CE - Sentencia 11001032500020200087600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00876-00 (2661-2020)

Accionante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y PensionesFONCEP Demandado: José Helí Álvarez Torres Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Artículo 250, numeral 7.° del CPACA. Presupuestos de configuración.

Reliquidación pensional - Régimen de transición de la Ley 33 de

1985. Docente vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Decisión: Declara infundada la acción. Sin condena en costas.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032 presentada por el FONCEP en contra de la sentencia del 11 de julio de 2018,

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032 presentada por el FONCEP en contra de la sentencia del 11 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F3, que confirmó parcialmente la providencia del 15 de noviembre de 2016 dictada por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 Fue presentada el 27 de agosto de 2020 por correo electrónico, según da cuenta el índice 3 del aplicativo Samai, de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 3 Con ponencia del magistrado Adonay Ferrari Padilla.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 por José Helí Álvarez Torres contra e l Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, en el proceso radicado 11001333501920150042400/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda4

2. El señor José Helí Álvarez Torres, por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA , en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, con el objetivo de obtener, en síntesis, que se declare la nulidad de parcial de los siguientes actos

administrativos proferidos por esa entidad:

(i) Resolución 01031 del 16 de septiembre de 1992, por medio de la cual se le reconoció pensión vitalicia de jubilación. (ii) Resolución 01192 del 24 de junio de 2003, mediante la cual se reliquida la pensión de jubilación. (iii) Resolución 03419 del 29 de diciembre de 2003, confirmatoria de la decisión anterior.

3. Igualmente solicitó «inaplicar por inconstitucional el Decreto 3752 del 22 de diciembre de 2003, artículo 3 por violar ostensiblemente la Constitución Política de Colombia, artículo 53 y la Ley 91 de 1989 artículo 15 numeral 2 literal b».

diciembre de 2003, artículo 3 por violar ostensiblemente la Constitución Política de Colombia, artículo 53 y la Ley 91 de 1989 artículo 15 numeral 2 literal b».

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al FONCEP a

(i) reliquidarle la pensión de jubilación, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en año anterior al estatus; (ii) que se hagan los reajustes de ley, conforme a la Ley 71 de 1988, (iii) «de los anteriores valores se descuente el valor parcial de las mesadas pagadas» ; (iv) reconocerle, liquidarle y pagarle los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme lo dispuesto en el artículo 195 del CPACA, (v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 195 del CPACA y (vi) que se condene en costas a la entidad demandada.

5. Como sustento fáctico de sus pretensiones indicó que la Caja de Previsión Social de Bogotá, hoy Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, le reconoció la pensión de jubilación al señor José Helí Álvarez Torres, mediante la Resolución 01031 del 16 de septiembre de 1992, por acreditar 20 años de servicios y 50 años de edad, con efectividad a partir del 18 de septiembre de 1989.

6. Con Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, reliquidó la pensión por retiro definitivo del

4 Expediente digitalizado, remitido el en el oficio

6. Con Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, reliquidó la pensión por retiro definitivo del

4 Expediente digitalizado, remitido el en el oficio «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_EXPEDIENTEDIGITAL2(.pdf) NroActua 14.»Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 servicio, efectiva a partir del 1.° de enero de 2003, pero sin tener en cuenta los factores salariales percibidos durante el año anterior al retiro.

7. Contra el anterior acto, se interpuso recurso de reposición, que fue negado por medio de la Resolución 3419 del 29 de diciembre de 2003.

8. En la demanda se indicó que para la liquidación de la pensión de jubilación del demandante la entidad únicamente tuvo en cuenta la asignación básica mensual, sin incluir los siguientes factores: «prima de navidad, prima de vacaciones, prima de alimentación y la prima de habitación».

9. Como fundamento jurídico adujo que se desconocieron los artículos 2 .°, 4.°,

5.°, 6.°, 13, 21, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 360 de la Constitución Política; 17b, de la Ley 6 de 1945, 1.° y 15 de la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de 1985.

10. Según lo sostuvo, no existe discusión que el monto de la pensión de jubilación del actor corresponde al 75% de lo devengado , pero la controversia subsiste frente a la no inclusión de los factores percibidos en el año anterior al retiro del servicio comoquiera que sólo se le tuvo en cuenta la asignación básica.

11. Argumentó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Además, el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, precisó que a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las n uevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, previsión que se reiteró en la Ley 115 de 1994.

12. Señaló que la pensión del demandante se debe liquidar teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, acatando lo dispuesto en las Leyes 6 ª de 1945, 4ª de 1966, 91 de 1989 y los Decretos 1743 de 1966 y 1045 de 1978.

acatando lo dispuesto en las Leyes 6 ª de 1945, 4ª de 1966, 91 de 1989 y los Decretos 1743 de 1966 y 1045 de 1978.

13. Para el apoderado, el régimen pensional vigente para el año en que adquirió el estatus pensional, 1989, era el establecido en la Ley 33 de 1985, por la remisión que hace la Ley 91 de 1989, por lo que su pensión se debía reconocer con el 75% sobre el promedio de los salarios del último año de servicio.

14. Finalmente precisó que la entidad aplicó indebidamente la Ley 812 de 2002 y el Decreto 3752 de 2003, pues desconoció que el actor se vinculó a la docencia estatal mucho antes de la expedición de las mencionadas normas.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 2.1.3. Audiencia inicial5

15. En la etapa de saneamiento del trámite de la audiencia inicial, el Juez Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá advirtió que la parte actora no demandó el acto ficto ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003; y que pese a ello la demanda fue admitida.

demandó el acto ficto ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003; y que pese a ello la demanda fue admitida.

16. Estimó entonces que debía atenderse al artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, según el cual cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Por ello, si el acto fue objeto de recursos ante la administración, debían entenderse como demandados los actos que los resolvieron. Por lo anterior estimó que se acusa ba también la nulidad del acto ficto o presunto ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 que confirmó la decisión de negar el reajuste solicitado, ello con el fin de salvaguardar el derecho sustancial del actor, adulto mayor, objeto de especial protección constitucional.

17. Frente a esta decisión, con la que estuvo de acuerdo la entidad demandada, no se interpuso recurso.

2.1.4. Sentencia de primera instancia6

18. El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , mediante providencia del 15 de noviembre de 2016, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 01031 del 16 de septiembre de 1992 y 1192 del 24 de junio de 2003, la nulidad total de la Resolución 3419 de 29 de diciembre de 2003 y del acto del acto fict o o presunto ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 que confirmó la decisión de negar el reajuste solicitado.

acto del acto fict o o presunto ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 que confirmó la decisión de negar el reajuste solicitado.

19. A título de restablecimiento del derecho ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor José Helí Álvarez Torres, con base en la Ley 33 de 1985, «[…] en el 75% del salario promedio mensual devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002, teniendo en cuenta la totalidad de factores salariales, esto es, asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de habitación, prima de vacaciones, y prima de navidad, estas dos últimas en forma proporcional a una doceava parte, efectiva a partir del 1° de enero de 2003, descontando los aportes del sistema de seguridad pensional, si no se hubieren hecho, […]»; ordenó actualizar las

5 Según se indicó en la sentencia de segunda instancia de 11 de julio de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Índice 3. Expediente digitalizado. Archivo «DemandaWeb-Demanda-DEMANDACOMPLETA(.pdf) NroActua 3». 6 Índice 3. Expediente digitalizado. Archivo «DemandaWeb -Demanda-DEMANDACOMPLETA(.pdf) NroActua 3», folios 68 y s.s.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

NroActua 3», folios 68 y s.s.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 diferencias en las mesadas generadas, denegó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad.

20. Luego de analizar las pruebas aportadas estimó que el allí demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 7 de febrero de 1962 al 31 de diciembre de 2002, razón por la cual le es aplicable la normativa anterior a la Ley 33 de 1985, pues a la entrada en vigencia de dicha norma tenía más de 15 años de servicio, por consiguiente, estimó que era destinatario de las disposiciones previstas en las Leyes 6ª de 1945, 4ª de 1966 y los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

21. En cuanto a la posible aplicación de la sentencia SU -230 de 2015, dijo que ésta hace referencia a la liquidación del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición, contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que extendió los argumentos expuestos en la sentencia C -258 de 2013; por ello consideró ese juzgado que en aplicación del principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 de la Carta Política, acog ía el criterio

de 1993, y que extendió los argumentos expuestos en la sentencia C -258 de 2013; por ello consideró ese juzgado que en aplicación del principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 de la Carta Política, acog ía el criterio jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, dentro del proceso radicado 2006 -7509, con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila, referente a que las pensiones de jubilación del personal regido tanto por los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, como por las Leyes 33 y 62 de 1985, deben ser liquidadas con base en el 75% del promedio mensual de salarios devengados en el último año de servicios, es decir, aquellas sumas percibidas de manera habitual y periódica como contraprestación de sus servicios, sin importar la denominación que se les dé; tesis que fue reiterada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente, 25000-23-42-000-2013-01541-01 referencia 4683-2013.

22. Por lo anterior, estimó que le asist ía derecho al allí demandante a la reliquidación de s u pensión de vejez con el 75% del promedio de salarios devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de enero al 31 de diciembre de 2002, teniendo en cuenta la totalidad de factores salariales, como son asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de habitación, prima de vacaciones y prima de navidad. Frente a los factores que se devengan mensualmente ordenó tomarlos por doceavas.

como son asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de habitación, prima de vacaciones y prima de navidad. Frente a los factores que se devengan mensualmente ordenó tomarlos por doceavas.

23. Finalmente consideró que no ocurrió el fenómeno de la prescripción , por cuanto se interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 1192 del 24 junio de 2003, que fue resuelto a través de la Resolución 3419 del 29 de diciembre de 2003 y en el que en su numeral segundo, se dispuso conceder el recurso de apelación, el cual no había sido resuelto por la Administración, o, por lo menos la demandada no probó que la mencionada apelación tuviere respuesta mediante acto expreso ; además finalmente se pr esentó la demanda el 15 de mayo de 2015.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6

24. De lo referido anteriormente, estimó el juzgado que no se puede predica r la prescripción de las diferencias en las mesadas causadas con anterioridad al 15 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

25. Finalmente, determinó que no había lugar a condenar en costas a la parte demandada, negó las demás pretensiones del libelo y ordenó el cumplimiento de

25. Finalmente, determinó que no había lugar a condenar en costas a la parte demandada, negó las demás pretensiones del libelo y ordenó el cumplimiento de la decisión conforme a los artículos 192 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

2.1.5. Sentencia de segunda instancia7

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F8, en providencia del 11 de julio de 2018 confirmó parcialmente la sentencia apelada y se abstuvo de condenar en costas de segunda instancia.

27. Como fundamento de esa decisión, se refirió en extenso al Decreto 2277 de 1979, la Ley 60 de 1993, la Ley 6 de 1945, la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988, la Ley 812 de 2003, la Ley 100 de 1993.

28. De lo anterior concluyó que la Ley 100 de 1993, no rigió en forma directa las pensiones de los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, dado que los exceptuó de su aplicación por expresa previsión de su artículo 279. Por tanto, hasta antes del 27 de junio de 2003, tales educadores se encuentran sometidos al régimen previsto en la Ley 33 de 1985 y por ende los factores para determinar la base sobre la cual se debe liquidar la pensión son los previstos en la Ley 62 de 1985.

29. Adicional a lo anterior el planteamiento de la apelante respecto de las sentencias C-258 de 2013 y SU -230 de 2015 de la Corte Constitucional, no es aplicable al presente caso, como quiera que en ellas se hizo el análisis del

29. Adicional a lo anterior el planteamiento de la apelante respecto de las sentencias C-258 de 2013 y SU -230 de 2015 de la Corte Constitucional, no es aplicable al presente caso, como quiera que en ellas se hizo el análisis del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que no es la norma que rige este caso, pues el causante adquirió el estatus de pensionado el 18 septiembre de 1989, según se desprende de la Resolución 01031 del 16 de septiembre de 1992 que reconoció la pensión de jubilación.

30. Reparó en que el señor prestó sus servicios, como docente nacionalizado desde el 7 de febrero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 2002 y cumplió los 15 años de servicio el 7 de febrero de 1977, por lo que es beneficiario de la transición establecida en el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, para los empleados que llevaran laborando más de 15 años de servicios a la fecha de expedición de esa norma, por lo que se debe respetar la expectativa legítima del pensionado para el 13 de febrero d e 1985, caso en el cual se aplican las condiciones establecidas en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978; esto, sin que se puedan exigir nuevos requisitos en virtud de la Ley 100 de 1993, razón

7 Ibidem, folios 83 y s.s. 8 Con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

8 Con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 por la cual, el argumento de apelación referente a que sean observados los pronunciamientos de la Corte Constitucional para adoptar la decisión en esta instancia, no estaban llamado a prosperar.

31. Luego, en cuanto al IBL aplicado al caso señaló que la pensión de jubilación de aquellos servidores, que se encuentren inmersos en el régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, debe ser liquidada con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio según lo previsto en el Decreto-Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 y con los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

32. Advirtió que, acertó el a quo al ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión teniendo en cuenta además de la asignación básica, las primas de alimentación, vacaciones y navidad, devengadas en el último año anterior al retiro del servicio y enlistadas en el Decreto 1045 de 1978.

33. En cuanto a la prima de habitación ordenada por el a quo, estimó que podía ser incluida pese a no encontrarse enlistada en la norma referida, pues la posición del Consejo de Estado establece que las pensiones de las personas beneficiarias

33. En cuanto a la prima de habitación ordenada por el a quo, estimó que podía ser incluida pese a no encontrarse enlistada en la norma referida, pues la posición del Consejo de Estado establece que las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 se calculan con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no haya mención taxativa en la no rma, por lo que el fallo de primera instancia acertó cuando ordenó la reliquidación de la pensión con base en todo lo devengado por la actora en el último año anterior a la consolidación del estatus.

34. En cuanto a la prescripción estableció que había lugar a modificar la decisión de primera instancia dado que el silencio negativo se configuró el 19 de marzo de 2004, 2 meses luego de la interposición del recurso de apelación, en los términos del artículo 86 del CPACA y la demanda se presentó el 15 de mayo de 2015, cuando había transcurrido un período superior a los tres años; en consecuencia, tomó esta última fecha como aquella en la cual se interrumpió nuevamente la prescripción, por lo que debe decla rarse que dicho fenómeno afectó las mesadas causadas con anterioridad al 15 de mayo de 2012, esto en virtud de lo señalado en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA

35. De acuerdo con esto, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, para lo cual modificó el numeral segundo de la sentencia de 15 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá «[…] únicamente en cuanto a que el pago de las diferencias a que haya

para lo cual modificó el numeral segundo de la sentencia de 15 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá «[…] únicamente en cuanto a que el pago de las diferencias a que haya lugar surtirá efectos a partir del 15 de mayo de 2012, por prescripción trienal » y se abstuvo de condenar en costas de segunda instancia.

2.1.5. La acción especial de revisión9

9 Índice 2. Digitalizado sistema SAMAI.Acci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8

36. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y PensionesFONCEP, -, invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de

naturaleza pública y especialmente cuando:

a) El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

37. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

37. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

«PRIMERO: Revocar las sentencias proferidas por el JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., de fecha 15 de noviembre de 2016, providencia CONFIRMADA PARCIALMENTE, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN F de fecha 11 de julio de 2018; dentro del proceso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el pensionado JOSÉ HELÍ ÁLVAREZ TORRES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de Bogotá, contra EL FONCEP en el proceso radicado con el No. 11001333501920150042400.

SEGUNDO: Declarar que el pensionado JOSÉ HELÍ ÁLVAREZ TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de Bogotá, en relación con la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de dicho DERECHO ADQUIRIDO en dicha cuantía, amparable por la Legisl ación Colombiana, y en su lugar, ORDENAR LA RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme con las reglas previstas en las Sentencias: SU52001-23-33-000-2012-00143-01de agosto 28 de 2018 -SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-C.P.

CESAR PALOMINO CORTES y C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014,

agosto 28 de 2018 -SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-C.P.

CESAR PALOMINO CORTES y C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la H. Corte Constitucional: esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto en el artículo 6º del Decreto ley 546 de 1971; por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES –FONCEP- , RELIQUIDAR y PAGAR la mesada pensional de el (sic) pensionado JOSÉ HELÍ ÁLVAREZ TORRES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de Bogotá, conforme con las reglas previstas en las Sentencias de Unificación del H.

ÁLVAREZ TORRES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de Bogotá, conforme con las reglas previstas en las Sentencias de Unificación del H. CONSEJO DE ESTADO Y H. CORTE CONSTITUCIONAL enunciadas esto es, adoptando como ING RESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consign adas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZOAcci ón especi al de rev isi ón R adicac ión: 11001032500020200087600 (2661 -2020 ) D emandant e: FONC EP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 el 75% previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes».

38. Para fundamentar sus pretensiones, frente a la primera causal sostuvo que se incurrió en violación del debido proceso comoquiera que José Helí Álvarez Torres no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que lo procedente es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en el

se incurrió en violación del debido proceso comoquiera que José Helí Álvarez Torres no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que lo procedente es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto a la conformación del IBL y, adicionalmente los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación; por lo anterior se considera que los fallos acusados transgredieron los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1.°, 2.°, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

39. Según sostuvo, se probó que el pensionado era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma, tenía más de 40 años de edad y pese a ello, se accedió a las pretensiones de la demanda con la orden de r eliquidación de la prestación conforme a una interpretación errada , separándose así de lo debidamente probado en el trámite judicial y ocasionando la violación del debido proceso.

40. En cuanto a la segunda causal reiteró que el pensionado José Helí Álvarez Torres, fue merecedor del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, habilitando las prerrogativas de la transición que consisten en que las personas que se encuentren inmersas en este régimen, les asiste el derecho a que se les aplique la normatividad anterior a la cual se encontraba afiliado, que en el presente caso es la Ley 33 de 1985, respetando las

en que las personas que se encuentren inmersas en este régimen, les asiste el derecho a que se les aplique la normatividad anterior a la cual se encontraba afiliado, que en el presente caso es la Ley 33 de 1985, respetando las condiciones de edad, tiempo y monto, pero en cuanto a la liquidación o porcentaje del ingreso base de liquidación sería aplicable el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón por la cual mediante Resolución 01031 del 16 de septiembre de 1992 y Resolución 1192 del 24 de junio de 2003, el FONCEP, ordenó el reconocimiento y pago de la pen