CE - Sentencia 11001032500020210072600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00726-00 (4097-2021) (REV)

Accionante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional Demandado: Ana Milena Aramburo Méndez Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Presupuestos de configuración

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032 presentada por la Universidad Nacional de ColombiaFondo Pensional en contra de la sentencia de 19 de septiembre de 201 6, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001333100820110041200/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda3

2.La señora Ana Milena Aramburo Méndez , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda3

2.La señora Ana Milena Aramburo Méndez , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo contra la Universidad Nacional , con el objetivo de obtener, en sí ntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-0056100(2129-12). Accionante: Caja N acional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 El recurso se presentó el 2 de agosto de 2018(f. 271 del cuaderno 1 del expediente) de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visibles a folios138 y siguientes y 162 y siguientes del archivo 02 contenido en el índice 03 de Samai.Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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2 • La nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones

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2 • La nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 0404 de 21 de noviembre de 2008 , mediante el cual la Caja Nacional de Previsión de la Universidad Nacional reconoció la pensión de jubilación de la señora Ana Milena Aramburo Méndez y 003 de 20 de enero de 2009 que resolvió el recurso de reposición contra dicha decisión y la confirmó la su totalidad.

• Para restablecer el derecho, solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación, tomando todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios y aplicando una tasa de remplazo del 75%.

• Así mismo, solicitó la indexación de las sumas adeudadas conforme al índice de precios al consumidor, lo anterior de acuerdo con el artículo 178 del CPACA y al pago de los intereses de mora de conformidad con el artículo 177 del CCA.

1.1.2 Hechos relevantes.

3. La señora Ana Milena Aramburo Méndez nació el 22 de septiembre de 1953.

Prestó sus servicios en la Universidad Nacional de Colombia, en donde se desempeñó como secretaria ejecutiva 50408 PCA en el periodo comprendido entre el 1. ° de septiembre de 1979 y el 30 de diciembre de 2008.

4. Cumplió 55 años el 22 de septiembre de 2008, fecha para la cual a creditaba 29 años de servicio.

5. Mediante Resolución CPS 0404 de 21 de noviembre de 2008 , la Caja de

4. Cumplió 55 años el 22 de septiembre de 2008, fecha para la cual a creditaba 29 años de servicio.

5. Mediante Resolución CPS 0404 de 21 de noviembre de 2008 , la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, que fue liquidada aplicando el 75% del IBL del promedio de los últimos 10 años de servicio de conformidad con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

6. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto en la Resolución CPS -003 de 20 de enero de 2009 , en donde se confirmó dicha resolución en su totalidad.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocen los artículos 1. °, 2. °, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 33 y 62Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021)

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3 de 1985; 100 de 1993; 640 de 2001; 1258 de 2009; los Decretos 1045 de 1978 y 1716 de 2009.

8. Como concepto de violación señaló que los actos acusados desconocen el

1716 de 2009.

8. Como concepto de violación señaló que los actos acusados desconocen el precedente establecido en la sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado, que establece la interpretación que se debe dar a la Ley 33 de 1985, pues según esta, su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales percibidos durante dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y el Decreto Ley 1045 de 1978.

2.1.4. Sentencia de primera instancia 4

9. El Juzgado Primero Administrativo d e Descongestión de l Circuito de Cali, mediante providencia de 18 de junio de 2013 , declaró la nulidad parcial de los actos acusados y concedió las súplicas de la demanda.

10. Para tal efecto, señaló que la demandante era beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, de acuerdo con dicha disposición, la liquidación debió efectuarse de conformidad con la Ley 33 de 1985, por resultar más benéfica para la demandante.

11. En consecuencia, ordenó a la Universidad Nacional -Fondo Pensional - a reliquidar la pensión de la señora Aramburo Méndez teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, esto es, además de los factores ya reconocidos, las primas de servicios y de vacaciones, el quinquenio, la bonificación bienestar universitario, el su bsidio de alimentación y el auxilio de transporte, lo anterior en atención al precedente fijado

esto es, además de los factores ya reconocidos, las primas de servicios y de vacaciones, el quinquenio, la bonificación bienestar universitario, el su bsidio de alimentación y el auxilio de transporte, lo anterior en atención al precedente fijado en la sentencia de 4 de agosto de 2010.

12. Así mismo, consideró que no había lugar a aplicar la prescripción trienal del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

13. De otra parte, autorizó a la Universidad Nacional de Colombia a efectuar los descuentos sobre los factores cuya inclusión se ordenó en la reliquidación, sobre los cuales no se hubiesen realizado, así como la indexación de las sumas adeudadas de conformidad con el IPC certificado por el DANE.

4 Folio 138 y siguientes del archivo 02 contenido en el índice 03 de Samai.Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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4 2.1.5. Recurso de apelación 5

14. Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, en el que reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda e indicó que la pensión de la demandante no debió reconocerse teniendo en cuenta todos los factores devengados durante el último año de servicios.

15. Sostuvo que “la bonificación por bienestar universitario”, al igual que otros

la demanda e indicó que la pensión de la demandante no debió reconocerse teniendo en cuenta todos los factores devengados durante el último año de servicios.

15. Sostuvo que “la bonificación por bienestar universitario”, al igual que otros factores como “el quinquenio ”, “las vacaciones del periodo ”, “la bonificación especial por recreación ”, “bienestar universitari o” y los “ajustes de prima de servicios por retiro”, “de prima de navidad por retiro” y “ de quinquenio por retiro” son de carácter extralegal, creados por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo s 57 de 1978 y 005 de 1998 y que algunos de ellos son reconocidos en razón al retiro del servicio, por lo que no constituyen factor salarial.

16. En ese sentido, solicitó a la Sala revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, pues los actos acusados se expidieron dando cumplimiento a las leyes 100 de 1993 y 33 de 1985.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión 6

17. El Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá dictó sentencia de segunda instancia el 19 de septiembre de 2016, en la cual, modificó la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali el 18 de junio de 2013 con los siguientes argumentos:

18. Como fundamento de su decisión invocó la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, con base en ella señaló que la interpretación que debía darse a la Ley 33 de 1985, es que esa

agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, con base en ella señaló que la interpretación que debía darse a la Ley 33 de 1985, es que esa norma no contiene una lista taxativa de factores a tener en cuenta en la liquidación pensional, y, por tanto, debe entenderse como salario para efectos de la misma todo aquello que recibe el empleado como contraprestación directa por el servicio.

19. En ese or den, precisó que , durante el último año de servicios, la actora

5 De acuerdo con la sentencia de segunda instancia visible a folio 162 y siguientes del archivo 02 contenido en el índice 03 de Samai. 6 Folio 162 y siguientes del archivo 02 contenido en el índice 03 de Samai.Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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5 devengó un “ajuste al quinquenio por retiro” no el “quinquenio o bonificación especial” por lo cual excluyó dicho factor de la reliquidación. Así mismo, señaló que no se reconocería la “bonificación de bienestar universitario, pues esta no es de creación legal, ya que se creó mediante Acuerdo 005 de 1998 y por tanto no puede ser incluida.

20. En consecuencia, modificó la orden de reliquidar de la pensión de la señora Ana Milena Aramburo Méndez y precisó que la misma debió reconocerse en cuantía del 75% con el promedio de los factores devengados durante el último

20. En consecuencia, modificó la orden de reliquidar de la pensión de la señora Ana Milena Aramburo Méndez y precisó que la misma debió reconocerse en cuantía del 75% con el promedio de los factores devengados durante el último año de servicios, esto es, la asignación básica, las primas de servicios, de navidad, de vacaciones, la bonificación por servicios prestados, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y las incapacidades cuando hayan hecho parte del salario.

2.1.7. La acción especial de revisión 7

21. La Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza

pública y especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

22. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente: i) Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión y en consecuencia, infirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2016, notificada por edicto el día 24 de octubre y desfijado el 26 de octubre de 2016, emitida por el Tribunal Administrativo de Descong estión con Sede en Bogotá mediante la cual se confirmó, modificó y adicionó la sentencia de 18 de junio de 2013 emitida por el

de octubre y desfijado el 26 de octubre de 2016, emitida por el Tribunal Administrativo de Descong estión con Sede en Bogotá mediante la cual se confirmó, modificó y adicionó la sentencia de 18 de junio de 2013 emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento d el derecho 6001333100820110041200.

1. Revocar la providencia de 26 de julio de 2016 (sic) dictada por el Juzgado

7 Folio 2 y siguientes del archivo 02 contenido en el índice 03 de Samai.Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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6 Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 6001333100820110041200, en la que se declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó la reliquidación de la pensión del mencionado señor (sic) con un 75% de la totalidad de lo devengado en el último año de servicio.

1. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, debe ordenar a la Universidad Nacional de ColombiaFondo Pensional, proferir la nueva liquidación de la pensión de vejez de la señora Ana Milena Aramburo Mén dez, tasando el IBL con el promedio de los últimos diez años de servicio de esta. Lo anterior, aplicando los

ColombiaFondo Pensional, proferir la nueva liquidación de la pensión de vejez de la señora Ana Milena Aramburo Mén dez, tasando el IBL con el promedio de los últimos diez años de servicio de esta. Lo anterior, aplicando los pronunciamientos de la Corte Constitucional en las providencias, C - 168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU - 427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T – 039 de 2018 y la del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018. Disminuyendo el monto de la mesada pensional que le fue reliquidada.

1. Que se ordene a la señora Ana Milena Aramburo Méndez a la devolución, pago o compensación de los mayores valores pagados por concepto de pensión como consecuencia de las anteriores providencias

23. Para fundamentar ambas causales de revisión la UNIVERSIDAD NACIONAL -FONDO PENSIONALsostuvo que la señora Ana Milena Aramburo Méndez no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.

24. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y la sentencia de 28 de

taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.

24. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y la sentencia de 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.

25. Adicionalmente, señaló que la mesada obtenida como resultado de la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá ascendía a $949.718 y en realidad debería corresponder a $789.750, con lo cual estimó que se estaba causando un detrimento patrimonial al tesoro público.Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021)

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7 2.1.8. Contestación

26. La señora Ana Milena Aramburo Méndez fue notificada personalmente de la admisión de la acción de revisión el 18 de noviembre de 2022, como se advierte en el índice 11 de SAMAI, sin embargo, no contestó la demanda.

27. El apoderado del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Ad ministrativos, conocerán las secciones y

para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Ad ministrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2. Oportunidad

29. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la C orte Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

30. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a

8 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20

la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a

8 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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8 dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

31. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 19 de septiembre de 201 69, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 10 de noviembre de 2021.10

32. Teniendo en cuenta que como consecuencia de la pandemia por COVID19

septiembre de 201 69, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 10 de noviembre de 2021.10

32. Teniendo en cuenta que como consecuencia de la pandemia por COVID19 se interrumpieron los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó en tiempo, pues se presentó dentro del término de los 5 años indicado anteriormente.

3.3. Problema jurídico

33. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 19 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la Universidad Nacional de ColombiaFondo Pensional a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Ana Milena Aramburo Méndez con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, es decir, la asignación básica, las primas de servicios, de navidad, de vacaciones, la bonificación por servicios prestados, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y las incapacidades cuando hayan hecho parte del salario.

34. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

34. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

9 Folio 132 y siguientes del archivo 02 contenido en el índice 03 de Samai. 10 Índice 4 de Samai.Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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9 3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

35. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 11 (antes artículo 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 12, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

36. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción especial13, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció

contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción especial13, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de

11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona e n cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a ot ra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada

su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a ot ra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, est o en tanto, es claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad

Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).Radicado :11001 -03 -25 -000 -2021 -00726 -00(4097 -2021) (REV)

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10 cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia14 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado 15, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

37. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 16 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, d el Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

38. Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016, señaló que «[…] como quiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en

38. Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016, señaló que «[…] como quiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero». Por ello, se advierte que la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con legitimidad para interponer la presente acción especial de revisión.

3.5. Análisis de la Sala

39. Las causales alegadas por la Universidad Nacional -Fondo Pensionalson las contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

norma que señala:

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente:

enero de 1984, CCA. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014).

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UNIVERSIDAD NACIONAL -FONDO PENSIONAL--. Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite acción de revisión. 16 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se ado