CE - Sentencia 11001032500020210001200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

Demandado: Gabriel Antonio Parrado Mora

Temas: Causales de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reliquidación de la pensión con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Beneficiario de la Ley 33 de 1985

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia del 6 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, por medio de la cual se confirmó la decisión del 31 de julio de 2012 dictada por el Juzgado 5 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Gabriel Antonio Parrado Mora 1.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Gabriel Antonio Parrado Mora 1.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico solicitó que se infirmara la

1 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001333170920100007701; actor: Gabriel Antonio Parrado Mora, demandado: Colpensiones2

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico sentencia del 6 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, por medio de la cual se confirmó la decisión del 31 de julio de 2012 dictada por el Juzgado 5 Administrativo de Descongestió n del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró la nulidad de la Resolución 37374 del 28 de agosto de 2008 , que negó el reconocimiento de una pensión, y la nulidad parcial de las resoluciones 14291 del 2 de abril de 2009 y 6215 del 30 de octubre de ese año, por medio de las cuales se reconoció una pensión de jubilación a favor de Gabriel Antonio Parrado Mora .

No obstante, adicionó el ordinal 2° para indicar que la reliquidación de la prestación con base en el 75% del salario promedio mensual devengado en el año anterior al

se reconoció una pensión de jubilación a favor de Gabriel Antonio Parrado Mora . No obstante, adicionó el ordinal 2° para indicar que la reliquidación de la prestación con base en el 75% del salario promedio mensual devengado en el año anterior al retiro del servicio correspondía entre el 1° de enero y el 30 de diciembre de 2008, y con la inclusión de l sueldo y las doceavas parte s de las primas de vacaciones, navidad y semestral, a partir del 31 de diciembre de 2008.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó (i) la revocatoria de la sentencia enjuiciada; (ii) la orden de la inclusión en «nómina de pensionados de Colpensiones con la Resolución No 014291 de fecha 02 de abril de 2009, confirmada por medio de la Resolución No 006215 de 30/10/2009, como quiera la mesada liquidada en dicho acto administrativo se efectuó de conformidad con la normatividad que le era aplicable» (sic).

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

3.1. Gabriel Antonio Parrado Mora solicitó la pensión de jubilación ante el Instituto de Seguros Sociales3.

3.2. Por medio de la Resolución 37374 del 28 de agosto de 2008 , el ISS negó la anterior petición.

3.3. Razón por la que el interesado interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. A través de la Resolución 14291 del 2 de abril de 2009 el ISS revocó la decisión inicial y en su lugar le reconoció una pensión de vejez por haber cumplido

el de apelación. A través de la Resolución 14291 del 2 de abril de 2009 el ISS revocó la decisión inicial y en su lugar le reconoció una pensión de vejez por haber cumplido con los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, con el equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, con la inclusión de los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994 y teniendo en cuenta el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho (esto es 3.650 días anteriores a la última fecha de cotización), la cual fue efectiva a partir del 1° de enero de 2009 en cuantía de $2.886.880. Decisión que fue confirmada por medio de la Resolución 6215 del 30 de octubre de ese año.

2 Índice 3 de Samai, documento «2_110010325000202200188003DemandaWeb202212714361» 3 En lo que sigue ISS3

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito

Publico

3.4. Inconforme con la anterior decisión, Gabriel Antonio Parrado Mora presentó demanda contra el ISS en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones 37374 del 28 de agosto de 2008, 14291 del 2 de abril de 2009 y 6215 del 30 de octubre de ese año y subsidiariamente el acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo de la petición de reliquidac ión de la pensión . En consecuencia, solicitó que se ordenara la

el acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo de la petición de reliquidac ión de la pensión . En consecuencia, solicitó que se ordenara la reliquidación de su pensión de conformidad con un monto equivalente al 75% de l salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Este asunto correspondió al Juzgado 5 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá , que por medio de la sentencia del 31 de julio de 2012 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: se declaran NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES propuestas por el apoderado de la entidad demandada.

SEGUNDO: Se DECLARA la NULIDAD de la Resolución No 37374 del 28 de agosto de 2008, y la NULIDAD PARCIAL de la RESOLUCIONES nos. 14291 del 02 de abril de 2009 y la 6215 del 30 de octubre de 2009, en cuanto no reconoció la pensión de la demandante con el promedio de los salarios devengados por el demandante durante el último año de servicio.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reliquidar la pensión de jubilación reconocida al señor GA BRIEL ANTONIO PARRADO MORA, identificado con cedula de ciudadanía No 19. 157.708 de Bogotá, con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, incluyendo la prima de servicios y prima de navidad, devengadas du rante el último año

promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, incluyendo la prima de servicios y prima de navidad, devengadas du rante el último año de servicio, esto es del 30 de diciembre de 2007 al 30 de diciembre de 2008 y a pagarle la diferencia de las respectivas mesadas.

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagar a la parte demandante los valores correspondientes al reajuste de la pensión mensual de que tratan los numerales anteriores, actualizados de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esa providencia, conforme con los índices contemplados por el DANE según

la siguiente formula:

R=Rh X Índice Final Índice inicial

Al tratarse de pagos de tracto sucesivo dicha fórmula debe aplicarse mes a mes para cada mesada pensional teniendo en cuenta que el índice final es vigente al momento de la causación de cada de una de las mesadas.

QUINTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda (…)» (sic).

3.5. Las partes interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión anterior,4

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en sentencia del 6 de agosto de 2015 por la cual confirmó el fallo, pero lo adicionó en los siguientes términos:

«SEGUNDO. (…) Declarar configurado el acto presunto negativo producto del silencio administrativo

el fallo, pero lo adicionó en los siguientes términos:

«SEGUNDO. (…) Declarar configurado el acto presunto negativo producto del silencio administrativo negativo respecto de la petición elevada por el actor con fecha 5 de octubre de 2009, y declarar su nulidad, por las explicaciones esbozadas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL a: “Reliquidar la pensión de jubilación del señor GABRIEL ANTONIO PARRADO MORA identificada con la C.C. No. 19.157.708 de Bogotá, con el 75% del promedio devengado en el último año de servicios, esto es, entre el 1 de enero al 30 de diciembre de 2008, con incl usión de los siguientes conceptos: sueldo y las doceavas partes de las primas de vacaciones, navidad y semestral; efectiva a partir del 31 de diciembre de 2008 fe cha de retiro del servicio. Las sumas a reconocer deberán ser reajustadas y actualizadas conforme a la fórmula explicada por el a quo.

La entidad demandada al momento de efectuar la reliquidación de la pensión deberá efectuar los descuentos a seguridad social por concepto de pensión, sobre los factores salariales ordenados incluir en la presente sentencia, en la proporción que por ley le corresponda al trabajador, en el evento de no haber sido efectuados”» (sic)

3.6. El anterior fallo quedó ejecutoriado el 26 de agosto de 2015.

3.7. En cumplimiento de lo resuelto en el proceso judicial, la Ugpp expidió la Resolución GNR 291929 del 30 de septiembre de 2016 mediante la cual reliquidó

3.7. En cumplimiento de lo resuelto en el proceso judicial, la Ugpp expidió la Resolución GNR 291929 del 30 de septiembre de 2016 mediante la cual reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $ 4.976.755 a partir del 1° de enero de 2009, por liquidación del retroactivo la suma de $231.816.996.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, confirmó la decisión del 31 de julio de 2012 dictada por el Juzgado 5 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá , a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio salarial percibido con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio.

5. Asimismo, adicionó la sentencia para declarar la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo respecto de la petición de reliquidación elevada por el pensionado el 5 de octubre de 2009, que había sido demandado, e incluyó la prima de vacaciones dentro de los factores que devengó Gabriel Antonio Parrado Mora; además, aclaró que las primas de navidad, de vacaciones y semestral debían5

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico incluirse en una doceava parte porque se perciben de forma anual. Finalmente, ordenó efectuar los descuentos a seguridad social en pensiones sobre los factores

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico incluirse en una doceava parte porque se perciben de forma anual. Finalmente, ordenó efectuar los descuentos a seguridad social en pensiones sobre los factores que se ordenaron incluir en la reliquidación.

5.1. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos4:

5.2. El demandante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 puesto que, a su entrada en vigencia, contaba con más de 15 años de servicio y de 40 años de edad.

5.3. Pese al criterio de la Corte Constitucional según el cual el ingreso base de liquidación no fue un aspecto incluido en el régimen de transición contenido en la Ley 100 de 19935, el Consejo de Estado ha aplicado la integralidad de dicho régimen tanto para las condiciones de acceso como para la definición del derecho pensional en los términos establecidos en los regímenes anteriores.

5.4. Asimismo, dicha corporación ha señalado que los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985 no son taxativos, sino enunciativos y debe incluirse en la liquidación todo lo que percibe el trabajador como retribución de su trabajo . En tal sentido, se pronunció la Sala Plena de la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 al analizar los factores a incluir en la base de liquidación pensional de los reconocimientos efectuados por virtud de la Ley 33 de 19856 de modo que el monto de la pensión se debía establecer con el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicio.

liquidación pensional de los reconocimientos efectuados por virtud de la Ley 33 de 19856 de modo que el monto de la pensión se debía establecer con el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicio.

5.5. En conclusión, a Gabriel Antonio Parrado Mora le era aplicable la Ley 33 de 1985 y, por lo tanto, la liquidación de su pensión debió efectuarse con el 75% del salario promedio devengado en el último año de servicios, esto es, entre el 1 de enero al 30 de diciembre de 2008, incluyendo todos los factores salariales percibidos en este periodo en el que trabaj ó en la Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS CONVIDA y que no fue tenido en cuenta por la caja de previsión, en el que según certificación de salarios devengó sueldo, primas de vacaciones, de navidad, semestral.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la

4 Índice 3 de Samia, documento «4_110010325000202200188005DemandaWeb202212714361» 5 C 258 de 2013 6 Sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000232500020060750901 (0112 -2009), C.P. Víctor Hernando Alvarado6

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La decisión objeto de revisión excedió lo debido de acuerdo con la ley, por cuanto

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La decisión objeto de revisión excedió lo debido de acuerdo con la ley, por cuanto era el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el que se debió aplicar para la liquidación de la pensión de Gabriel Antonio Parrado Mora teniendo en cuenta el precedente fijado por la Corte Constitucional.

6.2. En ese sentido, s e desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU395 de 2017, SU631 de 2017, C-023 de 2018 T-129 y T-619 de 2019, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidos por Sala Plena de la Corte Constitucional; y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado 8 que indicó que el ingreso base de liquidación no es un aspecto incluido en la transición y, por tanto, existió sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

6.3. La aludida ley solamente determinó efectos ultractivos a los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización y monto, entendido este como la tasa de reemplazo y no como el IBL. Lo anterior, en tanto el inciso tercero del artículo 36 ejusdem establece que el IBL debe calcularse según las reglas de la Ley 100, es

tiempo de servicio o semanas de cotización y monto, entendido este como la tasa de reemplazo y no como el IBL. Lo anterior, en tanto el inciso tercero del artículo 36 ejusdem establece que el IBL debe calcularse según las reglas de la Ley 100, es decir, no es igual al monto pensi onal el cual se refiere a la tasa de reemplazo del régimen anterior.

6.4. Se configuró un abuso del derecho producto de una vinculación precaria comoquiera que, según la certificación del 31 de agosto de 2015 expedida por la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Gobernación de Cundinamarca, el ahora demandado a la fecha de su retiro desempeñaba el cargo de Subgerente Administrativo y Financiero, código 084 grado 01 dependiente de la Gerencia General, con una asignación básica mensual de $5.441.718, sin embargo, durante los últimos 3 años de su vinculación a la EPS se presentó un aumento significativo en su asignación salarial y con ello, del ingreso base de cotización reportado en su historia laboral, con lo que pas ó de devengar $3.234.000 a $5.441.718; situación que permitía deducir que ostentó una vinculación laboral en un cargo disímil al resto de los que ejerció en el transcurso de su trayectoria laboral.

6.5. Lo anterior, alteró el valor de la mesada liquidada pues , es el salario reportado en sus últimos 3 años de servicio el que derivó en un incremento desproporcionado

7 Índice 2 de Samai , documento « 3_ED_DEMANDA_03DEMANDA ACCION DE REVISIONGABRIEL ANTONIO PARRADO.pdf(.PDF) NroActua 2»

7 Índice 2 de Samai , documento « 3_ED_DEMANDA_03DEMANDA ACCION DE REVISIONGABRIEL ANTONIO PARRADO.pdf(.PDF) NroActua 2» 8 Radicado: 2001-23-33-0002012-00143-01, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Cesar Palomino Cortés7

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de la mesada pensional, que a la postre no guard ó relación con la totalidad de los aportes acumulados en su vida laboral.

6.6. Así las cosas, la pensión reconocida a favor de Gabriel Antonio Parrado Mora debía liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, computando los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994. En tanto, la orden de reconocer y reliquidar la prestación con el 75% del promedio devengado en el último año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales en aplicación de la Ley 33 de 1985, desconoció la normatividad y los precedentes constitucionales y de la jurisdicción contenciosa administrativa lo que con stituyó una grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, porque contribuye, para el caso en concreto, a aumentar en un 31% la mesada pensional del causante.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte accionada se opuso a la prosperidad de la acción en los siguientes

términos9:

un 31% la mesada pensional del causante.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte accionada se opuso a la prosperidad de la acción en los siguientes

términos9:

7.1. La liquidación de la prestación se realizó con base en el IBC, conforme con los parámetros legales. La nominación para el desempeño de un mejor cargo fue efectuada por la entidad y se ajustó a la necesidad del servicio público y a los principios de eficiencia, economía y transparencia. No se acreditó la configuración de actos irregulares o contrarios a derecho.

7.2. La solicitud pensional se tramitó bajo la normatividad aplicable, con invocación de la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985, prorrogadas por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el principio de favorabilidad.

7.3. Las instancias jurisdiccionales, accedieron a la reliquidación de su pensión con el 75% del salario devengado en el último año, con la inclusión de las doceavas partes de los demás conceptos salariales, en concordancia con la normatividad vigente con base en la historia laboral del trabajador y el principio de favorabilidad prestacional y los derechos adquiridos.

7.4. De manera inequívoca la demandante solicitó la aplicación de la Ley 100 de 1993, sin atención a que el derecho pensional se reconoció conforme con las Leyes 33 y 62 de 1985, vigentes y aplicables al caso, en consideración con los principios de consonancia, congruencia, favorabilidad sistemática, inescindibilidad y temporalidad, en relación con el periodo de prestación de servicios.

9 Índice 9 de Samai8

de consonancia, congruencia, favorabilidad sistemática, inescindibilidad y temporalidad, en relación con el periodo de prestación de servicios.

9 Índice 9 de Samai8

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito

Publico

1.4. Concepto del Ministerio Público

7.5. El procurador delegado guardó silencio10.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión presentada el 16 de octubre de 2020 contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA.

9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 6 de agosto de

partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 6 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y quedó ejecutoriada el 2 6 de agosto de ese año 11 y la acción se presentó el 16 de octubre de 2020 lo que, en principio, podría concluirse que se presentó el aludido mecanismo 1 mes y 20 días después del vencimiento de la oportunidad prevista por la ley.

12. No obstante, con ocasión de la pandemia producto del Coronavirus COVID-19 se expidió el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» que c on el fin de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso,

10 índice 12 de Samai 11 Índice 2 de Samai, archivo «15_ED_EXPEDIENTE_EXPEDIENETEADMINIST(.ZIP) NroActua 2», Carpeta EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL, documento ejecutoria9

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el derecho de defensa y el principio de seguridad, suspendió los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas a partir del 16

Publico el derecho de defensa y el principio de seguridad, suspendió los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, cuando se reanudaron.

13. De tal manera, desde el 26 de agosto de 2015 al 16 de marzo de 2020 habían transcurrido 4 años, 6 meses y 20 días, razón por la cual contaba aún con 5 meses y 10 días del término de 5 años para interponer la acción, cuyo conteo se reanudó después del 30 de junio de 2020, por lo que la parte demandante tenía hasta el 10 de diciembre de 2020, es decir, al presentar la acción de revisión el 16 de octubre de 2020 12, lo hizo dentro de la oportunidad prevista legalmente , tal y como fue considerado en el auto que admitió la acción, el cual no fue recurrido.

2.3. Los problemas jurídicos

14. Se circunscriben a determinar ¿si la cuantía del derecho reconocido a Gabriel Antonio Parrada Mora excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de su pensión de vejez con el 75% del salario percibido durante el último año de servicio y los demás factores salariales devengados, en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? ¿la liquidación de la pensión ordenada se encuadra en uno de los supuestos que la Corte Constitucional denominó como abuso del derecho?

supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? ¿la liquidación de la pensión ordenada se encuadra en uno de los supuestos que la Corte Constitucional denominó como abuso del derecho?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

12 Pese a que en el sistema figura como fecha de radicación el 21 de enero de 2021, en el expediente digital se evidencia que el correo electrónico con el que fue remitida la acción de revisión se envió el 16 de octubre de 2020.10

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito

Publico

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 13 de la Ley 797 de 2003 14 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen15.

18. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.

13 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.11

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00012-00 (0019-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito

Publico

19. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

20. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2