CE - Sentencia 11001032500020210051300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

Accionante: María Angélica Aldana Barcinilla

Demandado: Nación – Rama Ejecutiva – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Temas: Causal 5.° del artículo 2 50 de la Ley 1437 de 20 11.

Presupuestos de configuración . Vulneración al principio de congruencia.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por María Angélica Aldana Barcinilla1 en contra de la sentencia del 16 de julio de 202 0, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección “D” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-0462018-00200-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

Pretensiones. A través del medio de control se solicitó:

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo emanado de la falta de

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

Pretensiones. A través del medio de control se solicitó:

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo emanado de la falta de respuesta a la petición de 8 de septiembre de 2017, mediante la cual se reclamó el pago total de las cesantías del año 2016 y el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación tardía de esa prestación.

3. También pidió anular parcialmente la Resolución nro. 5972 del 20 de septiembre de 2017 «por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición» y se ordenó el ajuste del valor de las cesantías de la parte actora.

4. Como restablecimiento del derecho exigió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada entre el 15 de febrero de 2017 y el 16 de noviembre de la misma anualidad, fecha en la que la demandada consignó la totalidad de las cesantías del año 2016.

1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta corporación el 3 de agosto de 2021, según se evidencia en el índice 3 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

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5. Hechos. En el año 2016, l a hoy recurrente se desempeñó ininterrumpidamente

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5. Hechos. En el año 2016, l a hoy recurrente se desempeñó ininterrumpidamente

en varios cargos de la Rama Judicial, así:

Cargo Corporación Desde Hasta Escribiente Consejo de Estado 1.° de enero de 2016 15 de febrero de 2016 Oficial mayor Tribunal Administrativo de Sucre 16 de febrero de 2016 23 de febrero de 2016 Escribiente Consejo de Estado 24 de febrero de 2016 31 de diciembre de 2016

6. Mediante Resolución nro. 2027 del 31 de enero de 2017 -notificada el 14 de febrero siguiente-, la demandada reconoció a la accionante la suma de 2.836.841,00

COP por concepto de las cesantías del año 2016 «por el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016», es decir, como si solo hubiera trabajado 307 días.

7. El 24 de febrero de esa anualidad, la parte actora recurrió en reposición aquella determinación, luego de advertir que no se le reconoció la totalidad del tiempo laborado en el año 2016.

8. Ante la falta de respuesta, el día 8 de septiembre de 2017 solicitó la totalidad de esa prestación y la consecuente sanción moratoria por no la no consignación dentro de la fecha prevista en la ley.

9. Mediante Resolución nro. 5972 del 20 de septiembre de 2017, la administración resolvió el aludido recurso y modificó la primigenia decisión, en el sentido de incluir

de la fecha prevista en la ley.

9. Mediante Resolución nro. 5972 del 20 de septiembre de 2017, la administración resolvió el aludido recurso y modificó la primigenia decisión, en el sentido de incluir la totalidad del tiempo laborado en el año 2016, por lo que el valor de las cesantías se incrementó a 3.379.912,00 COP. La consignación de la respectiva diferencia se realizó el 16 de noviembre de 2017.

10. Normas violadas y concepto de violación. En síntesis, la parte demandante alegó que sus cesantías corresponden al régimen anualizado , por lo que tiene derecho a que tal prestación se liquide el 31 de diciembre de cada año y el valor respectivo sea consignado antes del 15 de febrero siguiente en la cuenta individual del fondo de cesantías al que se encuentra afiliada.

11. El régimen de liquidación anual de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 contempló un a sanción por mora consistente un día de salario por cada día de retardo, cuando el empleador incumpla con la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a ese emolumento.

12. La accionada no consignó la totalidad de las cesantías del año 2016 antes del 15 de febrero del 2017, pues de los 360 días trabajados por la actora, solo liquidó 307, argumentando que, al haber cambi ado de empleo , solo tuvo en cuenta elRadicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

307, argumentando que, al haber cambi ado de empleo , solo tuvo en cuenta elRadicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

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3 periodo en el que desempeño el último cargo.

13. Sentencia de primera instancia. Mediante sentencia de 28 de junio de 2019, el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas de la sanción moratoria, esto es, las Leyes 50 de 1990 y 344

de 1996, concluyó que:

14. La entidad demandada no liquidó y, por ende, no consignó antes del 15 de febrero del año 2017 la totalidad de las cesantías causadas en favor de la actora por las labores ejecutadas en el año 2016, lo que indudablemente da lugar a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en tanto solo la consignación total de esa prestación es la que impide la causación de la aludida mora ( Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SL -403 de 3 de julio de 2013, expediente 40509).

15. Sin embargo, y de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la sanción moratoria tendrá lugar en la medida en que se demuestre que el empleador actuó de mala fe en el trámite

15. Sin embargo, y de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la sanción moratoria tendrá lugar en la medida en que se demuestre que el empleador actuó de mala fe en el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías pues, si se evidencia que estaba convencido de que no adeudaba dineros por ese concepto, no habrá lugar a tal sanción.

16. En el caso actual, se acreditó que la liquidación y consignación parcial de las cesantías del año 2016, obedeció a la aplicación de la Circular DEAJC16 -90 que «disponía que las cesantías debía (sic) liquidarse respecto de cada nuevo contrato, sin que pudie ran acumularse tiempos de servicios de otras vinculaciones, infiriéndose de ello la solución de continuidad entre uno y otro vínculo.»

17. Recurso de apelación. El abogado de la parte actora apeló esa decisión arguyendo, en esencia , que el juzgado erró al invocar la «buena fe» como una causal eximente de la sanción moratoria, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que tal componente es irrelevante, dado que lo único que debe acreditarse es el incumplimiento de las fechas estableci das para realizar la consignación de ese emolumento.

18. Sentencia objeto de revisión. En sentencia de 16 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda , Subsección “D” confirmó la providencia apelada . Con tal propósito y después de referenciar brevemente el régimen de la sanción moratoria concebido en la Ley 50 de 1990, pregonó que:

providencia apelada . Con tal propósito y después de referenciar brevemente el régimen de la sanción moratoria concebido en la Ley 50 de 1990, pregonó que:

19. La lectura integral de la demanda permite concluir que la parte actora reclamó la sanción moratoria causada por el pago tardío de la diferencia de sus cesantías y/o de la reliquidación relacionada ellas.

20. Sin embargo, y de acuerdo con lo resuelto por el C onsejo de Estado en las sentencias de 17 de octubre de 2017 (expediente 08001 -23-33-000-2012-00017-Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

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4 01) y 22 de marzo de 2018 (expediente 08001 -23-33-000-2012-00170-01), se concluye que no es posible acceder a lo pedido, pues la Ley 50 de 1990 no establece como supuesto para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la tardanza en «[…] el pago tardío de la diferencia o reliquidación de las cesantías [...]».

21. Así mismo, cuestionó la tesis invocada en primera instancia, relacionada con la buena fe como causal eximente de la sanción moratoria. Para ello, amparado en la sentencia de 11 de mayo de 2017, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 2012 -00097-01, aseguró

que:

sentencia de 11 de mayo de 2017, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 2012 -00097-01, aseguró que:

«[…] la aplicación de la sanción moratoria en el pago tardío de las cesantías no se encuentra condicionada a demostrar la buena o mala fe del empleador, razón por la cual, para la Sala no es de recibo lo manifestado por el juez de primera instancia, al eximir de responsabilidad a la entidad, basando su decisión en que actuó de buena fe, puesto que como ya se dijo, el fundamento de tal negativa es que la disposición legal no consagra la obligación de pagar sanción moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías o de reliquidación de las mismas, sino por el pago inoportuno de las cesantías, bien sea parciales o definitivas […]».

22. Del recurso extraordinario de revisión.

23. La causal invocada. Para la recurrente, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la ley 1437 de 20112.

24. Fundamentos. Se desconoció el principio de congruencia, en primer lugar, porque los argumentos que conformaron la ratio decidendi no fueron discutidos por las partes en las instancias anteriores, ni tampoco guardan relación con los fundamentos fácticos y jurídicos invocados en la demanda y, en segundo lugar, debido a que se desconoció el principio de no reformatio un pejus.

25. El tribunal llegó a una conclusión que desnaturalizó lo pretendido en la demanda y lo argüido en la alzada , dado que, tras una errada interpretación, emitió un juicio

25. El tribunal llegó a una conclusión que desnaturalizó lo pretendido en la demanda y lo argüido en la alzada , dado que, tras una errada interpretación, emitió un juicio sobre algo no planteado, al punto que invocó una jurisprudencia apartada del caso de marras.

26. En ningún momento se buscó el reconocimiento y pago de una sanción moratoria por la reliquidación o pago inoportuno de una diferencia de cesantías, sino el reconocimiento de la penalidad por la consignación parcial de las cesantías efectuada por la entidad demandada.

27. En síntesis, al estar soportada la providencia de segundo grado en una línea argumentativa y jurisprudencial diferente a la debatida por las partes, a la invocada

2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

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5 en la sentencia de primer grado y la expuesta en el recurso de apelación, se produjo la vulneración del principio de congruencia.

28. Pretensiones. Se solicitó declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia y, consecuentemente, se profiera un fallo en el que se tengan en cuenta

la vulneración del principio de congruencia.

28. Pretensiones. Se solicitó declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia y, consecuentemente, se profiera un fallo en el que se tengan en cuenta los argumentos invocados en la demanda y en el curso del proceso.

29. Intervención de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3. Para el abogado de la entidad, el recurso debe declararse improcedente, porque a través de él la parte activa pretende reabrir el debate jurídico que sobre la procedencia de la sanción moratoria fue debidamente concluido en el proceso ordinario.

30. La intervención de l procurador delegad o. El agente del ministerio público guardó silencio en esta oportunidad.

III. CONSIDERACIONES

31. Competencia. Esta subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.

32. De la oportunidad para interponer el recurso . De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

33. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 16 de julio de 2020 -y fue notificada el 3 de agosto de ese año, según lo evidencia la actuación visible en el índice de la plataforma SAMAI de segunda instancia -, mientras que el

33. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 16 de julio de 2020 -y fue notificada el 3 de agosto de ese año, según lo evidencia la actuación visible en el índice de la plataforma SAMAI de segunda instancia -, mientras que el recurso fue presentado el 3 de agosto de 2021 a través de ventanilla virtual de este tribunal4. Por tanto, se concluye que su radicación se cumplió dentro de los términos de ley.

34. Problema jurídico . De acuerdo con lo planteado en el recurso, se debe determinar sí ¿La sentencia impugnada incurrió en la causal 5.° de revisión contenida en el artículo 250 del CPACA y, por tanto, amerita ser declarada nula?

35. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales.

3 Índice 14 de la plataforma SAMAI. 4 Índice 3 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

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36. Normas y jurisprudencia aplicables.

37. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

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36. Normas y jurisprudencia aplicables.

37. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

38. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

39. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,5 la Sala Décima Especial de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,5 la Sala Décima Especial de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».6

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina7 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se

5 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.

con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se

5 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 7 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

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7 configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.8

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».9

40. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;

40. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a juicio.

41. De ahí que el le gislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los fundamentos y la causal alegada. 10 En la sentencia que se viene citando, esta

corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez 11 o para corregir errores «in iudicando» 12, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 13-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición

8 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado

determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición

8 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo vio lencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados pe nalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propu so la excepción de cosa juzgada y fue rechazada». 9 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15000fue rechazada». 9 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-150002003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 11 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001 -03-15000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. 12 En sentencia C998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…». 13 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados».Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

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Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

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8 de una persona con mejor derecho 14-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 15o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación16-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sente ncia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras , el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las

49. En otras palabras , el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo».17

42. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

14 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión difer ente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 15 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 16 5. Existir nuli dad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 17 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

sentencia. 16 5. Existir nuli dad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 17 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003 -0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate prob atorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de oc tubre de 2005. Rad. (REV) 2003 -0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».Radicado: 11001-03-25-000-2021-00513-00 (2501-2021)

Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Recurrente: María Angélica Aldana Barcinilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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43. De acuerdo con el anterior dispos itivo, los presupuestos para su configuración son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.

44. En relación con las causales de invalidación que pueden