CE - Sentencia 11001032500020210037600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

Accionante: Víctor Raúl Felizzola y otros1.

Demandado: E.S.E. Hospital Local de Aguachica.

Temas: Causal 5.° del artículo 2 50 de la Ley 1137 de 20 11

Presupuestos de configuración.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por el señor Víctor Raúl Felizzola Cuesta y otros 2 en contra de la sentencia de 19 de febrero de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de l Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-007-2017-00212-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

2. Pretensiones3: a través del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, se solicitó:

3. La nulidad del oficio de fecha 2 de marzo de 2017, a través del cual la entidad accionada solicitó una prórroga para responder la reclamación administrativa

del derecho, se solicitó:

3. La nulidad del oficio de fecha 2 de marzo de 2017, a través del cual la entidad accionada solicitó una prórroga para responder la reclamación administrativa radicada el 9 de febrero de ese año; respuesta que fue emitida extemporáneamente el 3 de mayo de esa misma anualidad , negando la petición presentada por las partes.

4. Como restablecimiento del derecho se exigió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria dimanada del pago inoportuno de las cesantías causadas en el año 2013.

5. Hechos. La demanda se sustentó en los siguientes:

6. Los recurrentes se encuentran vinculados con la entidad demandada en

calidad de empleados públicos de carrera administrativa.

1 María de la Hoz Miranda, Edward Blanco Quiñónez; Francedit Gómez Suárez, Olivia Caviedes Cristancho, Erwin Pacheco Chávez, Florinda Galvis Salcedo, Luz Serrano Granados y Diana Nieto Palomino. 2 El escrito fue remitido vía correo electrónico el 4 de marzo de 2021. Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “RVRADICACIONDEREC.msg”. 3 Ver índice 27 de la plataforma SAMAI, documento denominado “01 CUADERNO 01.PDF”, páginas 2-16.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

Recurrente: Víctor Raúl Felizzola Cuesta y otros

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7. El 9 de febrero de 2017 solicitaron a la E.S.E. Hospital Local de Aguachica la sanción moratoria causada por el pago tardío de las cesantías del año 2013. Dicha petición fue negada el 3 de mayo de 2017, al indicar que tal retraso no obedeció a la mala fe de la institución, sino a la falta de consignación de los recursos del Sistema General de Participaciones con los que tales emolumentos serían cancelados.

8. Normas violadas y concepto de violación. Se señalaron como infringidos los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 14 de la Ley 1437 de 2011.

9. Arguyó el jurista que el ente accionado incumplió los tiempos con que contaba para responder la reclamación administrativa del 9 de febrero de 2017, pues el 2 de marzo de ese año pidió un plazo prudencial para ello . No obstante, la respuesta solo fue emitida el 3 de mayo siguiente. Además, resaltó que las cesantías de sus mandantes fueron consignadas después del 14 de febrero de 2014, lo que generó las sanciones moratorias reclamadas.

10. Sentencia de primera instancia 4. El 11 de febrero de 2019 , e l Juzgado

Séptimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Valledupar negó las pretensiones de la demanda al considerar que:

11. No se demostraron las fechas de consignación de las cesantías del año 2013,

Séptimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Valledupar negó las pretensiones de la demanda al considerar que:

11. No se demostraron las fechas de consignación de las cesantías del año 2013, a pesar de que tales evidencias fueron requeridas al Fondo Nacional del Ahorro y a

la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir.

12. El juzgador no puede asumir ni suplir las cargas probatorias de la parte demandante, por lo que las consecuencias de tal incuria es la negativa de esas súplicas.

13. Recurso de apelación 5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de los demandantes la recurrió en apelación. Con tal propósito alegó que:

14. Con la demanda aportó los extractos financieros de cada uno de sus clientes, los cuales daban cuenta de la fecha de consignación de las cesantías del año 2013.

15. A pesar de ello, el a quo solicitó al Fondo Nacional del Ahorro y a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir el monto y fecha exacta de consignación de esa prestación, ante lo cual volvió a recibir los mismos extractos.

16. Por tanto, tales documentos debieron ser valorados con base en la sana crítica y, a partir de ella, precisar tales fechas y conceder los derechos reclamados, pues se demostró que la consignación de esas cesantías se produjo después del 14 de febrero de 2014.

4 Ver índice 27 de la plataforma SAMAI, documento denominado “06 APELA SENTENCIA.PDF”, páginas 3-16.

pues se demostró que la consignación de esas cesantías se produjo después del 14 de febrero de 2014.

4 Ver índice 27 de la plataforma SAMAI, documento denominado “06 APELA SENTENCIA.PDF”, páginas 3-16. 5 Ver índice 27 de la plataforma SAMAI, documento denominado “06 APELA SENTENCIA.PDF”, páginas 2549.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

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17. El juzgado no actuó correctamente, pues se limitó a negar las pretensiones de la demanda, sin valorar adecuadamente las pruebas incorporadas en el expediente.

18. Sentencia objeto de revisión 6. El 20 de febrero de 2020 el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia apelada. Para ello, y luego de referenciar las particularidades del régimen retroactivo de cesantías, así como el sistema aplicable a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, concluyó:

19. Los demandantes afiliados al Fondo Nacional del Ahorro y aquellos que gozan del régimen retroactivo de cesantías, no tienen derecho a la sanción moratoria reclamada, en tanto tal prerrogativa no fue consagrada en las normas que regulan esos sistemas.

20. El 6 de diciembre de 2019, Porvenir S.A. allegó oficio en el que informó las fechas de consignación de las cesantías de los accionantes afiliados a ese fondoregulan esos sistemas.

20. El 6 de diciembre de 2019, Porvenir S.A. allegó oficio en el que informó las fechas de consignación de las cesantías de los accionantes afiliados a ese fondoexcepto la señora Thania Olivar Quin, frente a quien no se reporta consignación-.

21. Aunque tal documento evidenci ó la sanción moratoria reclamada, no hay lugar a su reconocimiento, pues la reclamación administrativa fue presentada luego de transcurrido los tres años de su causación.

22. En efecto, el derecho se causó el 14 de febrero de febrero de 2014, por lo que se exigencia en sede administrativa debió realizarse a más tardar el mismo día y mes del año 2017. Empero, según se observa a folio 32 del paginario, tal petición se radicó el 9 de septiembre de 2017, cuando ya había prescrito esa prerrogativa.

23. Del recurso extraordinario de revisión 7. Los recurrentes invocaron la causal establecida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20118.

24. Fundamentos. Para los censores, el Tribunal Administrativo de l Cesar incurrió en dos graves yerros de carácter probatorio que vulneraron su derecho al

debido proceso así:

25. Desconoció que entre los demandantes afiliados a Porvenir S.A. se encontraban las señoras Luz Serrano Granados y Diana Nieto Palomino, quienes fueron enlistadas en el certificado emitido por ese fondo, pues estaban afiliadas a él en el año 2013.

26. Mal interpretó la fecha consignada en el sello de recib ido impuesto por la demandada en la reclamación administrativa y que da cuenta que tal petición fue

en el año 2013.

26. Mal interpretó la fecha consignada en el sello de recib ido impuesto por la demandada en la reclamación administrativa y que da cuenta que tal petición fue

6 Ver índice 27 de la plataforma SAMAI, documento denominado “06 APELA SENTENCIA.PDF”, páginas 251263. 7 Ver índico 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “ 2_ED_01RECURSOEXTRAORDIN(.PDF) NroActua 2”. 8 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

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4 presentada el 9 de febrero de 2017 y no el 2 de septiembre de 2017.

27. A partir de ese error fue que se declaró la prescripción de los derechos reclamados, yerro que debe ser corregido en esta instancia para garantizar el debido proceso de los demandantes.

28. La intervención de la E.S.E: Hospital Local de Aguachica . Reiteró los argumentos de los jueces de primera y segunda instancia y, además, señaló que no tiene ninguna responsabilidad en la mora reclamada, pues siempre obró de buena fe.

III. CONSIDERACIONES

argumentos de los jueces de primera y segunda instancia y, además, señaló que no tiene ninguna responsabilidad en la mora reclamada, pues siempre obró de buena fe.

III. CONSIDERACIONES

29. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta Corporación.

30. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

31. En el presente asunto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 20 de febrero de 2020 y quedó ejecutoriada el día 26 de ese calendario, tal y como lo certificó la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.9

32. Por tanto, la Sala concluye que el escrito de revisión , radicado a través de correo electrónico a esta corporación el 4 de marzo de 2021 ,10 fue presentado dentro de la oportunidad legal.11

33. Problema jurídico . De acuerdo con lo planteado por los recurrentes , corresponde a la Sala determinar sí ¿Se debe declarar fundado el recurso extraordinario de revisión?

34. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

34. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

9 Expediente digital, índice 27 de la plataforma SAMAI, archivo denominado “06 APELA SENTENCIA.pdf” Folio 275. 10 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “RVRADICACIONDEREC.msg”. 11 Para arribar a esta conclusión se tuvo en cuenta que mediante el Decreto Legislativo 564 de 2020 se suspendieron los términos judiciales a partir del 16 de marzo de ese año. Tales plazos se mantuvieron así hasta el 30 de junio de 2020.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

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5 Normas y jurisprudencia aplicables.

35. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

36. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

36. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunale s administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

37. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada. En sentencia de 3 de marzo de 2020, 12 la Sala Décima Especial de

Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso

1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».13

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina14 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se

12 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 14 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 14 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

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6 configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.15

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».16

38. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a juicio.

39. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una

sometido a juicio.

39. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los fundamentos y la causal alegada. 17 En la sentencia que se viene citando, esta

Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpret ativa del juez 18 o para corregir errores «in iudicando» 19, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 20-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición

15 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del

de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalme nte por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada». 16 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001 -03-15000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.

sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 18 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001 -03-15000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. 19 En sentencia C998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…». 20 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados».Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

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7 de una persona con mejor derecho 21-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 22o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación23-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación

en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación23-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo».24

40. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

interpretativo».24

40. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

21 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 22 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 23 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 24 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003 -0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,

constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003 -0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinari o especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del p roceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».Radicado: 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021)

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41. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.

42. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta

origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.

42. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.25

43. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión judicial.26 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:27

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus ; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le

principio de la no reformatio in pejus ; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce el principio de congruencia28 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018 29 proferida por la Sala Plena de la

25 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-0001998-00157-01(REV), Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001 -03-15-000-2017-0081100(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001 -03-15-000-2014-01303-00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A. 26 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001 -03-15-00026 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001 -03-