CE - Sentencia 11001032500020210051700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Riveros

Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones

Temas: Causal de revisión del artículo 250.5 del CPACA. Nulidad de la sentencia por vulneración del principio de congruencia y ausencia de motivación. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Jorge Enrique Rodríguez Riveros contra la sentencia del once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A 2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró para el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la Fundación San Juan de Dios, acumulando un total de 1.300 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.

Que también trabajó para la Universidad Nacional de Colombia entre el 23 de agosto

Que laboró para el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la Fundación San Juan de Dios, acumulando un total de 1.300 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.

Que también trabajó para la Universidad Nacional de Colombia entre el 23 de agosto de 1983 y el 29 de noviembre de 2004, tiempo durante el cual efectuó cotizaciones a la Caja de Previsión Social de dicha institución. Por esta razón, se le reconoció pensión de vejez m ediante la Resolución 549 de 2004, la cual fue posteriormente reliquidada en 2005 por un valor de $2.973.276.

Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación San Juan de Dios en Liquidación, con el fin de que se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, teniendo en cuenta todas las cotizaciones efectuadas durante toda la vida laboral,

1 La presentación del recurso se efectuó el 10 de agosto de 2021, de acuerdo con la anotación efectuada por la Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI. 2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 1.° de octubre de 2019 , por el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Bogotá que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 en particular, el ingreso base de cotización realizado por el ISS y la Fundación San Juan de Dios.

Que, d e manera subsidiaria, solicitó se condenara a Colpensiones a efectuar la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta tanto los aportes efectuados a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional como aquellos realizados —o que debieron realizarse— por la Fundación San Juan de Dios.

Que el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 1.º de octubre de 2019, negó las pretensiones de la demanda; decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver el recurso de apelación.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 11 de febrero de 20 21, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A confirmó la decisión proferida por el juez de primera instancia, que negó las pretensiones, al concluir que el actor no tenía derecho a una segunda pensión de vejez a cargo de Colpensiones, además de la ya reconocida por la Universidad Nacional.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que la Fundación San Juan de Dios, entidad en la que laboró el demandante y cuyos aportes pretende se tengan en cuenta para una segunda pensión de vejez, es una entidad de derecho público. Por tanto, las cotizaciones efectuadas durante ese tiempo también tienen naturaleza pública.

Que tanto la Fundación San Juan de Dios como la Universidad Nacional de

cuyos aportes pretende se tengan en cuenta para una segunda pensión de vejez, es una entidad de derecho público. Por tanto, las cotizaciones efectuadas durante ese tiempo también tienen naturaleza pública.

Que tanto la Fundación San Juan de Dios como la Universidad Nacional de Colombia son organismos de carácter público financiados con recursos del Tesoro Público. Por esta razón, percibir pensiones simultáneas derivadas de cada una de estas entidades constituye una vulneración a la prohibición constitucional establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, conforme al cual no es posible recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público, salvo las excepciones que establece expresamente la ley.

Que dicha prohibición solo se flexibiliza cuando una de las pensiones solicitadas proviene de aportes realizados en calidad de trabajador independiente, por servicios prestados a particulares, o si se configura alguna de las excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Entre estas excepciones se encuentran, por ejemplo, el desempeño de profesor universitario como asesor legislativo, la percepción de honorarios por hora cátedra, o la prestación de servicios profesionales de salud en más de una entidad pública.

Que esta última excepción se encuentra respaldada por lo dispuesto en la Ley 269 de 1996, que permite el doble reconocimiento pensional cuando se demuestra que el afiliado ejerció funciones asistenciales en salud en más de una entidad pública, como una medida necesaria para garantizar la prestación permanente del servicio público esencial de salud.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

como una medida necesaria para garantizar la prestación permanente del servicio público esencial de salud.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

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Que el demandante ejerció funciones docentes en la Universidad Nacional de Colombia, pero en calidad de docente de medio tiempo y tiempo completo, sin que exista prueba de que haya actuado como asesor legislativo. En consecuencia, no se configura la excepci ón contenida en el literal a) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992.

Que, aunque se acreditó que prestó servicios asistenciales en salud en la Fundación San Juan de Dios, no se demostró que dichas funciones también hayan sido desarrolladas en la Universidad Nacional de Colombia. Por tanto, no se cumple con el requisito legal que permite el reconocimiento de una segunda pensión con cargo al Tesoro Público y por ello, los actos administrativos expedidos por Colpensiones, mediante los cuales se negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada, se encuentran ajustados a derecho.

Que, si el demandante así lo estima pertinente puede solicitar la reliquidación de la pensión reconocida, con el propósito de que se incluyan los aportes efectuados por la Fundación San Juan de Dios , siempre que ello resulte procedente dentro del régimen pensional aplicable.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Jorge Enrique Rodríguez Riveros interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual sustentó con los siguientes argumentos:

régimen pensional aplicable.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Jorge Enrique Rodríguez Riveros interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual sustentó con los siguientes argumentos:

Que, tanto en la demanda como en el recurso de apelación solicitó expresamente que se decidieran las pretensiones subsidiarias relacionadas con la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta todos los tiempos y cotizaciones efectuadas ante las distintas entidades, así como el pago de las mesadas retroactivas debidamente indexadas e incrementadas con intereses moratorios. Sin embargo, estas pretensiones no fueron objeto de análisis ni decisión, ya que las decisiones se limitaron exclusivamente a determinar si el demandante tenía derecho a recibir dos pensiones de vejez.

Que en el recurso de apelación se indicó expresamente que, de haberse valorado las pretensiones subsidiarias, el juez de primera instancia habría debido concluir la existencia de tiempos cotizados en Colpensiones y tiempos laborados en la Universidad Nacional de Colombia y por tanto, habría tenidos en cuenta estos para efectos de calcular el ingreso base de liquidación (IBL), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Que al no efectuarse pronunciamiento alguno respecto de las pretensiones subsidiarias la decisión lo sorprendió, lo cual lo dejó sin la posibilidad de interponer recurso adicional alguno. Según su criterio, esta omisión constituye una causal de nulidad por falta absoluta de motivación.

Que tal omisión constituye además una falta de congruencia en la sentencia, al no

recurso adicional alguno. Según su criterio, esta omisión constituye una causal de nulidad por falta absoluta de motivación.

Que tal omisión constituye además una falta de congruencia en la sentencia, al no haberse pronunciado el juzgador sobre todas las pretensiones formuladas en laRadicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 demanda, en contravía de lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso, que exige que el fallo guarde plena correspondencia con los hechos y las pretensiones planteadas.

Que exigirle acudir a un nuevo proceso judicial para obtener el estudio de la pretensión subsidiaria implicaría desconocer su derecho fundamental al debido proceso, máxime cuando dicha pretensión ya había sido oportunamente propuesta dentro del proceso inicial.

TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 31 de mayo de 2022, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra Colpensiones, así como frente al conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y sus hospitales adscritos — Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, actualmente en liquidación— y la Universidad Nacional de Colombia.

No obstante, mediante auto del 20 de mayo de 2024, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior providencia, se modificó dicha decisión en el sentido de reconocer como única parte demandada a Colpensiones, por cuanto fue la única en tidad que actuó como demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

reposición interpuesto contra la anterior providencia, se modificó dicha decisión en el sentido de reconocer como única parte demandada a Colpensiones, por cuanto fue la única en tidad que actuó como demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Contestación al recurso extraordinario

Colpensiones guardó silencio3.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 11 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , considerando la causal presentada por el recurrente.

Para el efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) la c ausal de revisión invocada en el recurso , iii) el principio de congruencia, iv) sobre la motivación de las decisiones judiciales; y, finalmente, v) el caso concreto.

3 Véase índice 00030 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del

CPACA:

5 Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada 5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, l as cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular7.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta

4 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez. 6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo. 8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)Radicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso

apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que no fue oport unamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia10.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 12, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se

vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminad o por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión. Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00). 11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 1100103-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001 -03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

C.P. Alberto Yepes Barreiro 12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad en la sentencia, a saber : falta de competencia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso, ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita»13.

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 14 o el principio de congruencia 15 constituyen variables de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se

manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se hubiera proferido en otro sentido16.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de 202017, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita18, como regla general.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 14 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 14 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en comento» . Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00). 15 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» . Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (145214. 16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000 -23-41-0002013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González. 18 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 1100103-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001 -23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” queRadicado: 11001-03-25-000-2021-00517-00 (2510-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia19. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.

providencia19. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.

Sobre la motivación de las decisiones judiciales

Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA20, prevé:

«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente n ecesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen […]».

El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de justicia.

En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación, esta Corporación ha considerado:

«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente

«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivació n, con la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de texto)21.

En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración de la

consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de he chos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones». 19 Ibid. 20 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP. 21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Exp.

pronunciamiento sobre una de las pretensiones». 19 Ibid. 20 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP. 21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrati