CE - Sentencia 11001032500020210010400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021) Demandantes: María Elsa Díaz Márquez y Liliana Patricia Parra Muñoz Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de Policía Nacional y Ana Silvia

Umaña de Sierra

Temas: Causal quinta del artículo 250 del CPACA. Improcedencia para discutir errores por aplicación normativa. Causal octava de revisión. Sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada. Presupuestos para su configuración. DECLARA

INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpusieron1 las señoras María Elsa Díaz Márquez y Liliana Patricia Parra Muñoz – en calidad de coadyuvante – contra la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá2. Para ello, invocaron las causales contenidas en los numerales 5.° y 8.°, que permite n la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia

causales contenidas en los numerales 5.° y 8.°, que permite n la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación» y al «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que con la muerte del señor Danilo Sierra Cortés, tres personas acudieron a reclamar el 50% de la sustitución pensional correspondiente a la prestación que él devengaba.

1 Remitido a esta corporación por la Corte Suprema de Justicia el día 2 de marzo de 2021, como consta en índices 00001 y 00002 de SAMAI. 2 Decisión que modificó la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2016, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 (i) Ana Silvia Umaña de Sierra, quien figuraba legalmente como su cónyuge, pese a llevar cerca de 30 años separados de hecho;

www.consejodeestado.gov.co 2 (i) Ana Silvia Umaña de Sierra, quien figuraba legalmente como su cónyuge, pese a llevar cerca de 30 años separados de hecho; (ii) María Elsa Díaz Márquez, quien asegura haber convivido de forma permanente e ininterrumpida con el causante desde 1983 hasta su muerte y haber procreado a un hijo, Bladimir Sierra Díaz; y (iii) Lilia Patricia Parra Muñoz, también compañera permanente del causante durante 5 años , con quien tuvo un hijo , ho y menor de edad, Julián David Sierra Parra.

Que la disputa mencionada dio paso a la radicación de dos procesos judiciales en los que las tres presuntas beneficiarias acudieron en defensa de sus intereses.

Que, por un lado, la señora María Elsa Díaz Márquez instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), con la pretensión de dejar sin efectos la Resolución 003486 de 6 de agosto de 2009, por la que «se resolvió de forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 002007 del 18 de mayo de 2009, en la que se le suspendió el trámite y pago de la sustitución pensional con ocasión de la muerte de su compañero Danil o Sierra Cortés». A título de restablecimiento del derecho, solicitó se le reconociera la sustitución pensional equivalente al 25% de la prestación devengada por el causante.

Que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja , quien, c omo primera medida, admitió la intervención de las

prestación devengada por el causante.

Que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja , quien, c omo primera medida, admitió la intervención de las señoras Ana Silvia Umaña de Sierra y Lilia Patricia Parra Muñoz como terceras con interés.

Que m ediante fallo proferido el 23 de octubre de 2015, el Ju zgado negó las pretensiones, al concluir que no se logró demostrar la convivencia entre el causante y las reclamantes durante los últimos cinco años de vida, ni tampoco desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados.

Que e l Tribunal Administrativo de Boyacá, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la señora Díaz Márquez, en sentencia de 13 de febrero de 2019, revocó el fallo y, en su lugar, condenó a CASUR a reconocer y pagar el 42% de la sustitución pensional a la señora Ana Silvia Umaña (cónyuge) y el 8% restante a la señora Lilia Patricia Parra Muñoz (compañera permanente).

Que, por otro lado, la señora Ana Silvia Umaña instauró demanda ordinaria laboral en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS, a la que fueron vinculados como litisconsortes necesarios la compañía de seguros MAPFRE y las señoras Lilia Patricia Parra Muñoz y María Elsa Díaz Márquez.

Que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante sentencia de 11 de abril de 2018, declaró a la señora Ana Silvia Umaña como única beneficiaria de la

Elsa Díaz Márquez.

Que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante sentencia de 11 de abril de 2018, declaró a la señora Ana Silvia Umaña como única beneficiaria de la pensión de l causante , y, en consecuencia, ordenó a COLFONDOS reconocer yRadicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 pagar dicha prestación ; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Tunja, en sentencia de 21 de agosto de 2019, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las señoras Lilia Patricia Parra Muñoz y María Elsa Díaz Márquez.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 14 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, condenó a CASUR a reconocer y pagar el 42% de la sustitución pensional correspondiente al 50% de la pensión del señor Danilo Sierra, y el 8% restante a la señora Lilia Patricia Parra Muñoz.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que el señor Danilo Sierra Cortés recibió una asignación de retiro efectiva desde el 28 de julio de 1988 y falleció el 14 de febrero de 2009, mientras gozaba de dicha prestación. Por lo tanto, la sustitución de la asignación de retiro deb ía analizarse conforme al Decreto 4433 de 2004, vigente al momento de su fallecimiento.

prestación. Por lo tanto, la sustitución de la asignación de retiro deb ía analizarse conforme al Decreto 4433 de 2004, vigente al momento de su fallecimiento.

Que, en cuanto a la situación de la señora María Elsa Díaz Márquez, los testimonios recaudados indican que sostuvo una relación con el señor Danilo Sierra Cortés, de la cual nació su hijo, Bladimir Sierra Díaz. Sin embargo, las pruebas aportadas no acreditan una convivencia permanente y estable entre ellos. Aunque algunos testigos afirmaron que vivieron juntos desde 1982 hasta la enfermedad de l señor Sierra Cortés, la propia demandante declaró en un interrogatorio el 3 de julio de 2014 que residía en Los Muiscas y que él solo acudía a almorzar y co mpartir festividades. Además, su hijo Bladimir señaló que lo visitaba diariamente, lo que refuerza la conclusión de que la relación no cumplía con los requisitos de convivencia permanente.

Que se encuentra probado que el señor Sierra Cortés nunca se separó de cuerpo de su cónyuge, Ana Silvia Umaña, con quien contrajo matrimonio el 22 de marzo de 1972 y con quien compartió una relación estable durante 30 años. Sin embargo, desde 2002 hasta su fallecimiento, mantuvo una convivencia con la señora Lilia Patricia Parra, con quien tuvo un hijo, Julián David Sierra, nacido el 28 de febrero de 2008.

Que las pruebas documentales y testimoniales confirman que la relación con la señora Lilia Patricia Parra fue estable y permanente. Entre ellas se encuentran contratos de arrendamiento firmados conjuntamente en 2006 y 2007, así como un

de 2008.

Que las pruebas documentales y testimoniales confirman que la relación con la señora Lilia Patricia Parra fue estable y permanente. Entre ellas se encuentran contratos de arrendamiento firmados conjuntamente en 2006 y 2007, así como un contrato de prenda abierta del 30 de octubre de 2007, en el que la señora Lilia Patricia figura como deudora y el señor Danilo Sierra como codeudor. Además, diversos testigos, como los señores Deyanira Rubiano Rivera y José Alberto Jiménez Supleano, afirmaron que la convivencia entre ambos se mantuvo constante hasta el momento de la muerte.

Que, a pesar de esta relación, su matrimonio con la señora Ana Silvia Umaña nunca fue disuelto, lo que le otorga a ella el derecho a la sustitución pensional conforme alRadicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. Simultáneamente, la convivencia de más de cinco años con la señora Lilia Patricia Parra también le confiere derechos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas, la Sentencia T-578 de 2012.

Que, dado que se ha probado que el señor Danilo Sierra convivió 30 años con su cónyuge y 6 años con su compañera permanente, el porcentaje suspendido por CASUR debe distribuirse proporcionalmente según el tiempo de convivencia, así: el 42% correspondería a la señora Ana Silvia Umaña en virtud de lo dispuesto en el

cónyuge y 6 años con su compañera permanente, el porcentaje suspendido por CASUR debe distribuirse proporcionalmente según el tiempo de convivencia, así: el 42% correspondería a la señora Ana Silvia Umaña en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y el 8% a la señora Lilia Patricia Parra, según lo dispuesto en el último inciso del mismo párrafo

Que no procede la declaratoria de la prescripción sobre las mesadas pensionales, ya que el derecho a la sustitución pensional nació el 14 de febrero de 2009, las solicitudes de reconocimiento se radicaron el 19 y 24 de febrero de ese mismo año, y la demanda se presentó el 26 de enero de 2010, dentro del plazo de tres años establecido en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Las señoras María Elsa Díaz Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpusieron recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales 5.°3 y 8.° de la citada legislación, con el fin de que se infirme la misma.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

Que, «pese a que las sentencias fueron falladas contra las mismas personas , por los mismos hechos […] y contra dos patronos diferentes», los jueces administrativos concedieron a la señora Ana Silvia Umaña «un 42% del derecho pensional solicitado», y a la señora Lilia Patricia Parra Muñoz el «8 % restante»; mientras que

los mismos hechos […] y contra dos patronos diferentes», los jueces administrativos concedieron a la señora Ana Silvia Umaña «un 42% del derecho pensional solicitado», y a la señora Lilia Patricia Parra Muñoz el «8 % restante»; mientras que los jueces laborales «favorecieron única [y] exclusivamente a la esposa del causante y excluyendo y negándole todas y cada una de las pretensiones a las otras dos compañeras permanentes solicitantes de la sustitución pensional de sobrevivientes a sabiendas de que las dos compa ñeras permanentes concibieron hijos con el causante Danilo Sierra Cortés, como fueron el joven Bladimir Sierra Díaz de 34 años de edad hijo de la compañera permanente MARÍA ELSA DÍAZ MÁRQUEZ y el otro hijo, el menor JDSP con 12 años de edad respectivamente, hijo de la otra compañera permanente de nombre LILIA PATRICIA PARRA MUÑOZ (sic)».

Que las providencias demandadas son «contradictorias, injustas e ilegales», pues «en una de ellas se otorgan beneficios a una persona que no los merece ni llenó los requisitos para merecerlos y en la otra se privo (sic) de los derechos y beneficios a otras dos compañeras permanentes del causante que si (sic) llenaban los requisitos

3 Se pone de presente que, al momento de admitirse el recurso, el magistrado ponente señaló que dicha era la causal que se desprendía de lo pretendido en el escrito inicial. Véase auto del 29 de octubre de 2021, visible

en el índice 00011 de SAMAI. Cfr. Índices 00008 y 00009 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 para merecer dicho derecho al beneficio del derecho a la sustitución pensional del causante (sic)».

Que el reconocimiento efectuado a la señora Lilia Patricia Parra se dio sin haberse llenado los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 797 de 2003, en el sentido que no se comprobó que hubiera convivido con el fallecido por al menos cinco años continuos con anterioridad a la muerte del causante, pues según los actuaciones aportadas que fueron surtidas ante la Fiscalía Local 20 y la Fiscalía Local 11 de Tunja, en las que se describe la relación de la señora Lilia Patricia Parra Muñoz con el señor Rogelio Enrique Tocua.

Que con la decisión recurrida se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, dado que «[…] las dos acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (sic) instauradas una ante el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja y la otra ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, las sentencias de cada uno de esos Juzgados arrojaron fallos contradictorios al proceder a darle aplicación a la ley 797 reformatorio de la ley 100 sobre los beneficiarios a la sustitución pensional».

Que el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja aplicó el artículo 47 de la Ley 797

797 reformatorio de la ley 100 sobre los beneficiarios a la sustitución pensional».

Que el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja aplicó el artículo 47 de la Ley 797 en su numeral b, literal a, reconociendo el 42% de la pensión a la esposa y el 8% a una de las compañeras, excluyendo de manera definitiva a la señora María Elsa Díaz del derecho. Por su parte, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, al aplicar el mismo artículo 47, excluyó del derecho pensional a ambas compañeras reclamantes.

Contestación al recurso extraordinario de revisión4

Ni CASUR,5 ni la señora Ana Silvia Umaña de Sierra6 contestaron el recurso extraordinario de revisión.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta oportunidad.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 13 de febrero de 201 9 por el Tribunal Administrativo d e Boyacá, considerando las causales invocadas por las recurrentes.

4 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos enviado el 8 de julio de 2022 (véase índice 00012 de SAMAI). 5 La entidad fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda mediante correo electrónico del 21 de enero de 2022 (índice 0019 de SAMAI).

el 8 de julio de 2022 (véase índice 00012 de SAMAI). 5 La entidad fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda mediante correo electrónico del 21 de enero de 2022 (índice 0019 de SAMAI). 6 Se notificó personalmente del auto admisorio el 15 de marzo de 2022 (índice 00027 del SAMAI).Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) las generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) las causales de revisión invocada s, y iii) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos»

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una sentencia ya ejecutoriada 7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por algun o de los siguientes eventos:

CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por algun o de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, l as cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes . Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.

Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para d iscutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios

al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para d iscutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez. 8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley9.

Causal octava de revisión: Sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada

La causal del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, protege tanto el debido proceso

consagradas taxativamente en la ley9.

Causal octava de revisión: Sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada

La causal del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión, veamos:

«Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

En reiterada jurisprudencia 10 se ha sostenido que, para invocar esta causal, es necesario identificar la sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido que constituye cosa juzgada y que fue desconocida por la providencia que se pretende revisar. Así, en sentencia del 5 de abril de 201611, esta Corporación no solo reafirmó este requisito, sino que también consideró otros aspectos relevantes. Veamos:

«La consagración de esta circunstancia -desconocimiento de la cosa juzgadacomo causal de revisión, busca garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma controversia. Así, cuando la jurisdicción se agota con una decisión, “ésta se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica

cuando la jurisdicción se agota con una decisión, “ésta se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia lo cual desconocería la unidad de jur isdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico no puede conducir razonablemente a resultados distintos […]

Para que se configure esta causal, es necesaria la presencia concurrente de tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 21 de octubre de 1993. Exp. 040. 10 Véanse entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 4 de marzo de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-13). C.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo . Sentencia de 30 de diciembre de 2014 . Exp. 1100103-15-000-2012-00228-00. C.P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013. Exp. 11001-0315-000-2001-00118-01. C.P. Gerardo Arenas

Monsalve; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Subsección A, 20 de febrero de 2020, Rad. Núm. 11001-0325-000-2013-00997-00 (2212-13). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión . Sentencia del 5 de abril de 2016. Exp. 11001-03-15000-2007-01433-00.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 entre las partes del proceso en que fue dictada y frente al segundo proceso -lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma causay (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada. […]» (Negrillas fuera de cita).

Causal quinta de revisión: Nulidad en la sentencia

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la sentencia, pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia llenar dicha causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.

sentencia, pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia llenar dicha causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma. Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP); o (ii) la existencia de irregularidades insan eables que afecten sustancialmente el derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría sido diferente. Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como: «(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento , transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita»12. La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de 201113 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la sentencia, tales como:

ultra o infra petita»12. La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de 201113 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la sentencia, tales como: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de mayo de 2011. Exp. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Mauricio Torres Cuervo.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con may or o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación». Igualmente, se ha aceptado también que la vulneración del derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado, al indicar que:

«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento14».

La concreción y extensión de esta causal de revisión a otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales obedece, como lo ha establecido este máximo órgano, a la finalidad misma del recurso extraordinario de revis ión: permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y garantizar el principio de seguridad jurídica limitando la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido15.

Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el

relevancia constitucional que, sin ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido15.

Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el momento procesal en que se dicta la decisión judicial. Si la nulidad proviene de una situación anterior no oportunamente alegada, la regla general será su saneam