CE - Sentencia 11001032500020210075000 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2021-00750-00 (4262-2021)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: José Eduardo Leiva Bogotá

Tema: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003

Sentencia de única instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que revocó la decisión emitida el 11 de noviembre de 2015 por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , que negó las pretensiones de la demanda presentada por José Eduardo Leiva Bogotá contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que revocó la decisión emitida el 11 de noviembre de 2015 por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-055-2016-0051400 (01), a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por José Eduardo Leiva Bogotá contra esa entidad, encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la sentencia del 13

1 En lo que sigue Ugpp.2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

de septiembre de 2019; ii) la declaratoria de que José Eduardo Leiva Bogotá no le asistía el derecho a que la pensión reconocida le fuera liquidada con la totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicio, es decir, que debían

de septiembre de 2019; ii) la declaratoria de que José Eduardo Leiva Bogotá no le asistía el derecho a que la pensión reconocida le fuera liquidada con la totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicio, es decir, que debían excluirse los conceptos de: auxilio de alimentación y primas de navidad, vacaciones y servicios ; iii) la declaratoria de que la pensión reconocida deb ió calcularse conforme con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2 y el Consejo de Estado 3 y el Decreto 1158 de 1994, esto es con la inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados ; y iv) la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la prestación, debidamente indexadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José Eduardo Leiva Bogotá nació el 13 de septiembre de 1942 y prestó sus servicios en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi4 del 4 de agosto de 1967 al 30 de junio de 19935, para un total de 9327 días . El último cargo que ocupó fue como técnico operativo.

3.2. Consolidó su estatus pensional el 13 de septiembre de 1997, fecha para la cual cumplió 55 años de edad.

3.3. Mediante Resolución 23888 del 9 de septiembre de 1998, Cajanal le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $304.874,01 efectiva a partir del «1° de julio

cumplió 55 años de edad.

3.3. Mediante Resolución 23888 del 9 de septiembre de 1998, Cajanal le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $304.874,01 efectiva a partir del «1° de julio de 1993»6.

3.4. La Ugpp expidió la Resolución UGPP 07073 de l 18 de febrero de 2016, por la cual negó la reliquidación de la pensión de vejez solicitada con fundamento en que la liquidación se debía realizar teniendo en cuenta los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

3.5. La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 15874 del 15 de abril de 2016.

3.6. Contra las anteriores decisiones José Eduardo Leiva Bogotá presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.7. El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá conoció el asunto en primera instancia y con fallo del 11 de diciembre de 2017 negó las pretensiones de la demanda . A l respecto destacó que se apartaba del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado y , en su lugar, daría

2 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T039 de 2019, A326 de 2014 y A229 de 2017. 3 Sentencia SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del agosto 28 de 2018. 4 En lo que sigue IGAC.

3 Sentencia SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del agosto 28 de 2018. 4 En lo que sigue IGAC. 5 Toda vez que por Resolución 1133 del 10 de junio de 1993, la entidad suprimió el cargo a partir del 1°de julio de 1993 6 Así lo indicó la entidad en el escrito del recurso; no obstante, como se expondrá más adelante, la efectividad de la prestación fue a partir del 13 de septiembre de 1997.3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

aplicación a lo ordenado por la Corte Constitucional sobre el ingreso base de liquidación7.

3.8. El pensionado interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y en sentencia del 13 de septiembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección E, la revocó y en su lugar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. A l respecto , afirmó que los actos administrativos objeto de control eran contrarios a la normativa y jurisprudencia aplicable, pues el régimen que cobijaba al interesado reguló el tiempo laborado y los factores salariales que se debían tener en cuenta para efectos del reconocimiento pensional.

3.9. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 5 de noviembre de 2019.

3.10. La Ugpp dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución RDP 39149 de l 27

3.9. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 5 de noviembre de 2019.

3.10. La Ugpp dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución RDP 39149 de l 27 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, reliquidó la prestación con un IBL correspondiente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio comprendido entre el 1° de julio de 1992 y el 30 de junio de 1993, en cuantía de $409.487.80, efectiva a partir del 13 de septiembre de 1997.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 13 de septiembre de 2019 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, revocó la decisión del 11 de diciembre de 2017 emitida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar,

dispuso:

«PRIMERO. - DECLARAR probada únicamente la excepción de prescripción, de las diferencias de las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al 27 de noviembre de 2012, por las razones expuestas.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 007073 del 18 de febrero de 2016 y RDP 015874 del 15 de abril de 2016 proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas.

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la UNIDAD

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas.

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, reliquidar el valor de la mesada de la pensión de jubilación reconocida al señor JOSÉ EDUARDO LEIVA BOGOTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.071.448 de Bogotá, de conformidad con el régimen pensional establecido en el Decreto 3135 de 1968 , en cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, comprendido entre el 1° de julio de 1992 al 30 de junio de 1993, incluyendo los factores salariales certificados y devengados, esto es, asignación básica, prima de antigüedad, auxilio alimenticio, bonificación por servicios prestados, las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, estos cuatro último s liquidados en una doceava parte por ser devengados anualmente, efectiva a partir del 13 de septiembre de 1997, pero con efectos fiscales a partir del 27 de noviembre de 2012, por prescripción trienal conforme lo expuesto en la presente decisión.

CUARTO. - CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP-, indexar el valor de la primera mesada pensional actualizando el ingreso base de

7 En adelante IBL.4

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP-, indexar el valor de la primera mesada pensional actualizando el ingreso base de

7 En adelante IBL.4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

liquidación pensional, desde la fecha de retiro del servicio del demandante ocurrido el 1 de julio de 1993, hasta el cumplimiento del estatus pensional ocurrido el 13 de septiembre de 1997, por las razones expuestas.

QUINTO. - ORDENAR efectuar los descuentos por aportes a la seguridad social en pensión a cargo del demandante en calidad de trabajador con ocasión a la reliquidación ordenada, teniendo en cuenta que se debe realizar el cálculo de la diferencia sobre los ya cotizados, y el c álculo del valor a pagar sobre los nuevos factores incluidos durante toda la vida laboral, en ambos casos en forma INDEXADA.

SEXTO. - ORDENAR que los anteriores pagos que resulten a favor del demandante JOSÉ EDUARDO LEIVA BOGOTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.071.448 de Bogotá, se ajustarán en su valor según lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R=Rh X índice final índice inicial

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R=Rh X índice final índice inicial

SÉPTIMO. - ORDENAR a la entidad demandada en caso de que haya lugar a ello a pagar las diferencias generadas entre lo ya recibido y lo que debe pagarse. Además, deberá mantener la cuantía de la mesada pensiona l que se encuentra percibiendo actualmente el demandante en caso de que en cumplimiento de esta sentencia se arroje un valor menor.

OCTAVO. - Se ORDENA a la entidad demandada dar cumplimiento a la presente providencia en los términos y con los intereses establecidos por los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

NOVENO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO. - Condenar en costas a la parte demandada en primera instancia, debiendo tasar las agencias en derecho en la suma de quinientos mil ($ 500.000.00) pesos. Estas costas serán liquidadas por el Juzgado de primera instancia siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G.P.

DÉCIMO PRIMERO. - Condenar en costas a la parte demandada en segunda instancia, debiendo tasar las agencias en derecho en la suma de doscientos mil ($ 200.000.00) pesos. Estas costas serán liquidadas por el Juzgado de primera instancia siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G.P. […]» (sic)

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos8:

5.1. Al 1° de abril de 1994, José Eduardo Leiva Bogotá tenía más de 40 años de

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos8:

5.1. Al 1° de abril de 1994, José Eduardo Leiva Bogotá tenía más de 40 años de edad, toda vez que nació el 13 de septiembre de 1942 y tenía más de 15 años de servicios, por lo que era beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, para el reconocimiento pensional podía acudir a las disposiciones de la Ley 33 de 1985.

5.2. «Frente a la liquidación de la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75 % de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicios en virtud de la Ley 33 de 1985, es claro que como el demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado después de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, el ingreso base de liquidación (IBL) para estos casos debe calcularse de conformidad con lo establecido en el artículo 21 y el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 1158 de 1994»; sin embargo , comoquiera que a la fecha de entrada en

8 Índice 34 de Samai , expediente digital, archivo en formato pdf. Documento denominado «007Parte7» páginas 101 a 134.5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

vigencia de la Ley 33 de 1985 [13 de febrero de 1985] tenía 17 años, 6 meses y 12 días de servicio en el IGAC, era beneficiario del régimen de transición de esa norma; de manera que se le debían aplicar los presupuestos legales establecidos en el Decreto 3135 de 1968 para acceder a la prestación reclamada.

5.3. Según el Decreto 3135 de 1968, la pensión debe liquidarse tomando como base el 75 % de los factores salariales devengados en el último año de servicio y que se encuentren previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, esto es asignación básica, bonificación por servicios prestados, auxilio alimenticio, y primas de antigüedad, de servicios, de navidad y de vacaciones. No obstante, la entidad solo incluyó la asignación básica, la bonificación por servicios y la prima de antigüedad.

5.4. El régimen pensional aplicable e ra el Decreto 3135 de 1968 por ser el m ás favorable (en virtud de la transición prevista en la Ley 33 de 1985) en lugar de esta (como consecuencia de la transición dispuesta en la Ley 100 de 1993 ) pues esta última tiene un carácter más restrictivo.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos9:

6.1. José Eduardo Leiva Bogotá e ra beneficiario del régimen de transición y, por lo

Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos9:

6.1. José Eduardo Leiva Bogotá e ra beneficiario del régimen de transición y, por lo tanto, la prestación debió regirse por las disposiciones de la Ley 33 de 1985, en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación. No obstante, en lo que atañe al IBL lo cobijaba lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, «por cuanto le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho de la pensión, al mom ento en que entró a regir el Sistema General de Pensiones, comoquiera que consolidó su derecho (17 de julio de 2000) en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993» (sic).

6.2. La decisión respecto de la cual se solicitó la revisión era contraria a lo establecido legal y jurisprudencialmente, especialmente en las sentencias C-258 de 2013, SU230 de 2015 y SU-023 de 2018, lo que, a su vez, generó un pago periódico de una mesada pensional que excedió lo debido legalmente y se creó una situación jurídica a favor de José Eduardo Leiva Bogotá, pero en detrimento del erario, al que se le impuso una carga prestacional sin fundamento legal, con grave afectación del interés general.

6.3. El fallador erró en dos aspectos: al tener en cuenta todos los factores salariales percibidos, cuando solo debía considerar los establecidos en el Decreto 1158 de

interés general.

6.3. El fallador erró en dos aspectos: al tener en cuenta todos los factores salariales percibidos, cuando solo debía considerar los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y, por otra parte, al ordenar la liquidación con el promedio del último año de servicio cuando debía considerar el promedio de los últimos 10 años de servicio, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho.

9 Índice 3 de Samai..6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

6.4. Debe ordenarse la devolución de los dineros, toda vez que «el doble reconocimiento y pago de una pensión vejez » concedida sin el cumplimiento de los requisitos legales constituye una forma de abuso del derecho.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. José Eduardo Leiva Bogotá se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por

las razones que se expresan a continuación10:

7.1. La prestación fue reliquidada como consecuencia del cumplimiento de una sentencia que fue proferida con observancia de los mecanismos legales y procesales que se tenían al momento de ser dictada.

7.2. Los empleados públicos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuvieran 15 años de servicios, tenían derecho a conservar el régimen de transición en lo que se refiere a la edad de conformidad con el contenido del artículo

7.2. Los empleados públicos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuvieran 15 años de servicios, tenían derecho a conservar el régimen de transición en lo que se refiere a la edad de conformidad con el contenido del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. Si bien la transición alude solo a la edad, y no al tiempo de servicio o el IBL, debía darse aplicación al principio de favorabilidad . Además, la situación prestacional se encuentra regulada en la Ley 62 de 19 85, no solo en lo que se refiere a la edad, sino que hace referencia a los demás elementos que componen este régimen pensional, como lo es el monto, el tiempo de servicio, el periodo base de liquidación y los factores que componen el IBL, «lo cual encuentra su sustento en aplicación de la inescindibilidad de la norma, en el sentido que no sería aceptable que se utilicen simultáneamente dos disposiciones que regulan un mismo tema» (sic).

7.3. El Consejo de Estado ha señalado que el uso del mecanismo de la revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 « se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales»11.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento12.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10 Índice 23 de Samai.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento12.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10 Índice 23 de Samai. 11 Al efecto citó: «sentencia de fecha marzo 25 de 2021 proferida por el H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Segunda –Subsección “B”, con ponencia de la Consejera Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, en el Proceso Radicación No. 0040700 11001-25-000032018- (1778-18) -Acción de Revisión. Actor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

Demandado: EDUARDO BONILLA MONTUA». 12 Así se desprende del informe secretarial del 4 de diciembre de 2024. Índice 40 de Samai.7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA13.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201914, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es

inciso 2, del CPACA13.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201914, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 5 de noviembre de 2019 15 y la presente acción fue radicada el 17 de noviembre de 202116, lo que permite concluir que su presentación fue oportuna.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

13 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 15 Índice 34 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf. Documento denominado «007Parte7» página 143. 16 Índice 1 de Samai. 17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen18.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes19:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las

18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 19 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2021-00750-00

Demandante: Ugpp

entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»20.

Demandante: Ugpp

entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»20.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 21 han admitido expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se hay a incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir