CE - Sentencia 11001032500020210031100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: José Fernando Palacio Ángel

Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 . Cuantía reconocida excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas2, por medio de la cual se revocó la decisión del 13 de diciembre de 2019 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales que negó las pretensiones de la demanda presentada por José Fernando Palacio Ángel y, en su lugar, ordenó reliquidar la pensión de vejez con todos los factores percibidos en el último año de servicio.

1. Antecedentes

pretensiones de la demanda presentada por José Fernando Palacio Ángel y, en su lugar, ordenó reliquidar la pensión de vejez con todos los factores percibidos en el último año de servicio.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1 En adelante Ugpp. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 17001 -33-33-001-2018-00577-02; actor: José Fernando Palacio Ángel, demandado: UGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021)

Demandante: Ugpp 1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 26 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-33-33-001-2018-00577-02, a través de la cual se declaró: i) no probada la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la demandada; ii) probada la excepción de prescripción de las mesadas anteriores al 24 de febrero de 2012; y iii) la nulidad de las resoluciones RDP0248226 del 19 de junio de 2015 y 0405361 del 30 de septiembre de 2015 , mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión de vejez concedida a favor de José Fernando Palacio Ángel, conforme con las disposiciones de la Ley 33 de 1985 ; y a título de restablecimiento del derecho

del 30 de septiembre de 2015 , mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión de vejez concedida a favor de José Fernando Palacio Ángel, conforme con las disposiciones de la Ley 33 de 1985 ; y a título de restablecimiento del derecho ordenó la reliquidación de la prestación con todos los factores percibidos en el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la declaratoria de que José Fernando Palacio Ángel no era acreedor de un derecho adquirido y por tanto no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio , es decir que «deberían excluirse los conceptos de auxilio de alimentación y las primas de servicio junio, diciembre, navidad y vacaciones »; ii) la reliquidación y pago de la mesada pensional de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; las sentencias C-258 de 2013 y SU230 del 2015, y con los factores salariales previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, «siendo del caso incluir única y exclusivamente la asignación básica y bonificación por servicios prestados para el cálculo de la mesada pensional» (sic); y iii) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas como consecuencia del acto de reliquidación.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José Fernando Palacio Ángel nació el 29 de agosto de 1947 y laboró por más de 20 años al servicio del Estado, así:

Entidad Desde Hasta

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José Fernando Palacio Ángel nació el 29 de agosto de 1947 y laboró por más de 20 años al servicio del Estado, así:

Entidad Desde Hasta Ejército Nacional 25/02/1968 07/12/1969 Ministerio de Hacienda 08/03/1971 20/11/1981 Coldeportes Caldas 14/01/1982 30/04/1999 Indeportes Caldas 01/05/1999 31/12/2001 Tiempo total en días 116843

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp 3.2. El último cargo que desempeñó fue el de auxiliar administrativo de Indeportes Caldas y adquirió el estatus pensional el 29 de agosto de 2002.

3.3. Mediante la Resolución 0027090 del 31 de diciembre de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social EICE 3 le reconoció una pensión de vejez, en cuantía de $461.266,56, efectiva a partir del 29 de agosto de 2002, condicionada al retiro del servicio.

3.4. El 24 de febrero de 2015, el pensionado solicitó a la Ugpp la reliquidación de su prestación según la Ley 33 de 1985 . Dicha solicitud fue negada con la Resolución RDP24826 del 19 de junio de 2015, por cuanto los factores que pretendía incluir no se encontraban previstos en el Decreto 1158 de 1994.

3.5. La anterior decisión fue confirmada por la entidad a través de la Resolución

RDP24826 del 19 de junio de 2015, por cuanto los factores que pretendía incluir no se encontraban previstos en el Decreto 1158 de 1994.

3.5. La anterior decisión fue confirmada por la entidad a través de la Resolución RDP040536 del 30 de septiembre de 2015, al resolver el recurso de reposición.

3.6. Inconforme con la anterior decisión, José Fernando Palacio Ángel presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que se declarara su nulidad, por cuanto, a su juicio, se inaplicó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, para determinar la cuantía de su pensión, es decir, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio. Lo anterior, comoquiera que no fue beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 sino de la Ley 33 de 1985.

3.7. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2019 , con fundamento en los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales negó las pretensiones de la demanda. Contra la anterior decisión el pensionado interpuso el recurso de apelación.

3.8. El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 26 de octubre de 2020 revocó la anterior decisión y , en su lugar , declaró i) no probada la excepción de

recurso de apelación.

3.8. El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 26 de octubre de 2020 revocó la anterior decisión y , en su lugar , declaró i) no probada la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, propuesta por la demandada; ii) probada la excepción de prescripción de las mesadas anteriores al 24 de febrero de 2012; y iii) la nulidad de las resoluciones RDP0248226 del 19 de junio de 2015 y 0405361 del 30 de septiembre de 2015, mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión de vejez concedida a favor de José Fernando Palacio Ángel, conforme con las disposiciones de la Ley 33 de 1985; y, a título de restablecimiento del

3 En adelante Cajanal. 4 En adelante CPACA.4

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp derecho, ordenó la reliquidación de la prestación con todos los factores percibidos en el último año de servicio.

3.9. Con la Resolución RDP002199 del 2 de febrero de 2021 , la Ugpp dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 30 de octubre de 2020 , el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos demandados y condenó a la entidad demandada a reliquidar la pensión de José Fernando Palacio Ángel sobre el 75% del promedio de

4. En sentencia del 30 de octubre de 2020 , el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos demandados y condenó a la entidad demandada a reliquidar la pensión de José Fernando Palacio Ángel sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

5.1. José Fernando Palacio Ángel nació el 29 de agosto de 1947 y a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, contaba más de 15 años de servicio, por tanto, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 1 ibidem «y no en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

5.2. Respecto de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, el tribunal ha señalado que «así se hagan aportes a la Caja de Previsión basados en rubros distintos de los enlistados en el inciso segundo del artículo 3, las pensiones se liquidarán teniéndolos en cuenta».

5.3. Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de 2010 6, para el reconocimiento de la prestación era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de liquidación , bajo el entendido de que son factores de salario aquellas sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

5.4. Los factores previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 son

sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

5.4. Los factores previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 son «asignación básica mensual; gastos de representación y la prima técnica; dominicales y feriados; horas extras ; auxilios de alimentación y transporte; prima de navidad ; bonificación por servicios prestados ; prima de servicios ; viáticos que reciban los

5 SAMAI, índice 33, 33RECIBEMEMORIAL05C11FLS228281PDF(.pdf) NroActua 33. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.5

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto -Ley 710 de 197 8; prima de vacaciones; valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artícul o 38 del Decreto 3130 de 1968».

5.5. La liquidación de la prestación se efectuó con el 75% del salario promedio devengado en los últimos 7 años y 9 meses, incluyendo los factores de «asignación

3130 de 1968».

5.5. La liquidación de la prestación se efectuó con el 75% del salario promedio devengado en los últimos 7 años y 9 meses, incluyendo los factores de «asignación básica y bonificación por servicios prestados» ; no obstante, durante el último año de servicio devengó lo siguientes: «asignación mensual, auxilio de alimentación, bonificación, prima servicio de junio, prima de servicio de diciembre, prima de navidad, bonificación recreación y prima de vacaciones, de acuerdo con el certificado expedido por Indeportes C aldas». Así las cosas, el actor ten ía derecho a la reliquidación de la prestación con todos los factores devengados en el último año.

5.6. No e ra posible tener en cuenta la bonificación por recreación porque expresamente el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001 dispuso que este no constituiría factor salarial para ningún efecto legal.

5.7. Operó la prescripción del derecho al pago de las diferencias pensionales causadas, por cuanto la pensión se reconoció a través de la Resolución 27090 del 31 de diciembre de 2003 y la solicitud de reliquidación se presentó en el año 2015, es decir cuando había transcurrido el término prescriptivo de los 3 años.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo

6.1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó de manera expresa del régimen de transición el IBL.

6.2. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sentencias C-258 de 2013, SU-230 del 2015 y SU-023 de 2018, que determinan que para los beneficiarios del régimen de transición se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la

7 Samai, índice 3, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.6

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp legislación anterior, pero el ingreso base de liquidación será el dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 1158 de 1994.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. José Fernando Palacio Ángel fue notificado en debida forma el 13 de diciembre de 2022, sin que hubiera emitido pronunciamiento alguno8.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el cual solicitó declarar fundado el recurso, por cuanto para el momento en que se

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el cual solicitó declarar fundado el recurso, por cuanto para el momento en que se profirió la sentencia censurada , los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado , para los beneficiarios del régimen de transición, habían establecido que su IBL era el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según correspondiera, y los factores serían únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema9.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

8 Según el informe secretarial visible en Samai, índice 25 9 Samai, índice 21, MemorialWebFLF_19CONCEPTO_202249917102021REVISIONUGPPRELIQUIDACIONFUNDAD O9DEDICIEMBREDE2022(.pdf) NroActua 21. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021)

Demandante: Ugpp

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice l a sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo de Caladas el 26 de octubre de 2020 quedó ejecutoriada el 6 de noviembre de ese mes y año, y la presente acción fue radicada el 2 de junio de 2021 lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.2. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a José Fernando Palacio Ángel excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse

2.2. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a José Fernando Palacio Ángel excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 12 de la Ley 797 de 2003 13 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas

12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».8

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho

revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitad os

debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitad os del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de

14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con

en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»16.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de

Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2 013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00311-00 (1710-2021) Demandante: Ugpp acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y co