CE - Sentencia 11001032500020200100800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Olga Caviedes Parga

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía reconocida no excede lo debido . Pensión gracia. Indexación de primera mesada

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila 2, por medio de la cual se revocó la decisión del 31 de mayo de 2019 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva que negó las pretensiones de la demanda presentada por Olga Caviedes Parga.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva que negó las pretensiones de la demanda presentada por Olga Caviedes Parga.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la entidad

1 En adelante Ugpp. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 41001-33-33-002-2017-00151-02; actor: Baudelio Grijalba Muñoz y otros, demandado: Ugpp.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP recurrente solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila que revocó la decisión del 31 de mayo de 2019 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 4100133-33-002-2017-00151-01 (02) y, en consecuencia: i) accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Olga Caviedes Parga ; ii) declaró la nulidad de las resoluciones RDP032146 del 31 de agosto de 2016 y RDP049265 del 27 de diciembre de ese año, por medio de l as cuales la Ugpp le negó la indexación de la primera mesada; y iii) ordenó la reliquidación de la pensión gracia con la indexación de la primera mesada pensional, a partir del 1° de enero de 1994.

primera mesada; y iii) ordenó la reliquidación de la pensión gracia con la indexación de la primera mesada pensional, a partir del 1° de enero de 1994.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó : i) la declaratoria de que la pensión gracia reconocida a Olga Caviedes Parga no se vio afectada por los efectos de la devaluación de la moneda y no perdió valor adquisitivo y, por tanto, no le asistía el derecho a que se indexara la primera mesada pensional; ii) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas como consecuencia del acto de reliquidación, debidamente indexadas , de conformidad con el artículo 187 del CPACA ; y iii) el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 192 ibidem, sobre «los valores pagados por concepto de la reliquidación de la pensión gracia».

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Olga Caviedes Parga nació el 1° de enero de 1944 y entre el 6 de octubre de 1967 y el 6 de marzo de 2000 , prestó sus servicios como docente territorial en el departamento del Huila, así:

Desde Hasta Acto administrativo 06 de octubre de 1967 30 de diciembre de 1967 Decreto 363 del 14 de septiembre de 1967 15 de enero de 1968 30 de diciembre de 1968 Decreto 014 del 13 de enero de 1968 14 de febrero de 1969 30 de marzo de 1969 Decreto 067 del 12 de febrero de 1969

15 de enero de 1968 30 de diciembre de 1968 Decreto 014 del 13 de enero de 1968 14 de febrero de 1969 30 de marzo de 1969 Decreto 067 del 12 de febrero de 1969 1° de abril de 1969 30 de diciembre de 1969 Decreto 024 del 9 de abril de 1969 13 de febrero de 1970 30 de diciembre de 1970 Decreto 061 del 5 de febrero de 1970 30 de enero de 1971 30 de diciembre de 1971 Decreto 021 del 18 de enero de 1971 6 de mayo de 1972 30 de diciembre de 1975 Decreto 137 del 18 de febrero de 1975 20 de abril de 1976 31 de diciembre de 1976 Decreto 240 del 13 de abril de 1976 1° de marzo de 1977 6 de marzo de 2000 Decreto 240 del 13 de abril de 1976

3.2. Mediante la Resolución 004039 del 18 de abril de 1996 , la Caja Nacional de

3 Para mayor comprensión los supuestos fácticos del recurso se relatarán de acuerdo con los elementos probatorios allegados a este proceso.3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP Previsión Social4 le reconoció una pensión gracia la cual fue liquidada con el 75% del salario devengado en el año anterior a adquirir el estatus pensional , en cuantía de $79.455.50, efectiva a partir del 1 º de enero de 1994 «valor elevado al salario mínimo legal vigente a la fecha de efectividad $98.700.oo».

de $79.455.50, efectiva a partir del 1 º de enero de 1994 «valor elevado al salario mínimo legal vigente a la fecha de efectividad $98.700.oo».

3.3. Por medio del Decreto 304 del 7 de marzo de 2000, el gobernador del Huila la declaró insubsistente.

3.4. El 18 de junio de 2002, solicitó la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

3.5. Con la Resolución 2039 del 10 de febrero de 2003, Cajanal le negó la reliquidación de la prestación, toda vez que «en aplicación al principio de favorabilidad no [era] procedente acceder a la solicitud, ya que desmejoraría el valor de la mesada, por cuanto la pagada es superior al valor arrojado con la liquidación» (sic). Esta decisión fue confirmada por la entidad, a través de la Resolución 00524 del 9 de septiembre de 2003, al resolver el recurso de apelación.

3.6. Mediante la Resolución 6683 del 15 de marzo de 2007, Cajanal reliquidó la pensión gracia reconocida a favor de Olga Caviedes Parga, por nuevos factores salariales. Para su liquidación se aplicó el 75% de lo devengado en el año anterior a adquirir el estatus pensional, esto es el 1° de enero de 1994, y se elevó la cuantía por valor de $98.930,63, efectiva a partir del 1° de enero de 1994, pero con efectos fiscales a partir del 12 de abril de 2003 por prescripción trienal.

por valor de $98.930,63, efectiva a partir del 1° de enero de 1994, pero con efectos fiscales a partir del 12 de abril de 2003 por prescripción trienal.

3.7. El 2 de marzo de 2016, pidió a la Ugpp la indexación de la primera mesada de la pensión gracia, por cuanto en la Resolución 6683 del 15 de marzo de 2007 se ordenó la reliquidación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, pero no se ordenó su indexación.

3.8. A través de la Resolución RDP032146 del 31 de agosto de 2016, la Ugpp negó la reliquidación de la pensión gracia, porque «no [había] lugar a indexar la primera mesada pensional en razón a que la peticionaria se encontraba activa en el servicio al momento de adquirir el status pensional, es decir al 01 de enero de 1994 y se retiró hasta el año 2000, no existiendo pérdida del poder adquisitivo de los salarios que devengó entre dicho tiempo por cuanto al momento del reconocimiento se encontraban ajustados al I PC en debida forma » (sic). Dicho acto fue confirmado con la Resolución RDP049265 del 27 de diciembre de 2016.

4 En adelante Cajanal.4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020)

Demandante: UGPP

3.9. Inconforme con la anterior decisión, Olga Caviedes Parga presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

3.9. Inconforme con la anterior decisión, Olga Caviedes Parga presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, en orden a que se declarara su nulidad, por cuanto, a su juicio, la indexación «obedece al reconocimiento de un hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que disminuye el poder adquisitivo de sus ingresos» (sic).

3.10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en sentencia del 31 de mayo de 2019 negó las pretensiones de la demanda al afirmar que «la Resolución No. 06683 fue expedida el 15 de marzo de 2007 y en su aparte resolutivo dispuso la procedencia del recurso de reposición y concluyó la vía administrativa; la solicitud de indexación reclamada en el medio de control bajo estudio carece de soporte probatorio que especifique con claridad los periodo en los cuales debe llevarse a cabo la pretendid a indexación y el valor de la misma, o por el contrario que de haberse dado, no corresponde a los valores por este estimados» (sic).

3.11. Contra la anterior decisión, Olga Caviedes Parga presentó el recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia del 19 de noviembre de 2019 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y condenó a la entidad a reliquidar la pensión gracia con la indexación de la primera mesada pensional, a partir del 1° de enero de 1994, y pagar la diferencia que resulte de la reliqui dación, a partir del 23 de

gracia con la indexación de la primera mesada pensional, a partir del 1° de enero de 1994, y pagar la diferencia que resulte de la reliqui dación, a partir del 23 de febrero de 2013 por prescripción trienal .

3.12. La Ugpp, a través de la Resolución RDP00104 del 2 de enero de 2020 , dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión gracia sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus, elevando la cuantía a la suma de $98.935, efectiva a partir del 1° de enero de 1994 , con efectos fiscales a partir del 2 de marzo de 2013 por prescripción trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 19 de noviembre de 2019 , el Tribunal Administrativo del Huila revocó la decisión del 31 de mayo de 2019 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva y, en su lugar, i) accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Olga Caviedes Parga; ii) declaró la nulidad de las resoluciones RDP032146 del 31 de agosto de 2016 y RDP049265 de l 27 de

5 En adelante CPACA.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP diciembre de ese año, por medio de las cuales la Ugpp le negó la indexación de la primera mesada; iii) ordenó la reliquidación de la pensión gracia con la indexación

Demandante: UGPP diciembre de ese año, por medio de las cuales la Ugpp le negó la indexación de la primera mesada; iii) ordenó la reliquidación de la pensión gracia con la indexación de la primera mesada pensional, a partir del 1° de enero de 1994; y iv) condenó a la entidad a pagar la diferencia que resultara de la reliquidación, a partir del 23 de febrero de 2013 por prescripción trienal.

5. Para tal efecto, observó lo siguiente6:

5.1. Comoquiera que el derecho a la pensión surge solo a partir del momento en que se adquiere el estatus pensional, esto es cuando se acreditan todos los requisitos para su reconocimiento, es obligación de la administradora de pensiones establecer la base de l iquidación con preservación del poder adquisitivo porque «como esta constituye el ahorro que el trabajador ha realizado durante su vida laboral útil, con la finalidad de garantizar su subsistencia en condiciones dignas y justas cuando alcance la tercera edad, su reconocimiento y pago no puede efectuarse con sumas empobrecidas por los efectos inflacionarios».

5.2. De acuerdo con la sentencia del 21 de abril de 20177, a la pensión gracia también le es aplicable la actualización de la primera mesada pensional, en tanto que se trata de un derecho fundamental que les asiste como adultos mayores y que no puede ser desconocido por el efecto que genera la depreciación monetaria.

5.3. Analizados los actos de reconocimiento pensional y el de reliquidación, se encuentra que el IBL pensional se computó en ambos casos sin la actualización de los factores que lo integraron, pues el derecho fue adquirido el 1° de enero de 1994

5.3. Analizados los actos de reconocimiento pensional y el de reliquidación, se encuentra que el IBL pensional se computó en ambos casos sin la actualización de los factores que lo integraron, pues el derecho fue adquirido el 1° de enero de 1994 y solo hasta el 16 de abril de 1996 se le reconoció la prestación «lo que hace notoria la pérdida del poder adquisitivo en la mesada» . Además, los valores allí indicados coinciden plenamente con los certificados, es decir sin traerlos a valor presente.

5.4. A la actora le asiste el derecho al pago de las diferencias de las mesadas pensionales que resulten de dicha reliquidación, a partir del 2 de marzo de 2013, pues las causadas con anterioridad a dicha fecha se encuentran prescritas, por virtud de lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del decreto 1848 de 1969.

6 Samai, índice 28, 109RECIBE MEMORIAL_006CuadernoTribunalD(.pdf) NroActua 28, folios 28 al 51. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de abril de 2017, radicado 05001-23-33-000-2013-00925-01 (0135-2015). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP 1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del

Demandante: UGPP 1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la reliquidación de la prestación en los términos ordenados no le corresponde, pues por la naturaleza de la pensión gracia no es viable la indexación de la primera mesada porque «el pago se inicia cuando confluyen los requisitos de tiempo de servicios y gozando el docente del pago desde la consolidación de estatus, sin importar la fecha definitiva del retiro del servicio».

6.2. Se violan los artículos 1, 2 y 6 constitucionales, en tanto el tribunal concedió unos derechos pensionales con pleno desconocimiento de las leyes aplicables a la pensión gracia y sobrepuso el interés particular sobre el general «lo que genera unos pagos con detrimento de las arcas públicas y de los demás pensionados y/o actores del sistema pensional» (sic).

6.3. Luego del reconocimiento pensional y de su reliquidación, año a año, la prestación se ha ajustado conforme al IPC, de acuerdo con las previsiones del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

6.4. La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se configuró porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión gracia en contravía de las disposiciones que reglamentan la prestación.

6.5. Comoquiera que Olga Caviedes Parga no acreditó la pérdida del poder

con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión gracia en contravía de las disposiciones que reglamentan la prestación.

6.5. Comoquiera que Olga Caviedes Parga no acreditó la pérdida del poder adquisitivo de la pensión gracia, no se cumplió con las exigencias definidas legal y jurisprudencialmente para el reconocimiento de la indexación de la primera mesada «como erradamente lo estableció el fallo objeto de la presente revisión».

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Olga Caviedes Parga se opuso a las pretensiones de la solicitud de revisión y, por tanto, pidió dejar en firme la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, «el Tribunal Administrativo del Huila, en varias ocasiones ha reconocido este

8 Samai, índice 2, 2ED -02 DEMANDA ACCION DE REVISION UGPP CONTRA OLGA CAVIEDES PARGA Y ANEXOS.pdf(.pdf) NroActua 2, folios 1 al 17.7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP derecho, que es válido en la Corte constitucional como en el Consejo de Estado en varias providencias»9 (sic).

1.4. Concepto del Ministerio Público

7.1. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión proferida por el 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila quedó ejecutoriada el 3 de diciembre de esa anualidad12.

9 Samai, índice 9. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 12 Samai, índice 28, 109RECIBE MEMORIAL_006CuadernoTribunalD(.pdf) NroActua 28, folio 58.8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020)

Demandante: UGPP

12. Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 30 de octubre de 202013, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer si ¿la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ¿la cuantía del derecho reconocido Olga Caviedes Parga excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la indexación de la primera mesada de la pensión gracia sin cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales para tal fin, y por tanto, tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

legales y jurisprudenciales para tal fin, y por tanto, tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 14 de la Ley 797 de 2003 15 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

13 Samai, índice 2. 14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

así como el principio de universalidad que lo inspira.

16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020) Demandante: UGPP iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»18.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 19 han admitido expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las c uales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en

12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-01008-00 (3096-2020)

Demandante: UGPP

2.4.2. Liquidación de la pensión gracia

21. La Ley 114 de 1913 21 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años

dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido