CE - Sentencia 11001032500020200103200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-01032-00 (3226-2020)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: María Julieta Cañas Hernández Tema: Causales de revisión del literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 13 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de l Quindío que confirmó parcialmente la decisión emitida el 4 de diciembre de 2017 por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Julieta Cañas Hernández.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida 13 de febrero de 2020 por el Tribunal

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida 13 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío , que confirmó parcialmente la decisión emitida el 4 de diciembre de 2017 por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-3333-005-2016-00161-00 (01), a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Julieta Cañas Hernández contra esa entidad, encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados el año anterior a su retiro del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la s sentencias acusadas; ii) la declaratoria de que a María Julieta Cañas Hernández no le asistía el derecho a que la pensión reconocida le fuera liquidada con la inclusión de los factores denominados prima de servicios, de vacaciones y de navidad ; iii) la

1 En lo que sigue Ugpp.2

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Demandante: Ugpp

declaratoria de que la pensión reconocida deb ió ajustarse a las previsiones de las

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Demandante: Ugpp

declaratoria de que la pensión reconocida deb ió ajustarse a las previsiones de las leyes 33 y 62 de 1985; iv) la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la p restación, debidamente indexadas ; y v) el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Julieta Cañas Hernández nació el 14 de septiembre de 1941 y prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad 2 desde el 18 de agosto de 1964 hasta el 31 de marzo de 1967 y desde el 19 de julio de 1968 al 10 de diciembre de 1972 y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el 1 de julio de 1974 hasta el 31 de julio de 1996. El último cargo que ocupó fue el de Defensor de Familia Regional Quindío.

3.2. Consolidó su estatus pensional el 14 de septiembre de 1991 al cumplir 50 años de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

3.3. Se retiró del servició a partir del 1 de agosto de 1996 según const ó en la Resolución 180 del 27 de septiembre de 1996.

3.4. Mediante la Resolución 3598 del 28 de abril de 1995 , Cajanal le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $ 425.908 «efectiva a partir de l 1 de agosto de

3.4. Mediante la Resolución 3598 del 28 de abril de 1995 , Cajanal le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $ 425.908 «efectiva a partir de l 1 de agosto de 1996». La liquidación se efectuó con una tasa de reemplazo del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio y la inclusión de los factores salariales de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad.

3.5. A través de la Resolución 1072 del 4 de febrero de 1997 Cajanal reliquidó la pensión en cuantía de $603.502.13 efectiva a partir del 1 de agosto de 1996 al tener en cuenta el 75% del salario devengado en el último año de servicio.

3.6. Con la Resolución PAP 036302 del 28 de enero de 2011 Cajanal negó una solicitud de reliquidación de la prestación reconocida de conformidad con la Ley 100 de 1993 . Asimismo, en la Resolución 1713 del 21 de enero de 2014 negó otra solicitud de reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

3.7. Mediante Auto ADP 12734 del 14 de octubre de 2015 la Ugpp ordenó el archivo de una solicitud de reliquidación de la pensión de vejez radicada por cuanto «en el anterior acto administrativo» se resolvió esa misma solicitud.

3.8. Contra la s anteriores decisiones María Julieta Cañas Hernández presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

anterior acto administrativo» se resolvió esa misma solicitud.

3.8. Contra la s anteriores decisiones María Julieta Cañas Hernández presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.9. El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia conoció el asunto en primera instancia y con fallo de l 11 de diciembre de 2017 accedió parcialmente a las

2 En lo que sigue DAS.3

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Demandante: Ugpp

pretensiones de la demanda y ordenó reliquidar la pensión de la demandante con el 75% de los valores percibidos durante «la anualidad comprendida entre el 1 de agosto de 1995 y el 31 de julio de 1996 » incluyendo además de la asignación básica y la doceava de la bonificación por servicios prestados, las doceavas de las primas de navidad, de servicios y vacaciones, con prescripción de los valores causados antes del 29 de mayo de 2012.

3.10. La Ugpp interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y en sentencia del 13 de febrero de 2020 el Tribunal Administrativo del Quindío, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, modificó el ordinal «cuarto» y revocó la condena en costas.

3.11. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 20 de febrero de 2020.

parcialmente la sentencia de primera instancia, modificó el ordinal «cuarto» y revocó la condena en costas.

3.11. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 20 de febrero de 2020.

3.12. La Ugpp dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución RDP 9944 del 21 de abril de 2020 y, en consecuencia, reliquidó la prestación con un IBL correspondiente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio en cuantía de $727.093, efectiva a partir del 1 de agosto de 1996 pero con efectos fiscales a partir del 28 de mayo de 2012 por prescripción trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 13 de febrero de 2020 , el Tribunal Administrativo de l Quindío, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, modificó el ordinal cuarto

y revocó la condena en costas así:

«PRIMERO: REVÓQUESE el numeral QUINTO de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2017 por e l JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE ARMENIA , en cuanto condenó en costas.

MODIFÍQUESE el numeral CUARTO de la sentencia apelada el que quedará así: “SEXTO: En caso de que los factores que la presente providencia ordena tener en cuenta para la liquidación de la pensión no se haya los correspondientes aportes respecto a los factores salariales que la presente providencia ordena tener en cuenta para la liquidación de la pensión, la entidad demandada se encuentra facultada para liquidar y descontar los aportes no cotizados durante la vida laboral sobre los nuevos

respecto a los factores salariales que la presente providencia ordena tener en cuenta para la liquidación de la pensión, la entidad demandada se encuentra facultada para liquidar y descontar los aportes no cotizados durante la vida laboral sobre los nuevos factores incluidos, condicionada a la elaboración, por parte de la entidad demandada, de una fórmula actuarial cuya proyección permita tanto el cumplimiento del imperativo consagrado en el Acto Legislativo No. 1 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, como la efectividad del derecho reclamado por el demandante en términos razonables, de conformidad con las pautas expuestas en la parte motiva de esta sentencia, atendiendo a las circunstancias y condiciones personales y económicas de la pensionada para efectos de no causarle traumatismos a esta y a quienes dependan económicamente de ella”

En lo demás, CONFÍRMESE la sentencia, pero por las consideraciones expuestas.[…]» (sic)

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos3:

5.1. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la demandante tenía un total de «42 años cumplidos» (sic) lo que la h izo beneficiaria del régimen de transición de

3 Índice 3 Demanda por ventanilla vir tual, archivo denominado 2_110010325000202001032003 DemandaWeb2020119103957 páginas 164 a 214.4

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Demandante: Ugpp

esta ley. No obstante, a la fecha en que entró a regir la Ley 33 de 1985 (13 de febrero de 1985) tenía 17 años, 8 meses y 16 días de servicio al Estado, por lo que acreditó ser beneficiar ia del régimen de transición de esta última ley, razón por la cual le resultaban aplicables las disposiciones de la Ley 6 de 1945 en cuanto a los requisitos de edad y tiempo y , en cuanto al monto la Ley 4 de 1966 y los factores que integran el IBL enlistados en el Decreto 1045 de 1978 por lo que se debió incluir todos los factores salariales que devengó durante el último año de servicios.

5.2. Los actos demandados transgredieron las normas superiores en el entendido de que la pensión de la demandante se debió liquidar teniendo en cuenta las leyes 6 de 1945, 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978 y no conforme lo disponen las leyes 33 y 100 de 1993.

5.3. No resultaba aplicable la interpretación «actual» que debe dársele al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a la posición fijada por la Corte Constitucional en sentencias como la SU-230 entre otras y acogida por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de

transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a la posición fijada por la Corte Constitucional en sentencias como la SU-230 entre otras y acogida por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 a los casos de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 al encontrarse en un supuesto distinto.

5.4. Se compartió la posición en relación con los descuentos de los aportes para pensión autorizados en la sentencia de primera instancia sin embargo era necesario tener en cuenta las circunstancias y condiciones de la pensionada para efectos de no causarle traumatismos y a quienes dependan económicamente de ella por lo que era procedente modificar el «numeral» cuarto en ese aspecto.

5.5. No existió prueba de que se h ubieran causado costas a favor de la parte «demandada» por lo que no era procedente imponer costas en esa instancia y se debía revocar las impuestas en primera instancia en tanto no se demostró su causación.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos 4:

6.1. María Julieta Cañas Hernández era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo que le permitió adquirir el estatus pensional el 14 de septiembre de 1991, no obstante, la decisión judicial le otorgó un derecho en exceso por la indebida aplicación de las normas vigentes al disponer el reconocimiento de factores salariales que no hacían parte de la base de liquidación para el pago de aportes

de 1991, no obstante, la decisión judicial le otorgó un derecho en exceso por la indebida aplicación de las normas vigentes al disponer el reconocimiento de factores salariales que no hacían parte de la base de liquidación para el pago de aportes «del servidor público» con lo cual vulneró el debido proceso de la entidad.

6.2. Era procedente la causal de revisión de la sentencia por la causal del literal b) porque l a orden judicial emitida impuso a la Ugpp el reconocimiento de sumas superiores a aquellas que legalmente le correspondía recibir a la demandada por concepto de pensión de vejez , al ordenar una reliquidación pensiona l con la

4 Índice 3 Demanda por ventanilla virtual, archivo denominado 2_110010325000202001032003 DemandaWeb2020119103957 páginas 1 a 16.5

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Demandante: Ugpp

inclusión de factores que no se enc ontraban establecidos de forma taxativa en la Ley 62 de 1985, lo que impidió que aquellos hicieran parte de la base de liquidación para el cálculo de los aportes «del pensionado».

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. María Julieta Cañas Hernández no contestó la acción de revisión5.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento6.

2. Consideraciones

7. María Julieta Cañas Hernández no contestó la acción de revisión5.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento6.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA7.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20198, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 20209 y la presente acción fue radicada el 9 de noviembre de 202010, lo que permite concluir que su presentación fue oportuna.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío permitió la reliquidación de una pensión con violación al

5 A pesar de que fue notificada en debida forma tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de

Administrativo del Quindío permitió la reliquidación de una pensión con violación al

5 A pesar de que fue notificada en debida forma tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de 2025 que obra en el índice 45 de Samai. 6 Así se desprende del informe secretarial del 8 de mayo de 2024. Índice 27 de Samai. 7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 9 Índice 3 Demanda por ventanilla virtual, archivo denominado 2_110010325000202001032003 DemandaWeb2020119103957 página 215. 10 Índice 1 de Samai.6

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Demandante: Ugpp

debido proceso y en una cuantía que excede los parámetros establecidos en la ley

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Demandante: Ugpp

debido proceso y en una cuantía que excede los parámetros establecidos en la ley y por lo tanto se configuran los supuestos de las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 11 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados

11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».

11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.7

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Demandante: Ugpp

del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»14.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 15 han admitido expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se hay a incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2020-01032-00 (3226-2020)

Demandante: Ugpp

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan

por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo expuesto, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación acudió a las disposiciones contenidas en la Ley 6 a de 194517, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales 19 Artículo 27.9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2020-01032-00 (3226-2020)

Demandante: Ugpp

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 20, esta corporación 21 señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de 1968 y si es del orden territorial se acudiría a la Ley 6 a de 1945, ello en cuanto a la

edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194522 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y pr