CE - Sentencia 11001032500020210044700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Demandante: Juan Basto Flórez

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

Temas: Nulidad originada en la sentencia. Desconocimiento del precedente judicial y la labor intelectual del juez. Sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada.

Presupuestos para su configuración. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto 1 por el señor Juan Basto Flórez contra la sentencia del cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2, para lo cual invocó las causales contenidas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Juan Basto Flórez fue retirado del Ejército Nacional el 1° de junio de 2011 mediante la Orden Administrativa de Personal (OAP) 1385, por existir una

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Juan Basto Flórez fue retirado del Ejército Nacional el 1° de junio de 2011 mediante la Orden Administrativa de Personal (OAP) 1385, por existir una medida de aseguramiento en su contra que superaba los 60 días.

Que estuvo privado de su libertad en cumplimiento de sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Acacías Meta, del 17 de enero de 2008, la cual fue revocada en 2013 por el Tribunal Superior de Villavicencio, qu ien en su lugar profirió sentencia absolutoria y ordenó su libertad inmediata.

Que, en 2014, solicitó al Ejército Nacional la revocatoria de la OAP 1385 de 2011 al haber desaparecido los fundamentos jurídicos de su retiro, pero nunca recibió respuesta.

Que, además, solicitó la pérdida de fuerza ejecutoria de la OAP 1385 del 1.° de junio de 2011 y obtuvo respuesta negativa por medio de la Resolución 2232 del 15 de octubre de 2014.

1 La presentación del recurso se efectuó el 14 de julio de 2021 , de acuerdo con la anotación efectuada por la Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI. 2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Bogotá que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

del Circuito Bogotá que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Que, ejerció del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos y como restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al servic io activo sin solución de continuidad y el pago de todas las acreencias laborales dejadas de devengar desde la fecha de retiro y hasta su efectivo reintegro; así como el ascenso en el escalafón.

Que, el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá el 25 de octubre de 2018 dictó sentencia en la que encontró configurada la caducidad del medio de control; decisión que fue apelada.

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 4 de julio de 2019, revocó la decisión sobre la caducidad y negó las pretensiones de la demanda con argumentos apoyados en la sentencia C-289 de 2012.

Que la providencia fue notificada por medio electrónico el 17 de junio de 2020 y se encuentra debidamente ejecutoriada.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 4 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones, al considerar que el demandante no tenía derecho a ser reintegrado al Ejército Nacional como soldado

En providencia del 4 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones, al considerar que el demandante no tenía derecho a ser reintegrado al Ejército Nacional como soldado profesional, sin solución de continuidad, ni a recibir el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir tras su retiro del servicio.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

Que, en decisión del 3 de agosto de 2017, se revocó el auto del 7 de marzo de 2017 del Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, que había declarado probada la excepción de caducidad y dado por terminado el proceso. En su lugar, se ordenó fijar fecha para audiencia inicial, pero únicamente respecto a la OAP 1385 del 1 .° de junio de 2011 , pues en relación con la Resolución 2232 del 15 de octubre de 2014, se concluyó que se intentaba revivir términos ya caducados. Por tanto, no procedía reabrir el debate sobre la caducidad, y lo que correspondía hacer era estudiar el fondo del asunto.

Que l os miembros de la Fuerza Pública están sujetos a un régimen especial en materia de carrera, prestaciones y disciplina, lo que impide aplicarles el régimen general, conforme al artículo 218 de la Constitución Política.

Que, en ejercicio de facultades extraordinarias, el presidente de la República expidió el Decreto 1793 de 2000, que establece el régimen de carrera y el Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares , el cual en sus artículos 8 y 11 establece como causal de retiro del servicio la existencia de una

el Decreto 1793 de 2000, que establece el régimen de carrera y el Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares , el cual en sus artículos 8 y 11 establece como causal de retiro del servicio la existencia de una medida de detención preventiva que exceda los 60 días calendario.

Que e n la sentencia C -289 de 2012, la Corte Constitucional declaró que dicha causal de retiro es contraria a derecho por vulnerar la presunción de inocencia, ya que la medida de aseguramiento es preventiva y no equivale a una condena. NoRadicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 obstante, la Corte consideró que sí proceden medidas como la suspensión del servicio hasta que se emita sentencia condenatoria o una decisión que concluya el proceso penal sin condena. Por lo tanto, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 11 del Decreto 1793 de 2000.

Que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 establece que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en virtud del artículo 241 de la Constitución, tienen efectos hacia el futuro, salvo que la Corte determine lo contrario. Esta regla fue reiterada en la sentencia T-121 de 2016, la cual señala que, cuando se declare un vicio que afecta la validez de la norma y así lo exprese la Corte, sus efectos deben ser ex tunc. Que como en este caso la Corte no estableció efectos diferidos en la

vicio que afecta la validez de la norma y así lo exprese la Corte, sus efectos deben ser ex tunc. Que como en este caso la Corte no estableció efectos diferidos en la sentencia C -289 de 2012, sus efectos eran retroactivos y no podían aplicarse a situaciones anteriores a su expedición.

Que al momento de expedición de la OAP 1385 del 1.° de junio de 2011, el artículo 8 del Decreto 1793 de 2000 se encontraba vigente y gozaba de presunción de legalidad y constitucionalidad.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Juan Basto Flórez , interpuso rec urso extraordinario de revisión, el cual sustentó con los siguientes argumentos:

Que existen sentencias judiciales contradictorias frente a la decisión que motivó su retiro mediante la OAP 1385 de 2011, lo que justificaría su nulidad. Cita como precedentes dos fallos en los que se concedió el reintegro a soldados retirados en circunstancias fácticas similares —tras detención preventiva superior a 60 días y posterior absolución penal—: la sentencia del 24 de noviembre de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (cuyo demandante fue el señor Jairo Blandón) y la del 25 de octubre d e 2018 del Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá ( cuyo demandante fue el señor Jairo Alonso Basto).

Que, en la sentencia del 24 de noviembre de 2016 del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca proferida en el proceso con radicado núm. 11001 -33-35-020-201200128-01 se anuló la misma OAP 1385 de 2011 y que su situación es idéntica, por lo que la decisión debería aplicarse también a él , porque además no se discutió ni desestimó la excepción de cosa juzgada en su proceso.

Que, tras ser absuelto del delito de homicidio agravado, cesó la medida de aseguramiento que justificó su retiro, quedando sin sustento legal.

Que, por otro lado, en la sentencia del 25 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá dentro del proceso con radicado núm. 11001-33-35-008-2015-00271-00, se declaró la nulidad de la OAP 1460 del 31 de octubre de 2007, que había ordenado el retiro por detención preventiva superior a 60 días. En dicha providencia, el juzgado ordenó el reintegro del demandante y el restablecimiento de su derecho, al comprobarse que había sido absuelto penalmente y, en consecuencia, no se justificaba su desvinculación definitiva.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Que en este último fallo también se invocó la sentencia C-289 de 2012 y se precisó que sus efectos son retroactivos ( ex tunc), por lo cual toda decisión administrativa basada en el artículo 11 del Decreto 1791 de 2000, que desconozca la presunción

que sus efectos son retroactivos ( ex tunc), por lo cual toda decisión administrativa basada en el artículo 11 del Decreto 1791 de 2000, que desconozca la presunción de inocencia por razón de una medida de detención preventiva, debe ser anulada, restableciendo integralmente los derechos del afectado mediante su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir.

Que la providencia del 4 de julio de 2019 vulneró su derecho al debido proceso y desconoció el precedente judicial, al omitir la valoración probatoria de documentos relevantes como la OAP 1385 de 2011, la sentencia absolutoria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio del 21 de octubre de 2013, que revocó la condena proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías por el delito de homicidio agravado, y la providencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de abril de 2014, que re solvió el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia absolutoria.

Contestación al recurso extraordinario

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional se opuso a las pretensiones al considerar que no se configura la causal invocada, dado que el recurrente no fue parte en los procesos en los que pretende alegar cosa juzgada, siendo improcedente extender los efectos de decisiones judiciales con efectos interpartes a procesos autónomos y sin conexidad jurídica.

Que tampoco es razonable este argumento esbozado por la parte actora sobre el desconocimiento de la Sentencia C -289 de 2012, ya que, para la fecha del acto administrativo cuestionado (OAP 1385 de 2011), se encontraba vigente el artículo 11

desconocimiento de la Sentencia C -289 de 2012, ya que, para la fecha del acto administrativo cuestionado (OAP 1385 de 2011), se encontraba vigente el artículo 11 del Decreto 1793 de 2000, que sustentaba válidamente el retiro del servicio.

Que la sentencia C-289 de 2012 tiene efectos hacia el futuro (ex nunc), por lo que no afecta la legalidad de actos expedidos con anterioridad a su publicación.

Que no se configura ninguna nulidad procesal, pues las decisiones adoptadas en el proceso contencioso se ajustaron al debido proceso y resolvieron de forma integral los argumentos expuestos, por lo que las alegaciones del recurrente constituyen un intento de reabrir un debate ya concluido.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 4 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerando las causales invocadas por el recurrente.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Para el efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) la s causales de revisión invocada s en el recurso; y, finalmente, iii) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

revisión, ii) la s causales de revisión invocada s en el recurso; y, finalmente, iii) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada3. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada 4. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, l as cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente5.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular6.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada7.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

3 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez. 5 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 6 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo.

periódica. 6 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo. 7 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)Radicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

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En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley8.

Causal octava de revisión

La causal del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión, veamos:

«Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

En reiterada jurisprudencia 9 se ha sostenido que, para invocar esta causal, es necesario identificar la sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido que constituye cosa juzgada y que fue desconocida por la providencia que se pretende revisar. Así, en sentencia del 5 de abril de 2016 10, esta Sección no solo reafirmó este requisito, sino que también consideró otros aspectos relevantes. Veamos:

«La consagración de esta circunstancia -desconocimiento de la cosa juzgadacomo causal de revisión, busca garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma controversia. Así, cuando la jurisdicción se agota con una decisión, “ésta se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia lo cual desconocería la unidad de jur isdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico no puede conducir razonablemente a resultados distintos […]

Para que se configure esta causal, es necesaria la presencia concurrente de tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue dictada y frente al segundo

tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue dictada y frente al segundo proceso -lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma causay (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada. […]» (Negrillas fuera de cita).

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión. Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 9 Véanse entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 4 de marzo de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-13). C.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo . Sentencia de 30 de diciembre de 2014 . Exp. 1100103-15-000-2012-00228-00. C.P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013. Exp. 11001-0315-000-2001-00118-01. C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Subsección A, 20 de

febrero de 2020, Rad. Núm. 11001-0325-000-2013-00997-00 (2212-13). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión . Sentencia del 5 de abril de 2016 . Exp. 11001-03-15000-2007-01433-00. Reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2021.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No

extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia11.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,

profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita»14.

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 15 o el

11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00). 12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 1100103-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001 -03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001 -03-15-000-201502342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad

13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad en la sentencia, a saber : falta de competencia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso, ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 15 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar laRadicado: 11001-03-25-000-2021-00447-00 (2158-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 principio de congruencia 16 constituyen variables de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones

otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se hubiera proferido en otro sentido17.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

Caso concreto

A juicio del actor, la sentencia del 4 de julio de 2019 incurrió en omisiones graves en la valoración probatoria, desconoció el precedente constitucional establecido en la sentencia C-289 de 2012 y se apartó de los mandatos superiores, lo que —según sostiene— configuraría una causal autónoma de revisión. No obstante, en atención a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisi ón y a la taxatividad de sus causales, corresponde examinar si tales señalamientos se subsumen en el supuesto normativo que lo habilita.

Al respecto, la Sala estima pertinente precisar que esta Corporación ha sido enfática en señalar que el recurso extraordinario de revisión, dada su naturaleza excepcional y su configuración legal estrictamente taxativa, no constituye un medio idóneo para controvertir aspectos propios del ámbito valorativo o interpretativo del juez, tales como la apreciación probatoria (error de hecho).

En consonancia con lo anterior, esta Subsección, mediante providencia del 27 de

controvertir aspectos propios del ámbito valorativo o interpretativo del juez, tales como la apreciación probatoria (error de hecho).

En consonancia con lo anterior, esta Subsección, mediante providencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16, precisó:

«[…] En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida aplicación (error de derecho)»18 (Negrillas para enfatizar)

causal de revisión en comento» . Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00). 16 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» . Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (145214. 17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Dieci