CE - Sentencia 11001032500020200089500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020) (AER)

Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Demandado: Carlos Humberto Martínez Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Presupuestos de configuración Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP - en contra de la sentencia de 9 de diciembre de 2014 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Guadalajara de Buga dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76-111-33-31-002-2014-00051-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

Guadalajara de Buga dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76-111-33-31-002-2014-00051-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Carlos Humberto Martínez , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-ExpedienteElectronico1-63.pdf, contenido en “19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 26-29.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

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2 • La nulidad de las Resoluciones RDP 16167 del 10 de abril de 2013 y RDP 22803 de 20 de mayo de 2013, proferidas por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a través de las cuales se le negó la solicitud de reliquidación pensional y se resolvió el recurso interpuesto, confirmando la decisión inicial.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 y (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los factores devengados durante el último año de servicios.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. Indicó, que a través de la Resolución 5984 de 5 de marzo de 2004, se ordenó reconocerle y pagar le una pensión de jubilación en cuantía de 75% de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados.

4. Inconforme con la anterior decisión, el 4 de enero de 2013 solicitó la reliquidación pensional bajo los nuevos par ámetros de la Ley 33 de 1985 dado

asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados.

4. Inconforme con la anterior decisión, el 4 de enero de 2013 solicitó la reliquidación pensional bajo los nuevos par ámetros de la Ley 33 de 1985 dado que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Su petición fue resuelta desfavorablemente por parte de la entidad a través de la s Resoluciones RDP 16167 de 10 de abril de 2013 y RDP 22803 del 20 de ma yo de 2013.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

5. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos administrativos acusados, desconocieron las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.

6. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados desconocieron lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el cual , su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salar iales devengados en dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación expedida por parte de esta corporación el 4 de agosto de 2010 , dado que cumple con los requisitos de l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

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3 2.1.4. Sentencia objeto de revisión3

7. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, mediante providencia de 9 de diciembre de 2014 , accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

8. Para tal efecto, señaló que el demandante, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 , ya ostentaba más de 35 años de edad, lo que l e hacía merecedor del régimen de transición de la mentada norma, así determinó que, la pensión debió regirse bajo los lineamientos de la Ley 33 de 1985 y por consiguiente, debió liquidarse con el 75% de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio , teniendo en cue nta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 emitida por el Consejo de Estado, donde se estableció que los factores salariales no son taxativos sino enunciativos.

9. Así, con lo manifestado y con las pruebas aducidas al dossier, el sentenciador indicó que el acto enjuiciado cercenó factores salariales que fueron efectivamente devengados por el señor Carlos Humberto Martínez, razón por la que declaró la nulidad de los actos enjuiciados y ordenó su reliquidación con el 75% del salario

devengados por el señor Carlos Humberto Martínez, razón por la que declaró la nulidad de los actos enjuiciados y ordenó su reliquidación con el 75% del salario promedio de lo percibido durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de diciembre de 1998 y el 30 de noviembre de 1999, con efectos fiscales a partir del 11 de abril de 2009 , dada la prescripción trienal que se suscitó en el proceso.

10. Finalmente, autorizó a la entidad , descontar de la reliquidación los aportes sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal. De otra parte, estimó procedente el reajuste de las sumas resultantes y condenó en costas a la demandada.

2.1.5. Recurso de apelación 4

11. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación , en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

12. Indicó, que para la liquidación pensional del actor debía aplicarse la teoría sustentada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la taxatividad de

3 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 02-ExpedienteElectronico64-133.pdf, contenido en “19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 38-44. 4 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 02-ExpedienteElectronico64-133.pdf, contenido en “19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 52-55Recurso extraordinario de revisión

4 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 02-ExpedienteElectronico64-133.pdf, contenido en “19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 52-55Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

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4 la norma, sobre la interpretación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por ello, aunque el demandante es beneficiario del régimen de transición, esto únicamente aplica para efectos del reconocimiento de edad y tiempo de servicios conforme a la Ley 33 de 1985, pero la liquidación de la prestación debe realizarse según las reglas del inc iso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013.

13. Por otro lado, manifestó que los factores salariales reclamados por el demandante no fueron objeto de aportes durante el tiempo de servi cios, lo que contradice el inciso final de la Ley 62 de 1985 y el Acto Legislativo 01 de 2005 teniendo en cuenta que las pensiones deben liquidarse exclusivamente sobre aquellos factores que sirvieron de base para el cálculo de los aportes.

14. El expediente da cuenta que, dada la inasistencia d el apoderado de la

teniendo en cuenta que las pensiones deben liquidarse exclusivamente sobre aquellos factores que sirvieron de base para el cálculo de los aportes.

14. El expediente da cuenta que, dada la inasistencia d el apoderado de la demandada a la audiencia de conciliación, se declar ó desierto el recurso de apelación.

2.1.7. La acción especial de revisión5

15. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o

de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

1. Revocar l a sentencia expedida el 9 de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Guadalajara de Buga dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Carlos Humberto Martínez contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, radicado 76-11133-31-002-2014-00051-00.

Humberto Martínez contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, radicado 76-11133-31-002-2014-00051-00.

5 Índice 22 de la plataforma SAMAI. Archivo 49ED_CUADERNO2_01OTROS-DEMANDAFORMULAACCIONDEREVISIONRecurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

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5

1. Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Carlos Humberto Martínez, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la Corte Constitucional, de parte de esta Corporación y de la normativa legal dispuesta en la Ley 100 de 1993.

17. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo que, el señor Carlos Humberto Mart ínez no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que el pensionado, fue beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 36, inciso 3.° de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 36, inciso 3.° de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

18. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017 y T-039 de 2018.

2.1.8. Contestación

19. El señor Carlos Humberto Martínez fue notificad o personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 5 de julio de 2022, como se advierte en el índice 27 del expediente digital disponible en Samai. No obstante, no contestó el recurso impetrado en su contra.

20. El agente del Ministerio Público no rindió concepto frente al caso objeto de estudio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

1. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

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6 3.2. Oportunidad

21. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

22. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

23. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó oportunamente, toda vez que, la decisión judi cial cuestionada fue proferida el 9 de diciembre de 2014 por parte del Juzgado Segundo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, ejecutoriada el 6 de marzo de 2015, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de febrero de 2020 7 y se remitió por competencia a esta Corporación, en término para impetrar la acción especial de revisión.

6 En la sentencia C -835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de

2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).

establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de

2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto). 7 Expediente digitalizado visible en la plataforma SAMAI. Documento «49ED_CUADERNO2_01OTROSDEMANDAFORMULAACCIONDEREVISION.PDF». Folio 22.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

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7 3.3. Problema jurídico

24. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 9 de diciembre de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación del señor Carlos Humberto Martínez con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en ese lapso.

25. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal menc ionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

25. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal menc ionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

26. La acción especial de revisión permite im pugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada9, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las se ntencias, no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

27. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción especial10, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la

8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la pa rte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de

marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio delRecurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

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8 causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia 11 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado12, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

28. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 13 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la R o del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

29. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de

reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

29. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009 14 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Socia l adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

30. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, est o en tanto, es claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría - para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William

financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2 014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez- . Admite acción de revisión. 13 Por la cual se reforman algunas disp osiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales 14 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Ge stión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

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9 «[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.2. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

31. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente15 como un instrumento que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 16 y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones17, en especial, el principio de solidaridad18 y equilibrio financiero.

32. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso del señor Carlos Humberto Martínez, quien es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la precitada ley, pues nació el 19 de mayo de 1948, y para el 1.° de abril de 1994,

es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la precitada ley, pues nació el 19 de mayo de 1948, y para el 1.° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 10 0 de 1993, contaba con más de 44 años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas de la transición según las cuales se le debe liquidar la pensión con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.

33. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadra n dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.

34. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que ex iste un aumento porcentual del 15.93% en el monto en que se reconoció la pensión del señor Carlos Humberto Martínez respecto del que debió liquidarse, así como la

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00. 16 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998. 17 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional. 18 Ratio o razón de ser de la seguridad social.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

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10 proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.

35. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí qu