CE - Sentencia 11001032500020200084900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00849-00 (2575-2020) (AER)

Accionante: Universidad Nacional de Colombia Demandado: Flor Herrera Morales Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Presupuestos de configuración Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por la Universidad Nacional de Colombia en contra de la sentencia de 24 de noviembre de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “ E” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 33 31 029 2012 00245 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. La señora Flor Herrera Morales , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. La señora Flor Herrera Morales , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la Universidad Nacional, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 Índice 14 de la plataforma SAMAI. Archivo 21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_25752020.pdf.Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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2 • La nulidad de la Resolución FP-0018 del 24 de enero de 2012 , proferida por la Universidad Nacional de Colombia a través de la cual se negó la solicitud de reliquidación pensional de la señora Flor Herrera Morales.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la

por la Universidad Nacional de Colombia a través de la cual se negó la solicitud de reliquidación pensional de la señora Flor Herrera Morales.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos d e la s Leyes 33 y 62 de 1985; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los factores devengados durante el último año de servicios, esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, los ajustes de las prima de navidad por retiro y de vacaciones por retiro, la bonificación bienestar universitaria, la bonificación especial de bienestar, la bonificación especial de recreación, la bonificación especial de recreación por retiro, el subsidio de alimentación y el ajuste del quinquenio por retiro;

(iii) el reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la indexación correspondiente a partir de 30 de noviembre de 2006 y iv) condenar a la entidad demandada al pago de interese s moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia conforme al artículo 177 del CCA; v) se ordene el cu mplimiento de la sentencia bajo los lineamientos del artículo 178 y s.s. del CCA.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. La señora Flor Herrera Morales , nació el 10 de marzo de 1951 y se vinculó como empleada pública de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá desde el 23 de septiembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 2006.

3. La señora Flor Herrera Morales , nació el 10 de marzo de 1951 y se vinculó como empleada pública de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá desde el 23 de septiembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 2006.

4. A través de la Resolución 3617 de 2006, se le aceptó la renuncia y, posteriormente, a través de la Resolución CPS 00389 del 26 de octubre de 2006, se le reconoció la pensión mensua l vitalicia de vejez en cuantía de $763.406, efectiva a partir del retiro definitivo del servicio oficial, equivalente al 79.32% del promedio de los factores salariales base de cotización enlistados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó en los últimos 10 años.

5. Indicó, que a través de la Resolución CPS 0074 del 14 de marzo de 2007, se reliquidó el valor pensional en la suma de $770.307, a partir del 30 de noviembre de 2006, fecha de su retiro definitivo.

6. Inconforme con la anterior decisión, el 30 de septiembre de 2011 solicitó la reliquidación ante la Universidad Nacional de Colombia, para que se tuvieran enAcción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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3 cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio. Dicha petición fue resuelta de manera negativa a través de la Resolución FP-0018 de 24 de enero de 2012.

3 cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio. Dicha petición fue resuelta de manera negativa a través de la Resolución FP-0018 de 24 de enero de 2012.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos 1º., 2°. 4°, 5°., 6°., 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 у 336 de la Constitución Política; 4° de la Ley 4ª de 1966; 5° del Decreto 1743 de 1966; 1 °. de la Ley 33 de 1985; 1°. de la Ley 62 de 1985; el literal a) del artículo 2°. de la Ley 4ª de 1992, el párrafo 2°. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985

8. En cuanto al concepto de violación, en síntesis indicó que el acto demandado vulneró lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el cual , su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que cumple con los requisitos de l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

8. El Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá ,

establecido en la Ley 100 de 1993.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

8. El Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá , mediante providencia de 3 de septiembre de 2013 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

9. Para tal efecto, señaló que la demandante, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 , ya ostentaba más de 35 años de edad, lo que la hacía merecedora del régimen de transición de la mentada norma; así determinó que la pensión debió regirse bajo los lineamientos de la Ley 33 de 1985 y por consiguiente, debía liquidarse la pensión con el 75% de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio , esto teniendo en cuenta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado , donde se estableció que los factores salariales no son taxativos sino enunciativos.

10. Así, con lo manifestado y con las pruebas aducidas al dossier, el sentenciador indicó que el acto enjuiciado cercenó factores salariales que fueron efectivamente

3 Índice 14 de la plataforma SAMAI. Archivo 21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_25752020.pdf, página 128-145Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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4 devengados por la señora Flor Herrera Morales; razón por la que declaró la nulidad parcial del acto enjuiciado y ordenó su reliquidación con el 75% del salario promedio de lo percibido durante el último año de servicio, incluyendo además de la asignación básica y la bonificación por servicios; el subsidio de alimentación (1/12), la prima de servicios (1/12), la prima de navidad (1/12) y la prima de vacaciones (1/12), con efectos fiscales a partir de 30 de septiembre de 2008, dada la prescripción trienal que se suscitó en el proceso.

11. Sobre algunos factores devengados por la señora Flor Herrera Morales concluyó que no debían ser incluidos: i) las vacaciones no son salario ni prestación económica, pues son un descanso remunerado, ii) bonificación por recreación, dado que no constituye factor salarial de conformidad con el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001, iii) la bonificación especial de bienestar, de conformidad con el Acuerdo 5 de 1998 del Consejo Superior de Universitario de la Universidad Naciona l de Colombia, y iv) el ajuste de compensación de vacaciones por retiro, ajuste prima de vacaciones por retiro, ajuste de prima de navidad por retiro, ajuste de quinquenio por retiro, de los que señaló que pese a tratarse de aumentos que se realizan por motivo del retiro, no son propiamente factores salariales para la liquidación pensional.

navidad por retiro, ajuste de quinquenio por retiro, de los que señaló que pese a tratarse de aumentos que se realizan por motivo del retiro, no son propiamente factores salariales para la liquidación pensional.

12. Por otra parte, indicó que la reliquidación ordenada es efectiva a partir del 30 de noviembre de 2006, pero con efectos fiscales a partir del 30 de noviembre de 2006, dado que operó el fenómeno jurídico de la prescripción. [Se sugiere verificar]

13. Finalmente, autorizó a la entidad , descontar de la reliquidación los aportes correspondientes sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal y, estimó procedente el reajuste de las sumas debidas de la condena de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del CCA.

2.1.5. Recurso de apelación 4

14. Inconforme con la anterior decisión, los apoderados de las partes interpusieron recurso de apelación, en el que solicitaron lo siguiente:

15. El apoderado de la actora , en síntesis, solicitó que la condena debe ser impuesta al Fondo Pensional de la Universidad Nacional y no a la Universidad Nacional de Colombia, pues así se solicitó en la demanda primigenia ; seguidamente, reprochó que no se tuvo en cuenta para la liquidación pensional

4 Índice 14 de la plataforma SAMAI. Archivo 21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_25752020.pdf, página 147-159.Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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5 el ajuste de prima de navidad por retiro, la bonificación bienestar universitario, la bonificación especial de bienestar y el ajuste quinquenio por retiro, pues la señora Flor Herrera Morales los percibió en el último año de servicio , razón suficiente para que la liquidación de su pensión se realizara junto con esos factores salariales. Finalmente, adujo que se debían realizar los descuentos de aportes únicamente al último año de servicios y no desde el momento en que ingresó al ente universitario.

16. Por su parte, el apoderado de la entidad demandada, enfatizó que no existe un criterio de unificación por parte del máximo órgano de lo contencioso administrativo ni por parte de la Corte Constitucional sobre la manera de efectuar los descuentos de los factores salariales que no fueron objeto de cotización, por lo tanto, solicitó que los mismos se hagan desde el momento en que la actora ingreso en la planta de la Universidad Nacional, con el fin de salvaguardar el sistema financiero.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión.5

17. El Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda -Subsección “E” dictó sentencia de segunda instancia el 24 de noviembre de 2015, en la cual confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Once

17. El Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda -Subsección “E” dictó sentencia de segunda instancia el 24 de noviembre de 2015, en la cual confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito Judi cial de Bogotá el 3 de septiembre de 2013, con los siguientes argumentos:

18. Señaló que de conformidad con jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, el régimen de transición debe aplicarse de manera integral, no solo en cuanto a la edad y tiempo de servicios, sino también respecto al monto y base de liquidación pensional.

19. Así, indicó que, de conformidad con el acervo probatorio, la demandante, al momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 199 4 -1° de abril de 1994-, ya contaba con más de 35 años de edad, por lo que era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la citada Ley. En ese sentido, manifestó que el IBL de su pensión debió liquidarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que fueron devengados por ella durante su último año de servicio, lo anterior, en atención a la posición fijada por el Consejo de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010.

5 Índice 14 de la plataforma SAMAI. Archivo 21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_25752020.pdf, página 184-218.Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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20. Expresó que, durante el año anterior al retiro de la señora Flor Herrera Morales, devengó además de la asignación básica: la bonificación de bienestar universitario, subsidio de alimentación, bonificación especial de bienestar, prima de navidad, vacaciones de periodo, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, bonificación servicios prestados, prima de servicios, ajuste compensación vacaciones por retiro, ajuste prima de vacaciones por retiro, bonificación especial de recreación por retiro, ajuste p rima de navidad por retiro y ajuste de quinquenio por retiro . Sin embargo, adujo que, la bonificación de bienestar universitario, bonificación especial de bienestar, bonificación especial de recreación y bonificación especial de recreación por retiro, no podían tenerse en cuenta para la liquidación pensional por considerar que no constituían factores salariales según la norma y jurisprudencia de esta Corporación.

21. Dado lo anterior, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia ; esto en el entendido de acceder a la reliquidación pensional. No obstante, con los siguientes factores salariales; la asignación básica, subsidio de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación servicios prestados, prima de servicios, ajuste prima de vacaciones por retiro, ajuste prima de navidad por

los siguientes factores salariales; la asignación básica, subsidio de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación servicios prestados, prima de servicios, ajuste prima de vacaciones por retiro, ajuste prima de navidad por retiro y ajuste de quinquenio por retiro, advirtiendo que aquellos conceptos reconocidos y cancelados anualmente o semestralmente se computarán en forma proporcional.

22. Sobre la competencia para el pago reiteró que de acuerdo con la normativa especial corresponde la Universidad Nacional asumir la condena que se impone en virtud de la reliquidación ordenada.

2.1.7. La acción especial de revisión6

23. La Universidad Nacional de Colombia, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

24. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

6 Índice 3 de Samai, archivo ED-3-03PRUEBA ENVIO REVI FLOR HERRERA.pdfAcción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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1. Revocar l a sentencia de 24 de noviembre de 2015 proferida por la Sección SegundaSubsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Flor Herrera Morales contra la Universidad Nacional de Colombia , radicado 11001 33 31 029 2012 00245 01 que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá el 3 de septiembre de 2013.

1. Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de la señora Flor Herrera Morales, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la Corte Institucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal dispuesta en la Ley 100 de 1993.

1. Ordenar a la señora Flor Herrera Morales reintegrar al recurrente, los valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de ve jez en virtud de las sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope lega l de la mesada pensional.

25. Para fundamentar la causal de revisión, la Universidad Nacional de Colombia sostuvo que , la señora Flor Herrera Morales no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su

sostuvo que , la señora Flor Herrera Morales no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los factores d e cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

26. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU - 631 de 2017 . SU 023 de 2018, T-039 de 2018 y la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.

2.1.8. Contestación

27. La señora Flor Herrera Morales fue notificada personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 2 de marzo de 2021, como se advierte en el índice 6 del expediente digital disponible en Samai. Sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno.Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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2.1.9 El agente del Ministerio Público adscrito a esta dependencia, rindió concepto en el que solicitó declarar infundada la acción , pues la sentencia recurrida se ajustó a la línea jurisprudencial vigente para entonces, fundamentándose principalmente en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Adm inistrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

29. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las s entencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

30. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a

7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Co ntencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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9 la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

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9 la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

31. La Sala considera que la solicitud de revisión se presentó oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 24 de noviembre de 2015 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección “E”, ejecutoriada el 9 de diciembre de 2015 y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 26 de agosto de 2020 8, es decir, en termino para impetrar la acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

32. Deberá verificar la Sala si la sentencia de 24 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Subsección “E”, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, a[l] reliquidar la pensión de jubilación de la señora Flor Herrera Morales con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, como lo son,

jubilación de la señora Flor Herrera Morales con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, como lo son, asignación básica, subsidio de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación servicios prestados, prima de servicios, ajuste prima de vacaciones por retiro, ajuste prima de navidad por retiro y ajuste de quinquenio por retiro, haciendo la claridad de que aquellos percibidos anualmente, deberán ser liquidados en forma proporcional.

33. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

34. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el

8 Índice 14 de la plataforma SAMAI. Archivo ED-1-01Correo.pdf.Acción especial de revisión Radicado: 11001032500020200084900 (2575-2020)

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10 artículo 250 del CPACA 9 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 10, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de

10 artículo 250 del CPACA 9 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 10, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

35. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera prec isamente una acción especial11, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódica s de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia 12 y para ejercerla se

9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sent encia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sente ncia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódic a, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de ab ril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segu nda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento

accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que