CE - Sentencia 11001032500020200092900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

Accionante: Ángela María Pulido González.

Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

– FONCEP.

Temas: Causal 7.° del artículo 2 50 de la Ley 1437 de 20 11

Presupuestos de configuración. Interpretación restrictiva de la causal.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1137 de 2011, presentado por la señora Ángela María Pulido González 1 en contra de la sentencia del 16 de septiembre de 2019 , proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 011 2016 00235 01.

II. ANTECEDENTES

2. Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso extraordinario.

Las pretensiones.

3. A través de la demanda se solicitó anular el oficio del 5 de agosto de 2013,

II. ANTECEDENTES

2. Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso extraordinario.

Las pretensiones.

3. A través de la demanda se solicitó anular el oficio del 5 de agosto de 2013, a través del cual se negó la aplicación post – mortem del reajuste a la pensión de jubilación que en vida disfrutó el señor Ernesto Calderón Forero, de acuerdo con lo señalado en la Ley 6.ª de 1992, su Decreto Reglamentario 2108 de 1992 y la Ley 445 de 1998.

4. A título de restablecimiento del derecho, se exigió condenar a la accionada a reconocer y pagar en forma post – mortem en favor del señor Ernesto Calderón Forero el reajuste deprecado.

1 El escrito de revisión fue radicado el 10 de septiembre de 2020. Ver índice 2 de la plataforma SAMAI.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

Demandante: Ángela María Pulido González

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5. Asimismo, se pidió que las sumas antes reconocidas, sean canceladas en favor de la señora Angela María Pulido González en su calidad de compañera permanente y, ad emás, c ondenar a la demandada a pagar los intereses moratorios de las sumas de dinero dimanadas de la sentencia y que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 192 del CPACA. Finalmente, se reclamó

permanente y, ad emás, c ondenar a la demandada a pagar los intereses moratorios de las sumas de dinero dimanadas de la sentencia y que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 192 del CPACA. Finalmente, se reclamó la respectiva condena en costas.

Hechos relevantes.

6. A través de la Resolución 1583 de 23 de diciembre de 1980, la extinta Caja de Previsión Social de Bogotá reconoció una pensión de jubilación al señor Ernesto Calderón Forero (Q.E.P.D.), efectuando los correspondientes reajustes ordinarios previstos en las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993.

7. Sin embargo, la demandada se abstuvo de cumplir con las obligaciones contenidas en la ley 6.ª de 1992, lo que motivó al pensionado a solicitar el 4 de junio de 2011 el reajuste de su mesada.

8. Dicha petición fue denegada mediante la Resolución 0367 de 14 de marzo de 2012, con el argumento de que el beneficio invocado solo aplicaba para las pensiones que fueron reconocidas a los empleados del orden nacional.

9. Tras el fallecimiento del señor Calderón Forero el 13 de abril de 2012, la señora Ángela María Pulido González solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera permanente.

10. Fue así como a través de la Resolución 1492 del 13 de agosto de 2012, le reconoció el aludido derecho pensional a partir del 14 de abril de 2012.

11. Posteriormente, el 11 de abril de 2013 , la demandante solicitó al ente

reconoció el aludido derecho pensional a partir del 14 de abril de 2012.

11. Posteriormente, el 11 de abril de 2013 , la demandante solicitó al ente demandado -con radicado 2013002753/2013ER4995 del 27 de abril de 2013-, el reajuste de la pensión de sobrevivientes, fundamentándose en la Ley 6.ª de 1992 y la Ley 445 de 1998.

12. No obstante, mediante oficio del 26 de junio de 2013, esa institución respondió que, en oportunidad anterior, ya había negado al señor Calderón Forero esa misma petición -Resolución 0367 de 14 de marzo de 2012-.

13. El 5 de julio de 2013, la actora reiteró su petición -con radicado 2013005388/2013ER9000-. Ante ello, mediante el acto administrativo demandado, la accionada denegó el aludido reajuste, reiterando que solo eraRecurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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3 aplicable a las pensiones del sector público nacional.

Normas violadas y concepto de violación.

• Artículos 1.°, 2.°, 6.°, 13, 25, 48, 53 y 230 de la Constitución Política. • Artículo 10.° del Código Civil. • Artículo 5.° de la Ley 57 de 1887.

• Artículos 1.°, 2.°, 6.°, 13, 25, 48, 53 y 230 de la Constitución Política. • Artículo 10.° del Código Civil. • Artículo 5.° de la Ley 57 de 1887. • Ley 6ª de 1992. • Decreto 2108 de 1992. • Ley 445 de 1998. • Decreto 2538 de 2001.

14. Al negar los reajustes establecidos en la Ley 6.ª de 1992 y la Ley 445 de 1998, se vulneró el principio de igualdad, dado que el FONCEP discriminó entre los pensionados del orden nacional y los del orden distrital. Con tal fin, argumentó que únicamente era aplicable a los pensionados nacionales, desconociendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que ordenan el trato igualitario a quienes están en las mismas condiciones de trabajo , sin distinción del vínculo estatal.

15. Se omitió la aplicación de la Ley 6.ª de 1992 y del Decreto 2108 de 1992, que ordenaron reajustar oficiosamente las pensiones reconocidas antes de 1989.

Igualmente, se desconoció la Ley 445 de 1998 y su Decreto Reglamentario Decreto 2538 de 2001, en tanto exige compensar la pérdida del poder adquisitivo de aquellas pensiones . El FONCEP omitió aplicar estos reajustes pese a la obligación que le imponía la ley.

16. Desconoció los derechos adquiridos en cabeza de la actora, pues incluso después de la inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6.° de 1992 -a través de

obligación que le imponía la ley.

16. Desconoció los derechos adquiridos en cabeza de la actora, pues incluso después de la inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6.° de 1992 -a través de la sentencia C-531 de 1995-, la administración no puede invocar su ineficiencia para negar una prerrogativa consolidada que, en este caso, está constituida por los reajustes pensionales decretados para los años 1993, 1994 y 1995.

Sentencia de primera instancia.2

17. Mediante sentencia de 2 8 de agosto de 201 7, el Juzgado Once Administrativo Oral de l Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de esa decisión se puede leer:

2Expediente digital, índice 18 de la plataforma SAMAI , archivo “23_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20230906.zip” Documento denominado “11001333501120160023501 - ANGELA MARIA PULIDO vs FONCEP” Pagina 122-146.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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4 «[…] PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de prescripción de mesadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. DECLARAR no probadas las demás excepciones propuestas por el

4 «[…] PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de prescripción de mesadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. DECLARAR no probadas las demás excepciones propuestas por el apoderado de la entidad demandada, por lo expresado en esta providencia.

TERCERO.- DECLARAR la nulidad parcial del oficio No. 2013EE8115 01 de 5 de agosto de 2013, proferido por el Gerente del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA CESANTÍASY PENSIONESFONCEP, en cuanto negó el reajuste de la pensión de sobreviviente de la señora ANGELA MARÍA PULIDO GONZÁLEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 51.873.667 de Bogotá, de conformidad con la ley 6ª de 1992 y su Decreto reglam entario 2108 de ese año. (Sic)

CUARTO.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA CESANTÍASY PENSIONES FONCEP, liquidar en debida forma, reconocer y pagar a la señora ANGELA MARÍA PULIDO GONZÁLEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 51.873.667 de Bogotá, el valor del reajuste de la pensión de sobreviente (sic) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del decreto 2108 de 1992, respecto de los años 1993, 1994 y 1995, efectuando el reajuste de la pensión a partir del 1 de enero de 1993, como se indicó en la

1º del decreto 2108 de 1992, respecto de los años 1993, 1994 y 1995, efectuando el reajuste de la pensión a partir del 1 de enero de 1993, como se indicó en la parte considerativa de la se ntencia, pagando dichos incrementos a partir del 14 de junio de 2011, por prescripción trienal de las mesadas pensionales, aplicando los reajustes legales sobre las sumas resultantes.

QUINTO.- A las anteriores declaraciones se le dará cumplimiento dentro del termino señalado en el inciso segundo del artículo 192 del C.P.A.C.A ., y los valores que resultaren deberán actualizarse en la forma dispuesta en el inciso final del articulo 187 ibidem y en los términos señalados en la parte motiva.

SEXTO.- Negar las demás pretensiones de la demanda. […]»

18. Con tales fines, después de referenciar: i) el reajuste pensional ordenado en la Ley 6.ª de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992; ii) la sentencia del 11 de septiembre de 1997 (expediente 15723), a través de la cual el Consejo de Estado inaplicó por inconstitucional la expresión “del orden nacional” contenida en el artículo 1.° del último dispositivo citado; iii) el incremento regulado en la Ley 445 de 1998 y; iv) la sentencia C-067 de 1999, concluyó que:

19. El señor Ernesto Calderón Forero si era beneficiario del reajuste pensional ordenado en la Ley 6.ª de 1992, reglamentada por el Decreto 2108 de 1992, pues adquirió el estatus de pensionado antes de 1989 y, por ende, su mesada fue

ordenado en la Ley 6.ª de 1992, reglamentada por el Decreto 2108 de 1992, pues adquirió el estatus de pensionado antes de 1989 y, por ende, su mesada fue incrementada anualmente de acuerdo con las reglas establecidas en las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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20. Las pruebas incorporadas en el expediente demostraron que durante los años 1993 y 1994 no se efectuó el reajuste ordenado en las citadas disposiciones, por lo que le asiste el derecho a él.

21. En lo que respecta al año 1995, se acreditó que para el periodo comprendido entre el 1.° de agosto y el 30 de diciembre, se realizó un ajuste adicional a esa pensión en porcentaje equivalente al 7.95%, lo que supera el valor ordenado en la señalada Ley 6.ª de 1992. En consecuencia, esta anualidad no amerita el incremento demandado.

22. Frente al reajuste ordenado en la Ley 445 de 1998, afirmó que la pensión del señor Ernesto Calderón Forero (Q.E.P.D.) si podía ser destinataria de esa norma, pues las conclusiones depositadas en la sentencia C -067 de 1999 así lo permitían.

23. En efecto, recordó que, en sentir de la Corte Constitucional, aquel ajuste

norma, pues las conclusiones depositadas en la sentencia C -067 de 1999 así lo permitían.

23. En efecto, recordó que, en sentir de la Corte Constitucional, aquel ajuste era procedente en la medida en que la pensión se haya construido con acumulación de tiempos en los sectores púbicos nacional y territorial.

24. Como la prestación reconocida al señor Calderón Forero se nutría de los tiempos de servicios prestados al extinto Instituto de Seguros Sociales y al Distrito de Bogotá, era procedente adelantar el examen propuesto en la demanda.

25. Al hacer los cálculos matemáticos respectivos y n o evidenciarse la diferencia pensional positiva requerida en esa norma, denegó la pretensión en cita.

26. Se configuró la p rescripción trienal de las diferencias pensionales causadas con la aplicación de la Ley 6.ª de 1992, con efectos fiscales a partir del 14 de junio de 2008.

Recurso de apelación.3

27. Inconformes con la anterior decisión, los apoderados de las partes la recurrieron en apelación.

3Expediente digital, índice 18 de la plataforma SAMAI, archivo “23_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20230906.zip” Documento denominado “11001333501120160023501 - ANGELA MARIA PULIDO vs FONCEP” Pagina 148-156.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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6 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP

28. El juzgado accedió al reajuste pensional contenido en la Ley 6.ª de 1992, sin tener en cuenta que la parte actora no satisfizo los requerimientos necesarios para ello. Así, se logró demostrar que , durante los años 1993, 1994 y 1995 , la mesada del causante fue incrementada en porcentajes superiores a los fijados por el Gobierno Nacional para cada una de esas anualidades , desvirtuando en consecuencia, el derecho reconocido en primera instancia.

Ángela María Pulido González.

29. Para determinar el “ingreso inicial de pensión” el juzgado empleó el valor devengado por el causante en el año 1997, cuando lo correcto era tomar lo percibido en el año inmediatamente siguiente a aquel en que se inició el pago de esa prestación. En ese sentido, como el derecho fue reconocido en el año 1980, la operación matemática debió tener en cuenta la mesada pagada en el año 1981.

30. Realizados los cálculos pertinentes -diferencias en salarios mínimos entre la mesada pensional devengada en el año 1981 y la recibida en el año 1998 , se obtuvo un a discrepancia positiva del 1.4117 % que amerita el reajuste de consagrado en la Ley 445 de 1998.

la mesada pensional devengada en el año 1981 y la recibida en el año 1998 , se obtuvo un a discrepancia positiva del 1.4117 % que amerita el reajuste de consagrado en la Ley 445 de 1998.

Sentencia objeto de revisión.4

31. El 16 de septiembre de 2019, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia.

32. Para ello, después de reseñar con brevedad el marco jurídico de los reajustes pensionales reclamados en la demanda, así como algunos pronunciamientos del Consejo de Estado en torno al incremento contenido en la

Ley 6.ª de 1992, concluyó que:

33. El propósito del artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 fue compensar las diferencias existentes entre los aumentos ordenados frente a los salarios en comparación con los irrogados sobre las pensiones pagadas con anterioridad al año 1989.

4Expediente digital, índice 18 de la plataforma SAMAI, archivo “23_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20230906.zip” Documento denominado “11001333501120160023501 - ANGELA MARIA PULIDO vs FONCEP” Pagina 171-188.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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34. Con tal objetivo, erigió dos requisitos a saber: a) que la pensión se hubiere reconocido con anterioridad al año en cita y; b) que los incrementos decretados sobre esa prestación hubieren sufrido un desajuste frente a los ordenados para los salarios. En cuanto a esta última exigencia se refiere, la jurisprudencia nacional ha entendido que se trata de una presunción legal que trasl ada a la entidad demandada, la carga de probar que la mesada pensional no sufrió ningún efecto negativo.

35. En el caso actual, la pensión le fue reconocida al causante en el año 1980, por lo que se satisface el primer pedimento. Sin embargo, en lo que toca a la citada presunción legal, la entidad demandada, antes que desvirtuarla con las respuestas emitidas frente a las peticiones formuladas por el señor Ernesto Calderón Forero (Q.E.P.D.) y la señora Ángela María Pulido González, se limitó a concluir que, por tratarse de una pensión del orden territorial, no era destinataria de esos derechos.

36. No obstante, aportó al proceso el certificado de fecha 7 de diciembre de 2016, que refleja todos los incrementos anuales aplicados a la pensión desde el año 1982. En dicho documento se avizora que, durante los años 1993, 1994 y 1995, los aumentos realizado s a la mesada pensional superaron los ordenados por la Ley 6.ª de 1992.

año 1982. En dicho documento se avizora que, durante los años 1993, 1994 y 1995, los aumentos realizado s a la mesada pensional superaron los ordenados por la Ley 6.ª de 1992.

37. Así las cosas, los reajustes fueron los siguientes: i) año 1993, 25.03452%; ii) año 1994, 21.08944% y; iii) año 1995, 30.54%. Por tanto, no le asiste razón al a quo cuando concedió el incremento pensional regulado en la citada ley.

El Recurso Extraordinario de Revisión.5

38. La causal invocada. La señora Ángela María Pulido González , a través de apoderad o, señaló que en este asunto se configuró la causal de revisión contenida en el numeral 7.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por su importancia aquí, se transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su

5 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “ DemandaWeb-Demanda- .pdf”.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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.pdf”.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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8 pérdida. […]».

El fundamento del recurso.

39. La providencia impugnada desatendió el hecho según el cual las mesadas pensionales se reajustan anualmente conforme al porcentaje de variación del índice de precios al consumidor, patrón que a la vez se emplea para incrementar los salarios de los trabajadores.

40. Al examinar los índices de variación del IPC de los años 1993, 1994 y 1995

se advierten las siguientes diferencias:

Año IPC Real IPC aplicado por la entidad Diferencias 1993 22.06% 25.03452% +2.97% 1994 22.59% 21.08944% -1.50% 1995 19.46% 22.59% +3.13%

41. Aunque para los años 1993 y 1995 el reajuste fue un tanto superior al IPC, lo cierto es que la mesada pensional sigue desajustada y carece del valor real que quiso proveerle la Ley 6.ª de 1992.

42. La señora Ángela María Pulido González no contaba con la aptitud legal necesaria para que le quitaran un derecho adquirido que beneficiaba el poder adquisitivo de su mesada pensional.

43. De haber considerado los índices de precios al consumidor, el tribunal

necesaria para que le quitaran un derecho adquirido que beneficiaba el poder adquisitivo de su mesada pensional.

43. De haber considerado los índices de precios al consumidor, el tribunal hubiera confirmado la sentencia de primera instancia.

Pretensiones. La recurrente solicitó revocar la sentencia de 16 de septiembre de 2019, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, se dicte una providencia de reemplazo que conceda las pretensiones reconocidas en primera instancia. Pronunciamiento del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones.6

44. La sentencia recurrida está cubierta por la figura de la caducidad, pues la reclamación con base en la causal establecida en el numeral 7.° debe ser presentada dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que le sirven de causa.

6 Expediente digital, índice 10 de la plataforma SAMAI.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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45. Las sentencias proferidas en el marco del proceso ordinario son inmutables por el principio de seguridad jurídica que las ampara. Así, al haber operado la cosa juzgada, se torna improcedente su anulación.

46. Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el FONCEP

inmutables por el principio de seguridad jurídica que las ampara. Así, al haber operado la cosa juzgada, se torna improcedente su anulación.

46. Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el FONCEP actuó de buena fe, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política.

47. Se configuró la prescripción de las diferencias dinerarias derivadas de las eventuales diferencias pensionales , tal y como lo establecen las normas procesales pertinentes.

48. Operó el fenómeno de cosa juzgada, pues en el presente recurso convergen con similitud las partes, el objeto y la causa vertida en el proceso ordinario adelantado ante el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca.

III. CONSIDERACIONES

49. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del Reglamento Interno de esta Corporación.

50. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 7°., entre otras, podrá presentarse «[d]entro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso».

51. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 16 de septiembre de 2019. Sin embargo, dado que entre esa fecha y la de radicación

lugar al recurso».

51. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 16 de septiembre de 2019. Sin embargo, dado que entre esa fecha y la de radicación del recurso extraordinario -10 de septiembre de 20207no transcurrió más de un año, se concluye que su presentación se hizo dentro de la oportunidad de ley.8

52. Problema jurídico . De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario, corresponde a la Sala determinar s i: ¿En el presente asuntó se

7 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI. 8 No se desconoce que el artículo 251 del C.P.A.C.A. establece como regla de caducidad en esta materia que «el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso». Empero, en este caso, dadas las falencias argumentativas para sustentar la causal invocada, resulta imposible determinar la extinción del derecho de acción con base en estas reglas.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

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10 cumplen los presupuestos de activación de la causal 7.° del artículo 250 del

C.P.A.C.A.?

53. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión y; ii) el contenido y alcance de la causal 7.° del artículo 250 del C.P.A.C.A.

53. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión y; ii) el contenido y alcance de la causal 7.° del artículo 250 del C.P.A.C.A.

Normas y jurisprudencia aplicables.

La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

54. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

55. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.

56. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

57. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

58. En sentencia de 3 de marzo de 2020,9 la Sala Décima Especial de Revisión

de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

9 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00929-00 (2782-2020)

Demandante: Ángela María Pulido González

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

11

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».10

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir

injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».10

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina 11 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.12

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».13

59. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes ; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las

59. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes ; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 11 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884. 12 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cual