CE - Sentencia 11001032500020200103900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 11001032500020200103900 (3300-2020)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionada : Benedicto Santamaria Vásquez Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia del 11 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá, dentro del expediente 11001-33-35-021-201200385-00. Causal regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia del Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá, mediante la cual, se accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Benedicto Santamaria Vásquez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

Vásquez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá , dictada dentro del expediente radicado 11001-33-35-021-2012-00385-00 y, en su lugar, se revoque la mencionada providencia ; así como, se declare que el señor Benedicto

1 Expediente hibrido. 2 Folios 290-300, expediente físico.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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Santamaria Vásquez, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la reliquidación de la pensión del demandado teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU - 427 de 2016; SU -210 de 2017; SU -395 de 2017 y SU -631 de

con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU - 427 de 2016; SU -210 de 2017; SU -395 de 2017 y SU -631 de 2017; así como, una tasa de reemplazo del 75%.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que , el señor Benedicto Santamaria Vásquez nació el Primero (1) de noviembre de Mil Novecientos Sesenta y Tres (1963 ), quien prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad Social , en el cargo de detective, habiendo cotizado un total de Mil Ciento Catorce (1.114) semanas y adquirió el estatus de pensionado el Veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Siete (2007).

Narró que, mediante Resolución No. 62651 del 31 de diciembre de 2008 , CAJANAL le reconoció al demandado una pensión de vejez en cuantía de Novecientos Ochenta y Cuatro mil Ciento Setenta y Seis pesos con Ochenta y Cinco centavos ($984.176,85), efectiva a partir del Primero (1) de enero de Dos Mil Ocho (2008), condicionada al retiro definitivo del servicio.

A través de la Resolución No. UGM 016159 del 3 de noviembre de 2011, se reliquidó la anterior prestación, elevando la cuantía a la suma de Un Millón Un Mil Trecientos Setenta y Ocho pesos con Noventa y Ocho centavos ($1.001.378,98), efectiva a partir del Primero (1) de julio de Dos Mil Nueve (2009).

El señor Benedicto Santamaria Vásquez incoó demanda en ejercicio del medio de control

y Ocho pesos con Noventa y Ocho centavos ($1.001.378,98), efectiva a partir del Primero (1) de julio de Dos Mil Nueve (2009).

El señor Benedicto Santamaria Vásquez incoó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pidiendo la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior al momento en que adquirió el estatus jurídico de pensionado, incluidos la prima de riesgos percibida en dicho periodo de tiempo , la cual le correspondió a l Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá, quien accedió a las pretensiones de la demanda por medio deNúmero Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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la sentencia del Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (201 3)3, ordenando la reliquidación pretendida con base en todo lo devengado en el último año de servicios comprendido entre el Primero (1) de julio de Dos Mil Ocho (2008) al Treinta (30) de junio de Dos Mil Nueve (2009), incluyendo como factores base además de los reconocidos en sede administrativa, las doceavas de las primas de navidad, vacaciones y servicios; así como, la prima de riesgo; efectiva a partir del Primero (1) de julio de Dos Mil Nueve (2009), sin prescripción.

1.2. Sentencia objeto de revisión4.

El Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá profirió la sentencia del Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (2013), a través de la cual ordenó:

1.2. Sentencia objeto de revisión4.

El Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá profirió la sentencia del Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (2013), a través de la cual ordenó:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 016159 del 3 de noviembre de 2011, por medio de la cual, se reliquida parcialmente pensión mensual vitalicia de jubilación.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Soci al – UGPP, reliquidar la pensión de jubilación del BENEDICTO SANTAMARIA VASQUEZ, identificado con la C.C. 2.990.735 de Chaguani, con el 75% promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicio, esto es entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, incluyendo además de los ya reconocidos los siguientes: las doceavas de la prima de navidad, la prima de servicios y prima de vacaciones y en lo que se refiere a la prima de riesgo , deberá tener en cuenta al momento de establecer el salario promedio mensual, el 100% de lo que percibía por este concepto en el último año.

TERCERO: La entidad deberá realizar la reliquidación a partir del 1 de julio de 2009, fecha de retiro definitivo del servicio del actor, según da cuenta la resolución N° 0666 del 18 de julio de 2009.

CUARTO: Sin prescripción, conforme a lo manifestado.» (Sic para toda la cita).

definitivo del servicio del actor, según da cuenta la resolución N° 0666 del 18 de julio de 2009.

CUARTO: Sin prescripción, conforme a lo manifestado.» (Sic para toda la cita).

El Juzgado afirmó que se acreditó que el allí demandante prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad, en el cargo de detective, entre el Veintiocho (28) de octubre de Mil Novecientos Ochenta y Siete (1987) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Nueve (2009) , esto es, su vinculación fue anterior a la entrada en vigor de l Decreto 1835 de 1994 ; por tanto, su régimen pensional es el establecido en el Decreto 1047 de 1978, conforme lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989.

En ese orden de ideas, la pensión debe ser liquidada con base en el 75% del promedio de los salarios y primas devengadas durante el último año de servicios , tal como lo establece el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 . Así las cosas, como la entidad

3 Ejecutoriada el 30 de octubre de 2013. 4 Folios 147-157, expediente físico.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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demandada solo reconoció la prestación con base en la asignación básica , el 40% de la prima de riesgo y la bonificación por servicios, hay lugar a la reliquidación pretendida debiéndose, en consecuencia, incluir todos los factores que fueron acreditados en el plenario como percibidos en dicha anualidad, esto es, además de los ya i ndicados, las

debiéndose, en consecuencia, incluir todos los factores que fueron acreditados en el plenario como percibidos en dicha anualidad, esto es, además de los ya i ndicados, las doceavas de las primas de navidad, servicios, vacaciones y el 100% de la prima de riesgo; aclarando frente a este último que, a pesar de no constituir factor salarial dicha prima había sido reconocida como parte del IBL en el caso de los detectives por el Consejo de Estado.

Finalmente dispuso que, de no haberse realizado los aportes a la seguridad social sobre alguno de los factores que se ordena tener en cuenta en la reliquidación, la UGPP debía realizar los descuentos respectivos conforme lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 ; sumado a lo anterior, precisó que no se configuró la prescripción dado que, la reclamación se efectuó el Veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Diez (2010).

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto al citado literal a) adujo que, la sentencia cuya revisión solicita violó el debido proceso comoquiera que, ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la

En cuanto al citado literal a) adujo que, la sentencia cuya revisión solicita violó el debido proceso comoquiera que, ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación; lo anterior, teniendo en cuent a que al ser el señor Santamaria Vásquez beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al momento de establecerse el ingreso base de liquidación, IBL, se debió dar aplicación a las disposiciones del inciso 3 del artículo 36 o el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993, según el caso; así como, tener en cuenta los factores salariales con incidencia pensional son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994. No hacerlo de esa manera, genera u n detrimento y pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.

Ahora, respecto al literal b) precisó que, el aquí demandado como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tenía derecho a que su pensión fuera reconocida respetando las condiciones de edad, tiempo y monto consagradas en losNúmero Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y la Ley 860 de 2003; no obstante, en IBL debía ser liquidado teniendo en cuenta el 75% de lo devengado durante los últimos diez (10) años de servicios o, el tiempo que le hiciera falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y cuando adquirió el estatus de pensionado, si este fuera menor a los diez (10) años; además, como factores salariales se debieron reconocer los establecidos en el

de 1993 y cuando adquirió el estatus de pensionado, si este fuera menor a los diez (10) años; además, como factores salariales se debieron reconocer los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

Que la reliquidación ordenada por el Tribunal desconoce lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU 427 de 2016, SU-210 de 2017, entre otras; lo cual generó un incremento del 38% en la pensión del demandado, sin justificación legal.

1.4. Trámite procesal

La acción especial de revisión fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el Tres (3) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018) 5, quien procedió con su admisión por medio del auto del Quince (15) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019)6, procediendo a notificar personalmente al demandado el día Once (11) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)7.

Posteriormente, mediante auto de Veinte ( 20) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)8, el Tribunal prescindió de la etapa probatoria y continuó con el trámite correspondiente; sin embargo, mediante providencia del veintitrés (23) de abril de Dos Mil Veinte (2020) 9 el Tribunal dispuso remitir el presente asunto ante esta Corporación, al considerar que la UGPP había incoado la acción especial de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya competencia radica en el Consejo de Estado, conforme la jurisprudencia emitida por la citada corte.

al considerar que la UGPP había incoado la acción especial de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya competencia radica en el Consejo de Estado, conforme la jurisprudencia emitida por la citada corte.

Ya en conocimiento de esta instancia, el despacho sustanciador mediante providencia del Quince (15) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)10, avocó el conocimiento del asunto; al considerar que, al haberse incoado la acción especial de revisión con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, esta colegiatura es competente

5 Folio 301, expediente físico. 6 Folio 317 a 321, expediente físico. 7 Folios 334, expediente físico. 8 Folio 347, expediente físico. 9 Folio 351-356 expediente físico. 10 Expediente digital – Samai – índice 16Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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para resolver el asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el ya citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

1.5. Contestación de la demanda de revisión11.

El señor Benedicto Santamaria Vásquez, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones; lo anterior por cuanto:

No hubo la alegada violación al debido proceso, en el entendido que durante el trámite del proceso ordinario que dispuso la reliquidación pensional a su favor, se agotaron todas las etapas, se otorgaron todas las garantías procesales, incluyendo la doble instancia.

del proceso ordinario que dispuso la reliquidación pensional a su favor, se agotaron todas las etapas, se otorgaron todas las garantías procesales, incluyendo la doble instancia.

La cuantía de la pensión no excedió las disposiciones legales; por el contrario, al momento de ordenarse como debía calcularse la prestación se dio aplicación a la jurisprudencia vigente para la época , especialmente, se tuvo en cuenta las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), Primero (1) de agosto de Dos Mil Trece (2013) y Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016) , en las cuales se dispuso que en la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debía tenerse en cuenta todo lo devengado durante el último año de servicios.

Aclaró que, en la mencionada sentencia del Primero (1) de agosto de Dos Mil Trece (2013) quedó establecido que la prima de riesgo era parte del IBL, al ser considerada factor salarial.

Así mismo, afirmó que el anterior criterio varió con la expedición de la sentencia del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018); sin embargo, en tal providencia quedó establecido que, dicha modificación jurisprudencia no aplicaba a los asuntos donde ya hubiera operado el fenómeno de la cosa juzgada, como aquí ocurre.

1.6. Ministerio Público.

No emitió concepto.

11 Folio 335-342 expediente físico.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

No emitió concepto.

11 Folio 335-342 expediente físico.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201913.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna toda vez que, la sentencia revisada fue proferida el Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá y quedó ejecutoriada el Treinta (30) de octubre de Dos Mil Trece (2013)14; por su parte, el recurso extraordinario de revisión fue radicado el Tres (3) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)15, concluyéndose que no fue superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia del Once (11) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Bogotá está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido

está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y /o, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

12 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 14 Folio 157, expediente físico. 15 Folio 301, expediente físico.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier

público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, está orientada a restablecer la justicia material 16 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»17.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la

hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»17.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de

16 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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instrumentos extraordinarios18.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala

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instrumentos extraordinarios18.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite19 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 20, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 21», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial22.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódica s de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado23:

con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado23:

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 19 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 1 1001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP . Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en

el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP . Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 21 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001 -03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP . William Hernández Gómez. 22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en

non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 24 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 25.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de actividades de alto riesgo del extinto DAS.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley

24 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-2019liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley

24 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 3300-2020

Accionante: UGPP

Accionado: Benedicto Santamaria Vásquez

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100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artícu