CE - Sentencia 11001032500020210048400 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Olga Rosa Petro Martínez Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literal b ). Subtema 1: naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2 : análisis del reconocimiento y liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; IBL. Subtema 3: conformidad de la cuantía del derecho pensional con lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), contra la sentencia proferida

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 9 de mayo de 201 7, que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Rafael Andrés López Barreto, conforme con la Ley 33 de 1985, sustituida a Olga Rosa Pietro Martínez.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017 , por medio de la cual se confirmó la providencia de primera instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Rafael Andrés López Barreto , bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, en el sentido de ordenar la inclusión de los viáticos y las primas de servicios, vacaciones y navidad percibidos en ejercicio del cargo de auxiliar de área del Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de la Gobernación de Sucre. La UGPP fundamenta la acción de revisión en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido según la normativa aplicable.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

según la normativa aplicable.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

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II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Rafael Andrés López Barreto , por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones RDP 021601 del 14 de mayo de 2013, RDP 031833 del 15 de julio de 2013 y RDP 036060 del 9 de agosto de 2013, expedidas por la UGPP, que negaron la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución 35025 del 24 de julio de 2003, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, lapso en el que ejerció el cargo de auxiliar del área de salud en el Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de la Gobernación de Sucre.

3. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo (Sucre) ,

lapso en el que ejerció el cargo de auxiliar del área de salud en el Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de la Gobernación de Sucre.

3. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo (Sucre) , mediante sentencia dictada el 10 de agosto de 2016, declaró la nulidad de los actos demandados y le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación con la inclusión de los viáticos y las primas de servicios, vacaciones y navidad devengados en el último año de servicio, a partir del 1 de enero de 2011, «previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse»1.

4. Al sustentar la decisión, el juzgado consideró que, según el precedente del Consejo de Estado señalado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 , los factores dispuestos en la Ley 62 de 1985 , que modificó la Ley 33 del mismo año , «no son taxativos, son un principio general (…), permitiendo incluir factores devengados por los trabajadores durante el último año de prestación del servicio (…), [tesis] unificadora que data del 4 de agosto de 2010».

5. El Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión mediante sentencia del 9 de mayo de 2017 , al considerar que la pensión reconocida conforme con la Ley 33 de 1985 se debe liquidar en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales y demás sumas de dinero que el servidor haya recibido durante el último año de servicio, postura sustentada en la línea jurisprudencial consolidada desde la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 20102.

de servicio, postura sustentada en la línea jurisprudencial consolidada desde la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 20102.

6. De acuerdo con este precedente, ordenó reliquidar la pensión de jubilación reconocida a Rafael Andrés López Barreto con los factores devengados en el último año de servicio, esto es, «la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones, prima de navidad y viáticos», de conformidad con la «interpretación asumida para la aplicación en debida forma del IBL, reafirmándose en

1 Samai, Gestionar documentos, archivo 13460 (tamaño), «C01Principal», pág. 178 y 273 (auto que corrección de la sentencia que dispone la «interpretación de lo consignado en el literal quinto», en el sentido de disponer el pago de las diferencias por concepto de la reliquidación a partir del 1 de enero de 2011». 2 Samai, Gestionar documentos, archivo 13460 (tamaño), «C02SegundaInstancia», pág. 45.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 la posición que desde el año 2010 se ha abierto paso en la jurisprudencia contenciosa».

2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado de la UGPP presentó la solicitud de revisión en ejercicio de la

3 la posición que desde el año 2010 se ha abierto paso en la jurisprudencia contenciosa».

2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado de la UGPP presentó la solicitud de revisión en ejercicio de la acción especial prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017, para que se invalide y, en su lugar, se ordene lo siguiente3:

(i) Declarar que la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a Rafael Andrés López Barreto y sustituida a Olga Rosa Petro Martínez no se ajusta a derecho, ya que la inclusión de factores salariales adicionales excede lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. (ii) Ordenar que la UGPP que reliquide la pensión conforme al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales taxativamente determinados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. (iii) Disponer que Olga Rosa Petro Martínez restituya a la UGPP los valores percibidos en exceso, actualizados e indexados, con los intereses moratorios correspondientes.

8. La UGPP argumentó que la decisión judicial objeto de revisión desconoció la normativa pensional y los precedentes jurisprudenciales, al aplicar incorrectamente el régimen de transición y ordenar la inclusión de factores salariales no previstos para el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL). Señaló que estas decisiones generan un detrimento grave al erario, al comprometer el principio de sostenibilidad financiera que

régimen de transición y ordenar la inclusión de factores salariales no previstos para el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL). Señaló que estas decisiones generan un detrimento grave al erario, al comprometer el principio de sostenibilidad financiera que gobierna el sistema de pensiones.

9. Según la UGPP, el ingreso base de liquidación debe calcularse de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual el IBL corresponde al promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o durante toda la vida laboral, actualizado anualmente con base en la variación del IPC.

10. La entidad recurrente afirmó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, estableció que el IBL de la pensión de jubilación reconocida a favor de los beneficiarios del régimen de transición debe calcularse según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no conforme con las normas anteriores a esta, como la Ley 33 de 1985.

11. Concluyó que la sentencia objeto de revisión desconoció el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y los precedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado al otorgar una reliquidación pensional con base en normas inaplicables al caso concreto, lo que genera un pago en exceso a favor de la sustituta

pensional, Olga Rosa Petro Martínez.

3 Samai, índice 3, archivo 2221 (tamaño).Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

3 Samai, índice 3, archivo 2221 (tamaño).Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 2.3. Trámite de la acción especial de revisión

12. Esta corporación, mediante auto del 31 de agosto de 2023, admitió la demanda interpuesta por la UGPP en ejercicio de la acción especial de revisión en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 9 de mayo de 2017, y ordenó la notificación personal del auto a Olga Rosa Petro Martínez, a quien l e fue sustituida la pensión reconocida a Rafael Andrés López Barreto 4. La demandada fue notificada, pero no contestó la demanda.

13. El despacho sustanciador, por a uto del 28 de agosto de 202 4, incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión ; ordenó oficiar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo para que enviara a este proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 70001-33-33-002-2014-00076-00(01); requirió a la UGPP para que constituyera nuevo apoderado, solicitud que atendió mediante poder conferido al abogado Jorge Iván Palacio Palacio5, y corrió traslado de las pruebas en conformidad con el artículo 110 del CGP6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

abogado Jorge Iván Palacio Palacio5, y corrió traslado de las pruebas en conformidad con el artículo 110 del CGP6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)7, por cuanto este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales

Administrativos.

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

15. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo 251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

16. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por el secretario del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo que la sentencia objeto de revisión , dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017, cobró ejecutoria el 24 de mayo de 2017, fecha en la que se dispuso la

4 Samai, índice 10. 5 Samai, índice 36. 6 Samai, índice 30. 7 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió

6 Samai, índice 30. 7 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferi das por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

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5 devolución del expediente al juez de primera instancia 8. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 28 de julio de 20219, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

17. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo

17. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general de la república y el procurador general de la nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, establecida en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

18. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.

19. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -258 de 2013, legitimó a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia , frente a la aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia , frente a la aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

20. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».

21. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por activa para ejercer la acción de revisión especial , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

8 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 50 y « Gestionar documentos », archivo 13460 (tamaño), «C01Principal», pág. 236. 9 Samai, índice 1.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

9 Samai, índice 1.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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22. Olga Rosa Petro Martínez se encuentra legitimad a para la causa por pasiva, dado que fue reconocida como sustituta pensional de Rafael López Barreto, mediante la Resolución 038971 de 26 de septiembre de 2018, a partir del 14 de abril de ese año, día siguiente al fallecimiento del titular de la pensión de jubilación que se ordenó reliquidar por medio de la sentencia objeto de la acción especial de revisión10.

3.4. Problema jurídico

23. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2017, la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta al siguiente problema:

24. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a Rafael Andrés López Barreto , ahora sustituida a Olga Rosa Petro Martínez, conforme a la Ley 33 de 1985, excede lo debido de acuerdo con la normativa aplicable, al incluir para su liquidación los factores salariales previstos en el régimen pensional anterior?

Petro Martínez, conforme a la Ley 33 de 1985, excede lo debido de acuerdo con la normativa aplicable, al incluir para su liquidación los factores salariales previstos en el régimen pensional anterior?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que imponen el pago de pensiones

25. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»11.

26. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones que exceden lo debido de acuerdo con la ley12.

27. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley , constituyen una garantía para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones13.

monto debido de acuerdo con la ley , constituyen una garantía para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones13.

10 Samai, índice 3, archivo 15390 (tamaño), pág. 129. 11 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003. 12 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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28. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de

establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

29. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos 248 y siguientes del CPACA , la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión14 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada15.

30. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA16, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley 17, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada»18.

31. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la

la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»19.

32. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado20 ha considerado que la acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

1. Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de naturaleza pública;

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 15 CPACA, artículo 250. 16 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 17 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. 18 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003 . «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)». 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18

consagrado la acción de revisión (…)». 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-0002020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-0002020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00484-00 (2322-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Olga Rosa Petro Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA; iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social21; iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha

1. no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha sido concedida con violación al debido proceso (literal a) y /o cuando la liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)22.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Exceso de la cuantía pensional.

33. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia cuestionada excedió lo debido conforme a la ley, al determinar el IBL como lo preveía el régimen pensional anterio r (Ley 33 de 1985) , aplicado por virtud de la transición normativa establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , que benefició a Rafael Andrés

López Barreto.

34. A juicio de la entidad actora, la pensión de jubilación debió ser reliquidada con el promedio de los factores salariales pagados durante los 10 años anteriores al cumplimiento del estatus, « teniendo en cuenta como factores base de cotización los taxativamente determinados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994»23.

35. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de la motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la

se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de la motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la cuantía de la prestación frente a lo debido de acuerdo con la ley.

3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional

36. La Resolución 35025 de 18 de julio de 2006, incorporada al expediente, señala que Cajanal reconoció una pensión de jubilación a favor de Rafael Andrés López Barreto, condicionada al retiro definitivo del servicio, a partir del 1 de octubre de 2005, en cuantía de ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos seis pesos con cincuenta y ocho centavos ($856.606,58), equivalente a l 75 % del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios y las horas extras24.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-201200561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-0096300 (acción de revisión). 23 Folio 306 del cuaderno ppal.

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