CE - Sentencia 11001032500020200086100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00861-00 (2606-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones1

Demandado: Luz Stella Carbonell Bedoya

Tema: Causal de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción especial de revisión interpuesta por el Foncep contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la decisión emitida el 9 de marzo de 2016 por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Luz Stella Carbonell Bedoya contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep solicitó la revisión de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la que confirmó la de primera instancia del 9 de marzo de 2016 dictada por el Juzgado Veintitrés Administrativo de l Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-023-2015-0030600 (01) que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Luz Stella Carbonell Bedoya con la que pretendía que se reliquidara su pensión de vejez en el sentido de incluir en el ingreso base de liquidación 2 todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la sentencia del 14

1 En adelante Foncep. 2 En adelante IBL.2

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Demandante: Foncep

de septiembre de 2017; ii) la declaratoria de que a Luz Stella Carbonell Bedoya no le asistía el derecho a que la pensión reconocida le fuera liquidada con la totalidad

Demandante: Foncep

de septiembre de 2017; ii) la declaratoria de que a Luz Stella Carbonell Bedoya no le asistía el derecho a que la pensión reconocida le fuera liquidada con la totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicio ; y iii) la declaratoria de que la pensión reconocida deb ía calcularse de conformidad con l o dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 20183, esto es, de acuerdo con lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia en el nivel territorial de la Ley 100 de 1993, Luz Stella Carbonell Bedoya contaba con más de 35 años de edad y más de 20 años laborados en el sector público al servicio del distrito de Bogotá.

3.2. Por medio de la Resolución 4116 del 9 de septiembre de 2013 el Foncep le reconoció una pensión de vejez para cuya liquidación no tuvo en cuenta todos los factores salariales percibidos, sino solo aquellos expresamente señalados en «la norma». La demandada recurrió la anterior decisión en el sentido de solicitar que se incluyeran todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio, petición que fue negada por medio de la Resolución 95 del 29 de enero de 20144.

3.3. Luz Stella Carbonell Bedoya presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las anteriores decisiones que fue identificada con el

petición que fue negada por medio de la Resolución 95 del 29 de enero de 20144.

3.3. Luz Stella Carbonell Bedoya presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las anteriores decisiones que fue identificada con el radicado 11001-33-35-023-2015-00306-00 y decidida en primera instancia por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá por medio de sentencia del 9 de marzo de 2016 en la que declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la reliquidación de la mesada pensional discutida de m odo que se concediera en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio con un IBL conformado por la asignación básica, la prima de antigüedad, las horas extras y la bonificación por servicios prestados.

3.4. El Foncep propuso recurso de apelación contra esa decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en fallo del 14 de septiembre de 2017. La entidad dio cumplimiento a la orden judicial por medio de la Resolución SPE-GDP 22 del 16 de noviembre de 2017.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 14 de septiembre de 201 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , confirmó la decisión del 9 de marzo de 2016 emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y que dispuso

3 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y que dispuso

3 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01. 4 La entidad afirma que la Resolución 95 data del 8 de septiembre de 2013, fecha previa al acto administrativo inicial. Al verificar el material probatorio aportado se observa que la fecha correcta es el 29 de enero de 2014.3

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Demandante: Foncep

lo siguiente5:

«PRIMERO: Se declaran NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte demandada.

SEGUNDO: SE DECLARA la nulidad parcial de la Resolución No. 004116 del 09 de Septiembre de 2013 y de la Resolución No. 001433 del 16 de Septiembre de 2014 y la Nulidad de la Resolución No. 000095 del 29 de enero de 2014 y de la Resolución No. 001759 del 30 de Octubre de 2014, de acuerdo con los motivos expuestos en esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, PENSIONES Y CESANTÍAS FONCEP a reliquidar y pagar en forma indexada la pensión de jubilación de la señora LUZ STELLA CARBONELL BEDOYA identificada con la C.C. N°

CESANTÍAS FONCEP a reliquidar y pagar en forma indexada la pensión de jubilación de la señora LUZ STELLA CARBONELL BEDOYA identificada con la C.C. N° 41.734.555, de manera que corresponda al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, incluyendo en la base de liquidación, no solo la asignación básica mensual, sino también, [la] prima de antigüedad, horas extras y Bonificación por servicios prestados devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 01 de Abril de 2013 – 31 de Marzo de 2014, desde el 01 de Abril de 2014 y pagarle la diferencia de las respectivas mesadas, reajustando en adelante la pensión y sin perjuicio de los reajustes anuales de ley, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, por las razones expuestas. Si existieran factores sobre los cuales no se aportó, la entidad de previsión podrá efectuar los respectivos descuentos conforme a la jurisprudencia citada, el artículo 99 del Decreto 1848 de 1969 y el literal 2, del artículo 2 de la ley 4 de 1996.

CUARTO: La entidad deberá pagar a la parte demandante los valores correspondientes al reajuste de la pensión de que tratan los numerales anteriores actualizados de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia, conforme con los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

R=Rh X índice final índice inicial

QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. No se condena en costas

inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

R=Rh X índice final índice inicial

QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. No se condena en costas ni agencias en derecho a la entidad demandada.

[…] [sic]».

5. Para tal efecto, el Tribunal se pronunció en estos términos6:

5.1. Luz Stella Carbonell Bedoya nació el 20 de septiembre de 1957 y laboró en la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el 12 de febrero de 1975, por lo que se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el «1 de abril de 1994» contaba con más de 35 años de edad y había superado los 15 años de servicio público, lo que le daba derecho a que su pensión se calculara de acuerdo con las disposiciones de las leyes 33 y 62 de 1985.

5.2. Las citadas normas prevén el reconocimiento de la mesada pensional al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio, requisitos satisfechos en el año 2012 al exhibir la edad exigida. La norma citada dispone que el monto del derecho debe corresponder al 75% del promedio de lo percibido durante el último año de servicio,

5 Folios 64 al 77 del documento «DemandaWeb -Demanda-DEMANDADEREVISION-» del expediente digital en Samai. 6 Folios 77 al 96 del documento «ED -5-05-S199-D2Demanda-2020825215934.pdf» del expediente digital en Samai.4

expediente digital en Samai. 6 Folios 77 al 96 del documento «ED -5-05-S199-D2Demanda-2020825215934.pdf» del expediente digital en Samai.4

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Demandante: Foncep

con inclusión en el IBL de todos los factores salariales devengados durante ese periodo y no de la forma en que el Foncep lo hizo que obedeció al promedio de algunos factores salariales devengados durante los 10 años anteriores a la adquisición del derecho.

5.3. A pesar de lo considerado por la Corte Constitucional en las sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo tiene una posición distinta sobre la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 adoptada en la sentencia del Consejo de Estado del 25 de febrero de 20167 en la que se ratificó la regla de unificación dictada en la sentencia del 4 de agosto de 20108.

5.4. Si bien el IBL pensional debe conformarse por todos los factores salariales percibidos de manera permanente durante el último año de servicio, no hay lugar a ordenar la inclusión de las primas de vacaciones, secretaria l, semestral, navidad, bonificación por recreación, reconocimiento de permanencia y vacaciones por no estar probado dentro del proceso que se hayan devengado, razón por lo que solo

ordenar la inclusión de las primas de vacaciones, secretaria l, semestral, navidad, bonificación por recreación, reconocimiento de permanencia y vacaciones por no estar probado dentro del proceso que se hayan devengado, razón por lo que solo puede ordenarse la inclusión de aquellos factores debidamente acreditados.

5.5. La pensión debe tener efectos fiscales desde el 1 de abril de 2014, en atención a que el retiro del servicio ocurrió el 31 de marzo de ese año, sin prescripción trienal por no haber transcurrido más de 3 años a partir de la causación del derecho hasta la presentación de la demanda que tuvo lugar el 26 de marzo de 2015.

5.6. Los daños morales y materiales que alegó la demandante no fueron debidamente probados por la interesada por lo que no hay lugar a su reconocimiento. Tampoco se demostró que se causar an costas, en consecuencia, no se impondrá dicha condena.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la s causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y expuso los siguientes argumentos9:

6.1. La decisión judicial sometida a revisión reconoció el derecho pensional con una clara violación del debido proceso, pues descono ció la jurisprudencia constitucional10 relacionada con la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la cual el régimen de transición allí contenido solo es aplicable respecto de la tasa de reemplazo y de los requisitos de edad y tiempo de servicio, mientras que la conformación del IBL y el periodo de liquidación debe adecuarse a lo previsto en el Sistema General de Seguridad Social.

de la tasa de reemplazo y de los requisitos de edad y tiempo de servicio, mientras que la conformación del IBL y el periodo de liquidación debe adecuarse a lo previsto en el Sistema General de Seguridad Social.

6.2. Las consideraciones de las sentencias de primera y segunda instancia fueron contrarias a la ley y la jurisprudencia, lo que derivó en un reconocimiento pensional

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 25000-2342-000-2013-01541-01(4683-13). 8 Sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 250002325000200607509 01 (01122009). 9 Folios 6 al 20 del documento «DemandaWeb-Demanda-DEMANDADEREVISION-» del expediente digital en Samai. 10 Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.5

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Demandante: Foncep

que no guardaba relación con lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994, lo que implica ba un desconocimiento del principio de legalidad.

6.3. La anterior circunstancia derivó en el reconocimiento de un derecho que excedió lo debido de acuerdo con las normas aplicables, pues se ordenó la conformación del IBL a partir de factores salariales que no se enc ontraban expresamente

6.3. La anterior circunstancia derivó en el reconocimiento de un derecho que excedió lo debido de acuerdo con las normas aplicables, pues se ordenó la conformación del IBL a partir de factores salariales que no se enc ontraban expresamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, lo que elevó injustificadamente la base sobre la cual se calculó la mesada.

6.4. Luz Stella Carbonell Bedoya era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo que le da ba derecho a que su pensión de vejez fuera calculada a partir del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, pero solo respecto de la tasa de reemplazo que es del 75%, la edad que corresponde a 55 años y el tiempo de servicio de 20 años. En tal sentido, el periodo sobre el cual se realiza la liquidación y la base liquidatoria no están sometidos a dicha transición y por lo tanto ello debe ajustarse a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

6.5. Las condiciones pensionales concedidas en las sentencias cuestionadas implicaron el reconocimiento de un derecho económico superior al que en realidad correspondía, lo cual pone en peligro la estabilidad financiera del sistema cuya protección tuvo lugar por medio del Acto Legislativo 01 de 2005.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Luz Stella Carbonell Bedoya se opuso a la prosperidad de las pretensiones por

las razones que se expresan a continuación11:

7.1. La sentencia C-258 de 2013 invocada por la parte accionante no es aplicable al presente asunto, pues se indicó que no se abordarían regímenes especiales o

las razones que se expresan a continuación11:

7.1. La sentencia C-258 de 2013 invocada por la parte accionante no es aplicable al presente asunto, pues se indicó que no se abordarían regímenes especiales o exceptuados como el de los servidores públicos beneficiarios de la Ley 33 de 1985.

7.2. La pensión que le fue reconocida no puede atenerse a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que solo es aplicable para derechos sujetos al régimen general de seguridad social y no para aquellas que deben ser concedidas con base en e l régimen de transición de la citada norma, de modo que el IBL tampoco puede ser conformado con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sino que debe acudirse a la Ley 62 de 1985 y al Decreto 1045 de 1975.

7.3. No se configur ó causal alguna de procedencia del recurso extraordinario de revisión y resulta evidente que se pretende utilizar este mecanismo judicial como si se tratara de una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ya se surtió en debida forma y ante las autoridades competentes.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento12.

11 Documento 27 del expediente digital en Samai. 12 Así se desprende del informe secretarial visible en el índice 35 de Samai.6

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Demandante: Foncep

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA13.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201914, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 25 de septiembre de 201715 y la presente acción fue radicada el 2 de octubre de 2020 16, lo que permite concluir que su presentación fue oportuna.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

13 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 15 Folio 196 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.

16 Documento «ED-2-02 ACTA DE REPARTO.PDF» del expediente digital en Samai.7

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Demandante: Foncep

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen18.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica

cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen18.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes19:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate

del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los

17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 19 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2020-00861-00 (2606-2020)

Demandante: Foncep

aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

Demandante: Foncep

aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»20.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 21 han admitido expresamente que el Foncep está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) El Foncep está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20

«(a) El Foncep está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»22.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los

de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,

20 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2020-00861-00 (2606-2020)

Demandante: Foncep

técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan

por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado