CE - Sentencia 11001032500020210024700 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Gilberto Campos Polanía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Gilberto Campos Polanía Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literal b). Subtema 1 : naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento y liquidación de la pensión. Régimen pensional de los servidores del INPEC. Subtema 3: conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, el 13 de agosto de 2020, que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Gilberto Campos Polanía, conforme a la Ley 32 de 1986 y el Decreto 1045 de 1978.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, el 13 de agosto de 2020, por medio de la cual confirmó la providencia de primera instancia que ordenó reliquidar la pensión reconocida a favor de Gilberto Campos Polanía, bajo el régimen de la Ley 32 de 1986, en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio, con la inclusión de los factores salariales contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la prima de riesgo. La entidad demandante sustenta la acción especial en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada con desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte Constitucional que determinó el alcance de la transición

acción especial en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada con desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte Constitucional que determinó el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Gilberto Campos Polanía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Gilberto Campos Polanía , por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad de la Resolución núm. RDP 021361 del 31 de mayo de 2016, mediante la cual la UGPP negó la reliquidación de la pensión, así como de la Resolución núm. RDP 036253 del 28 de septiembre de 2016, que confirmó la anterior decisión.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación de la pensión reconocida mediante Resolución núm. 39660 del 28 de agosto de 2007, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, en el cargo de

con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, en el cargo de inspector, código 5170, grado 13, de conformidad con la Ley 32 de 1986 y el Decreto 1045 de 1978.

3. El Juzgado Trece Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 23 de mayo de 2019, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y le ordenó a la UGPP reconocer la pensión de jubilación del demandante en cuantía de dos millones quince mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con tres centavos ($2.015.744,03) «por concepto de sueldo, sobresueldo, bonificación por servicios prestados, primas de servicios, vacaciones, alimentación, transporte, navidad, riesgo»1. Asimismo, condenó a la UGPP a pagar al señor Gilberto Campos Polanía la diferencia entre los valor es que le reconoció y los que debía reconocérsele por concepto de mesadas pensionales, desde el 1 de enero de 2016, fecha de retiro del servicio. Además, ordenó a la UGPP que, con base en los nuevos factores incluidos en la reliquidación pensional, realizara los descuentos no efectuados al Sistema General de Pensiones durante los últimos cinco años de vida laboral, aplicando la prescripción extintiva.

4. Al sustentar la decisión, el juzgado aclaró que el señor Gilberto Campos Polanía era beneficiario del régimen de transición especial del parágrafo 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 , y no del previsto en la Ley 100 de 1993 . Por lo tanto, determinó que el

era beneficiario del régimen de transición especial del parágrafo 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 , y no del previsto en la Ley 100 de 1993 . Por lo tanto, determinó que el régimen pensional aplicable era el de la Ley 32 de 1985, cuyo artículo 114 remite al Decreto 1045 de 1978 en lo referente a los factores salariales a incluir en el IBL . En consecuencia, determinó que la pensión debía liquidarse con el 75% del promedio devengado en el último año de servicio , incluyendo los factores salariales enlistados en el mencionado decreto , así como la prima de riesgo . Respecto a esta última, concluyó que, aunque no estuviera especificada en la lista, constituye factor salarial conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia dictada en sede de tutela el 2 de marzo de 2016.

5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, mediante sentencia del 13 de agosto de 2020 , confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. En su análisis, consideró que el señor Campos Polanía es beneficiario de la transición contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo cual el reconocimiento de su pensión se regía por la Ley 32 de 1986. Además, consideró que los factores salariales

1 Samai, índice 35, expediente digital archivo «Cuaderno 2», pág. 19.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Gilberto Campos Polanía

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3 a tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión correspondían a los fijados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, además de la prima de ries go, que pese a no encontrarse en dicho listado y que, según el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, no tenía carácter salarial, debía incluirse en el IBL conforme a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 1 de agosto de 2013.

6. De acuerdo con lo anterior , concluyó que debía liquidarse la pensión de jubilación del señor Gilberto Campos Polanía con el promedio mensual devengado en el último año de servicio, teniendo en cuenta los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y prima de riesgo. Además, advirtió que sobre esos factores se efectuaron los respectivos aportes pensionales, razón por la que revocaría los numerales de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que ordenaba los descuentos con destino al Sistema General en Salud y Pensiones. Consideró también necesario modificar uno de los numerales de la parte resolutiva , para especificar los factores a incluir.

7. Adicionalmente, advirtió que entre la fecha en que el señor Campos Polanía fue retirado del servicio y el momento en que solicitó la reliquidación de su pens ión, no transcurrieron tres años. Del mismo modo, tampoco transcurrió dicho término entre la

7. Adicionalmente, advirtió que entre la fecha en que el señor Campos Polanía fue retirado del servicio y el momento en que solicitó la reliquidación de su pens ión, no transcurrieron tres años. Del mismo modo, tampoco transcurrió dicho término entre la notificación de la resolución que agotó el procedimiento administrativo y la radicación de la demanda. En consecuencia, concluyó que no operó el fenómeno de la prescripción.

8. Finalmente, el tribunal condenó en costas a la entidad demandada, con sustento en que el recurso fue resuelto desfavorablemente y por encontrarlas causadas de conformidad con el ordinal 8 del artículo 365 del CGP.

2.2. Solicitud de revisión especial

9. El apoderado de la UGPP presentó una solicitud de revisión en ejercicio de la acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de agosto de 2020 , para que se revoque y, en su lugar, se ordene lo siguiente2:

(i) Que se declare que la liquidación de la mesada pensional no constituye un derecho adquirido para Gilberto Campos Polanía, por lo tanto, resulta viable ordenar que se calcule el IBL conforme a las reglas previstas en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, dictadas por la Corte Constitucional; (ii) que la UGPP reliquide la pensión reconocida a l señor Gilberto Campos Polanía de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo 21 de dicha normativa

(ii) que la UGPP reliquide la pensión reconocida a l señor Gilberto Campos Polanía de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo 21 de dicha normativa y el Decreto 1158 de 1994, esto es, teniendo en cuenta «los factores base de cotización taxativamente determinados» y excluyendo la prima de riesgo.

10. Al sustentar la solicitud de revisión, la UGPP afirmó que la liquidación de la pensión desconoció el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque, si bien este beneficio permite el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme al régimen pensional anterior, su ap licación se circunscribe a la

2 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», págs. 1 y 2.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

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4 edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo. El IBL, por su parte, debe corresponder al promedio de lo devengado durante los 10 años de servicio anteriores a la adquisición del derecho, con la inclusión de los factores descritos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, según lo establece el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

11. De acuerdo con lo anterior, afirmó que la providencia mediante la cual se le

del Decreto 1158 de 1994, según lo establece el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

11. De acuerdo con lo anterior, afirmó que la providencia mediante la cual se le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a Gilberto Campos Polanía incurre en la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar el cálculo del IBL con la inclusión de factores adicionales a los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 . Señaló que el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, replicado en el Decreto 1384 de 2010, excluyó expresamente la prima de riesgo como factor salarial, por lo cual no debió incluirse.

12. Según el ente demandante, el pago de la sentencia recurrida implicaba un peligro para la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

2.3. Trámite de la acción especial de revisión

13. Esta corporación, mediante auto del 25 de noviembre de 2021, admitió la demanda interpuesta por la UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de agosto de 2020, y ordenó la notificación personal del auto al pensionado Gilberto Campos Polanía y al agente del Ministerio Público3.

14. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, abrió el proceso a pruebas; incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; requirió al Juzgado Trece Administrativo de Tunja para que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de

a pruebas; incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; requirió al Juzgado Trece Administrativo de Tunja para que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de revisión; aceptó la renuncia de la apoderada de la UGPP y requirió a ese ente para que constituyera nuevo apoderado . Finalmente, corrió traslado de las pruebas , conforme con el artículo 110 del CGP4.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)5, por cuanto este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se

3 Samai, índice 6. 4 Samai, índice 57. 5 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado segú n la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción,

adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

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5 interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

16. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo 251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

17. En este caso, la Sala encuentra acreditado que la sentencia del 13 de agosto de 2020 fue notificada el 4 de septiembre de 2020, por lo cual cobró ejecutoria el 9 del mismo mes y año6. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 29 de abril de 20217, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

18. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de

20217, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

18. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general de la república y el procurador general de la nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que « impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, establecida en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

19. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.

20. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -258 de 2013, legitimó a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia , frente a la aplicación del régimen

diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia , frente a la aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

21. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión

6 Teniendo en cuenta que los días 5 y 6 no eran hábiles. 7 Samai, Índice 3.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

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6 Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».

22. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por activa para ejercer la acción de revisión especial , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero

activa para ejercer la acción de revisión especial , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

23. Gilberto Campos Polanía se encuentra legitimado para la causa por pasiva, ya que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de agosto de 2020 , que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación a su favor.

3.4. Problema jurídico

24. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de agosto de 2020, la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta al siguiente problema:

25. ¿El IBL fijado en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, conforme a la Ley 3 2 de 198 6 y el Decreto 1045 de 1978 , excede lo legalmente debido al incluir para los factores salariales enlistados en dicho decreto , así como la prima de riesgo cuestionada la UGPP, desconociendo la transición dispuesta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que

así como la prima de riesgo cuestionada la UGPP, desconociendo la transición dispuesta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que imponen el pago de pensiones

26. El artículo 20 8 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»9.

8 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. / / La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. //La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

conciliación judicial o extrajudicial. //La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (Expresiones subrayadas declaradas inexequibles mediante sentencia C-835 de 2003). 9 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

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27. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones q ue exceden lo debido de acuerdo con la ley10.

28. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley , constituyen una garantía para la defensa de los

acuerdo con la ley10.

28. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley , constituyen una garantía para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones11.

29. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

30. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión12 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada13.

31. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA14, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las

sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA14, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley 15, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada»16.

10 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 13 CPACA, artículo 250. 14 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 15 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. 16 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha

16 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)».Radicación: 11001-03-25-000-2021-00247-00 (1452-2021)

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32. En consecuencia, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»17.

33. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado18 ha considerado que la acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

1. Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de naturaleza pública; ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA; iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas

naturaleza pública; ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA; iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social19; iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha sido concedida con violación al de bido proceso (literal a) y/o cuando la liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)20.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Exceso de la cuantía pensional.

34. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia cuesti