CE - Sentencia 11001032500020200093300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Clara Consuelo Bello Pachón

Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de

2003. Cuantía reconocida no excede lo debido . Pensión de sobrevivientes

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2, por medio de la cual se confirmó parcialmente la decisión del 27 de enero de 2017 emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y, en consecuencia, se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Clara Consuelo Bello Pachón.

1. Antecedentes

Zipaquirá y, en consecuencia, se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Clara Consuelo Bello Pachón.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1 En adelante UGPP. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 25899-33-33-001-2015-00350-01; actor: Clara Consuelo Bello Pachón, demandado: UGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: UGPP

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 26 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , que confirmó parcialmente la decisión del 27 de enero de 2017 emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25899-33-33-001-2015-00350-00 (01), que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Clara Consuelo Bello Pachón y, en consecuencia, declaró: i) la nulidad de las resoluciones UGM003252 del 4 de agosto de 201 1 y UGM030413 del 30413 de 31 de enero de 2016 , por medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social3 le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de su compañero permanente, Pablo Antonio

medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social3 le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de su compañero permanente, Pablo Antonio Rodríguez Castro; y ii) a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Ugpp a reconocer y pagar la prestación en un 100%.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la declaratoria de que Clara Consuelo Bello Pachón, beneficiaria de la pensión de sobreviviente de Pablo Antonio Rodríguez Castro, no le asistía el derecho a la «reliquidación pensional » con la totalidad de los factores devengados por el causante en el último año de servicio sino de conformidad con las «previsiones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tenor de lo expresado por la H. Corte Constitucional en sentencias C258 de 2013 y SU-230 de 2015. siendo del caso incluir única y exclusivamente la asignaci ón básica y bonificación por servicios prestados para efectos del cálculo de la mesada pensional» (sic); ii) la condena a Clara Consuelo Bello Pachón a restituir, debidamente indexados, la totalidad de los dineros recibidos en exceso por el reconocimiento pensional; y iii) el reconocimiento de los intereses moratorios que se causen desde la fecha de exigibilidad de la obligación y hasta la fecha del pago total.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Pablo Antonio Rodríguez Castro nació el 23 de febrero de 1947 y falleció el 19 de octubre de 2008.

3.2. Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio de 1964 y el 19 de octubre

3.1. Pablo Antonio Rodríguez Castro nació el 23 de febrero de 1947 y falleció el 19 de octubre de 2008.

3.2. Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio de 1964 y el 19 de octubre de 2008, laboró en distintas entidades, así:

Entidad Desde Hasta Acerías Paz del Río 01/06/1964 24/07/1981

3 En adelante Cajanal. 4 Para mayor comprensión los supuestos fácticos del recurso se relatarán de acuerdo con los elementos probatorios allegados a este proceso.3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020) Demandante: UGPP Municipio de Sogamoso 04/03/1987 21/08/1987

ICBF 29/07/1988 03/07/1997

ICBF 25/09/1997 19/10/2008

3.3. Mediante la Resolución 25314 del 23 de noviembre de 2004, Cajanal le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en razón a que no había acreditado el requisito de edad.

3.4. Desde el 1° de julio de 2002 y hasta su deceso compartió lecho, techo y mesa con Clara Consuelo Bello Pachón.

3.5. Con ocasión del fallecimiento de Pablo Antonio Rodríguez Castro, e l 3 de septiembre de 2009 y el 20 de noviembre de 2008, Clara Consuelo Bello Pachón y Ana Berenice Núñez , en sus calidades de compañera permanente y cónyuge

septiembre de 2009 y el 20 de noviembre de 2008, Clara Consuelo Bello Pachón y Ana Berenice Núñez , en sus calidades de compañera permanente y cónyuge supérstite, respectivamente, le solicitaron a Cajanal el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

3.6. Por medio del fallo de tutela del 20 de abril de 2009, el Juzgado 26 Civil de Circuito amparó los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y vida digna de Ana Berenice Núñez y ordenó a Cajanal «dar respuesta de fondo en forma positiva o negativa a la solicitud de pensión de vejez post-mortem y sustitución pensional radicada el 20 de noviembre de 2008» (sic).

3.7. Con la Resolución PAP012347 del 31 de agosto de 2010, el liquidador de Cajanal i) reconoció y ordenó el pago de la pensión por vejez «post mortem a favor de Rodríguez Castro Pablo Antonio», en cuantía de $612.701,48, con efectos fiscales a partir del 28 de julio de 2007; y ii) sustituyó en forma vitalicia con ocasión del fallecimiento del pensionado a Ana Berenice Núñez, en su calidad de cónyuge.

3.8. Posteriormente, a través de la Resolución UGM003252 del 4 de agosto de 2011, Cajanal resolvió desfavorablemente las peticiones de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes presentadas el 3 de septiembre de 2009 y el 20 de noviembre de 2008, por las compañera permanente y cónyuge supérstite, toda vez que no había certeza respecto de la convivencia de las peticionarias con el causante durante los

2008, por las compañera permanente y cónyuge supérstite, toda vez que no había certeza respecto de la convivencia de las peticionarias con el causante durante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento.

3.9. A través de la resolución UGM030413 del 31 de enero de 2012, al resolver el recurso de reposición, Cajanal confirmó la anterior decisión.

3.10. El 9 de octubre de 2013, Ana Berenice Núñez reiteró su solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Esta petición fue negada con el auto ADP013788 del 17 de octubre de 2013.4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: UGPP

3.11. Inconforme con la negación del reconocimiento pensional, Clara Consuelo Bello Pachón presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones UGM003252 del 4 de agosto de 2011 y UGM030413 del 31 de enero de 2012 , por cuanto reunía la totalidad de requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por quien en vida fue por más de 5 años su compañero permanente.

3.12. El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá en sentencia del 27 de enero de 2017 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la Ugpp reconocer y pagar la pensión de sobreviviente en cuantía de l 50% para la

de 2017 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la Ugpp reconocer y pagar la pensión de sobreviviente en cuantía de l 50% para la cónyuge supérstite y 50% para la compañera permanente. Lo anterior, comoquiera que tanto la demandante, como la cónyuge supérstite acreditaron una convivencia simultánea con el causante.

3.13. Asimismo, en esa oportunidad , el juez dispuso que el ingreso base de liquidación debía determinarse con el promedio de todos los factores devengados por el causante durante el último año anterior a su deceso por encontrarse cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

3.14. Contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación y en sede de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó el numeral tercero de la sentencia apelada en el sentido de solo reconocer como beneficiaria de la prestación a Clara Consuelo Bello Pachón y en lo demás la confirmó.

3.15. Mediante la Resolución RDP005773 del 28 de febrero de 2020, la Ugpp dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y ordenó reconocer y pagar el 100% de la pensión de sobrevivientes a favor de Clara Consuelo Bello Pachón, en cuantía equivalente a $843.188, efectiva a partir del 20 de octubre de 2008, pero con efectos fiscales a partir del 29 de mayo de 2012 por prescripción trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D modificó el numeral tercero de la decisión emitida el 27 de enero de 2017 por el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá en el

5 En adelante CPACA.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020) Demandante: UGPP sentido de solo reconocer como beneficiaria de la prestación a Clara Consuelo Bello Pachón, compañera permanente del causante, y en lo demás la confirmó, así:

«Primero. Confirmar parcialmente la sentencia impugnada.

Segundo. Modificar , el numeral tercero, en el sentido de negar la pensión de sobrevivientes a la señora Ana Berenice Núñez y en consecuencia, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Patrimonial y Contribuciones ParafiscalesUGPP a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes del causante Pablo Antonio Rodríguez Castro, a la señora Clara Consuelo Bello Pachón, en un 100%, en calidad de compañera permanente, con efectos a partir del 29 de mayo de 2012» (sic).

5. Para tal efecto, observó lo siguiente6:

5.1. Pablo Antonio Rodríguez Castro nació el 22 de febrero de 1947 y a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 46 años de edad y 15 de servicios, por tanto, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem, y

vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 46 años de edad y 15 de servicios, por tanto, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem, y en consecuencia, podía acceder al beneficio pensional con los requisitos del régimen anterior, «así lo reconoce el acto demandado».

5.2. Si bien Ana Berenice Núñez y Pablo Antonio Rodríguez Castro contrajeron matrimonio el 25 de diciembre de 1967 y con ocasión del fallecimiento del causante su cónyuge supérstite solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, también es cierto que aun cuando se le vinculó en debida forma al proceso, ésta no contestó la demanda y no intervino en el proceso para demostrar la «convivencia real y material durante los últimos 5 años con el causante» y así controvertir lo manifestado por Clara Consuelo Bello Pachón , por tanto la consecuencia «de no contestar la demanda, es la presunción de tener como ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión, por tanto se tiene como cierto el hecho cuarto que señala ‹se sabe que Pablo Antonio Rodríguez Castro, estuvo casada con la señora Ana Berenice Núñez, pero estaba separado de hecho›. Así las cosas, se presume que es cierto que la señora Ana Berenice Núñez estaba separada de hecho de su esposo» (sic).

5.3. De otra parte, se advierte que Ana Berenice Núñez nunca demandó para obtener el reconocimiento pensional «o al menos no existe prueba en contrario », lo cual «constituye indicios de que realmente no se encontraba viviendo con él , porque de lo contrario, razonable es pensar que debía haber demandado solicitando la pensión, puesto

el reconocimiento pensional «o al menos no existe prueba en contrario », lo cual «constituye indicios de que realmente no se encontraba viviendo con él , porque de lo contrario, razonable es pensar que debía haber demandado solicitando la pensión, puesto que ésta le permitía sustentar los gastos y el nivel de vida que le proporcionaba el causante» (sic). Así las cosas, ante el desinterés en el reconocimiento pensional, no es

6 Samai, índice 33, 39_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20150035000NRDzip_0_20240820075308286, 25899 -3333-001-2015-00350-00, 001-2015-00350-00.pdf, folios 497 al 524.6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020) Demandante: UGPP procedente otorgarle el derecho y en tal sentido se revocará la sentencia impugnada.

5.4. Los testimonios recaudados dieron cuenta de que, desde el año 2000 y hasta el 2008 Clara Consuelo Bello Pachón y Pablo Antonio Rodríguez Castro vivieron juntos en el municipio de Pacho, lugar en dónde laboraba el causante; además, que entre ellos existía una relación de solidaridad, auxilio o apoyo mutuo , razón por la cual la demandante cumplió con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente de su compañero permanente.

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes con «el 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicio y con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el causante en dicho periodo» (sic). Lo anterior, en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL).

6.2. Con base en los tiempos acreditados por Pablo Antonio Rodríguez Castro , el reconocimiento pensional debió realizarse acorde con la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994 , y relativo al IBL pensional según la Ley 100 de 1993 , no como erróneamente reconoció el tribunal en la sentencia recurrida.

6.3. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidos por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 del 2015, y SU-395 de 2017, que determinan que para los beneficiarios del régimen de transición se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la legislación anterior, pero el ingreso base de liquidación será el dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte accionada guardó silencio8.

artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte accionada guardó silencio8.

7 Samai, índice 2 DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2. 8 Pese a que se le notificó personalmente el 27 de febrero de 2024, Samai, índice 24.7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: UGPP

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA9.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el subjudice l a sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal

día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el subjudice l a sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de abril de 2019, quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de ese año11.

13. Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 15 de octubre de 2020, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 Samai, índice 33, 39_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20150035000NRDzip_0_20240820075308286, 25899 -3333-001-2015-00350-00, 001-2015-00350-00.pdf, folio 535.8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: UGPP

33-001-2015-00350-00, 001-2015-00350-00.pdf, folio 535.8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020) Demandante: UGPP 2.2. El problema jurídico

14. Se circun scribe a establecer ¿si la cuantía de la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de Clara Consuelo Bello Pachón, en su calidad de compañera permanente de Pablo Antonio Rodríguez Castro, excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la liquidación pensional en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 12 de la Ley 797 de 2003 13 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: UGPP

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio en tre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

11001 03 15 000 2018 01884 00. 15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020) Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»16.

20. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las c uales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

21. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.3.2. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988

22. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se permitía que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban en

como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00933-00 (2787-2020)

Demandante: UGPP

23. Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)

departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».

24. Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 y posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:

«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta e