CE - Sentencia 11001032500020210040700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001 03 25 000 2021 00407 00 (1974-2021)

Demandante: Dumar Rojas Ramírez

Providencia recurrida: Sentencia del 16 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal

Administrativo de Casanare

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Dumar Rojas Ramírez contra la sentencia del 16 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de Colpensiones.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Dumar Rojas Ramírez presentó una demanda en

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Dumar Rojas Ramírez presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones GNR-388104 del 30 de noviembre de 2015 , VPB-7867 del 16 de febrero de 2016, GNR -310525 del 20 de octubre de 2016 y VPB-46306 del 30 de diciembre de 2016, por las cuales Colpensiones le negó el reconocimiento de una pensión de vejez.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la prestación debidamente indexada, en los términos de la Ley 32 de 1986,

1 Índice 30 de Samai, documento «30RECIBEMEMORIAL_DEMANDAPDF(.pdf)». Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 85001 3333 001 2017 00111 01. 2 En adelante CPACA.2

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liquidada en el 75% del promedio de la asignación básica, con inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

los factores devengados en el último año de servicio.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Dumar Rojas Ramírez laboró como guardián del INPEC desde el 4 de enero de 1995 hasta el 19 de abril de 2015, es decir, durante 20 años, 3 meses y 15 días.

3.2. El demandante le solicitó a Colpensiones el reconocimiento pensional y adjuntó los certificados de los salarios y primas de toda especie que devengó desde 1994 hasta el 2015, así como el certificado de tiempo de servicio expedido el 11 de marzo de 2016.

3.3. No obstante , Colpensiones le negó al peticionario el reconocimiento de la pensión de vejez. La entidad argumentó que el servidor no acreditó los 20 años de servicios, equivalentes a 1028 semanas de cotización, exigidos por la Ley 32 de 1986. Sobre el mismo punto, las resoluciones enjuiciadas sostuvieron que el INPEC, en condición de empleador, no realizó los aportes por algunos períodos.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia proferida en la audiencia d el 13 de febrero de 20 19 el Juzgado Primero Administrativo de Yopal accedió a las pretensiones y le ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de jubilación a Dumar Rojas Ramírez , en los términos previstos por el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, desde el 19 de abril de 2015, en el 75% de lo devengado en el último año de servicio3. Para el efecto,

consideró:

los términos previstos por el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, desde el 19 de abril de 2015, en el 75% de lo devengado en el último año de servicio3. Para el efecto, consideró:

4.1. Las pensiones de los empleados del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC vinculados antes de la expedición del Decreto 2090 de 20 03 debían gobernarse por el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 1 de 2005, que remitía al artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

4.2. A estos empleados no les eran exigibles los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 ni se les aplicaban las sentencias C -258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU -395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional y la providencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado. Estas providencias definieron las reglas que debían aplicarse en los eventos de reconocimiento pensional con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

4.3. De acuerdo con las certificaciones allegadas por el peticionario y con lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los factores salariales que debían tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión eran: asignación

3 Índice 30 de Samai, documento «176RECIBEMEMORIAL_2017111SENTENCIAPRIM(.pdf)»3

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básica, subsidio de alimentación y de transporte , así como las doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones.

4.4. Igualmente, debía incluirse en el cómputo la prima de riesgo y el subsidio familiar que el demandante devengó en el último año de servicio, a pesar de que no estaban relacionados en el mencionado Decreto 1045 de 1978.

4.5. En relación con la exigibilidad del derecho pensional , era necesario precisar que, para la fecha en la que se produjo el retiro definitivo del servicio, el actor cumplía con el requisito de tiempo de servicio previsto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

4.6. En este punto, la demandada sostuvo que no se efectuaron las cotizaciones al sistema de seguridad social por los períodos correspondientes a noviembre de 1996 y septiembre de 1997 . Sin embargo, los formatos allegados por el INEPC certificaron que sí cumplió con los aportes de Dumar Rojas Ramírez.

4.7. En esas condiciones, no eran admisibles los argumentos expuestos por el ente de previsión social en los actos que negaron la prestación. Los aspectos relacionados con los cobros y cruce de cuentas eran «netamente administrativ[os] y no de resorte del empleado». En todo caso, el pago de aportes estaba a cargo del empleador.

relacionados con los cobros y cruce de cuentas eran «netamente administrativ[os] y no de resorte del empleado». En todo caso, el pago de aportes estaba a cargo del empleador.

4.8. Por todo lo anterior , se debía declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar el reconocimiento y pago de la pensión al demandante, desde el 19 de abril de 2015, en cuanto del 75% de lo devengado en el último año de servicio, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Asimismo, las sumas por pagar debían indexarse en los términos del artículo 187 del CPACA.

4.9. También era procedente que, de los nuevos factores para tener en cuenta en la liquidación de la prestación , Colpensiones debía descontar el porcentaje que le correspondía aportar al demandante como cotización al sistema pensional, en aras de la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por su parte, el INPEC también debía trasladar los aportes sobre los factores que dejó de cotizar, por los últimos 10 años «del 19 de abril de 2015 al 20 de abril de 2005» [sic].

4.10. Para efectos de analizar la prescripción no se allegó prueba de la radicación de la solicitud de reconocimiento pensional. Por lo tanto, se tomó como fecha de partida el 27 de febrero de 2015, según lo informado en la Resolución GNR 388104 del 30 de noviembre de 2015. Comoquiera que la demanda fue radicada el 21 de marzo de 2017, no operó el fenómeno extintivo de mesadas por el paso del tiempo.

4.11. Por último, no se encontraron probadas las excepciones de «inexistencia de

el 21 de marzo de 2017, no operó el fenómeno extintivo de mesadas por el paso del tiempo.

4.11. Por último, no se encontraron probadas las excepciones de «inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez», «inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez con el IBL del promedio del último año de servicios », «cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colpensiones», «buena fe», «presunción de legalidad del acto administrativo » y de «improcedencia de la indexación de las condenas» formuladas por la parte demandada.4

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00407 00 (1974-2021)

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1.3. El recurso de apelación4

5. Colpensiones presentó recurso de apelación contra la sentencia de pr imer

grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. El Decreto 407 de 1994 fue expedido el 21 de febrero de 1994 «en el entendido de que regía la Ley 100 de 1993» que entró en vigor el 1 de abril de 1994. En efecto, el artículo 168 del primer decreto indicó que quienes se vincularan con el INPEC a partir de que comenzó a regir tendrían derecho a una pensión de vejez, en los términos que estableciera el artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

5.2. Sobre los factores que integraban el IBL , era pertinente señalar que,

términos que estableciera el artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

5.2. Sobre los factores que integraban el IBL , era pertinente señalar que, anteriormente se acogió la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado. El criterio fijado en este pronunciamiento sostenía que la pensión de jubilación debía liquidarse en el 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de labor, siempre que los emolumentos tuvieran el carácter salarial.

5.3. Sin embargo, más delante la Sala Plena Contenciosa de la misma corporación profirió la sentencia del 28 de agosto de 2018 5 que definió las subreglas de interpretación sobre el IBL de las pensiones reconocidas en el marco del régimen de transición de la Ley 10 de 1993. La providencia precisó que los factores que integraban la base de liquidación eran únicamente aquellos sobre los cuales se hubieran efectuado aportes. Esta subregla se sustent ó en el principio de solidaridad, previsto en los artículos 1 y 48 de la C.P.

5.4. Asimismo, el Acto Legislativo 1 de 2005 prescribió que, para adquirir el derecho pensional, era necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. La liquidación de estas prestaciones solo tendría en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera realizado aportes. En este contexto, la primera tesis mencionada desconocía el principio de solidaridad

5.5. De acuerdo con lo anterior, la orden de liquidación de la pensión del demandante en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de

este contexto, la primera tesis mencionada desconocía el principio de solidaridad

5.5. De acuerdo con lo anterior, la orden de liquidación de la pensión del demandante en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los factores sal ariales desconoció el precedente constitucional y los principios de solidaridad e igualdad previstos en la Ley 100 de 1993, así como el de sostenibilidad financiera señalado por el Acto Legislativo 1 de 2005.

5.6. En ese sentido, se debía revocar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, para en su lugar, disponer que el IBL debía ser el definido por la sentencia del 28 de agosto de 2018 con radicado: 52001 23 33 000 2012 00143

01. Como consecuencia de lo anterior , debían acogerse las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

4 Índice 30 de Samai, documento «40_RECIBEMEMORIAL_001CUADERNOPRINCIPAL_20240321124114 » pp. 172 a 179 del archivo .pdf. 5 Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.5

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1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6

6. El Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia del 16 de febrero de 2020

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1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6

6. El Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia del 16 de febrero de 2020 modificó la de primera instancia 7, en cuanto a la liquidación de la prestación , y revocó el numeral sexto, respecto del descuento por concepto de aportes, con

fundamento en las siguientes consideraciones:

6.1. El régimen pensional establecido por el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 era aplicable a las personas que ingresaran al INPEC a partir del 21 de febrero de 1994, quienes se regían por lo dispuesto en la Ley 32 de 1986.

6.2. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 2090 de 2003. Esta norma determinó que las actividades de custodia y vigilancia en los centros de reclusión que desarrollaban los miembros del INPEC eran de alto riesgo. En materia de pensiones, la disposición regló las reglas aplicables a quienes desarrollaban tales labores y esta bleció el régimen de transición para los servidores vinculados para la fecha de su entrada en vigor.

6.3. Este régimen de transición también fue mencionado en el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005. En este sentido, quienes ingresaron al INPEC antes del 28 de julio de 2003 eran destinatarios del régimen dispuesto en la Ley 32 de 1986.

6.4. Por otra parte, los servidores que se vincularon al INPEC después del 1 de abril de 1994, pero antes del 28 de julio de 2003, también se pensionarían con la

la Ley 32 de 1986.

6.4. Por otra parte, los servidores que se vincularon al INPEC después del 1 de abril de 1994, pero antes del 28 de julio de 2003, también se pensionarían con la Ley 32 de 1986. Sin embargo, la liquidación de estas prestaciones debía atender el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, por remisión del artículo 114 de la citada Ley 32 de 1986.

6.5. En este caso, la certificación del 11 de marzo de 2016 expedida por el INPEC constataba que el demandante laboró en la entidad desde el 4 de enero de 1995 hasta el 19 de abril de 2015 , por un lapso de 20 años, 3 meses y 15 días. Es decir, ingresó a la entidad después de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pero antes del 28 de febrero de 2003.

6.6. En esas condiciones, e l demandante tenía derecho al reconocimiento pensional por cumplir con los requisitos de la Ley 32 de 1986 y la liquidación de la prestación debía atender el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994.

6.7. Por lo tanto, era procedente modificar los numerales primero y tercero de la sentencia de primera instancia y revocar el sexto. En su lugar, se debía ordenar que la pensión se liquidara en el 75% de los factores sobre los cuales cotizó el actor durante los 10 años anterior es al retiro del servicio, con inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. En esa medida, no había lugar a disponer la deducción de aportes.

actor durante los 10 años anterior es al retiro del servicio, con inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. En esa medida, no había lugar a disponer la deducción de aportes.

6 Índice 22 Samai . Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 110013335017 -20200023800. 7 Índice 30 de Samai, documento «177RECIBEMEMORIAL_2017111SENTENCIASEGU(.pdf)»6

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1.3. Recurso extraordinario de revisión8

7. Dumar Rojas Ramírez interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 16 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

8. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se confirmara la sentencia de primera instancia dictada el 13 de febrero de 2019 por el Juzgado Administrativo del Circuito de Yopal. Como pretensión subsidiaria, pidió que se ordenara al Tribunal Administrativo de Casanare dictar una nueva providencia, en los términos que se dispongan en la sentencia que resuelva el recurso extraordinario de revisión.

pidió que se ordenara al Tribunal Administrativo de Casanare dictar una nueva providencia, en los términos que se dispongan en la sentencia que resuelva el recurso extraordinario de revisión.

9. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

9.1. La sentencia objeto de revisión incurrió en «aplicación indebida» de los artículos 21 de la Ley 100 de 1993, 1 del Decreto 1158 de 1994 y «falta de aplicación» de los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 4 de la Ley 4 de 1966.

9.2. Aunque el Tribunal Administrativo de Casanare citó el artículo 114 de la Ley 32 de 1986 , «impuso la tesis » según la cual el hecho de haberse vinculado en vigencia de la Ley 100 de 1993 implicaba que la pensión debía liquidarse en aplicación del artículo 21 ibidem y el Decreto 1158 de 1994. Con base en este criterio modificó la decisión de primer grado.

9.3. El artículo 114 de la Ley 32 de 1986 era claro al señalar que se aplicarían las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. Se trataba de las disposiciones vigentes al 3 de febrero de 1986 . Por eso, la liquidación de las pensiones en mención debía atender los artículos 4 de la Ley 4 de 1966 y 45 del Decreto 1045 de 1978.

9.4. Así las cosas, el Tribunal «cometió un yerro» al aplicar la Ley 100 de 1993, pues con ello desconoció el contenido del artículo 114 de la Ley 32 de 1986. La liquidación de la pensión en las condiciones del artículo 36 de la Ley 100, se

pues con ello desconoció el contenido del artículo 114 de la Ley 32 de 1986. La liquidación de la pensión en las condiciones del artículo 36 de la Ley 100, se predicaba de los regímenes ordinarios o especiales que no tenían condiciones de transición especial. Incluso, la anterior interpretación fue aceptada por Colpensiones en el recurso de apelación.

9.5. La Corte Constitucional ha señalado que se violaba el debido proceso cuando:

9.5.1. la decisión se fundaba en una norma « indiscutiblemente inaplicable al caso concreto»;

9.5.2. se fijaba el alcance de una norma con de satención de otras disposiciones aplicables que eran necesarias para hacer una interpretación sistemática;

9.5.3. la norma pertinente era inobservada y, por ende, inaplicada; y

8 Índice 3 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.7

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9.5.4. se aplicaba una norma que, a pesar estar vigente y ajustada a la Constitución Política, no se adecuaba a la situación fáctica a la que se decidió.

9.6. En este caso, se configuraron las últimas 3 situaciones . Ello por cuanto el Tribunal Administrativo de Casanare le dio al artículo 114 de la Ley 32 de 1986

9.6. En este caso, se configuraron las últimas 3 situaciones . Ello por cuanto el Tribunal Administrativo de Casanare le dio al artículo 114 de la Ley 32 de 1986 efectos distintos a los señalados por el legislador; aplicó indebidamente el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994; y no se remitió a las normas vigentes que gobernaban a los empleados nacionales al momento de expedición de la Ley 32 de 1986.

9.7. Ahora, los principios que orientan la interpretación de las normas estaban contenidos en los artículos 2, 3 y 9 de la Ley 153 de 1 887 y en la Constitución Política. La aplicación de estos criterios al estudio de las normas que gobernaban las pensiones del INPEC permitía concluir que quienes ingresaron antes de la vigencia del Decreto 2090 de 2003 se gobernaban por la Ley 32 de 1986 «cumpliendo con las cotizaciones que exi ge el Decreto 1950 de 2005, las previstas en los decretos 407 y 1835 de 1994, que [correspondían] al régimen anterior, no las que [exigía] el artículo 6 del citado Decreto 2090 de 2003».

9.8. La exigencia de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los guardianes del INPEC vinculados antes del Decreto 2090 de 2003 era inocu a. Quien estuviera en el régimen de transición general ya tenía un « derecho adquirido» para pensionarse con las normas anteriores y no era un presupuesto para aplicar el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005 y el Decreto 1950 de 2005.

adquirido» para pensionarse con las normas anteriores y no era un presupuesto para aplicar el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005 y el Decreto 1950 de 2005.

9.9. Tampoco era necesario acreditar 1300 semanas de cotización, pues la norma constitucional [Acto Legislativo 1 de 2005 ] que remitió a la Ley 32 de 1986 solo imponía 20 años de servicio, que equivalían a 1028 semanas. En este caso se debía dar prevalencia a la disposición superior. La voluntad del legislador al expedir el Acto Legislativo 1 de 20 05 fue la de restablecer las expectativas legítimas del artículo 168 del Decreto 407 de 1994.

9.10. En este mismo sentido lo interpreta ron las secciones : primera9, tercera10 y cuarta al resolver acciones de tutela , así como la Sección Segunda como juez natural de los procesos ordinarios11.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión12

10. Colpensiones contestó el recurso extraordinario de revisión, para solicitar que no se infirmara la sentencia del 16 de febrero de 202 0 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, con sustento en el siguiente razonamiento:

9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de julio de 2017 , radicado: 11001 03 15 000 2017 01476 00. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de marzo de 2019, radicado: 11001 03 15 000 2018 03594 01.

000 2017 01476 00. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de marzo de 2019, radicado: 11001 03 15 000 2018 03594 01. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, [no indica subsección], sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 11001 03 25 000 2016 00759 00. 12 Índice 16 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.8

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00407 00 (1974-2021)

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10.1. El recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia judicial que admita someter a consideración del juez de la revisión asuntos de hecho o de derecho resueltos en la providencia recurrida. Tampoco es una oportunidad para corregir los yerros jur ídicos y probatorios en que hubiesen podido incurrir las partes.

10.2. Este medio de control no era un mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa del juez, la valoración que realizó ni reabr ía la posibilidad de proponer cuestiones que dejaron de alegarse en el proceso ordinario. Se trata de un instrumento cuya finalidad es discutir aspectos procesales externos a la labor funcional del juez que puedan llegar a afectar el principio de justicia material.

10.3. En el presente asunto, el recurrente invocó la causal 5 del artículo 250 del

un instrumento cuya finalidad es discutir aspectos procesales externos a la labor funcional del juez que puedan llegar a afectar el principio de justicia material.

10.3. En el presente asunto, el recurrente invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA y alegó que se presentó una « nulidad por violación al debido proceso generada al proferir la sentencia ». Sin embargo, no sustentó sus pretensiones y fundamentos de derecho en un vicio procesal que hubiera afectado el proceso judicial y que, aún con la interposición oportuna de los recursos procedentes, se hubiera decidido el juicio.

10.4. En esas condiciones, no era admisible «que una persona descontenta por el sentido del fallo» pretendiera derivar una nulidad de la decisión desfavorable a sus pretensiones. En este sentido, era cierto que toda sentencia adversa a los intereses particulares «disgusta y molesta» a la parte que no fue beneficiada por lo resuelto, pero de ello no se podía deducir «irresponsablemente» una vulneración del debido proceso por el solo hecho de que se trata de una providencia definitiva contra la cual no procede ningún recurso.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 13 de la Sala Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

12. En este caso, se observa que la sentencia del 16 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare se notificó por correo electrónico el 26 de febrero de ese año14, quedó ejecutoriada el 4 de marzo de 202015, y el recurso fue radicado el 29 de abril de 202116.

13 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. 14 Índice 30 de Samai, documento «27RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf)» p. 132 del archivo. 15 Índice 30 de Samai documento «174RECIBEMEMORIAL_2017111EJECUTORIASEN(.pdf)» 16 Índice 2 de Samai, documento «4_ED_CORREOENVIOEXPAL(.PDF)».9

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00407 00 (1974-2021)

Demandante: Dumar Rojas Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13. De acuerdo con lo anterior, se advierte que transcurrió más de un año entre la ejecutoria de la providencia y la interposición del recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, en este asunto particular no puede considerar excedido el término pre visto en el artículo 251 del CPACA. Lo anterior por cuanto , es

ejecutoria de la providencia y la interposición del recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, en este asunto particular no puede considerar excedido el término pre visto en el artículo 251 del CPACA. Lo anterior por cuanto , es necesario tener presente que, para la época de ejecutoria de la sentencia , el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, mediante el cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con ocasión de las circunstancias excepcionales que ocurrieron con ocasión de la pandemia Covid – 19.

14. Adicionalmente, a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar los efectos de la crisis acaecida como consecuencia de la pandemia Covid -19. El anterior estado de excepción finalizó el 17 de abril de 2020, no obstante, a través del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de la mi sma anualidad se declaró nuevamente la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.

15. En atención a la situación descrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA20 -1151717, PCSJA20 -11518, PCSJA20 -1152118, PCSJA20-1152619, PCSJA20 -1153220, PCSJA20 -1154621, PCSJA20 -1154922, PCSJA20-1155623 y PCSJA20 -1156724. Las medidas adoptadas con aquellos

PCSJA20-1152619, PCSJA20 -1153220, PCSJA20 -1154621, PCSJA20 -1154922, PCSJA20-1155623 y PCSJA20 -1156724. Las medidas adoptadas con aquellos actos llevaron a que la mayoría de los despachos judiciales del país no prestaran el servicio al público de manera presencial y se suspendieran los términos en casi todos los procesos, salvo algunas excepciones25. A través del Acuerdo PCSJA2017 Del 16 al 20 de marzo. 18 Del 21 de marzo hasta el 3 de abril. 19 Del 4 de abril hasta el 12 de abril. 20 Del 13 de abril hasta el 26 de abril. 21 Del 27 de abril hasta el 10 de mayo. 22 Del 11 hasta el 24 de mayo. Este Acuerdo previó, dentro de las excepciones de la suspensión de términos, la siguiente: «[…] Todos los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011 cuando los procesos se encuentren para dictar sentencia, en primera, segunda o única instancia, así como sus aclaraciones o adiciones. Estas decisiones se notificarán electrónicamente, pero los términos para su control o impugnación seguirán suspendidos hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura lo disponga […]» 23 Del 25 de mayo hasta el 8 de junio. 24 Del 9 de junio hasta el 30 de junio. 25 A. PCSJA20-11532/2020, art. 2: «[…] «1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas

en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se ha