CE - Sentencia 11001032500020210074700 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Demandante: Lelio Vásquez Rocha Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje - Administradora Colombiana de Pensiones

Temas: Causal quinta del artículo 250 del CPACA. Improcedencia para discutir errores por aplicación normativa y para reabrir el debate que originó el proceso . Pronunciamiento sobre pretensiones

subsidiarias. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Lelio Vásquez Rocha contra la sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación del artículo

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación del artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 , con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios conforme la Ley 33 de 1985, o, en su defecto, el pago de la diferencia debido a la compartibilidad con la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) bajo el Decreto 758 de 1990.

Que e l Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones mediante sentencia del 22 de marzo de 2018, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la providencia del 29 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander

1 La presentación del recurso se efectuó el 16 de noviembre de 2021 , de acuerdo con la anotación efectuada por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI. 2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 22 de marzo de 2018, por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga que negó a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no era procedente la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los factores devengados durante dicho periodo , ni el reconocimiento de la pensión de jubilación a cargo del SENA.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

Que, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, los empleados del SENA no gozan de un régimen especial de pension es, en especial del consagrado en el artículo 126 del Decreto 2464 de 1970 y, por lo tanto están sometidos al régimen previsto para los servidores públicos, esto es, el contenido en la Ley 33 de 1985, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio de los beneficios convencionales que se hayan pactado entre las partes, aspecto que destacó no fue objeto de controversia.

Acogió los lineamientos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, que estableció que el ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no hace parte del régimen de transición, y, por tanto, son los parámetros contenidos en esa norma los que deben observarse para determinar el monto pensional y solo pueden tenerse como factores de liquidación aquellos que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

transición, y, por tanto, son los parámetros contenidos en esa norma los que deben observarse para determinar el monto pensional y solo pueden tenerse como factores de liquidación aquellos que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Consideró que al haberse reconocido por el ISS la pensi ón de jubilación bajo el Decreto 758 de 1990, con el 87% por haber acreditado 1231 semanas cotizadas, le resultaba más favorable al actor que el régimen previsto en la Ley 33 de 1985 que prevé una tasa del 75%, pero en cuanto al periodo de liquidación no resultaba aplicable el promedio de lo devengado en el último año de servicios porque el periodo de liquidación de su IBL corresponde al «promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior».

En lo relativo a la inclusión de todos los factores devengados encontró que no resultaba procedente la inclusión de todos ellos, en tanto, ninguno de ellos estaba enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Que no procedía la condena en costas, dado que la negativa de las pretensiones tuvo lugar como consecuencia de un cambio jurisprudencial.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Leilo Vásquez Rocha, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5.° de la citada legislación.

Para sustentar el recurso presentó los siguientes argumentos:

Que es manifiestamente inconstitucional e ilegal la exclusión de los factores

considerar que la sentencia está incursa en la causal 5.° de la citada legislación.

Para sustentar el recurso presentó los siguientes argumentos:

Que es manifiestamente inconstitucional e ilegal la exclusión de los factores salariales unificados mediante la sentencia del 4 de agosto de 2010, ratificada en laRadicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 sentencia del 15 de febrero de 2016, con base en la sentencia del 28 de agosto de 2019 (sic).

Que la sentencia de unificación de 2019 (sic) hace referencia a la Sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, la cual basó su aplicación e interpretación de la ley ordinaria en una reclamación viciada de nulidad, cuando correspondía a la jurisdicción administrativa y no a la jurisdicción ordinaria laboral.

Afirma que el Tribunal viol ó el artículo 53 de la Constitución, que consagra el principio de favorabilidad y el principio de inescindibilidad normativa, ya que el régimen de transición de los servidores públicos cuenta con las exigencias necesarias para el reconocimiento y pago correcto de la pensión, como lo son el tiempo, la edad y el monto, establecidos en la Ley 33 de 1985 y demás normas complementarias.

Expresó que se vulneran los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica de los actos administrativos expedidos y debidamente ejecutoriados, así

complementarias.

Expresó que se vulneran los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica de los actos administrativos expedidos y debidamente ejecutoriados, así como el artículo 48 de la Constitución, que consagra el derecho a la seguridad social.

Cuestionó que, pese a haber adquirido su estatus pensional en 2004, se le aplique retroactivamente una sentencia de unificación posterior —28 de agosto de 2018—, en contravía del principio de irretroactividad de la ley y del artículo 29 de la Constitución, aplicación esta que también vulnera el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos sociales.

Que existe nulidad en la decisión que puso fin a la instancia ordinaria, ya que se viola la Ley 33 de 1985, el Decreto 2462 de 1970, la Ley 119 de 1994, el Decreto 1045 de 1978, y las disposiciones del régimen de transición consagradas en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los artículos 13, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución.

Que es obligación del juzgador garantizar la correcta aplicación de las normas respecto a los derechos adquiridos, ya que el mismo artículo 29 de la Constitución establece que «es nula de pleno derecho la prueba obtenida por violación al debido proceso».

Sostuvo que la sentencia se basó en un supuesto porcentaje superior al 85 % para negar la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio, sin pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias. En su criterio, al haber

Sostuvo que la sentencia se basó en un supuesto porcentaje superior al 85 % para negar la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio, sin pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias. En su criterio, al haber acreditado 34 años, 2 meses y 13 de servicio y contar con 60 años, le resulta aplicable el Decreto 758 de 1990, por lo que su mesada pensional debía calcularse conforme a una tasa de reemplazo del 90 %, debidamente indexada y reconocida en su integridad.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Contestación al recurso extraordinario de revisión

El SENA 3 argumentó que el recurrente no fue claro en la demostración de la vulneración del debido proceso que invoca, y consecuentemente tampoco pudo demostrar cómo se materializó la causal de nulidad que alega, teniendo en cuenta que, el fallo objeto de revisión fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, cuya aplicación resultaba obligatoria.

Por su parte, COLPENSIONES4 guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 29 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander considerando la

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 29 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander considerando la causal invocada por el recurrente.

Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

3 La entidad fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos enviado el 8 de julio de 2022 (Cfr. 00021 de SAMAI) y radicó el escrito de contestación el 26 de julio de 2022 (Cfr. índice 00027 de SAMAI). 4 Cfr. 00021 de SAMAI.

el 8 de julio de 2022 (Cfr. 00021 de SAMAI) y radicó el escrito de contestación el 26 de julio de 2022 (Cfr. índice 00027 de SAMAI). 4 Cfr. 00021 de SAMAI. 5 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular8.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

Si bien la revisión constituye un mecanismo que afecta el principio de la

no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

Si bien la revisión constituye un mecanismo que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestió n del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley10.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso

apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad q ue no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad

7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo. 9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613) 10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia11.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación

corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruenci a bien sea por una condena extra, ultra o infra petita»14.

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 15 o el principio de congruencia 16 constituyen variables de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma

11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00). 12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 1100103-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.

Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001 -03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001 -03-15-000-201502342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad en la sentencia, a saber : «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».

la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación». 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 15 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00). 16 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» . Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (145214.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se hubiera proferido en otro sentido17.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de 202018, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita19, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está

normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita19, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia 20. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000 -23-41-0002013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González. 19 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 1100119 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 1100103-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001 -23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones». 20 Ibid.Radicado: 11001-03-25-000-2021-00747-00 (4227-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Caso concreto

La parte recurrente invoca la causal establecida en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, argumentando que, al confirmarse el fallo de primera instancia y negarse la reliquidación de la pensión, el Tribunal violó la Ley 33 de 1985

de la Ley 1437 de 2011, argumentando que, al confirmarse el fallo de primera instancia y negarse la reliquidación de la pensión, el Tribunal violó la Ley 33 de 1985 y los artículos 13, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política. Esto se debió a que excluyó los factores salariales que previamente habían sido uni ficados mediante la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, ratificada el 25 de febrero de 2016, y fundamentó la decisión en la Sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, así como en la sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2018 de esta Corporación, vulnerando así sus derechos adquiridos.

Aduce además que se omitió pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria de reliquidación de la pensión con el 90 % del IBL y la indexación de la primera mesada.

En consecuencia, se procederá a evaluar si se satisfacen los requisitos establecidos por la ley y precisados a través de los criterios jurisprudenciales aplicables para la configuración de la causal invocada, con estricto apego a los argumentos y fundamentos planteados por la parte recurrente, en atención al carácter rogado y excepcional del recurso extraordinario de revisión21.

Considerando la fundamentación de la causal, para la Sala resulta claro que la revisión por nulidad de la sentencia no está llamada a prosperar , dado que los defectos alegados no corresponden a ninguno de los supuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar la sentencia recurrida y los argumentos presentados en el recurso parecen intentar transformar este trámite en una tercera

defectos alegados no corresponden a ninguno de los supuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar la sentencia recurrida y los argumentos presentados en el recurso parecen intentar transformar este trámite en una tercera instancia, al buscar reabrir el debate y cuestionar nuevamente aspectos ya resueltos en las instancias previas.

En efecto, la parte recurrente ha reiterado los argumentos que ya fueron abordados en las instancias anteriores, dirigidos a cuestionar la interpretación normativa realizada por el Tribunal en la sentencia objeto de revisión. Con ello, resulta evidente que el señor Lelio Vásquez Rocha busca que se revisen los elementos fácticos y jurídicos del proceso originario con el fin de obtener un resultado favorable que le fue previamente negado; proceder que resulta a todas luces contrario al propósito y a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, máxime cuando la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, la alegación de una indebida interpretación de las normas no es una base válida para la procedencia de dicho recurso, dado que en la ley no se contempla como causal específica.

En diversas decisiones, se ha establecido que el recurso extraordinario de revisión está destinado a corregir fallos que vulneren la justicia material, pero no para cuestionar la labor interpretativa del juez o rectificar errores de apreciación en el

21 Esta Corporación ha sido enfática en establecer que «[…] el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa administrativa impide examinar pretensiones a la l