CE - Sentencia 11001032500020200101200 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literales a) y b). Subtema 1: naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento y liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; IBL. Subtema 3: conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez, conforme con la Ley 33 de 1985.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018 , por medio de la cual se confirmó la providencia de primera instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez , bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, en una cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales. La entidad demandante sustenta la acción especial en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada con desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte Constitucional que estableció el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

que estableció el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

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II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Gloria Adelaida Hurtado , por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad parcial de la Resolución núm. 41489 del 2 de diciembre de 2005, por la cual la extinta Cajanal reconoció la pensión vejez, así como de las resoluciones núm. 33416 del 10 de julio de 2007 y UGM 037550 del 12 de marzo de 2012, por las cuales dicha entidad negó la reliquidación pensional.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener el reconocimiento y pago de la diferencia pensional, teniendo como base para la liquidación de la pensión, el promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores salariales, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

3. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán, mediante sentencia dictada el 4 de octubre de 2016, declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. 41489 del 2 de

3. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán, mediante sentencia dictada el 4 de octubre de 2016, declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. 41489 del 2 de diciembre de 2005 y la nulidad de las resoluciones núm. 33416 del 10 de julio de 2007 y UGM 037550 del 12 de marzo de 2012. En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación de la demandante en cuantía equivalente al «75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales efectivamente devengados durante el último año de servicio» 1. Además, declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de enero de 2009.

4. Al sustentar la decisión, el juzgado consideró que la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, por lo cual debía aplicarse en su integridad el régimen pensional anterior, es decir, la Ley 33 de 1985. Esa conclusión, sostuvo, atendía lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010.

5. El Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión anterior, mediante sentencia del 9 de agosto de 2018 , al considerar que la actora era beneficiaria del régimen de transición, toda vez que para el momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 15 años de servicios . Además, consideró que para determinar el ingreso base de liquidación es del caso aplicar la tesis fijada por la

régimen de transición, toda vez que para el momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 15 años de servicios . Además, consideró que para determinar el ingreso base de liquidación es del caso aplicar la tesis fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, conforme con la cual se aplican las previsiones de las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985, esto es, «con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador en el último año de servicios»2.

6. De acuerdo con lo anterior , concluyó que debía liquidarse la pensión de jubilación de la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez con el 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

1 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C02Principal», pág. 119. 2 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C03Tribunal», pág. 61.Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

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3 2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado de la UGPP presentó una solicitud de revisión en ejercicio de la acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, que

acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán el 4 de octubre de 2016, para que se revoque y, en su lugar, se ordene lo siguiente3:

(i) Que se declare que la liquidación de la mesada pensional no constituye un derecho adquirido para Gloria Adelaida Hurtado Gómez, por lo tanto, resulta viable ordenar que se calcule el IBL conforme con las reglas previstas en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T -039 de 2018, dictad as por la Corte Constitucional; (ii) que la UGPP reliquide la pensión reconocida a la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo 21 de dicha normativa y el Decreto 1158 de 1994, esto es, teniendo en cuenta «los factores base de cotización taxativamente determinados».

8. Al sustentar la solicitud de revisión, la UGPP afirmó que se configura la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , porque la reliquidación pensional ordenada a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez viola el debido proceso al no ajustarse al fundamento legal que rige la prestación pensional y comprometer dineros públicos. Indicó que lo correcto era que se atendiera a lo dispuesto en los

pensional ordenada a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez viola el debido proceso al no ajustarse al fundamento legal que rige la prestación pensional y comprometer dineros públicos. Indicó que lo correcto era que se atendiera a lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores a tenerse en cuenta para liquidar la prestación.

9. Adujo que también incurre en la causal prevista en el li teral b), pues el desconocimiento legal referido generó la aplicación indebida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque si bien este beneficio permite el reconocimiento de la pensión conforme al régimen pensional anterior, que pa ra el caso correspondía a la Ley 33 de 1985, su aplicación se circunscribe a la edad, el tiempo de servicio y la tasa de remplazo. El IBL, por su parte, debe corresponder al 75 % del promedio de lo devengado durante los 10 años de servicio anteriores a la adquisición del derecho o el tiempo que hiciera falta para adquirirlo y conforme con los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

10. Por lo anterior, la entidad actora consideró la determinación del IBL en los términos de la sentencia da lugar a que la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez obtenga unas ventajas irrazonables, relacionadas con el incremento de su prestación, lo cual genera «un grave detrimento del erario» 4 y constituye un abuso palmario del derecho.

3 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», págs. 1 y 2.

lo cual genera «un grave detrimento del erario» 4 y constituye un abuso palmario del derecho.

3 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», págs. 1 y 2. 4 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», pág. 15 .Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

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4 2.3. Trámite de la acción especial de revisión

11. Esta corporación, mediante auto del 30 de septiembre de 2021, admitió la demanda interpuesta por la UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, y ordenó la notificación personal del auto a la pensionada Gloria Adelaida Hurtado Gómez y al agente del Ministerio Público5.

12. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, abrió el proceso a pruebas; incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; requirió al Juzgado Primero Administrativo de Popayán para que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de revisión; aceptó la renuncia de la apoderada de la UGPP y requirió a esa entidad para que constituyera nuevo apoderado , y corrió traslado de las pruebas conforme con el

expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de revisión; aceptó la renuncia de la apoderada de la UGPP y requirió a esa entidad para que constituyera nuevo apoderado , y corrió traslado de las pruebas conforme con el artículo 110 del CGP6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)7, por cuanto este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos.

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

14. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo 2518 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

5 Samai, índice 6. 6 Samai, índice 57. 7 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión cont ra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del

exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión cont ra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003). 8 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…) En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a p artir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

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15. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por la oficial mayor del Tribunal Administrativo del Cauca que la sentencia objeto de revisión, dictada por esa autoridad judicial el 9 de agosto de 2018, cobró ejecutoria el 17 del

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15. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por la oficial mayor del Tribunal Administrativo del Cauca que la sentencia objeto de revisión, dictada por esa autoridad judicial el 9 de agosto de 2018, cobró ejecutoria el 17 del mismo mes y año9. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 30 de octubre de 202010, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

16. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación, qu ienes pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que « impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza» , con sustento en dos causales. La primera, establecida en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

17. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a

organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.

18. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -258 de 2013, legitimó a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia , frente a la aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

19. Asimismo, la sentencia SU-427 del 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».

20. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por activa para ejercer la acción de revisión especial , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

9 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C03Tribunal», pág. 69. 10 Samai, Índice 2, archivo «01Correo.pdf»Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

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21. Gloria Adelaida Hurtado Gómez se encuentra legitimad a para la causa por pasiva, dado que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación a su favor.

3.4. Problema jurídico

22. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018 , la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en los literales a ) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta a los siguientes

problemas:

establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en los literales a ) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta a los siguientes problemas:

23. ¿La reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de revisión vulneró el debido proceso al sustentarse en una interpretación presuntamente errónea de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que determinan el ingreso base de liquidación de la pensión?

24. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de la pensionada , conforme con la Ley 33 de 1985, excede lo legalmente debido al incluir factores propios del régimen pensional anterior, en aplicación de la transición dispuesta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que imponen el pago de pensiones

25. El artículo 20 11 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»12.

11 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir

de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprem a de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. //La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables (Las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles mediante sentencia C-835 de 2023). 12 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

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26. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para

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26. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por re liquidaciones que exceden lo debido de acuerdo con la ley13.

27. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley , constituyen una garantía para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones14.

28. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

29. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos

debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

29. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión15 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada16.

30. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA 17, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley 18, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada»19.

13 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de

2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 16 CPACA, artículo 250. 17 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 18 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. 19 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)».Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)

Demandante: UGPP

Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

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31. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»20.

32. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado21 ha considerado que la

decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»20.

32. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado21 ha considerado que la acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

1. Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de naturaleza pública; ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA; iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social22; iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha sido concedida con violación al de bido proceso (literal a) y/o cuando la liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)23.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Violación al debido proceso.

33. El apoderado de la UGPP sustentó el ejercicio de la acción especial de revisión en la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , porque, a su juicio, la

797 de 2003. Violación al debido proceso.

33. El apoderado de la UGPP sustentó el ejercicio de la acción especial de revisión en la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , porque, a su juicio, la pensión reconocida a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez presenta «unas ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su prestación», derivadas de la indebida aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

34. Frente a la causal de revisión especial relacionada con el reconocimiento obtenido con violación del debido proceso, la Sala observa que la UGPP no expuso razones concretas para sustentar la configuración de este supuesto en el caso de la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez. La entidad no cuestionó el reconocimiento de

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18 de agosto de 2021, expediente 11001 -03-15-0002020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias del 18 de agosto de 2021, expediente 11001