CE - Sentencia 11001032500020210018900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 110010325000202100189 00 (1079-2021)

Demandante: Nelson Enrique González Tarazona

Providencia recurrida: Sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal

Administrativo de Santander

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nelson Enrique González Tarazona contra la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Nelson Enrique González Tarazona presentó una

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Nelson Enrique González Tarazona presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos

administrativos:

1.1. Acuerdo 1262 del 20 de diciembre de 2013, por el cual el Consejo Directivo modificó y determinó la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

1.2. Acuerdo 1263 del 20 de diciembre de 2013 que modificó la planta de personal de la misma entidad.

1 Índice 28 de Samai , expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 680013333007201400295 01. 2 En adelante CPACA.2

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1.3. El acto por el cual el coordinador de la Oficina de Gestión de Talento Humano de la CDMB le comunicó la decisión de supresión del empleo de profesional especializado, código 2028, grado 15, que el demandante venía desempeñando en la corporación y su inmediato retiro.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad para todos los efectos

en la corporación y su inmediato retiro.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad para todos los efectos laborales, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro hasta su reintegro al cargo, debidamente actualizados. Igualmente, pidió el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y la condena en costas de la parte demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Mediante Resolución 000889 del 7 de octubre de 2009 Nelson Enrique González Tarazona fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 15, de la CDMB, del cual tomó posesión el 8 de octubre del ese año.

3.2. El demandante cumplía con las condiciones de idoneidad académica para el ejercicio de las funciones encomendadas.

3.3. El Consejo directivo de la CDMB modificó la planta de personal de la entidad a través del Acuerdo 1263 del 20 de diciembre de 2013 y dispuso la supresión del cargo de profesional especializado, código 2028, grado 15.

3.4. El 9 de enero de 2014 recibió la comunicación de la decisión de supresión de su cargo.

3.5. Después de su retiro, las funciones que desarrollaba en la entidad continuaron a cargo de personal vinculado a través de contratos de prestación de servicios.

1.2. Sentencia de primera instancia

su cargo.

3.5. Después de su retiro, las funciones que desarrollaba en la entidad continuaron a cargo de personal vinculado a través de contratos de prestación de servicios.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia proferida el 2 2 de agosto de 201 6 el Juzgado séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda. Para

el efecto, consideró:

4.1. El ejercicio de la actividad de la administración en las entidades públicas inicialmente conllevaba la facultad de efectuar reestructuraciones administrativas en las cuales dispusieran la supresión de empleos, cuando las necesidades del servicio lo ameritaran. Así lo avaló la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia.

4.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado destacó los derechos que les asistían a los empleados inscritos en carrera administrativa en caso de les fueran suprimidos sus cargos. Sin embargo, no sucedía lo mismo si se trataba de servidores de libre nombramiento y remoción o con nombramiento en3

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provisionalidad. Sobre estos últimos la mencionada corporación reiteró que su situación no conllevaba la inscripción automática en el escalafón de carrera ni a obtener los beneficios de estabilidad propios de dicho estatus.

4.3. En los eventos de reestructuración administrativa, solo las personas que

situación no conllevaba la inscripción automática en el escalafón de carrera ni a obtener los beneficios de estabilidad propios de dicho estatus.

4.3. En los eventos de reestructuración administrativa, solo las personas que ocupaban cargos de carrera en propiedad gozaban de una estabilidad relativa. Ciertamente, era viable la supresión de tales empleos, siempre que se respetaran las garantías de las personas inscritas en el escalafón, entre ellas, la posibilidad de «pasar a otro cargo de similares funciones al suprimido, o de superior categoría », así como la opción de elegir la indemnización. Estas prerrogativas no les asistían a «los provisionales».

4.4. En el presente asunto, se demostró que antes de la reestructuración de la CDMB, existían 15 cargos de profesional especializado, código 2028, grado 15, de los cuales algunos estaban provistos con personal de carrera administrativa y otros en provisionalidad, uno de los cuales desempeñaba el demandante.

4.5. El actor argumentó que se vulneraron los principios de igualdad, moralidad administrativa, publicidad y economía . Estos cargos no tenían vocación de prosperidad toda vez que su retiro fue producto de un proceso de reestructuración que determinó la supresión del cargo que ocupaba. En efecto, en la nueva planta se previeron 8 empleos de profesional especializado, código 2028, grado 15 , en los cuales fueron incorporados servidores inscritos en carrera administrativa.

4.6. El estudio técnico que sirvió de sustento a la nueva estructura dio prelación al mérito de los empleados de la CDMB, como lo ordenaban la ley y la jurisprudencia.

4.7. Cuando ocurría la reducción de cargos como consecuencia de la supresión

mérito de los empleados de la CDMB, como lo ordenaban la ley y la jurisprudencia.

4.7. Cuando ocurría la reducción de cargos como consecuencia de la supresión de empleos, la entidad tenía la facultad discrecional de decidir a quiénes retiraba del servicio , pero aquella potestad debía ser ejercida para los fines que las normas autorizaban y proporcional a los hechos que le servían de causa.

4.8. El demandante no demostró que después de su retiro la CDMB suscribió contratos de prestación de servicio para el desarrollo de las funciones que estaban a su cargo, con el propósito de favorecer intereses políticos. Aunque allegó unas copias de la página web del SECOP y la misma entidad admitió la contratación de personal, no se aportaron pruebas que permitieran comparar los objetos de las OPS y las funciones de cada empleo.

4.9. Además, en los años 2013 y 2014 se redujo la celebración de estos contratos, lo que desvirtuaba el argumento de la excesiva vinculación por esta modalidad y, aunque así hubiera sido , tal situación no conllevaba la nulidad de los actos acusados, puesto que dentro de las ventajas de l proceso de reestructuración estaba la flexibilización en la administración del recurso humano.

4.10. Tampoco se demostraron los vicios de falsa motivación y desviación de poder. Ciertamente, al actor se le informó de su retiro por supresión del cargo, pese a que no era obligatorio darle a conocer las razones de su desvinculación.4

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pese a que no era obligatorio darle a conocer las razones de su desvinculación.4

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1.3. El recurso de apelación

5. El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer

grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. La sentencia apelada no observó con rigor la situación objeto de controversia. Las pruebas allegadas al proceso demostraron la violación de deberes y derechos.

5.2. En particular, dejó de valorar los contratos de prestación de servicios de cara a la prohibición contenida en el artículo 17 de la Ley 790 de 2002 , en cuanto disponía «[e]n ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes […]» y en el parágrafo que preveía «las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de remplazar cargos que se supriman».

5.3. En el proceso se demostró que en el año 2014, la CDMB celebró contratos con los que distribuyó las funciones que ejercía el cargo que desempeñaba. Esta situación generaba la nulidad de los actos demandados, pues el estudio técnico indicó que se requería m ás personal para el adecuado cumplimiento de las labores que realizaba el cargo que ocupaba.

situación generaba la nulidad de los actos demandados, pues el estudio técnico indicó que se requería m ás personal para el adecuado cumplimiento de las labores que realizaba el cargo que ocupaba.

5.4. Lo anterior era evidente en el resumen registrado en el SECOP para el primer mes del 2014, que permitía verificar las obligaciones específicas del contratista y su similitud con las que realizaba el demandante.

5.5. La reestructuración administrativa no cumplió con su objetivo pues no reportaba un ahorro , sino un aumento del gasto, puesto que los contratistas aumentaban hasta en un 400% el valor del servicio.

5.6. Se vulneraron los principios de planeación, publicidad, economía y transparencia al contratar una «nómina paralela tan grande» poco tiempo después de realizada la reestructuración administrativa.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión

6. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 31 de octubre de 2019 confirmó la decisión de primera instancia. Sin condena en costas. La decisión se

fundamentó en las siguientes consideraciones:

6.1. La supresión de cargos era una causal de retiro de los empleados del sector público. Su fundamento era la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades a los requerimientos del servicio con el fin de que se ejerciera con celeridad, eficacia y eficiencia o por razones de modernización del Estado . La adopción de la medida debía respetar las garantías constitucionales y los derechos de quienes tenían estabilidad laboral reforzada.

6.2. Previo a la modificación de la planta de personal, era necesaria la realización de un estudio previo que deb ía cumplir con la normativa vigente, de lo contrario5

derechos de quienes tenían estabilidad laboral reforzada.

6.2. Previo a la modificación de la planta de personal, era necesaria la realización de un estudio previo que deb ía cumplir con la normativa vigente, de lo contrario5

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se configuraría la nulidad del acto de reestructuración.

6.3. En el evento en el que se produjera la supresión de un cargo con ocasión de la reforma de la planta de personal, también era posible «la ejecución de las funciones desempeñadas por empleados públicos por personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios », si el estudio técnico determinaba que los cargos eran innecesarios para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad.

6.4. En relación con el fondo del asunto, no tenía vocación de prosperidad el cargo relacionado con la falta de publicación de los Acuerdos 1262 y 1263 para la fecha de la «mencionada comunicación». Pese a que lo anterior fue cierto, pues tales actos se incluyeron en el Diario Oficial del 26 de enero de 2014, la publicación tardía de un acto administrativo de contenido general no afectaba su validez, sino su oponibilidad frente a los ciudadanos. La fuerza vinculante de los citados acuerdos iniciaba desde su publicación o notificación, lo que ocurrió el 9 de enero de 2014, fecha en la que se comunicó la supresión del cargo del actor.

su oponibilidad frente a los ciudadanos. La fuerza vinculante de los citados acuerdos iniciaba desde su publicación o notificación, lo que ocurrió el 9 de enero de 2014, fecha en la que se comunicó la supresión del cargo del actor.

6.5. Por otra parte, el argumento de fondo del estudio técnico fue la racionalización del gasto público. La CDMB debía «ahorrar en gastos de funcionamiento » ante la disminución de sus recursos, lo que impedía continuar con la planta en las condiciones que existía. Por lo tanto, se propuso la reestructuración con disminución de costos y aumento del número de personal profesional. En consecuencia, se dispuso el retiro de varios funcionarios y el nombramiento de quienes continuarían en la nueva organización.

6.6. En el 2013 la entidad contaba con 385 funcionarios, de los cuales 168 eran de planta y 217 « contratistas». Respecto de los 8 cargos de profesional especializado, código 2028, grado 15, previstos en la antigua planta, el estudio técnico indicó « se recomienda suprimir los cargos y crear nuevas cargos con denominaciones con grados salariales inferiores y así lograr racionalización en los gasto público» [sic]. Solamente permanecerían en la planta transitoria los funcionarios que estaban próximos a acceder al derecho pensional.

6.7. La modificación de la planta de personal de la CDMB cumplió con los fines determinados para su reestructuración y con el análisis de cada una de las dependencias, funciones, cargos y necesidades de la entidad , en materia de modernización y profesionalización de las labores desarrolladas para el cumplimiento de su misión, así como de racionalización de recursos.

dependencias, funciones, cargos y necesidades de la entidad , en materia de modernización y profesionalización de las labores desarrolladas para el cumplimiento de su misión, así como de racionalización de recursos.

6.8. El hecho de contratar con terceras personas la prestación de servicios administrativos y asistenciales no viciaba el proceso de supresión de cargos. Esto se contraía a una «forma de suplir las necesidades de la administración mediante una vinculación distinta [de] la relación laboral o legal y reglamentaria ». Así las cosas, no prosperó la acusación de vulneración del artículo 17 de la Ley 790 de 2002.6

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1.3. Recurso extraordinario de revisión3

7. Nelson Enrique González Tarazona interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

8. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que como consecuencia de ello «se revoque la sentencia del 31 [de octubre de] 2019, y se decrete la Nulidad de los Actos Demandados, concediendo el restablecimiento del derecho en los términos de la demanda».

como consecuencia de ello «se revoque la sentencia del 31 [de octubre de] 2019, y se decrete la Nulidad de los Actos Demandados, concediendo el restablecimiento del derecho en los términos de la demanda».

9. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

9.1. En la demanda se expuso la calidad académica del peticionario y que las funciones que realizaba cuando desempeñó el cargo eran propias de la actividad misional de la CDMB. Además, se demostró que sus labores fueron «entregadas de forma difuminada » a varios contratistas mediante la figura de prestación de servicios.

9.2. Con lo anterior se vulneró el artículo 17 de la Ley 790 de 2002, tal y como se desprendía de los documentos y las alegaciones presentadas , en las que se compararon las tareas en uno y otro caso para determinar su «absoluta coincidencia». La CDMB nunca negó el tipo de contratación que se demandaba ni se opuso a estos argumentos.

9.3. No obstante, la sentencia de primer grado negó las pretensiones con sustento en que el demandante no ocupaba el cargo en carrera administrativa, sino en provisionalidad y explicó las diferencias de ambos tipos de vinculación, cuando esto no fue materia de discusión . Además, dejó de pronunciarse sobre las pruebas aportadas y sobre el desconocimiento del artículo 17 de la Ley 790 de 2002 y tuvo en cuenta un pronunciamiento del Consejo de Estado que no podía ser aplicado al caso, pues se refería a la posibilidad de supresión de cargos para reemplazarlos mediante contratos de prestación de servicios, en los casos de funciones transitorias u ocasionales.

ser aplicado al caso, pues se refería a la posibilidad de supresión de cargos para reemplazarlos mediante contratos de prestación de servicios, en los casos de funciones transitorias u ocasionales.

9.4. En este caso, se vulneró el debido proceso po rque la providencia incurrió en un defecto fáctico por la valoración incorrecta del material probatorio allegado. El juez de primera instancia excedió su potestad de interpretación, «desvió el sentido del proceso, y faltó a la adecuada valoración probatoria ». Aunque el a quo debía pronunciarse sobre la prohibición del artículo 17 de la Ley 790 de 2002 , evadió esta obligación y se justificó en la forma de vinculación del actor.

9.5. La norma en cita prohibía suprimir un cargo para reemplazar sus funciones con contratos de prestación de servicios, que fue precisamente lo que ocurrió en el asunto concreto.

3 Índice 2 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión. Documento «2ED_02RECURSOEXTRAORDINARIOREVISIONNELSONENRIQUEGONZALEZTARAZONA (.PDF) NroActua 2»7

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9.6. El juez de primer grado sostuvo que no se probaron las contrataciones realizadas para el desarrollo de las funciones del demandan te. No obstante, se relacionó cada contrato y se comparó con las tareas específicas del cargo que ocupaba.

9.6. El juez de primer grado sostuvo que no se probaron las contrataciones realizadas para el desarrollo de las funciones del demandan te. No obstante, se relacionó cada contrato y se comparó con las tareas específicas del cargo que ocupaba.

9.7. En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó que la entidad demandada sí podía vulnerar la norma invocada con sustento en las providencias del 7 de octubre de 2004 y del 22 de abril de 2015 que resolvieron casos con supuestos distintos. La providencia recurrida no se detuvo a analizar el contenido de los servicios transitorios u ocasionales abordados en las anteriores sentencias y desconoció que las funciones del cargo del actor eran misionales.

9.8. Con lo anterior se configuró una vía de hecho que debía ser estudiada en sede de revisión, pues la sentencia se justificó «en una jurisprudencia inaplicable al caso concreto y a la cual [pretendió] darle fuerza por encima de la misma Ley (Ley 790 de 2002) » con lo cual afectó el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción del recurrente.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión

10. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB no contestó el recurso extraordinario de revisión , tal y como se advirtió en el auto del 21 de junio de 2024, por el cual se abrió el período probatorio4.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de

como se advirtió en el auto del 21 de junio de 2024, por el cual se abrió el período probatorio4.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 5 de la Sala Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

12. En este caso, se observa que la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander se notificó por correo electrónico el 6 de noviembre de ese año 6. La decisión quedó ejecutoriada el 13 de noviembre de 2019 y el recurso fue radicado el 18 de diciembre de 20207.

4 Índice 22 de Samai. 5 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. 6 Índice 28 de Samai , expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 680013333007201400295 01. 7 Índice 2 de Samai , documento «11ED_RVRADICACIONRECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.MSG) NroActua 2 ».8

Radicado: 110010325000202100189 00 (1079-2021)

Demandante: Nelson Enrique González Tarazona

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13. De acuerdo con lo anterior, se advierte que transcurrió más de un año entre la ejecutoria de la providencia y la interposición del recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, en este asunto particular no puede considerar excedido el término previsto e n el artículo 251 del CPACA. Lo anterior por cuanto , es necesario tener presente que, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, mediante el cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio naciona l, con ocasión de las circunstancias excepcionales que ocurrieron con ocasión de la pandemia Covid – 19.

Adicionalmente, a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar los efectos de la crisis acaecida como consecuencia de la pandemia Covid -19. El anterior estado de excepción finalizó el 17 de abril de 2020, no obstante, a través del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de la mi sma anualidad se declaró nuevamente la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.

En atención a la situación descrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió

Legislativo 637 del 6 de mayo de la mi sma anualidad se declaró nuevamente la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.

En atención a la situación descrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA20-115178, PCSJA20-11518, PCSJA20-115219, PCSJA201152610, PCSJA20-1153211, PCSJA20-1154612, PCSJA20-1154913, PCSJA201155614 y PCSJA20 -1156715. Las medidas adoptadas con aquellos actos llevaron a que la mayoría de los despachos judiciales del país no prestaran el servicio al público de manera presencial y se suspendieran los términos en casi todos los procesos, salvo algunas excepciones 16. A través del Acuerdo

8 Del 16 al 20 de marzo. 9 Del 21 de marzo hasta el 3 de abril. 10 Del 4 de abril hasta el 12 de abril. 11 Del 13 de abril hasta el 26 de abril. 12 Del 27 de abril hasta el 10 de mayo. 13 Del 11 hasta el 24 de mayo. Este Acuerdo previó, dentro de las excepciones de la suspensión de términos, la siguiente: «[…] Todos los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011 cuando los procesos se encuentren para dictar sentencia, en primera, segunda o única instancia, así como sus aclaraciones o adiciones. Estas decisiones se notificarán electrónicamente, pero los términos para su control o impugnación seguirán suspendidos hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura lo disponga […]» 14 Del 25 de mayo hasta el 8 de junio. 15 Del 9 de junio hasta el 30 de junio.

los términos para su control o impugnación seguirán suspendidos hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura lo disponga […]» 14 Del 25 de mayo hasta el 8 de junio. 15 Del 9 de junio hasta el 30 de junio. 16 A. PCSJA20-11532/2020, art. 2: «[…] «1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. a. Los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levante la suspensión de términos de la revisión eventual.

2. Las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de decretos por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Constitución

Política.

3. Las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que deben adelantar de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y en los artículos 111, numeral 8, 136 y 151, numeral 14, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

4. Con relación a la función de control de garantías se atenderán los siguientes asuntos:

a. Audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención.9

Radicado: 110010325000202100189 00 (1079-2021)

a. Audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención.9

Radicado: 110010325000202100189 00 (1079-2021)

Demandante: Nelson Enrique González Tarazona

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PCSJA20-1158117, la misma corporación previó el levantamiento de la referida suspensión. De lo expuesto se desprende que los términos judiciales permanecieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio del 2020.

14. De acuerdo con lo anterior, recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

15. En el asunto objeto de estudio, Nelson Enrique González Tarazona y el La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB están legitimados para actuar como demandante [el primero] y como demandada [l a última], comoquiera que actuaron con igual calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia pretende controvertir en esta oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

16. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada 18. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una

un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada 18. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 19 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

17. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores de nat uraleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que e