CE - Sentencia 11001032500020210011100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: María Inés Ávila Barón

Demandada: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones (FONCEP)1

Temas:

Desconocimiento sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Sentencia

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones contra la sentencia del 19 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que María Inés Ávila Barón promovió en su contra2.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, María Inés Ávila Barón presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 00003 del 13 de enero de 2003 por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación; y 000847 del 20 de

a que se declarara la nulidad de las resoluciones 00003 del 13 de enero de 2003 por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación; y 000847 del 20 de abril de 2016 y 0214 del 30 de junio de 2016 a través de las se le negó la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio con fundamento en la Ley 33 de 1985.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la reliquidación de su pensión de jubilación con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio a partir

1 La entidad se identificará en la presente providencia como Colpensiones. 2 En adelante FONCEP. 3 Folios 31 a 42 del expediente (38 a 48 del archivo PDF). Índice 13, Samai. 4 En adelante CPACA.2

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del 20 de marzo de 2001, de acuerdo con lo previsto en la Ley 33 de 1985; (ii) el pago de las diferencias de las mesadas pensionales surgidas con la nueva liquidación y lo que la entidad pagaba con la respectiva indexación y los intereses moratorios regla dos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y (iii) el cumplimiento de la sentencia según lo previsto en los artículos 188, 198 y 192

liquidación y lo que la entidad pagaba con la respectiva indexación y los intereses moratorios regla dos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y (iii) el cumplimiento de la sentencia según lo previsto en los artículos 188, 198 y 192 del CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Inés Ávila Barón nació el 15 de noviembre de 1941, por lo que cumplió 55 años ese día y mes de 1996.

3.2. Desde el 27 de abril de 1970 hasta el 19 de marzo de 2001 prestó sus servicios en el Fondo Educativo Regional.

3.3. Mediante la Resolución 00003 del 13 de enero de 2003 la Secretaría de Hacienda de Bogotá le reconoció la pensión de jubilación en cuantía equivalente a $418.417 a partir del 20 de marzo de 2001 y aplicó la Ley 33 de 1985; sin embargo, no tuvo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio [20 de marzo de 2000 al 19 de marzo de 2001].

3.4. Por lo anterior, el 8 de abril de 2016 solicitó al FONCEP [que asumió el pago de la prestación social] la reliquidación de la pensión. El fondo negó la petición a través de las resoluciones 000847 del 20 de abril de 2016 y 0214 del 30 de junio de 2016.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

través de las resoluciones 000847 del 20 de abril de 2016 y 0214 del 30 de junio de 2016.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 42, 4, 6, 13, 25, 53, 58 y 209 de la Constitución Política; 36 de la Ley 100 de 1993; y las leyes 33 y 62 de 1985.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. La entidad expidió los actos administrativos demandados con vulneración de los derechos a la igualdad, adquiridos, debido proceso, seguridad social y el principio de favorabilidad, puesto que la peticionaria tenía derecho al reconocimiento pensional con la aplicación integral de la Ley 33 de 1985. Sin embargo, el reconocimiento se efectuó con el promedio del ingreso de los últimos tres años de servicio sin indexar; cuando la entidad debió calcular el valor de la primera mesada con todos los factores salariales que recibió en el último año de labor.

5.2. La demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque a su entrada en vigor completó más de 15 años de servicio y era mayor de 35 años.3

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Sentencia de primera instancia

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Sentencia de primera instancia

6. El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá en sentencia del 19 de octubre de 2018 negó las pretensiones de la demanda 5, con fundamento en los

siguientes argumentos:

6.1. Los empleados públicos beneficiarios de la Ley 33 de 1985 por estar amparados por el régimen de transición que se regló en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en principio, tuvieron derecho a que se les liquidara la pensión de jubilación en una cuantía e quivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

6.2. No obstante, la Corte Constitucional determinó en su jurisprudencia que el régimen de transición solo protegió la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo, pero no el ingreso base de liquidación [ sentencias C -258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-210 de 2117 y SU-395 de 2017].

6.3. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dentro del proceso con radicado 52001 -23-33-000-2012-00143-01 en la que sentó los criterios de interpretación del art ículo 36 de la Ley 100 de 1993. En su interpretación acogió «[…] la tesis expuesta por la Corte Constitucional, fijando como

criterios de interpretación del art ículo 36 de la Ley 100 de 1993. En su interpretación acogió «[…] la tesis expuesta por la Corte Constitucional, fijando como regla jurisprudencial que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985 […]» (sic).

6.4. En virtud de lo expuesto la Sala Plena del Consejo de Estado «[…] determinó que a los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el IBL será el promedio de Io devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo; y si les faltare más de diez (10) años, el IBL será el promedio de los salaries o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anterio res al reconocimiento de la pensión. Así mismo, que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]» (sic).

6.5. La demandante era beneficiaria del régimen de transición reglado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque para el 30 de junio de 1995 [fecha de entrada en vigor del sistema para las entidades territoriales] tenía la edad de 35 años. Por lo tanto, la normativa pensional que la regía era la Ley 33 de 1985.

entrada en vigor del sistema para las entidades territoriales] tenía la edad de 35 años. Por lo tanto, la normativa pensional que la regía era la Ley 33 de 1985.

6.6. Comoquiera que adquirió el estatus de pensionada el 20 de marzo de 2001, fecha en la que ya había completado 20 años de servicios públicos y 55 años, en el reconocimiento pensional se debió respetar la edad, el tiempo de servicio y monto fijado en esta ley, y en cuanto al IBL debía seguirse las reglas del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con su artículo 21. Además, los factores salariales a incluir eran los del Decreto 1158 de 1994.

5 Folios 92 a 103 del expediente (114 a 138 del archivo PDF) Índice 13, Samai.4

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

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1.3. Recurso de apelación

7. María Inés Ávila Barón en el recurso de apelación 6 pidió revocar la sentencia de primera instancia y conceder las pretensiones de la demanda. Al respecto,

manifestó lo que a continuación se expone:

7.1. Los 20 años de servicio los cumplió en el año 1990. Por tal razón, la Ley 100 de 1993 no podía afectarla porque el tiempo laborado determinó que el régimen aplicable era el establecido en la Ley 33 de 1985 con la inclusión de todos los

de 1993 no podía afectarla porque el tiempo laborado determinó que el régimen aplicable era el establecido en la Ley 33 de 1985 con la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el último año de servicio [20 de marzo de 2000 al 19 de marzo de 2001].

7.2. La interpretación del a quo vulneró el principio de favorabilidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado que indicó la tesis expuesta en el párrafo anterior apoyada en que la edad era un requisito de exigibilidad de la pensión y no de su causación7. Además, la postura que la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-258 de 2013 solo era aplicable para el régimen de los congresistas y no podía invocarse para resolver todos los casos amparados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 19 de mayo de 20198 revocó la de primera instancia.

9. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó al FONCEP a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la demandante «[…] teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual de los factores salariales cotizados o aportados en el último año de prestación de servicios, esto es, del 20 de marzo de 2000 al 19 de marzo de 2001, teniendo en cuenta la asignación básica mensual y la prima de antigüedad, con pago de las diferencias de las mesadas pensionales a partir del 8 de abril de 2013 por

teniendo en cuenta la asignación básica mensual y la prima de antigüedad, con pago de las diferencias de las mesadas pensionales a partir del 8 de abril de 2013 por prescripción trienal […]» (sic).

10. Sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

10.1. La demandante completó 20 años de servicios al Estado antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y la edad después de que entró a regir.

10.2. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado9 en materia pensional la edad «[…] es únicamente una condición para la

6 Folios 110 a 114 (144 a 148 del archivo PDF) Índice 13, Samai. 7 Citó con esta tesis la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del 20 de octubre de 2005, radicado interno 3701-04. 8 Folios 131 a 139 del expediente (167 a 183 del archivo PDF) Índice 13, Samai. 9 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de octubre de 2005, radicado 15001-23-31-000-1997-17518-01 (3701-04); sentencia del 27 de septiembre de 2007, radicado 76001-23-31-000-2002-04152-02 (2135 -06); sentencia del 9 de septiembre de 201 5 radicado 25000-23-25-000-2007-00175-01 (0491-09).5

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exigibilidad de la prestación y no para su nacimiento, y en consecuencia, cuando se completa el tiempo de servicios o las semanas cotizadas ya existe un derecho cierto para el trabajador […]» (sic).

10.3. Por lo anterior, a la demandante se le debió aplicar la Ley 33 de 1985 en su integridad con la inclusión de todos los factores salariales sobre los que cotizó en el último año de servicio, según lo estableció la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dentro del proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

10.4. La tesis que la sentencia SU -230 de 2015 fijó sobre la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 según la cual el IBL no era un elemento del régimen de transición «[…] no resula[ba] aplicable al caso sub-lite, por cuanto la citada providencia se refir[ió] a los beneficiarios del régimen de transición de la ley 100 de 1993, y para el presente caso como la parte demandante cumplió los 20 años de servicio como servidora pública territorial antes del 30 de junio de 1995, quedó sometida en su integridad a la Ley 33 de 1985 […]» (sic).

10.5. En ese sentido, debía declararse la nulidad de los actos demandados porque la entidad liquidó la pensión con el promedio de lo que la demandante recibió

integridad a la Ley 33 de 1985 […]» (sic).

10.5. En ese sentido, debía declararse la nulidad de los actos demandados porque la entidad liquidó la pensión con el promedio de lo que la demandante recibió entre el 4 de noviembre de 1999 y el 19 de marzo de 2001 y solo con la asignación básica y la prima de antigüedad amparada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando era aplicable la Ley 33 de 1985 en su integridad.

1.5. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

11. El FONCEP interpuso el recurso extraordinario aludido 10 en contra de la sentencia del 19 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al sustentar el recurso expuso los siguientes argumentos:

12. La demandante señaló que la providencia recurrida desatendió la dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 dentro del proceso con radicado 52001 -23-33-000-2012-0014301 que fijó el criterio de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

13. La providencia desconoció el acervo probatorio y realizó una interpretación contraria al que el precedente jurisprudencial de unificación hizo sobre el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, específicamente, sobre el inci so 3 que determinó la aplicación del IBL para los beneficiarios de aquel. Con tal actuación reconoció a la demandante un derecho sin que cumpliera con los requisitos legales y en perjuicio de los recursos con los que se pagan las pensiones.

aquel. Con tal actuación reconoció a la demandante un derecho sin que cumpliera con los requisitos legales y en perjuicio de los recursos con los que se pagan las pensiones.

14. La entidad citó jurisprudencia relacionada con la obligatoriedad del precedente jurisprudencial y, específicamente, de las sentencias de unificación. Así, invocó el texto de la sentencia T-766 de 2008 y de la proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 16 de agosto de 2016 con radicado 11001 -03-285-0002016-00052-00.

10 Folios 150 a 174 del expediente (196 a 220 del archivo PDF) Índice 13, Samai.6

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

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1.6. Contestación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

15. María Inés Ávila Barón 11 no contestó el recurso; no obstante, haber sido notificada del auto que lo admitió el 29 de julio de 2024.

16. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

17. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en razón a la especialidad del asunto, de conformidad con lo regulado en el artículo 259 del CPACA y 14, numeral 1, del

17. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en razón a la especialidad del asunto, de conformidad con lo regulado en el artículo 259 del CPACA y 14, numeral 1, del Acuerdo 080 de 201912 de la Sala Plena de esta corporación que estableció que a cada una de las secciones le corresponde, de acuerdo con su especialidad, «[t]ramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia».

2.2. Oportunidad

18. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue presentado dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 261 del CPACA. En efecto, la sentencia del 19 de mayo de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se notificó por correo electrónico el 29 de mayo de 2019 13, el término vencía el 17 de junio de ese mes y año y el recurso fue presentado el 714 de junio de 2019.

2.3. Legitimación en la causa

19. El FONCEP está legitimado para actuar como demandante, comoquiera que actuó como demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en su contra por María Inés Ávila Barón y en el cual se profirió la sentencia que se recurre.

20. Si bien el FONCEP no apeló la sentencia de primera instancia sí podía presentar el recurso porque le había sido favorable y la de segundo grado la revocó. En tal sentido se aplica el parágrafo del artículo 260 del CPACA según el cual «[n]o podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni

presentar el recurso porque le había sido favorable y la de segundo grado la revocó. En tal sentido se aplica el parágrafo del artículo 260 del CPACA según el cual «[n]o podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea

11 Índice 20, Samai. 12 «[p]or el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». 13 Folios 139 a 144 del expediente (Folios 183 a 188 del archivo PDF) Índice 13, Samai. 14 Folio 145 del expediente (189 del archivo PDF). Índice 13, Samai.7

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Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exclusivamente confirmatorio de aquella». Al no ser confirmatorio el fallo recurrido, el FONCEP está legitimado para recurrirla.

2.4. Problema jurídico

21. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿la sentencia del 19 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció la de unificación dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 dentro del proceso con radicado 52001 -23-33-000-2012-00143-01 al ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de María Inés Ávila Barón con la inclusión de todos los factores salariales sobre los que cotizó en el último

proceso con radicado 52001 -23-33-000-2012-00143-01 al ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de María Inés Ávila Barón con la inclusión de todos los factores salariales sobre los que cotizó en el último año de servicio según lo previsto en la Ley 33 de 1985?

2.5. Generalidades del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

22. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo introdujo la figura de las sentencias de unificación jurisprudencial a la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, en los artículos 270 y 271. Se trata de una tipología de providencias de especial trascendencia, en atención a la posibilidad de proyectar sus efectos. Ciertamente, el contenido de los artículos 10, 102, 269, 256 y siguientes del mismo código dan cuenta de su relevancia en el ejercicio de la función administrativa y judicial, comoquiera que las impone como parámetros de interpretación y aplicación de las disposiciones que rigen las materias sometidas a su conocimiento.

23. En línea con lo anterior, instituyó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia como un instrumento jurídico que permitiera asegurar y garantizar el cumplimiento de los fines y propósitos de la función unificadora del Consejo de Estado. De conformidad con el artículo 256 del CPACA, el propósito de este recurso es asegurar la unidad de interpretación del derecho, lograr su aplicación uniforme, garantizar los derechos de las partes y de los terceros que pudieron verse afectados con la providencia recurrida. Así lo reguló la norma:

«ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de

uniforme, garantizar los derechos de las partes y de los terceros que pudieron verse afectados con la providencia recurrida. Así lo reguló la norma:

«ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia re currida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.»

24. En cuanto a su procedencia, el artículo 257 ejusdem la circunscribe a las sentencias de única y segunda instancia de los tribunales administrativos. La Corte Constitucional se pronunció sobre esta limitación en la sentencia C-179 de 2016, al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 257 del CPACA, en su versión original. La providencia analizó la presunta vulneración de los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica. Al respecto, la Corte concluyó que la medida no desconoce las mencionadas garantías, sino que se acompasa con el propósito de asegurar8

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el respeto por el precedente vertical con el que fue instituido este mecanismo extraordinario15.

25. Se debe resaltar que al ser un recurso extraordinario tiene el carácter de excepcional. De ahí que no se trata de una instancia adicional para que las partes

el respeto por el precedente vertical con el que fue instituido este mecanismo extraordinario15.

25. Se debe resaltar que al ser un recurso extraordinario tiene el carácter de excepcional. De ahí que no se trata de una instancia adicional para que las partes insistan en sus argumentos o reabran el debate probatorio que ya tuvo lugar en el proceso ordinari o. Tampoco es el medio adecuado para restablecer las garantías procesales o procedimentales que han sido desconocidas en el proceso ordinario ni falencias propias del recurso extraordinario de revisión.

26. El artículo 258 del CPACA determinó como única causal del recurso que la sentencia impugnada por esta vía « contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado». En ese sentido, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene una naturaleza correctiva, en la medida en que con él se pretende enmendar la postura asumida por los tribunales en sus sentencias de única y segunda instancia en los eventos en que su contenido desconozca lo decidido en una sentencia de unificación, de suerte que se ajuste al precedente vertical.

27. Las características descritas determinan los supuestos de la prosperidad del

recurso extraordinario de unificación, estos son:

27.1. Similitud fáctica y jurídica : la sentencia de unificación invocada debe tener similitud fáctica e identidad jurídica con la recurrida. En ese sentido, se ha señalado:

«[…] “ resulta imprescindible en el análisis del recurso extraordinario de unificación el estudio de los hechos de cada caso concreto”, porque “solo serán subsumibles en el campo de la sentencia de unificación, procesos

señalado:

«[…] “ resulta imprescindible en el análisis del recurso extraordinario de unificación el estudio de los hechos de cada caso concreto”, porque “solo serán subsumibles en el campo de la sentencia de unificación, procesos que discutan hechos similares que permitan hacer extensivo el precedente […]»16.

27.2. Carga argumentativa: la sustentación de la causal debe incluir la exposición contrastada de las situaciones fácticas y de las razones de la decisión [ ratio decidendi]17 de una y otra providencia [ la recurrida y la desconocida ]. De esta manera es viable verificar la unidad temática de la controversia y su desconocimiento por parte del respectivo tribunal.

28. Este último aspecto impone que en la valoración de la causal se tenga en cuenta una precisión adicional. Los efectos vinculantes otorgados a las

15 En este sentido, la Corte consideró «[…] En el asunto sub -judice, el recurso extraordinario objeto de controversia se encuentra regulado como una vía para asegurar el respeto del precedente vertical consagrado en sentencias de unificación; por lo que, a partir de dicho objetivo, se entiende que su procedencia se circunscriba a las decisiones de “única y segunda instancia” dictadas por los tribunales administrativos. En efecto, como ya se ha dicho, en relación con los jueces de inferior jerarquía se entiende que su desconocimiento puede corregirse a través de los medios ordinarios de contradicción; y en cuanto a las dependencias internas que integran el Consejo de Estado, no se presenta el supuesto de sujeción jerárquica o de subordinación funcional que explica la viabilidad de este recurso, conforme se explicó con anterioridad […]»

medios ordinarios de contradicción; y en cuanto a las dependencias internas que integran el Consejo de Estado, no se presenta el supuesto de sujeción jerárquica o de subordinación funcional que explica la viabilidad de este recurso, conforme se explicó con anterioridad […]» 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 2022 dentro del REUJ con radicado 11001-03-26-000-2019-00184-00 (65402). 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), Radicado No: 11001 -03-25-000-202001051-00(3393-20).9

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00111 00

Demandante: FONCEP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencias de unificación no excluyen la autonomía e independencia de los jueces en la interpretación de las fuentes de derecho relevantes en los juicios sometidos a su conocimiento.

28.1. En efecto, para determinar si aplica una regla definida en una sentencia de unificación, el juez debe hacer la confrontación de los supuestos fácticos y jurídicos del caso resuelto en ella y el que está sometido a su conocimiento. Se trata de un razonamiento por analogía que puede llevar a determinar una similitud basada en elementos irrelevantes o que no sean razón suficiente para resolverlos de la misma forma. Sobre el tema, la Corte Constitucional indicó:

trata de un razonamiento por analogía que puede llevar a determinar una similitud basada en elementos irrelevantes o que no sean razón suficiente para resolverlos de la misma forma. Sobre el tema, la Corte Constitucional indicó:

«[…] La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes i mplica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución. […]»18

28.2. Ciertamente, sobre el desconocimiento de providencias judiciales categorizadas como precedente, la jurisprudencia constitucional sostuvo que se fundamenta en, al menos, cuatro principios constitucionales: «(i) el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que exige tratar de manera igual situaciones análogas; (ii) el principio de seguridad jurídica; (iii) los principios de buena fe y de

igualdad en la aplicación de la ley, que exige tratar de manera igual situaciones análogas; (ii) el principio de seguridad jurídica; (iii) los principios de buena fe y de confianza legítima, los cuales imponen el deber de respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales previas y (iv) coherencia en el sistema jurídico […]»19.

28.3. En ese orden, para que se estructure la causal del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se debe demostrar que la sentencia impugnada contrarió