez.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada a reliquidar su pensión de jubilación en los términos del Decreto – Ley 3135 de 1968 y en la Ley 33 de 1985 ; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los factores devengados durante el último año de servicios , esto es, además de la asignación básica, tenerse en cuenta la bonificación por servicios, las primas de antigüedad, de servicios, técnica, de vacaciones y de navidad, además de los gastos de representación ; (iii) el reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la indexación correspondiente y iv) que se ordene el cumplimiento de la sentencia bajo los lineamientos del ar tículo 1 76 del C CA y que v) se ordenen los intereses de acuerdo con las reglas depositadas en el artículo 177 y 178 del CCA.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. El señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez nació el 7 de agosto de 1952 y laboró al servicio del Instituto de Desarrollo Urbano durante más de 20 años, desempeñando como último cargo, el de jefe de Oficina Código 006 Grado 03, en calidad de empleado público.

laboró al servicio del Instituto de Desarrollo Urbano durante más de 20 años, desempeñando como último cargo, el de jefe de Oficina Código 006 Grado 03, en calidad de empleado público.

4. Dado lo anterior, adquiri ó su estatus pensional el 7 de agosto de 2007 al cumplir los 55 años de edad requeridos. Pese a ello , su retiro definitivo, se ocasionó a partir del 30 de septiembre de 2008.

5. Seguidamente, el Instituto de los Seguros Sociales, a través de la Resolución 634 del 18 de febrero de 2008, le reconoció la pensión de jubilación, ingresándolo en nómina de pensionados mediante Resolución 15059 de 2009. No obstante, sin la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

6. Inconforme con la anterior decisión, solicitó la reliquidación, la cual fue resuelta de manera negativa a través de la Resolución 30089 del 26 de agosto de 2011, argumentando que, para efectos de factores salariales, el ISS únicamente aplica los señalados por el Decreto 1158 del 3 de junio de 1994.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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3 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los

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3 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política; 27 del Decreto 3135 de 1968 , 30 del Código Sustantivo del Trabajo , 79 del Decreto 1950 de 1973, así como la Ley 33 de 1985 y los Decretos 1045 de 1978 y 62 de 1985.

8. En cuanto al concepto de violación, señaló como primera medida que, el acto desconoció el artículo 27 del Decreto -Ley 3135 de 1968, así como también, el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que establecen claramente , que la pensión debió concederse con el 75% del promedio de todos los factores salar iales devengados durante el último año de servicio , además advirtió, que el actor es beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, razón por la cual, se le deben aplicar las prerrogativas establecidas en la Ley 4ª de 1966 y los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

9. Por otra parte, indicó que el acto enjuiciado desconoció lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , con el cual , su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

10. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá , mediante providencia de 28 de octubre de 2013 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

11. Para tal efecto, señaló que el demandante, al 1° de abril de 1994 , momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, cumplía con los requisitos para acogerse al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de dicha ley, pues contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio en el sector público.

12. Consideró que, la entidad demandada aplicó de manera incompleta el régimen de transición, pues si bien reconoció los requisitos de edad y tiempo de servicio conforme a la normativa anterior , no aplicó correctamente las disposiciones relativas al monto pensional. Sabiendo que, la correcta aplicación

3 Índice 4 de la plataforma SAMAI. Archivo 22_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES, página 97-114.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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4 del régimen de transición exigía que la pensión se liquidara según los preceptuado en la Ley 33 de 1985, en consonancia con la Ley 62 de 1985.

13. Indicó, que esta interpretación restrictiva contravenía la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado que establece que la Ley 33 de 1985 no indica de forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que estos están simp lemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados habitualmente por el trabajador durante el último año de servicios.

14. En ese sentido, ordenó a la demandada reliquidar la pensión del señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2008, esto es, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, prima de servicios (1/12), prima de vacaciones (1/12) prima de navidad (1/12), y bonificación por servicios (1/12). Con efectos fiscales a partir del 1 .° de octubre de 2008.

15. Finalmente, autorizó a la entidad , descontar de la reliquidación los aportes correspondientes a factores sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal. De otra parte, estimó procedente el reajuste de las sumas

15. Finalmente, autorizó a la entidad , descontar de la reliquidación los aportes correspondientes a factores sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal. De otra parte, estimó procedente el reajuste de las sumas debidas de la condena en conformidad con lo establecido en el artí culo 178 del

CCA.

2.1.5. Recurso de apelación 4

16. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demanda da interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

17. Indicó que, la liquidación efectuada por parte de la entidad se ajustó estrictamente al marco normativo del Sistema General de Pensiones, específicamente al artículo 36, inciso 3.° de la Ley 100 de 1993.

18. Lo anterior, teniendo de presente que, la pensión fue correctamente liquidada sobre la base de 1668 días tomados desde la última fecha de cotización, lo que arrojó un ingreso de $3 341.159, al cual se le aplicó el 75%, resultando en una mesada pensional de $2505.869. Además, advirtió que dicho cálculo se realizó

4 Índice 4 de la plataforma SAMAI. Archivo 22_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES, página 116.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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5 teniendo en cuenta los últimos 10 años de servicio, tal como lo establece la norma en cita, teniendo en consideración el tiempo que le hacía falta al actor para adquirir el derecho pensional.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión. 5

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” dictó sentencia de segunda instancia el 27 de octubre de 2015 , en la cual confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá el 28 de octubre

de 2013, con los siguientes argumentos:

20. Señaló, según jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, que el régimen de transición debe aplicarse de manera integral, no s ólo en cuanto a la edad y tiempo de servicios, sino también respecto al monto y base de liquidación de la pensión.

21. Así, de conformidad con el acervo probatorio, el demandante, al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1° de junio de 1995-, contaba con más de 40 años de edad y un tiempo de servicios superior a 19 años , lo que lo hacía beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la citada ley.

22. En ese sentido, indicó que el IBL de la pensión de jubilación debió liquidarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3. ° de la Ley 33 de 1985, modificado

citada ley.

22. En ese sentido, indicó que el IBL de la pensión de jubilación debió liquidarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3. ° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que fueron devengados durante su último año de servicio, lo anterior, en atención a la posición fijada por el Consejo de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010.

23. Expresó que, durante el año anterior a su retiro el señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez devengó, además de la asignación básica: gastos de representación, prima técnica, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, los cuales debían incluirse en la liquidación de su pensión , haciendo la salvedad que aquellos devengados anualmente, deberán integrarse en forma proporcional es decir en sus doceavas partes.

5 Índice 4 de la plataforma SAMAI. Archivo 22_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES, página 148-171.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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24. Seguidamente, determinó que lo devengado por concepto de «vacaciones en dinero», «bonificación por recreación » y «reconocimiento por permanencia» no

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24. Seguidamente, determinó que lo devengado por concepto de «vacaciones en dinero», «bonificación por recreación » y «reconocimiento por permanencia» no podían tenerse en cuenta como factores salariales , en tanto la primera por constituir una compensación monetaria con na turaleza indemnizatoria, la segunda porque no constituye factor salarial según el artículo 14 del Decreto 643 de 2008 y la tercera porque dicho rubro no constituye factor salarial de conformidad con el Acuerdo Distrital 336 de 2008.

25. Dado lo anterior, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. En el entendido de acceder a la reliquidación pensional ordenada por el juez de primera instancia, advirtiendo que aquellos conceptos reconocidos y cancelados anualmente se computarán en forma proporcional.

2.1.7. La acción especial de revisión6

26. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

27. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

27. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

1. Revocar l a sentencia de 27 de octubre de 201 5 proferida por la Sección SegundaSubsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Carlos Eduardo Ramos Rodríguez contra ISS, radicado 11001 33 31 014 2012 00089 01 que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá el 28 de octubre de 2013.

1. Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de l señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez de conformidad con el precedente jurisprudencial

6 Índice 3 de Samai, archivo ED-2-02Radicado_2-2020-039198 - ACCION EXTRAORDINARIA DE REVISION - MHCP.pdfAcción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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7 emitido por la Corte Institucional y de parte de esta corporación y de la normativa legal dispuesta en la Ley 100 de 1993.

1. Ordenar al señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez, a reintegrar al recurrente,

7 emitido por la Corte Institucional y de parte de esta corporación y de la normativa legal dispuesta en la Ley 100 de 1993.

1. Ordenar al señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez, a reintegrar al recurrente, los valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope lega l de la mesada pensional.

28. Para fundamentar la causal de revisión, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que el señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que el pensionado es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

29. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017, T-039 de 2018, SU 023 de 2018 y la sentencia de 5 de febrero de 2019 proferida por el Consejo de Estado (no indicó el radicado).

2.1.8. Contestación

30. El señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez fue notificado personalmente de

febrero de 2019 proferida por el Consejo de Estado (no indicó el radicado).

2.1.8. Contestación

30. El señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez fue notificado personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 13 de diciembre de 2022, como se advierte en el índice 19 del expediente digital disponible en Samai.

31. En su contestación, a través de apo derado judicial, adujo que la entidad recurrente pretende aprovechar nuevos argumentos y criterios jurisprudenciales para retrotraer derechos adquiridos, atacando decisiones judiciales debidamente notificadas que adquirieron plenos efectos legales.

32. Indicó, que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, además de unificar los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación pensional, determinó que «los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables», situación que no cobija la sentencia aquí revisada. Asimismo, la sentencia de unificación CE -SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 2020 establece que «los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosaAcción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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8 juzgada y en consecuencia resultan inmodificables». Así, concluye que acceder a las pretensiones de la acción especial instaurada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afectaría a la comunidad de usuarios del sistema pensional, abriendo una posibilidad de que este tipo de recursos, sea utilizado como una tercera instancia para romper con principios básicos como la armonización normativa, la cosa juzgada y el debido proceso.

2.1.9. El agente del Ministerio Público adscrito a esta dependencia, se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

33. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Adm inistrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

34. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las s entencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado

Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

35. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo

7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del térm ino establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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9 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

36. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 27 de octubre de 201 5 por parte del Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda - Subsección “D”, ejecutoriada el 10 de noviembre de 20158, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 20 de agosto de 20209, es decir, en término para impetrar la acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

37. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 27 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección SegundaSubsección “E”, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar al Instituto Colombiano de Seguro Social,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección SegundaSubsección “E”, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar al Instituto Colombiano de Seguro Social, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Carlos Eduardo Ramos Rodríguez con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, como lo son, asignación básica: gastos de representación, prima técnica, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

38. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada, relacionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión establecida en e l artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

39. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 10 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede entenderse

8 Índice 12. 9 Índice 3 de la plataforma SAMAI. 10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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causales de revisión:Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00835-00 (2539-2020)

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10 como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 11, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

40. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción especial12, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corr upción en esta materia 13 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado14, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sent encia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sente ncia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódic a, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22 ) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto

Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.

quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci ón Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).

Radicado: 250002325000200205275 01.