CE - Sentencia 11001032500020210078500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2021-00785-00 (4632-2021)

Demandante Alfonso Barragán Díaz

Demandado:

Providencia recurrida: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1 Sentencia del 12 de agosto de 20 21 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Alfonso Barragán Díaz contra la sentencia del 12 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra del Fomag.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

derecho promovido en contra del Fomag.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del C PACA, Alfonso Barragán Díaz presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 162 del 28 de agosto de 2017 , por medio del cual la secretaria de educación de l municipio de Girón (Santander), en nombre y representación del Fomag, le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) la indexación de la primera mesada pensional y de las sumas

1 En lo sucesivo Fomag. 2 En adelante CPACA. 3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_ANEXOSRECURSOEXTRA(.PDF) NroActua 2», folios 24 a 67.2

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00785-00 (4632-2021)

Demandante: Alfonso Barragán Díaz

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que resultaran; iii) el pago de los intereses moratorios a los que h aya lugar; y iv) el

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que resultaran; iii) el pago de los intereses moratorios a los que h aya lugar; y iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA y del trámite administrativo para otorgar la prestación de conformidad con lo dispuesto en las leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 962 de 2005 y en los decretos 1513 de 1998, 510 de 2003 y 2831 de 2005.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Alfonso Barragán Díaz nació el 1 de mayo de 1957, laboró por más de 20 años y cotizó en el sector privado, público y como independiente.

3.2. Aportó a Colpensiones 650,17 semanas, entre el 23 de junio de 1987 y el 31 de enero de 2013, las que equivalen a 4551,19 días.

3.3. Prestó sus servicios como docente en la Secretaría de Educación del municipio de Girón (Santander) entre el 16 de junio de 2003 y el 14 de agosto de 2008, del 23 de septiembre de 2008 al 26 de abril de 2010 y desde el 25 de febrero de 2011 a la fecha de la presentación de la demanda.

3.4. Su último lugar de trabajo fue la Institución Educativa «COLEGIO ANGULO» del municipio de Girón.

fecha de la presentación de la demanda.

3.4. Su último lugar de trabajo fue la Institución Educativa «COLEGIO ANGULO» del municipio de Girón.

3.5. Durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 1 de mayo de 2016 y 30 de abril de 2017, devengó asignación básica, bonificación mensual y las primas de vacaciones, de navidad y de servicios.

3.6. El 22 de enero de 2017, solicitó a la Secretaría de Educación del municipio de Girón el reconocimiento de la pensión por aportes ; no obstante, fue negada por la secretaria de la entidad, en nombre y representación del Fomag, por medio de la Resolución 162 del 28 de agosto de 2017.

1.2. Sentencia de primera instancia4

4. Mediante sentencia proferida el 26 de junio de 20 18 el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, consideró:

4.1. Si bien Alfonso Barragán Díaz prestó sus servicios antes del 26 de junio de 2003, esto es, previo a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cierto es que su vinculación no tuvo el carácter de permanente o continu o, ya que tuvo 3 vinculaciones distintas, s olo a partir del 25 de febrero de 2011 fue de forma permanente.

4.2. Comoquiera que, a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 , los docentes quedaron sujetos al régimen de la Ley 100 de 1993, con excepción de la edad que

permanente.

4.2. Comoquiera que, a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 , los docentes quedaron sujetos al régimen de la Ley 100 de 1993, con excepción de la edad que establecía la citada ley (57 años), no era posible el reconocimiento de la pensión

4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_ANEXOSRECURSOEXTRA(.PDF) NroActua 2», folios 113 a 118.3

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Demandante: Alfonso Barragán Díaz

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por aportes, ya que esta solo procedía para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición o para los docentes que se hubie ran vinculado antes de la vigencia de esa ley.

1.3. El recurso de apelación5

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer

grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. A los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigor la Ley 812 de 2003, se les aplicaban las disposiciones en materia pensional de la Ley 71 de 1988, entre otras, mientras que quienes se vincularon con posterioridad a esa fecha se regían por los parámetros de la Ley 100 de 1993.

5.2. En ese sentido, como su vinculación a la docencia oficial ocurrió el 16 de junio

posterioridad a esa fecha se regían por los parámetros de la Ley 100 de 1993.

5.2. En ese sentido, como su vinculación a la docencia oficial ocurrió el 16 de junio de 2003, le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6

6. El Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 confirmó la decisión de primera instancia . La decisión se fundamentó en

las siguientes consideraciones:

6.1. Se encontraba probado que el demandante estuvo vinculado al servicio oficial docente entre el 16 de junio de 2003 y el 14 de julio de 2008, luego entre el 23 de septiembre de 2008 y el 23 de abril de 2010, y de forma continua a partir del 25 de febrero de 2011. Entre uno y otro contrato existieron interrupcione s superiores a 2 meses.

6.2. Conforme con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, se entendía que había solución de continuidad cuando la interrupción superaba 15 días hábiles. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL981 de 2019, aceptó un margen de hasta un mes para que no se configurara la ruptura.

6.3. En consecuencia, se configuró la solución de continuidad, lo que implicaba la necesidad de un nuevo nombramiento y posesión. Ello significaba que cada ingreso generaba una nueva vinculación y la sujeción automática al régimen salarial y prestacional vigente al momento del ingreso. Por tal razón, a Alfonso Barragán Díaz

necesidad de un nuevo nombramiento y posesión. Ello significaba que cada ingreso generaba una nueva vinculación y la sujeción automática al régimen salarial y prestacional vigente al momento del ingreso. Por tal razón, a Alfonso Barragán Díaz le resultaba aplicable la Ley 812 de 2003 en materia pensional.

6.4. La vinculación que el demandante tuvo entre el 16 de junio de 2003 y el 14 de julio de 2008 no le otorgaba un derecho permanente para conservar el régimen pensional anterior. A partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, todos los docentes que ingresaron o reingresaron al servicio quedaron afiliados al F omag y pasaron a estar sujetos al régimen de prima media regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. La única excepción que introdujo dicha ley fue la edad para

5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_ANEXOSRECURSOEXTRA(.PDF) NroActua 2», folios 119 a 122. 6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_ANEXOSRECURSOEXTRA(.PDF) NroActua 2», folios 129 a 137.4

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00785-00 (4632-2021)

Demandante: Alfonso Barragán Díaz

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acceder a la pensión de vejez, que se fijó en 57 años tanto para hombres como para mujeres.

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acceder a la pensión de vejez, que se fijó en 57 años tanto para hombres como para mujeres.

6.5. En estas condiciones, resultaba procedente confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión por aportes.

1.5. Recurso extraordinario de revisión7

7. Alfonso Barragán Díaz interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

7.1. Se configuró la causal porque el Tribunal profirió un fallo incongruente al negar los efectos pensionales del tiempo de servicio y de las cotizaciones del demandante, con el argumento de que existieron interrupciones mayores a 2 meses entre la celebración de los contratos. Sin embargo, las leyes vigentes habían reconocido desde siempre la validez del tiempo de servicio, continuo o discontinuo, e incluso prestado por horas o bajo contratos de tiempo parcial, así como la eficacia de las cotizaciones efectuadas a través de distintas entidades de previsión social o con diferentes empleadores para acceder a la pensión, incluida la de aportes.

7.2. No ha existido una norma que haya establecido que el servidor público deb ía estar nombrado y posesionado para que su tiempo de servicio y/o sus cotizaciones fueran idóneas para acceder a la pensión de jubilación , específicamente la de aportes.

7.3. La sentencia recurrida presentó una falta de congruencia interna, pues mientras

fueran idóneas para acceder a la pensión de jubilación , específicamente la de aportes.

7.3. La sentencia recurrida presentó una falta de congruencia interna, pues mientras las pretensiones se dirigían al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, la parte motiva se limitó a analizar la solución de continuidad únicamente para efectos de vacaciones y aspectos contractuales.

7.4. La sentencia CSJ SL 981 -2019 de la Corte Suprema de Justicia, citada en la providencia impugnada, resolvió un recurso de casación de una trabajadora del Instituto de Seguros Sociales en el que se discutió si los contratos habían sido sucesivos, sin solución de continuidad, o si existió interrupción. En consecuencia, la providencia cuestionada abordó asuntos ajenos a la presente demanda, lo que evidenció su incongruencia interna.

7.5. El demandante había sido vinculado antes del 26 de junio de 2003, circunstancia que le otorgaba el derecho a acceder a la pensión de jubilación conforme con las normas vigentes antes de la Ley 812 de 2003, entre ellas las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

7.6. La sentencia recurrida introdujo un requisito inexistente de «no solución de continuidad» para reconocer la validez del tiempo de servicio en relación con la pensión de jubilación y, en particular, con la pensión por aportes.

7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.PDF) NroActua 2», folios 1 a 23.5

7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.PDF) NroActua 2», folios 1 a 23.5

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00785-00 (4632-2021)

Demandante: Alfonso Barragán Díaz

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7.7. De esta manera, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander vulneró de forma directa el debido proceso al inaplicar el principio de legalidad previsto en los incisos 1 y 2 del artículo 29 de la Constitución Política.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

8. La parte demandada no se pronunció en la instancia procesal.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad , le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 8 de la Sala Plena de esta corporación.

corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 8 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

11. En el asunto objeto de estudio, Alfonso Barragán Díaz se encuentra legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra el Fomag y en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. En este caso, se observa que la sentencia del 12 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander se notificó el 17 de agosto de 2021 y quedó ejecutoria el 24 de ese mes y año 9, y el presente mecanismo judicial se instauró el 1 de diciembre de 202110, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, por lo que el recurso extraordinario de revisión se ejerció dentro de la oportunidad señalada en el artículo 251 del CPACA.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

13. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa

8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. 9 Según las actuaciones registradas en el Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_ACTAREPARTO(.PDF)

8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. 9 Según las actuaciones registradas en el Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_ACTAREPARTO(.PDF) NroActua 2».6

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juzgada11. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 12 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

14. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores de nat uraleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la causal que inv oca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

15. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto

precisión cuál es la causal que inv oca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

15. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera instancia.

2.5. Problema jurídico

16. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por vulneración del debido proceso y desconocimiento del principio de congruencia en la sentencia del 12 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander al negar la pensión por aportes al demandante porque existió solución de continuidad en su vinculación como docente oficial?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

17. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha

señalado los siguientes:

causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado los siguientes:

1. cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso 13 que solo pudieron ser advertidas en

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00. 13 En adelante CGP.7

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la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y legalidad de las nulidades14 y;

1. cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria o la aplicación de las normas 15. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria o la aplicación de las normas 15. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

[…]

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia.

[…]

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley […]».16

18. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se

presentan cuando:

18. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se

presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del debido proceso17. - Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso18. - Se profiere sin motivación19.

14 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01. 15 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00. 16Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01. 17 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893). 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005, radicación: REV-062.8

11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005, radicación: REV-062.8

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00785-00 (4632-2021)

Demandante: Alfonso Barragán Díaz

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• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente20. - Se desconoce el principio de congruencia21. - Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»22.

19. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es procedente invocar como sustento del recurso de revisión la configuración de una nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad procesal prevista en el artículo 134 del CGP 23. Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso, circunstancia que le corresponde probar24.

20. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo

250 del CPACA, deberá acreditarse:

1. La existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo

250 del CPACA, deberá acreditarse:

1. La existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

1. Que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla, lo que deberá probar.

1. Que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.7. El principio de congruencia en la sentencia

21. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el

artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01. 21 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01. 21 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, radicación: 11001 -03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-0002020-03065-00. 22 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00. 23 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00. 24 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.9

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00785-00 (4632-2021)

Demandante: Alfonso Barragán Díaz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del

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En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesa da a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. […]»

22. En sentencia del 26 de octubre de 2017 25, esta subsección sostuvo que el principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepc iones que las partes hayan expuesto en el decurso procesal.

23. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de

enero de 201826, señaló:

«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia, según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y lo que constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratánd ose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye

demanda, y en tratánd ose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”27.(Resaltado fuera del texto original). […] Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso después de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de familia y de protección de los derechos fundamentales.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional, solicitando del mismo una actuación en un sent