CE - Sentencia 11001032500020210038300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD.

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

Demandantes: Elías Enrique Rodríguez Fontecha Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla»

Temas: Principios de legalidad y t ipicidad. Derecho fundamental al debido proceso. Tipos disciplinarios en blanco. Reglamentos disciplinarios de las instituciones educativas. Proceso de subsunción típica. ACCEDE PARCIALMENTE A LAS

PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por el señor Elías Enrique Rodríguez Fontecha contra la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla», con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los artículos 71 (numeral 1) y 72 (numerales 1, 6, 8 y 10) de la Resolución 143 DENAP del 31 de diciembre de 2020 «Por la cual se

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los artículos 71 (numeral 1) y 72 (numerales 1, 6, 8 y 10) de la Resolución 143 DENAP del 31 de diciembre de 2020 «Por la cual se modifica la Resolución No. 0127 DENAP/19 Reglamento Disciplinario para el personal de Guardiamarinas, Alféreces, Pilotines, Cadetes y Aspirantes de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, la cual modificó la Resolución No. 043 – DENAP01 de junio de 2013», que disponen:

«Artículo 71. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas:

1. Ejecutar cualquier conducta que atente contra el Código de Honor del Cadete

Naval».

«Artículo 72. Código de Honor del Cadete Naval. El Cadete Naval:

1. No hace ninguna declaración falsa, verbal o escrita, Oficial [sic] o particular, cualquiera que sea la situación en que se encuentre. […]

6. Soporta y considera las consecuencias de sus acciones y de todas aquellas situaciones desfavorables, asumiendo valerosamente la responsabilidad de susRadicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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acciones. […]

8. No hace manifestaciones afectivas durante los actos de servicio, estando uniformados o en unidades militares, diferentes a las contempladas en las normas de cortesía militar, y bajo ninguna circunstancia permite que sus relaciones personales interfieran en el servicio. En actividades particulares

8. No hace manifestaciones afectivas durante los actos de servicio, estando uniformados o en unidades militares, diferentes a las contempladas en las normas de cortesía militar, y bajo ninguna circunstancia permite que sus relaciones personales interfieran en el servicio. En actividades particulares actúa siempre con decoro. […]

10. Informa sobre cualquier violación al Código de honor en que haya incurrido un Guardiamarina, Alférez, Pilotín, Brigadier, Cadete o Aspirante, de la cual haya sido testigo o tenga conocimiento».

En subsidio, que se condicione la validez de los fragmentos cuestionados a su aplicación conforme al principio de legalidad y el derecho fundamental al debido proceso.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Manifestó que los actos acusados vulneran los artículos 1, 2, 5, 4, 6, 13, 15, 21, 29, 83, 121, 122, 158, 209 y 229 de la Constitución Política; el artículo 3 del CPACA y los artículos 6 y 13 de la Ley 734 de 2002.

En relación con el artículo 71.1, transversal a toda la demanda, indicó que dispone un tipo disciplinario en blanco que, aunque permitido por el ordenamiento, su validez supone la remisión a normas que contengan las características esenciales de la conducta proscrita, requisito que no cumple la disposición en virtud de la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados que no garantizan el principio de tipicidad en materia escolar disciplinaria, como: «declaración falsa» , «situaciones desfavorables» (72.6), «manifestaciones afectivas» (72.8), entre otros.

de conceptos jurídicos indeterminados que no garantizan el principio de tipicidad en materia escolar disciplinaria, como: «declaración falsa» , «situaciones desfavorables» (72.6), «manifestaciones afectivas» (72.8), entre otros.

Considera que el artículo 72.1 limita la libertad de expresión, pues las declaraciones privadas o particulares no cons tituyen una infracción disciplinaria, en tanto no impliquen una afectación del deber funcional. Solicitó que , de no anularse este fragmento, se condicione su validez en el sentido indicado.

Que el artículo 72.6 viola el derecho al debido proceso, pues invita a la anticipación de la culpabilidad y de dolo , porque obliga a los servidores a renunciar a la presunción de inocencia y exonera a las autoridades disciplinarias de la carga de demostrar más allá de toda duda razonable la configuración de la s faltas. Además, que restringe la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad de los cadetes.

Sobre el artículo 72.8 , estima que vulnera la dignidad humana y el derecho a la intimidad, pues las manifestaciones afectivas solo pueden ser objeto de r eproche disciplinario cuando trasciendan al dominio público y afecten el interés general.

Del artículo 72.10 dijo que vulnera el principio de unidad de materia previsto en el artículo 158 superior y que se trata de una medida desproporcional y desigual, puesRadicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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solo las infracciones que afectan la buena marcha de la administración pública o el deber funcional pueden constituir una falta gravísima.

Que, si bien la Escuela Naval de Cadetes goza de autonomía universitaria, no debe extralimitarse en el ejercicio de su potestad reglamentaria, que encuentra límite en los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria y los principios constitucionales.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada no se pronunció.

TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

El 2 de septiembre de 2021 se adecuó el trámite de la demanda al medio de control de nulidad simple; el 22 de febrero de 2022 se admitió la demanda el 5 de octubre de 2022 se imprimió el trámite de sentencia anticipada y el 8 de noviembre de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión1.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante. Expresó que los reglamentos disciplinarios no pueden limitar derechos fundamentales de los estudiantes, como la autonomía, libertad o intimidad. Que los tipos en blanco solo son válidos si el reenvío a otras normas permite la identificación plena de las conductas sancionables, afectan el deber funcional, el buen servicio , gozan de ilicitud sustancial y se desarrollan en instalaciones militares. Sostuvo que no se extienden a la vida íntima o la actividad privada de los estudiantes, pues solo las conductas públicas son objeto de reproche

funcional, el buen servicio , gozan de ilicitud sustancial y se desarrollan en instalaciones militares. Sostuvo que no se extienden a la vida íntima o la actividad privada de los estudiantes, pues solo las conductas públicas son objeto de reproche disciplinario. Enfatizó en la imposibilidad de identificar las conductas sancionables por la remisión normativa al Código de Honor.

Parte demandada. Argumentó que el acto se expidió en ejercicio de la autonomía prevista en el artículo 69 de la Constitución y con absoluto respeto del derecho al debido proceso previsto en el artículo 29, pues, aunque la defensa técnica no es una exigencia en el reglamento, el procedimiento disciplinario al interior de la Institución respeta los postulados del debido proceso . Que, si bien se estaba ante un tipo en blanco, la norma permite identificar con claridad y taxatividad cuáles son las conductas objeto de reproche.

Destacó el reconocimiento jurisprudencial de la disciplina y el honor militar como valores fundamentales para el proceso de formación de los alumnos . Que sus comportamientos no son determinantes exclusivamente en clave de la función que desempeñan, pues son sujetos d e un proceso de formación integral.

1 Índice 31, ídem.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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Adicionalmente, que las autoridades solo conocen de un hecho cuando su responsable ha permitido que trascienda a lo público.

El agente del Ministerio Público no actuó en esta etapa procesal.

Se decidirá previas las siguientes,

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Adicionalmente, que las autoridades solo conocen de un hecho cuando su responsable ha permitido que trascienda a lo público.

El agente del Ministerio Público no actuó en esta etapa procesal.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Debe precisarse que, en sentido estricto, la Resolución 143 DENAP de 2020 cuenta con tan solo tres artículos. E l primero dispone: «Reformase el Reglamento de Régimen Disciplinario para el personal de Guardiamarinas, Alféreces, Pilotines, Cadetes y Aspirantes de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, cuyo texto quedará como a continuación se señala, […]», e incorpora un nuevo articulado para el reglamento de régimen disciplinario. De allí que el control judicial versa sobre el artículo 1 de la Resolución 143 DENAP de 2020, que dispone el nuevo reglamento de régimen disciplinario, específicamente, en su interior, los artículos 71 (numeral 1) y 72 (numerales 1, 6, 8 y 10).

El artículo 71.1 dispone que ejecutar cualquier conducta en contra del Código de Honor del Cadete Naval previsto en el artículo 72 configura una falta gravísima que, según el demandante, es ilegal por infringir las normas en que debía fundarse al desconocer los principios de legalidad, tipicidad y el derecho al debido proceso.

Este es el cargo principal objeto de estudio, pues los reproches a los numerales 1, 6, 8 y 10 del artículo 72 están en función de un eventual escenario disciplinario. Es decir, no se c uestiona propiamente su contenido axiológico, sino el grado de

Este es el cargo principal objeto de estudio, pues los reproches a los numerales 1, 6, 8 y 10 del artículo 72 están en función de un eventual escenario disciplinario. Es decir, no se c uestiona propiamente su contenido axiológico, sino el grado de indeterminación y subjetividad para la identificación de una conducta sancionable en desarrollo del mismo. Por lo anterior, la Sala advierte que la decisión sobre la validez del artículo 71.1 supone un estudio de los numerales 1, 6, 8 y 10 del artículo 72 en estricta relación con su carácter de tipo disciplinario.

De la naturaleza jurídica de la entidad demandada

Según la Corte Constitucional, la Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla» es una institución de educación superior, del orden nacional, creada mediante Decreto 793 de 1907 y adscrita a la Armada Nacional 2. Su función es la prestación del servicio público de educación y se rigen por lo previsto en la Ley 30 de 1992 , que en el artículo 137 dispone: «[…] las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior […] continuarán adscritas a las entidades respectivas . Funcionarán de acuerdo con su

2 Corte Constitucional. Sentencia T-962 del 21 de julio del 2000. M.P. Fabio Morón Díaz.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley».

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naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley».

La relación entre esta entidad y los guardiamarinas, alféreces, pilotines, brigadieres, cadetes y aspirantes, es la que existe entre una universidad y un alumno. El régimen disciplinario no es equiparable a las normas que regulan el vínculo entre servidores públicos y sus superiores. Sus reglamentos se expiden en ejercicio de su autonomía universitaria para la consolidación de una identidad que atienda a la particularidad o singularidad de cada institución.

Aquellos regulan las relaciones al interior de la entidad, en procura de la gara ntía de la convivencia pacífica y el cumplimiento los objetivos misionales. La jurisprudencia constitucional admite que su expedición corresponde a una legítima potestad que encuentra límite en la Constitución, en los siguientes términos:

«Para la Corte es claro, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, po rque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.

[…]

No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos qu e de alguna manera puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor

No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos qu e de alguna manera puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos de la naturaleza indicada» (énfasis fuera de texto)3.

Disponer de un reglamento estudianti l que regule el régimen disciplinario de los estudiantes es una obligación prevista en el artículo 109 de la Ley 30 de 1994 4. Pero, se insiste, se trata de una competencia que no excede las máximas constitucionales. La Corte Constitucional sostiene que la potestad sancionatoria de las instituciones educativas no escapa de lo previsto en el artículo 29 de la Constitución. Refiriéndose a la Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla», indicó que las reglas de conducta que dan origen a una sanción deben ser previamente descritas en el reglamento de la institución:

«[…] debe mediar certeza en la descripción de las faltas, no se requiere un señalamiento riguroso de los supuestos de hecho, pues “la tipificación de las

3 Corte Constitucional. Sentencia T -386 del 31 de agosto 1994 . M.P. Antonio Barrera Carbonell ; Corte Constitucional. Sentencia T -015 del 21 de enero de 1999 . M.P. Alejandro Martínez Caballero . La Corte ha expuesto estos argumentos en el caso puntual de la E scuela Naval «Naval Almirante Padilla» (Corte Constitucional. Sentencia T-962 del 21 de julio del 2000 . M.P. Fabio Morón Díaz) y ha extendido esta lógica a

expuesto estos argumentos en el caso puntual de la E scuela Naval «Naval Almirante Padilla» (Corte Constitucional. Sentencia T-962 del 21 de julio del 2000 . M.P. Fabio Morón Díaz) y ha extendido esta lógica a los aspirantes a obtener el grado de oficiales en la Fuerza Aérea Colombiana (Corte Constitucional. Sentencia T-803 del 3 de octubre de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis). 4 «Artículo 109. Las instituciones de Educación Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matríc ula, derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos».Radicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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faltas puede ser lo suficientemente flexible como para permitir a la autoridad competente disponer de un margen de apreciación discrecional –que no arbitraria– al momento de determinar la falta disciplinaria concreta y su respectiva sanción”» (énfasis fuera de texto)5.

Incluso, la Corporación admite que las instituciones de formación militar, por sus particularidades «[…] pueden establecer un conjunto de exigencias o condiciones de conducta que no son comunes a los demás establecimientos educativos»; pero, aunque la disciplina militar es mucho más restrictiva en cuanto a las conductas que se esperan de los estudiantes, esto no encierra una prerrogativa arb itraria que

de conducta que no son comunes a los demás establecimientos educativos»; pero, aunque la disciplina militar es mucho más restrictiva en cuanto a las conductas que se esperan de los estudiantes, esto no encierra una prerrogativa arb itraria que desconozca los mínimos constitucionales del derecho sancionador6.

En suma, la relación entre los estudiantes y la Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla», así como la potestad de esta última para disponer un régimen disciplinario, no es asimilable a la de los servidores u oficiales de las fuerzas armadas . Estas instituciones ejercen facultades sancionatorias que deben respetar el debido proceso, el principio de legalidad y el de tipicidad . Sin obstruir definitivamente el margen de apreciación al operador disciplinario con una exhaustiva descripción de las conductas, debe existir un grado razonable de certeza en su determinación.

Los tipos disciplinarios en blanco

El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, por lo que «[…] Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio […]».

La norma es una garantía de certeza sobre los parámetros de orientación de la conducta que permiten la determinación de esta. Dicho de otro modo, asegura que los sujetos sancionables conozcan qué está proscrito y, de no acatarlo, cuál es el alcance de la medida gravosa en su desfavor. Es decir, el derecho al debido proceso en actuaciones administrativas integra, además, el principio de legalidad. Así lo ha

los sujetos sancionables conozcan qué está proscrito y, de no acatarlo, cuál es el alcance de la medida gravosa en su desfavor. Es decir, el derecho al debido proceso en actuaciones administrativas integra, además, el principio de legalidad. Así lo ha propuesto la Corte Constitucional:

«En lo que concierne al principio de legalidad, éste exige que la conducta que se va sancionar, así como las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos por la ley, y ello con carácter previo a la aplicación e imposición de estas medidas. De conformidad con este principio, no es posible adelantar válidamente un proceso, bien sea penal, disciplinario o de naturaleza sancionadora, si el precepto -praeceptum legis - y su correspondiente consecuencia jurídica -sanctio legis - no se encuentran previamente definidos de manera clara y expresa en la ley» (énfasis fuera de texto)7.

5 Corte Constitucional. Sentencia T-391 del 14 de mayo de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-364 del 4 de septiembre de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. 7 Corte Constitucional. Sentencia C-030 del 1 de febrero de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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Del principio de legalidad aplicable a las actuaciones administrativas se desprende

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Del principio de legalidad aplicable a las actuaciones administrativas se desprende el principio de tipicidad en aquellas de carácter sancionatorio, según el cual «[…] la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras»8.

La jurisprudencia constitucional reconoce que, si bien se trata de principios rectores en el ejercicio de estas actuaciones del Estado, se aplican con mayor o menor flexibilidad según el ámbito. Por ejemplo, la tipicidad de las conductas es significativamente más estricta en los procesos penales que en los procesos disciplinarios. Para la Corte, esto se origina en la naturaleza misma de estas regulaciones, pues suelen remitirse a otras normas, en donde se encuentren descritos deberes, funciones u obligaciones , que contribuyen a integrar y complementar los tipos o conductas sancionables9.

De este modo, es usual que se dispongan tipos disciplinarios acudiendo a la técnica de los «tipos en blanco» o «tipos abiertos» , que consiste en la descripción incompleta de las conductas sancionables para que, por medio de la remisión a otras normas, se integre o complemente la definición del supuesto fáctico para la sanción. Esto es constitucionalmente admisible siempre que el r eenvío normativo «[…] permita al operador jurídico establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y de la sanción correspondiente»10.

sanción. Esto es constitucionalmente admisible siempre que el r eenvío normativo «[…] permita al operador jurídico establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y de la sanción correspondiente»10.

La tipicidad se garantiza siempre que la interpretación sistemática de las normas, tanto de las que remiten como de las destinatarias del reenvío, permitan identificar con certeza las conductas objeto de reproche. Es decir , siempre que la determinación de lo sancionable no sea una decisión arbitraria de quien impone el correctivo, sino la conclusión de un ejercicio hermenéutico de origen en el ordenamiento jurídico. También se admite el uso de conceptos jurídicos indeterminados en la disposición de los tipos. Estos son términos o expresiones que presentan un alto grado de indefinición que solo puede ser delimitado conforme a la experiencia, por ejemplo : «orden público» , «interés general» o «buenas costumbres».

Para la Corte Constitucional, al margen de la utilización de tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados, la forma típica de las conductas debe ser determinable al momento de su aplicación en uso de criterios objetivos. Lo contrario supone una vul neración flagrante del principio de legalidad 11. Esta es una conclusión que, de tiempo atrás, comparte esta Subsección12.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-818 del 9 de agosto de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 9 Corte Constitucional. Sentencia C-030 del 1 de febrero de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 10 Ídem. 11 Ídem; Corte Constitucional. Sentencia C-530 del 3 de julio de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

10 Ídem. 11 Ídem; Corte Constitucional. Sentencia C-530 del 3 de julio de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2014. Rad. 11001 -0325-000-2013-00117-00 (0263 -13). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren ; Consejo de Estado. SecciónRadicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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Derecho a la intimidad

El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques».

En sentido similar, el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra esas injerencias o esos ataques»13.

En el orden local, el artículo 15 de la Constitución Política ordena:

«Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos

En el orden local, el artículo 15 de la Constitución Política ordena:

«Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogid o sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. […]» (énfasis fuera de texto).

De allí que existen múltiples fuentes de derecho que garantizan el derecho a la intimidad. Se trata de una garantía constitucional con un amplio desarrollo jurisprudencial. Poco después de la expedición de la Carta Política, la Corte Constitucional precisó que es te derecho resguarda el ser humano y su familia de las presiones y cargas inherentes a la vida en sociedad, presupuesto básico para el libre desarrollo de la personalidad14.

A su vez, diferenció dos dimensiones donde se proyecta este derecho: la primera, como secreto o prohibición para divulgar hechos o documentos privados y, la segunda, como libertad individual para tomar decisiones propias de la esfera privada de cada persona15. En pocas palabras, se trata de una protección jurídica de la vida privada de la intervención del Estado y los particulares que, aunque no solo se presume de la persona sino también de su familia, incluso en su interior conlleva el respeto de ciertos límites de lo estrictamente personal16.

Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de mayo de 2018. Rad. 11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13) C.P. William Hernández Gómez. 13 Aprobado por la ley 74 de 1968. El artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

C.P. William Hernández Gómez. 13 Aprobado por la ley 74 de 1968. El artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, reproduce esta redacción. 14 En palabras de la Corporación: «El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recog imiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea» (Corte Constitucional.

Sentencia T-210 de 27 de abril de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 15 Corte Constitucional. Sentencia C-489 del 2 de noviembre de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 En palabras de la Corte: «La persona no puede estar sujeta de modo permanente a la observación y a la injerencia de sus congéneres. Inclusive tiene derecho a reclamar de sus propios familiares, aún los más allegados, el respeto a su soledad en ciertos momentos , la inviolabilidad de sus documentos personales y de su correspondencia, así como la mínima consideración respecto de problemas y circunstancias que dese aRadicación: 11001-03-25-000-2021-00383-00 (1899-2021)

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La Corporación también ha propuesto (de forma enunciativa) múltiples ámbitos para la garantía del derecho a la intimidad, a saber: las relaciones familiares, costumbres,

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La Corporación también ha propuesto (de forma enunciativa) múltiples ámbitos para la garantía del derecho a la intimidad, a saber: las relaciones familiares, costumbres, prácticas sexuales, salud, domicilio, comunicaciones personales, espacios para la utilización de datos informáticos, creencias religiosas, secretos profesionales y, en general, todo comportamiento del sujeto que únicamente puede llegar al conocimiento de otros siempre que sea este individuo quien decida compartir la información al público como un ejercicio autónomo de su libertad. Igualmente, con el ánimo de sistematizar la dogmática sobre este asunto, consideró que la información que le atañe al individuo puede delimitarse en grados de reserva17.

El primero y más importante se relaciona c on la intimidad connatural del ser en relación con su medio, se refiere a la intimidad personal más profunda e individual e implica la garantía a ser dejado solo y permanecer en silencio. El segundo consiste en el secreto y la privacidad del núcleo familia r que, como se advirtió, también encuentra límites internos. El tercero se refiere a las relaciones de la persona con un entorno social determinado, como los escenarios académicos y laborales. Por último, enuncia la intimidad de la información que garantiz a la libertad económica, que involucra la potestad de reservarse información personal para su explotación o lucro. Sin embargo, el derecho a la intimidad no es absoluto, pues bien puede restringirse cuando entra en conflicto con los derechos de terceros o el interés público, claro, atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre el derecho a la intimidad y

restringirse cuando entra en conflicto con los derechos de terceros o el interés público, claro, atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre el derecho a la intimidad y los contornos inevitables de su garantía. En sentencia del 27 de octubre de 2005, esta Sección lo calificó como un límite del Estado y los particulares para intervenir en la esfera de actividad privada del individuo y su familia, permitiendo el correcto y pacífico desarrollo del ser humano en sociedad, asignando ciertas obl