CE - Sentencia 11001032500020210030900 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032500020210030900 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2021-00309-00 (1708-2021)
Demandante Higinio Prada
Demandado: Providencia
recurrida: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional Sentencia del 12 de junio de 20 20 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Tema:
Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión 2 interpuesto por Higinio Prada contra la sentencia del 12 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3
1. Higinio Prada presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA en orden a que
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3
1. Higinio Prada presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 00807 del 22 de junio de 2012, 01487 del 11 de octubre de 2012 y 00199 del 24 de enero de 2013, por medio de las cuales la Policía Nacional le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su condición de padre del exagente Alirio Prada Jaimes, quien falleció el 19 de marzo de 1991.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con ocasión de la muerte de su hijo el exagente de la Policía Nacional Alirio Prada Jaimes, a partir del 19 de marzo de
1 En adelante CPACA. 2 El recurso extraordinario de revisión correspondió inicialmente al despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo; sin embargo, en virtud de que el proyecto de sentencia elaborado por dicho despacho fue improbado en la sesión de Sala de Subsección del 16 de octubre de 2025, el expediente fue remitido al despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya para lo de su competencia. 3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «3_ED_02EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 2», folios 2 a 11.2
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «3_ED_02EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 2», folios 2 a 11.2
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00309-00 (1708-2021)
Demandante: Higinio Prada
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1991, junto con las prestaciones que se derivaran de ello; ii) el pago del retroactivo correspondiente y de los intereses a los que hubiera lugar; iii) la indexación de las anteriores sumas; y iv) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Alirio Prada Jaimes ingresó a la Policía Nacional para prestar el servicio militar en mayo de 1981 y posteriormente fue vinculado en el grado de agente. El tiempo laborado en la institución fue de aproximadamente 9 años y 10 meses.
3.2. El causante e ra soltero, no tuvo hijos y d urante su permanencia en la entidad policial s us padres, Higinio Prada y María del Rosario Jaimes , dependían económicamente de él.
3.3. El 19 de marzo de 1991, mientras se encontraba en servicio como secretario de la Subestación de Policía del municipio de Bucarasica [Norte de Santander], fue muerto por grupos subversivos. En consecuencia, fue dado de baja mediante el informe administrativo por muerte 0001/91 del 9 de abril de 1991, en el cual se
la Subestación de Policía del municipio de Bucarasica [Norte de Santander], fue muerto por grupos subversivos. En consecuencia, fue dado de baja mediante el informe administrativo por muerte 0001/91 del 9 de abril de 1991, en el cual se consignó como causal de retiro «MUERTE EN SIMPLE ACTIVIDAD».
3.4. No obstante, según la hoja de servicios expedida el 18 de julio de 1991 la causa del retiro fue calificada como «MUERTE EN SERVICIO ACTIVO».
3.5. A los padres del exagente nunca se les comunicó , a través de acto administrativo, la calificación de la muerte de su hijo. Solo tuvieron certeza de ella a raíz de una acción de tutela que interpusieron, en la que se estableció que había sido en « SIMPLE ACTIVIDAD ». Sin embargo , ellos consideraban que debió corresponder a «ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO».
3.6. Mediante las resoluciones 00807 de l 22 de junio de 2012, 01487 del 11 de octubre de 2012 y 00199 del 24 de enero de 2013 , la Policía Nacional le negó únicamente al actor , por cuanto la madre del causante ya había muerto, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su condición de padre del exagente Alirio Prada Jaimes, fallecido el 19 de marzo de 1991.
1.2. Sentencia de primera instancia4
4. Mediante sentencia proferida el 10 de agosto de 20 18, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
5. Para el efecto, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, reconocer, liquidar y pagar una pensión de sobrevivientes a favor d e Higinio Prada , con ocasión del fallecimiento de su hijo el exagente Alirio Prada Jaimes ocurrido en actos especiales del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, a partir del 19 de marzo de 1991.
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «3_ED_02EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 2», folios 223 a 234.3
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6. Igualmente, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas entre el 19 de marzo de 1991 y el 19 de enero de 2008, así como frente a los demás derechos prestacionales establecidos en el citado artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.
7. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:
7.1. La controversia presentó una doble connotación, por una parte, la modificación
citado artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.
7. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:
7.1. La controversia presentó una doble connotación, por una parte, la modificación de la calificación de la muerte del exagente Alirio Prada Jaimes y, por otra, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del demandante como consecuencia de ello.
7.2. El fallecimiento de aquel había sido calificado como «muerte en simple actividad» por el comandante de la Policía de Norte de Santander, motivo por el cual no podía considerarse que al momento de los hechos el agente hubiera estado en desarrollo de actos propios del servicio, según lo previsto en el Decreto 1213 de 1990.
7.3. Sin embargo, le asistía razón a la parte demandante en cuanto a la modificación de la calificación de la muerte, pues, con base en los indicios recaudados en el proceso, se acreditó que la muerte se produjo por la «actuación del enemigo ». En consecuencia, debía calificarse como una «muerte en actos especiales del servicio» y no como un deceso en «simple actividad».
7.4. En virtud de lo anterior , resultaba procedente declarar la nulidad de los actos administrativos acusados que negaron la pensión de sobrevivientes a Higinio Prada, y ordenar a la entidad demandada reconocer y pagar dicha prestación, conforme con lo previsto en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, por tratarse de una muerte en actos especiales del servicio.
7.5. No obstante, o peró la prescripción de las mesadas causadas entre el 19 de
con lo previsto en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, por tratarse de una muerte en actos especiales del servicio.
7.5. No obstante, o peró la prescripción de las mesadas causadas entre el 19 de marzo de 1991 y el 19 de enero de 2008, toda vez que la reclamación administrativa fue presentada el 19 de enero de 2012. Lo anterior, en consideración a lo previsto en el artículo 113 del Decreto 1213 de 1990.
1.3. El recurso de apelación5
8. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado con fundamento en lo siguiente:
8.1. Contrario a lo establecido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta, que determinó que la muerte del exagente debía calificarse como ocurrida «en actos especiales del servicio», según el informe administrativo por muerte 001/91 del 9 de abril de 1991, esta se produjo en simple actividad, toda vez que para la fecha de los hechos aquel realizaba labores personales y no se encontraba en servicio. Además, el tiempo total de labor del causante fue solo de 9 años y 10 meses.
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «3_ED_02EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 2», folios 237 a 247.4
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Demandante: Higinio Prada
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8.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, cuando la muerte de un agente ocurría «simplemente en actividad», sus beneficiarios tendrían derecho (i) «[a] que por el Tesoro Público se les pague una compensación equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 del presente Estatuto»; (ii) «[a]l pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante»; y (iii) «[s]i el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio , a que por el Tesoro Público, se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante».
8.3. Así las cosas, el causante no acreditó los requisitos para que sus beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes.
8.4. En este orden, los oficios a través de los cuales se resolvieron las solicitudes del actor estuvieron ajustados a la legalidad, al aplicar el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990 relativo a la muerte «simplemente en actividad», normativa vigente para la fecha de fallecimiento del causante, esto es, el 19 de marzo de 1991.
8.5. El Juzgado se extralimitó en sus competencias y profirió un fallo extra petita, al haber modificado la calificación de la muerte reconocida en el informe administrativo
8.5. El Juzgado se extralimitó en sus competencias y profirió un fallo extra petita, al haber modificado la calificación de la muerte reconocida en el informe administrativo por muerte 0001/91 del 9 de abril de 1991, cuando lo pretendido en la demanda era el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6
9. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la sentencia proferida el 12 de junio de 2020 resolvió «NEGAR la solicitud de pérdida automática de competencia planteada por el apoderado de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia », «REVOCAR en su integridad la sentencia objeto de apelación, y en su lugar DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda y ordenar la terminación del proceso» y «ABSTENERSE de efectuar condena en costas en la segunda instancia».
10. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:
10.1. Era improcedente la solicitud de p érdida automática de competencia de la corporación para resolver el asunto, planteada por el apoderado de la parte demandante con fundamento en el artículo 121 del Código General del Proceso 7, toda vez que esta norma ha sido incompatible e inaplicable a la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo.
10.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, norma vigente para la fecha del fallecimiento del exagente Alirio Prada Jaimes y, por tanto, aplicable al caso, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los
norma vigente para la fecha del fallecimiento del exagente Alirio Prada Jaimes y, por tanto, aplicable al caso, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de un agente muerto «simplemente en actividad» exigía acreditar 15 años de servicios.
10.3. En el caso concreto se encontraba acreditado que la muerte del exagente ocurrió en simple actividad y que únicamente contaba con 9 años, 10 meses y 23
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «3_ED_02EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 2», folios 296 a 309. 75
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días de servicios. En consecuencia, no había lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del demandante.
10.4. No obstante, en atención a las circunstancias particulares del fallecido y la norma ibidem, la Policía Nacional ordenó la indemnización por muerte y el pago de unas cesantías definitivas a favor de los beneficiarios del exagente Alirio Prada Jaimes, toda vez que no se reunían los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes en consideración de la calificación.
10.5. El informe administrativo de calificación por muerte no creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular, solo describió las circunstancias en las que ocurrió
sobrevivientes en consideración de la calificación.
10.5. El informe administrativo de calificación por muerte no creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular, solo describió las circunstancias en las que ocurrió la muerte del uniformado, con el propósito de ubicarla en una de las categorías que establece la norma , entre ellas , simplemente en actividad o en servicio , lo que evidenció que se trataba de un acto preparatorio al acto definitivo que reconocía las prestaciones por muerte.
10.6. Si el demandante pretendía controvertir la Resolución 9258 del 16 de agosto de 1991, mediante la cual se reconocieron a los beneficiarios del exagente Alirio Prada Jaimes valores por concepto de indemnización por muerte y auxilio de cesantía, debió presentar demanda contra este acto administrativo dentro del término de caducidad de 4 meses, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad exigidos para el efecto.
10.7. En el caso concreto, aunque se acreditó que el Ministerio de Defensa , Policía Nacional, reconoció y liquidó en dicho acto las prestaciones causadas por Alirio Prada Jaimes, no se demostró que Higinio Prada hubiera impugnado el acto administrativo en el que la institución «tomó como base de la decisión para pronunciarse sobre las prestaciones sociales la calificación de muerte simplemente en actividad adoptada en el informe administrativo por muerte 0001/91 del 9 de abril de 1991».
10.8. En consecuencia, este «[…] aspecto […] no resulta ajeno a la litis planteada en el presente asunto, en tanto el estudio de la viabilidad del derecho al reconocimiento de la
10.8. En consecuencia, este «[…] aspecto […] no resulta ajeno a la litis planteada en el presente asunto, en tanto el estudio de la viabilidad del derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aquí reclamado, depende indudablemente de la forma en que fue calificada dicha muerte» . Bajo este supuesto, el demandante buscó revivir términos al demandar las resoluciones 00807 del 22 de junio de 2012, 01487 del 11 de octubre de 2012 y 00199 del 24 de enero de 2012, expedidas 10 años después del fallecimiento de su hijo. Estas actuaciones resultaron inadmisibles, por cuanto las normas procesales no permitían reabrir la oportunidad para ejercer el derecho de acción.
10.9. En estas condiciones, era procedente revocar la sentencia de primera instancia proferida el 10 de agosto de 2018 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda , con la consecuente terminación del proceso.
1.5. Recurso extraordinario de revisión8
11. Higinio Prada interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «2_ED_01RECURSOEX(.PDF) NroActua 2».6
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00309-00 (1708-2021)
Demandante: Higinio Prada
NroActua 2».6
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Demandante: Higinio Prada
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sentencia proferida el 12 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
11.1. En la audiencia inicial celebrada el 10 de diciembre de 2015, el Juzgado Cuarto Administrativo declaró de oficio la excepción previa de inepta demanda, prevista en el artículo 100.5 del CGP, frente a una de las pretensiones que estaba encaminada a la modificación de la calificación de la muerte del causante. La providencia fue objeto del recurso de apelación.
11.2. Mediante auto del 7 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó la anterior decisión, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
«El Despacho considera que se debe revocar el auto apelado , por cuanto los actos demandados sobre los cuales gira la presente contienda procesal, se encuentran debidamente determinados, y el hecho de que no se haya demandado la nulidad del informe administrativo por muerte N° 0001/91 de 9 de abril de 1991, por el cual se emitió la calificación de la muerte del agente Alirio Prada Jaimes como “muerte simplemente en actividad”, no impide que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se pronuncie de fondo respecto a las
de abril de 1991, por el cual se emitió la calificación de la muerte del agente Alirio Prada Jaimes como “muerte simplemente en actividad”, no impide que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se pronuncie de fondo respecto a las pretensiones incoadas en la demanda, máxime cuando el ordenamiento jurídico es claro que la pensión es un derecho imprescriptible , en donde el interesado puede formular una nueva petición con miras al reconocimiento y luego acudir a la jurisdicción.
[…]
De igual modo, podría sostenerse que la demanda es inepta porque fue la calificación de la muerte del agente Alirio Prada Jaimes la que fijó el régimen especial sobre el cual se verificaría el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional, y además, porque no habría lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes, por cuanto el acto de calificación no fue demandado; sin embargo, para el Despacho e s claro que la pensión es un derecho imprescriptible, en donde el interesado puede formular una nueva petición con miras al reconocimiento y luego acudir a la jurisdicción.
Así las cosas, las pretensiones en la manera como fueron formuladas por la parte demandante, permiten el análisis de legalidad de los actos acusados individualizados y la posterior expedición de la sentencia que decida de fondo el mérito de las pretensiones, y ya corresponderá por la parte interesada probar en el trámite procesal que efectivamente la muerte del agente Alirio Prada Jaimes ocurrió en “actos especiales del servicio” y que en consecuencia resulta ajustado a derecho variar la calificación realiz ada dentro del informe administrativo prestacional por muerte. […]».
Jaimes ocurrió en “actos especiales del servicio” y que en consecuencia resulta ajustado a derecho variar la calificación realiz ada dentro del informe administrativo prestacional por muerte. […]».
11.3. De acuerdo con lo anterior, se continuó con el trámite del proceso y se dictó la sentencia de primera instancia en la que se concedieron las pretensiones de la demanda.
11.4. En el recurso de apelación la entidad no atacó el sustento argumentativo de la decisión de primera instancia, sino que centró su inconformidad en la improcedencia del reconocimiento pensional, ya que la muerte del policía fue calificada como en simple actividad y en que la providencia se extralimitó al variar la calificación por muerte.
11.5. La sentencia recurrida defi nió como problema jurídico: «¿se encuentra ajustada7
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00309-00 (1708-2021)
Demandante: Higinio Prada
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en derecho la sentencia de primera instancia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente por el fallecimiento del agente de policía nacional Alirio Prada Jaimes, en favor del señor HIGINIO PRADA en su condición de padre del causante?». No obstante, el fallo resolvió declarar de oficio la inepta demanda «por indebida individualización de los actos administrativos a demandar».
11.6. Con lo anterior, la sentencia no « ataco directamente el sustento argumentativo de
el fallo resolvió declarar de oficio la inepta demanda «por indebida individualización de los actos administrativos a demandar».
11.6. Con lo anterior, la sentencia no « ataco directamente el sustento argumentativo de la decisión de primera instancia, donde se desvirtuó fehacientemente analizando los indicios que reposan en el expediente, en contra del contenido del acto administrativo donde se calificó la muerte del señor Alirio Prada Jaimes y por ende la concesión de las pretensiones principales» [sic].
11.7. El fallo recurrido era contrario, diferente e incongruente respecto de la decisión adoptada por el Tribunal el 7 de febrero de 2017, en la que se revocó la «idéntica excepción de inepta demanda » declarada probada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta en la audiencia inicial . En ese sentido, la sentencia deb e infirmarse con fundamento en la causal invocada.
11.8. La providencia objeto de revisión modificó una decisión anterior del magistrado ponente, emitida dentro del proceso y frente a igual problema jurídico, de manera que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no podía revocar el fallo de primera instancia con base en la excepción de inepta demanda, cuando descartó su procedencia en la audiencia inicial. Con ello el Tribunal varió un precedente interno dentro del expediente.
11.9. Retomar un punto del litigio ya definido en favor del demandante configuró una actuación contradictoria e inequitativa, que vulneró los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe. El Tribunal incurrió en una incongruencia en sus decisiones , al haber emitido 2 pronunciamientos opuestos sobre un asunto idéntico.
jurídica, confianza legítima y buena fe. El Tribunal incurrió en una incongruencia en sus decisiones , al haber emitido 2 pronunciamientos opuestos sobre un asunto idéntico.
11.10. El recurso extraordinario de revisión debía cumplir con determinados presupuestos de procedencia, referidos a su finalidad y alcance . De igual modo, el principio de congruencia ha constituido un eje esencial del debido proceso, razón por la cual era posible estructurar, en el caso concreto, la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
11.11. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, interpuso la apelación contra la sentencia de primera instancia sin controvertir el razonamiento probatorio que permitió al juez de primera instancia desvirtuar, mediante indicios, la calificación administrativa de la muerte y acceder a las pretensiones. La sentencia de segunda instancia se limitó a invocar la excepción de inepta demanda como único fundamento para revocar el fallo, sin analizar los argumentos ni las pruebas que sustentaron la decisión inicial.
11.12. Así las cosas, se deberá declarar configurada la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por haberse vulnerado el principio de congruencia, elemento integrante del debido proceso que exig ía decisiones coherentes frente a hechos iguales. En virtud de lo anterior, procede infirmar la sentencia recurrida y que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profiera sentencia de reemplazo, en la cual confirm e la decisión dictada por el Juzgado8
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00309-00 (1708-2021)
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sentencia de reemplazo, en la cual confirm e la decisión dictada por el Juzgado8
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Cuarto Administrativo de Cúcuta.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión
12. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, no se pronunció en la instancia procesal9.
1.7. Intervención del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
14. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad , le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el artículo 13.3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 10 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Legitimación en la causa
15. En el asunto objeto de estudio, Higinio Prada se encuentra legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad
esta corporación.
2.2. Legitimación en la causa
15. En el asunto objeto de estudio, Higinio Prada se encuentra legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.
2.3. Oportunidad para presentar el recurso
16. En este caso, la sentencia del 12 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , fue notificada el 30 de junio de 20 2011 y quedó ejecutoriada el 8 de julio de ese año12. Posteriormente , el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 18 de marzo de 202113.
17. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.
9 Samai, índice 2 1, actuación «Auto que prescinde de audiencia de pruebas », documento «21_AUTOQUEPRESCINDEDEAUDIENCIADEPRUEBAS(.docx) NroActua 21 ». 10 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. 11 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «3_ED_02EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 2», folio 310. 12 Samai, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento
NroActua 2», folio 310. 12 Samai, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «12_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 11», folio 3. 13 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1_ED_RVRECURSOE(.MSG) NroActua 2».9
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00309-00 (1708-2021)
Demandante: Higinio Prada
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2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
18. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada14. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 15 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
19. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
19. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores de nat uraleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la causal que inv oca para invalidar la sentencia recurrida y l
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