CE - Sentencia 11001032500020210041600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-20211) Recurrente: Oscar Julio Lara Tello Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA . Subtema 2: prueba encontrada o recobrada después de la sentencia. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Oscar Julio Lara Tello contra la sentencia del 26 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N ro. 5, que revocó la decisión del 22 de noviembre de 2017 en la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que interpuso, contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en la que solicitó la reliquidación de su pensión de vejez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Colpensiones, en la que solicitó la reliquidación de su pensión de vejez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP2, y las recaudadas en el curso de este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 15238-33-39752-2015-00079-01:

1.1.1. La demanda

2. Oscar Julio Lara Tello radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a través de la cual solicitó la nulidad de la Resolución núm. GNR -135859 del 24 de abril de 2014 que le reconoció la pensión de vejez de manera compartida con el Fondo de

1 Expediente digital. 2 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

Recurrente: Oscar Julio Lara Tello

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Prestaciones, Cesantías y Pensiones de Bogotá, FONCEP, una vez demostrara su desvinculación de la Rama Judicial; y de la Resolución VPB 17262 del 6 de octubre de 2014 que confirmó la primera.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió declarar que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual la entidad demandada debía reliquidar su pensión de vejez de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. En este orden, debía condenarse a Colpensiones a reconocerle y pagarle esta prestación con los factores salariales dispuestos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, la circular 054 de 2010 de la Procuraduría General de la Nación y el artículo 132 del Decreto 1660 de 1978, a partir de la fecha de su retiro del servicio.

4. A su vez, reclamó la cancelación de las diferencias que resultaran luego de la reliquidación, a su pago con retroactividad, a la cancelación de las primas y de los demás emolumentos debidamente indexados, así como a la reliquidación con la asignación mensual mayor percibida en el último año de servicio.

5. El señor Oscar Julio Lara Tello adujo que ha laborado por más de 36 años de los cuales los últimos 13 fueron en la Rama Judicial y que es beneficiario del régimen de transición, razón por la cual la liquidación de su prestación debía efectuarse con los

5. El señor Oscar Julio Lara Tello adujo que ha laborado por más de 36 años de los cuales los últimos 13 fueron en la Rama Judicial y que es beneficiario del régimen de transición, razón por la cual la liquidación de su prestación debía efectuarse con los factores salariales percibidos en el último año de servicios de acuerdo con el Decreto 546 de 1971. De esta forma, le atribuyó a Colpensiones una violación del principio de favorabilidad dado que debió aplicar el régimen especial3.

1.1.2. Contestación de la demanda

6. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, porque los actos administrativos demandados se expidieron de conformidad con la normatividad aplicable, en la medida en que la pens ión del señor Oscar Julio Lara Tello se liquidó con base en la Ley 33 de 1985, y aunque era beneficiario del régimen de transición, era improcedente aplicarle el Decreto 546 de 1971, ante la ausencia de tiempos laborados en el Ministerio Público o en la Rama Judicial antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

7. Planteó, como excepciones, la inexistencia del derecho y la obligación, la improcedencia de la indexación, la improcedencia de los intereses moratorios, el cobro de lo no debido, la buena fe, la prescripción y la innominada4.

1.1.3 Sentencia de primera instancia

8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso profirió sentencia el 22 de noviembre de 2017 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la

1.1.3 Sentencia de primera instancia

8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso profirió sentencia el 22 de noviembre de 2017 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda: declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. GNR 135859 del 24 de abril de 2014 que reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez del señor Oscar Julio Lara Tello, en cuanto al régimen pensional aplicable y el monto de la prestación , y de

3 Se extrae del recuento de la sentencia de segunda instancia. Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 33 a 36 del archivo digital. 4 Se extrae del recuento de la sentencia de segunda instancia. Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 36 a 37 del archivo digital.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

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la Resolución núm. VPB 17262 del 06 de octubre de 2014, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la primera.

9. En razón a ello, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez del demandante en aplicación del Decreto 546 de 1971, con el 75% de l ingreso base de

apelación interpuesto en contra de la primera.

9. En razón a ello, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez del demandante en aplicación del Decreto 546 de 1971, con el 75% de l ingreso base de liquidación de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales del artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y con todas las sumas recibidas como retribución de los se rvicios, incluidos determinados factores que estarían condicionados al retiro definitivo del servicio. Negó las restantes pretensiones de la demanda.

10. Para sustentar su decisión, tuvo por demostrado que el señor Oscar Julio Lara Tello contaba con 38 años de edad para la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y con cotizaciones al sistema pensional por más de 15 años, razón por la cual era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación que no fue objeto de discusión ni en sede administrativa ni judicial.

11. Ahora bien, con relación al cumplimiento de las condiciones que habilitarían dar aplicación al Decreto 546 de 1971, relativo al régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la rama judicial y del Ministerio Público, determinó que como el señor Oscar Julio Lara Tello nació el 29 de febrero de 1956, completó 58 años de edad para el 2014 cuando se le reconoció pensión de jubilación a través de la Resolución núm. 135859.

12. Agregó que, tampoco era objeto de controversia el reconocimiento del tiempo laborado por el demandante que le permitía acreditar los 20 años de servicios

Resolución núm. 135859.

12. Agregó que, tampoco era objeto de controversia el reconocimiento del tiempo laborado por el demandante que le permitía acreditar los 20 años de servicios continuos o discontinuos, en la medida en que en la resolución de reconocimiento pensional se avaló que el señor Oscar Julio Lara Tello tenía 1.738 semanas para octubre de 2013, equivalentes a 36.2 años.

13. De modo que, el objeto del proceso se centró en definir la prestación del servicio por 10 años a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público , frente a lo cual destacó que, de acuerdo con el contenido de los actos demandados, los reportes de las semanas cotizadas y la documentación que integró el expediente administrativo aportado al trámite judicial por Colpensiones, el señor Oscar Julio Lara Tello realizó aportes a pensiones en calidad de empleado de la Rama Judicial a partir del 1 de octubre de 2001 y, continuamente, hasta el 31 de agosto de 2016.

14. Así las cosas, encontró acreditado que el señor Oscar Julio Lara Tello laboró ininterrumpidamente en la Rama Judicial por más de 14 años y continúa prestando sus servicios según lo consignó la certificación expedida por la coordinadora de gestión humana; y precisó que no existía disposición que condicionara que los 10 años de servicio en la Rama Judicial tenían que acumularse antes del 1 de abril de 1994, así como tampoco alguna que restringiera la acumulación de tiempos laborados después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

15. Esto último, que encontró ajustado al Decreto 546 de 1971, a la sentencia de

como tampoco alguna que restringiera la acumulación de tiempos laborados después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

15. Esto último, que encontró ajustado al Decreto 546 de 1971, a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2014 5, y al principio de favorabilidad.

5 Consejo de Estado, providencia de 12 de septiembre de 2014, exp. 1434-14.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

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16. De ahí que, el señor Oscar Julio Lara Tello superó con creces el tiempo de servicios mínimo que prevé la norma para aplicar íntegramente el régimen pensional especial del Decreto 546 de 1971, lo que daba lugar a declarar la nulidad parcial y total, respectivamente, de los actos administrativos demandados y a ordenar que la reliquidación de su pensión de jubilación se h iciera con el 75% de la asignación mensual más elevada que fuere percibida en el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales previstos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y de las sumas habitual y periódicamente recibidas en retrib ución de los servicios prestados durante el último año de servicios.

17. El juzgado precis ó que, para estos efectos, no constituían factor salarial los conceptos que no hicieran parte de la retribución del servicio, de suerte que, no se

durante el último año de servicios.

17. El juzgado precis ó que, para estos efectos, no constituían factor salarial los conceptos que no hicieran parte de la retribución del servicio, de suerte que, no se incluiría en el IBL lo percibido por vacaciones, prima de vacaciones, prima especial de servicios de vacaciones, bonificación judicial, así como cualquier otra remuneración que recibiera el trabajador derivado de su derecho al descanso . En igual sentido, determinó que no existía valor sobre el cual analizar el fenómeno de la prescripción, dado que el pago de la mesada pensional estaba suspendido hasta la verificación del retiro definitivo del servicio6.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandada

18. Colpensiones solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, toda vez que el señor Oscar Julio Lara Tello no era beneficiario del régimen previsto en el Decreto 546 de 1971, al no haber efectuado cotizaciones antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, como lo exigía la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Motivo por el cual, no tenía expectativa de que le fuera reconocida la prestación con el régimen aplicable a quienes sirvieron a la Rama Judicial y al Ministerio Público.

19. Además de esto, consideró que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo conservó la edad, el tiempo y el monto del régimen anterior, por tanto, los restantes requisitos, como el IBL se regirían por lo normado en la Ley 100 de 19937.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

anterior, por tanto, los restantes requisitos, como el IBL se regirían por lo normado en la Ley 100 de 19937.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

20. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 5, profirió sentencia el 26 de agosto de 2020 en la que revocó la providencia del Juzgado Segundo Administrativo del 22 de noviembre de 2017 que accedió a las súplicas de la demanda, y, en su lugar, negó las pretensiones de esta.

21. Para llegar a al anterior conclusión, precisó que la finalidad del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 era la protección de las expectativas de quienes tenían un derecho adquirido por virtud de la norma anterior, de forma tal que quien pretendiera beneficiarse de un régimen previo a la Ley 100 de 1993 , régimen general, como el dispuesto en el Decreto 546 de 1971, tenía que, además de tener los 35 años de edad y los 15 de servicio al 1 de abril de 1994,

6 Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 15 a 32 del archivo digital. 7 Se extrae del recuento de la sentencia de segunda instancia. Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 40 a 41 del archivo digital.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

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fecha en la cual entró a regir el régimen general de pensiones , estar vinculado en el régimen en el cual pretendía beneficiarse, a saber, el de la Rama Judicial.

22. En este orden, aunque encontró acreditado que el señor Oscar Julio Lara Tello prestó sus servicios a la Rama Judicial por más de 10 años, la vinculación en esta entidad solo inició a partir del 1 de octubre de 2001, por manera que, por lo menos, para el 1 de abril de 1994, este carecía de la expectativa legítima de pensionarse con el régimen del Decreto 546 de 1971, al no estar demostrada una vinculación previa.

23. Sin embargo, como el señor Oscar Julio Lara Tello sí estaba cobijado por el régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contó con una expectativa de pensionarse, pero al amparo de la Ley 33 de 1985, que estaba vigente y era aplicable a los empleados públicos previo a la expedición del estatuto general de pensiones.

24. Así las cosas, enunció los requisitos que prevé el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para ser beneficiario de la prestación pensional, y explicó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , el régimen pensional aplicable a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, y el régimen previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, incluido el ingreso base de liquidación aplicable a quienes se benefician del

la Rama Judicial y del Ministerio Público, y el régimen previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, incluido el ingreso base de liquidación aplicable a quienes se benefician del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

25. A partir de esto, tuvo por demostrado que el señor Oscar Julio Lara Tello estuvo vinculado a la Rama Judicial, como juez promiscuo municipal en propiedad, a partir del 1 de octubre de 2001 según consignó la certificación de tiempos de servicio expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, y que dentro de los empleadores que registraron cotizaciones a pensiones estuvieron el municipio de Cerinza, el Instituto de Tránsito de Boyacá y la Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, según certificación emitida por la Sociedad Administradora de Fondos de Pension es y Cesantías, PORVENIR, obrante en el expediente administrativo a folio 108 del CD.

26. Igualmente, encontró acreditado que el señor Oscar Julio Lara Tello inició a laborar el 23 de marzo de 1976, completando un total de 12.171 días, como dio cuenta el propio acto de reconocimiento pensional y que para el 1 de abril de 1994 contó con más de 15 años de servicio, al no estar en discusión su calidad de beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

27. A partir de lo expuesto, el señor Oscar Julio Lara Tello estaba amparado por el régimen de transición pensional al contar con más de 15 años de servicios el 1 de abril de 1994 y tener más de 20 años cotizados en el sector público. No obstante, no estaba

régimen de transición pensional al contar con más de 15 años de servicios el 1 de abril de 1994 y tener más de 20 años cotizados en el sector público. No obstante, no estaba vinculado en la Rama Judicial el 1 de abril de 1994 por lo cual no tenía derecho a que su pensión fuera reliquidada con el Decreto 546 de 1971, sino con la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo percibido en los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional o lo que le hiciere falta si era menor a 10 años, con la inclusión de los factores salariales taxativos del Decreto 115 8 de 1994, como ocurrió en su caso en particular8.

8 Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 33 a 64 del archivo digital.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

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1.2. Recurso extraordinario de revisión. Escrito inicial y subsanación

28. El señor Oscar Julio Lara Tello radicó recurso extraordinario de revisión el 23 de mayo de 2021, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 5, el 26 de agosto de 2020, en el que indicó que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, del régimen

Sala de Decisión Nro. 5, el 26 de agosto de 2020, en el que indicó que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, del régimen anterior pensional del Decreto 546 de 1971 al cumplir con las exigencias dispuestas en la normativa aplicable.

29. Al respecto, destacó que en el expediente administrativo que obró en el proceso, el cual fue aportado por la entidad demandada, se evidenció que laboró en condición de personero municipal del municipio de Cerinza, en enero de 1995, y este cargo hacía parte del Ministerio Público. Por tanto, para la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, a diferencia de lo considerado por el Tribunal, sí se encontraba vinculado al régimen del cual era beneficiario.

30. En estos términos, le solicitó al Consejo de Estado tener en cuenta esta situación que calificó como verídica y real, para que al momento de examinar el presente recurso se valorara que su vinculación al régimen del cual es beneficiario no inició a partir del 1° de octubre de 2001.

31. Al punto de las causales que sustentaron este recurso extraordinario, el señor Oscar Julio Lara Tello indicó que en su caso concurrió la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA por la existencia de prueba documental , expediente administrativo, aportada por Colpensiones, que acreditó que el municipio de Cerinza efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, y que estos aportes se realizaron por el cargo que desempeñó como personero municipal perteneciente al Ministerio Público.

32. Así las cosas, esta prueba no es igual a la proveniente de la Sociedad

aportes se realizaron por el cargo que desempeñó como personero municipal perteneciente al Ministerio Público.

32. Así las cosas, esta prueba no es igual a la proveniente de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, PORVENIR, que el Tribunal refirió en la sentencia recurrida, de modo que en el expediente administrativo allegado por Colpensiones quedó plenamente demostrado que laboró como personero municipal en enero de 1995 y este lapso debía valorarse como perteneciente al Ministerio Público que hacía posible la aplicación integral del régimen especial del Decreto 546 de 1971.

33. En este orden, reprochó la omisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 5, en no haber valorado el expediente administrativo en la sentencia del 26 de agosto de 2020, lo cual conllevó a que desconociera la condición más beneficiosa, el principio de favorabilidad y lo previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, al limitarse a reconocer que esta disposición especial era inaplicable dado que se vinculó a la Rama Judicial hasta el 1° de octubre de 2001.

34. Por tanto, no era acertada la disquisición del Tribunal relativa a que no procedía la aplicación del Decreto 546 de 1971 al no haber estado vinculado a la Rama Judicial, porque debió considerarse, como quedó suficientemente demostrado, que ejerció como personero del municipio de Cerinza en el período de transición a nivel territorial y que lleva más de 19 años laborados como juez promiscuo municipal. De ahí que, su pensión debía reconocerse y pagarse de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971

lleva más de 19 años laborados como juez promiscuo municipal. De ahí que, su pensión debía reconocerse y pagarse de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 con la asignación mensual mayor percibida al momento de su retiro y con los factores salariales del Decreto 717 de 1978, como lo decidió la sentencia de primera instancia.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

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35. En consecuencia, le pidió a esta corporación el restablecimiento de sus derechos con la adopción de las siguientes órdenes: (i) declarar que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; (ii) y, en consecuencia, ordenar y condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a reconocer y pagarle la pensión de vejez por aplicación del artículo 6 del Decreto 546 de 197 1, con la mayor asignación mensual percibida al momento de su retiro en el cargo de juez promiscuo municipal, a partir de lo dispuesto en el Decreto 717 de 1978, y no como lo ordenó la sentencia recurrida. Asimismo, pidió ordenar y condenar a Colpensiones a aplicar el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, con el fin de actualizar la liquidación al retiro9.

36. Aunque el señor Oscar Julio Lara Tello también citó como causal en la cual fundó

artículo 150 de la Ley 100 de 1993, con el fin de actualizar la liquidación al retiro9.

36. Aunque el señor Oscar Julio Lara Tello también citó como causal en la cual fundó su recurso la dispuesta en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ligada a la violación del debido proceso, la defensa, la igualdad, la seguridad social, la buena fe y la legalidad, y demás derechos fundamentales como titular del régimen de transición, en el escrito de subsanación radicado el 13 de junio de 2022 10, restringió como única causal de revisión la dispuesta en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.

37. Igualmente, en el escrito de subsanación precisó el alcance pretendido con su recurso, el cual estaba dirigido a que el Tribunal valorara el expediente administrativo que aportó Colpensiones al trámite judicial y que permitía acreditar su vinculación con el Ministerio Público por el lapso desconocido en la sentencia de segunda instancia.

Esto por cuanto, a su juicio, existía esta prueba sobreviniente derivada de la prestación del servicio como personero municipal de Cerinza, Boyacá, documento de carácter decisivo que, de haber sido valorado, habría conducido al Tribunal a confirmar, y no a revocar la sentencia de primera instancia. En particular, indicó:

[…] vuelvo y repito, para el año 1995, junio 30, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a nivel territorial, ocupaba en cargo de personero municipal, de la localidad del municipio de Cerinza-Boyacá, situación está que desde luego desconoció la sentencia de segunda instancia de manera ligera y apresurada que el demandante no es beneficiario, del régimen de transición, y por ende no

de la localidad del municipio de Cerinza-Boyacá, situación está que desde luego desconoció la sentencia de segunda instancia de manera ligera y apresurada que el demandante no es beneficiario, del régimen de transición, y por ende no le es aplicable la normatividad anterior, esto es lo estatuido en el Artículo 6 del Decreto 546 de 1971, desconociendo por ende igualmente el Principio de Legalidad, consagrado en los artículos 4 y 6 de la Constitució n Política, en conexidad con el Debido Proceso en el Artículo 29 y al Sistema de Seguridad Social establecido en los artículos 48 y 53 Ibídem, que además relacionan la Condición más Beneficiosa y Principio de Favorabilidad que deberá aplicarse en el presente caso. […]

Tal como sucede en el caso sub examine o base de estudio, porque existe la prueba sobreviniente constituida en la prestación del servicio que llevó a cabo mi poderdante en el cargo de personero municipal en el municipio de CerinzaBoyacá, y como tal dichas labores y funciones que desempeñó son consideradas de aquellas desarrolladas como agentes del ministerio público, igualmente reconocidas por esa alta corporación, acordes y afines con la exigencia consagrada en el artículo 6 del decreto 546 de 1971, para que el aquí demandante sea como efectivamente lo es beneficiario del régimen de transición y como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de su pensión especial de vejez, deberá llevarse a cabo con base en su régimen anterior aplicable, es

9 Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 1 a 11 del archivo digital.

de vejez, deberá llevarse a cabo con base en su régimen anterior aplicable, es

9 Samai, índice 2, 2_ED_01RECURSODEREVISIO(.PDF) NroActua 2, páginas 1 a 11 del archivo digital. 10 Samai, índice 9, páginas 2 a 5 del archivo digital.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00416-00 (1993-2021)

Recurrente: Oscar Julio Lara Tello

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un documento decisivo con el cual se hubiera podido perfectamente confirmar la decisión de primera instancia y no revocarla como efectivamente ocurrió. […]11.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

38. Esta corporación inadmitió el recurso en auto del 28 de abril de 202212 con el fin de que el recurrente especificara la causal invocada con su debida fundamentación y enviara copia de la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. En cumplimiento de lo cual, el señor Oscar Julio Lara Tello radicó memorial de subsanación en el que precisó que la causal en la que fundó su recurso era la prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA y allegó la certificación pertinente. En consecuencia, se admitió el recurso en auto del 22 de junio de 202313, se ordenó la notificación personal a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y se le reconoció personería al abogado del demandante.

39. Luego de que esta decisión fuera notificada, la Administradora Colombiana de

a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y se le reconoció personería al abogado del demandante.

39. Luego de que esta decisión fuera notificada, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones14 se opuso a todas las pretensiones de la demanda solicitando que estas fueran despachadas desfavorablemente y no se revocara el fallo de segunda instancia, dado que expidió los actos administrativos demandados amparado en la normatividad aplicable. Planteó, como excepciones, la inexistencia del derecho reclamado, el cobro de lo no debido, la prescripción, la buena fe, y la genérica.

40. A través de auto del 22 de febrero de 202415, se incorporaron como pruebas los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión. A su vez, se decretaron las solicitadas por el recurrente relacionadas con que se oficiara a la Alcaldía del municipio de Ce rinza, Boyacá para que remitiera la certificación del período laborado de 1995 en adelante e indicara a que fondo pensional se efectuaron los aportes; así como a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para que remitiera copia de la carpeta pe nsional con la inclusión de la historia laboral. Dispuso que, una vez estas pruebas se recibieran, prescindiría del máximo período probatorio.

41. Una vez remitidos los oficios correspondientes, Colpensiones aportó la carpeta pensional del demandante16, mientras que el municipio de Cer inza, Boyacá, guardó silencio pese a que se le requirió en dos oportunidades. El expediente se fijó en lista, el 15 de agosto de 2024 por un (1) día y se corrió traslado de los documentos allegados

silencio pese a que se le requirió en dos o