CE - Sentencia 11001032500020210089300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

Demandante: Silvia Sandoval Suárez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Silvia Sandoval Suárez contra la sentencia del 7 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La Sala sintetiza los hechos relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-008-2017-00063-00/011, así:

1.1.1. La demanda

1. La Sala sintetiza los hechos relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-008-2017-00063-00/011, así:

1.1.1. La demanda

2. La señora Silvia Sandoval Suárez , mediante apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante COLPENSIONES), con

las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare la nulidad de las Resoluciones Nros. GNR 160491 del 27 de mayo de 2016, GNR 215597 del 21 de julio de 2016 y VPB 34506 del 2 de septiembre de 2016 proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

SEGUNDA: Aplicación del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones , o rdenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a pagar, a título de

1 Samai, índice 27.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

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restablecimiento del derecho a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SU ÁREZ, el verdadero valor del monto de la pensión jubilación o vejez con la inclusión de todos los

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restablecimiento del derecho a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SU ÁREZ, el verdadero valor del monto de la pensión jubilación o vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último semestre de servicios de acuerdo al Artículo 7 del Decreto 929 de 1976 y debidamente indexados.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones , o rdenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a pagar, a título de restablecimiento del derecho a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SU ÁREZ, los reajustes legales desde cuando adquirió el estatus o categoría de pensionado.

QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones , o rdenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a pagar, a título de restablecimiento del derecho, a favor de la señora SILVIA SANDOVAL SU ÁREZ, el retroactivo originado por el verdadero o real valor del monto de la pensión mensual vitalicia de jubilación junto con los intereses corrientes, los intereses moratorios y la aplicación de la indexación de acuerdo al IPC, desde cuando adquirió el estatus o categoría de pensionado.

SEXTA: Que se disponga en la sentencia, que las sumas reconocidas en ella y liquidadas como se piden en el ordinal anterior, devengarán intereses comerciales y moratorios de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA: Que si la entidad demandada, se opusiere a la presente demanda, se le condene a pagar las costas del proceso2.

y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA: Que si la entidad demandada, se opusiere a la presente demanda, se le condene a pagar las costas del proceso2.

3. En los hechos de la demanda se indicó que la accionante nació el 5 de octubre de 1951, por tanto, tenía más de 35 años para el 1 de abril de 1994; prestó sus servicios en la Contraloría General de la República desde el 26 de junio de 1984 hasta el 1 de mayo de 2014 ; COLPENSIONES le re conoció una pensión de vejez, a través de la Resolución GNR 160491 del 27 de mayo de 2016. Indicó que la mesada pagada para el año 2006 era del valor de $2.844.419, y el valor real reliquidado con todos los factores salariales devengados en el último semestre de servicio, ascend ía a

$6.004.967.

4. La demandante f undamentó sus pretensiones en que COLPENSIONES, al reconocer y liquidar su pensión de vejez, omitió incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, previstos en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, por haber prestado sus servicios en la Contraloría General de la República . En consecuencia, sostuvo que esa omisión viciaba de nulidad los actos administrativos demandados por expedición irregular y falsa motivación , además de generar un enriquecimiento sin causa en favor de la entidad demandada3.

1.1.2. Contestación de la demanda

5. COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que el régimen de transición únicamente conserva del sistema anterior tres elementos: la

1.1.2. Contestación de la demanda

5. COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que el régimen de transición únicamente conserva del sistema anterior tres elementos: la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, entendido este último como la tasa de reemplazo. En ese sentido , precisó que el ingreso base de liquidación (en

2 Ibidem. págs. 51 a 52. 3 Samai, índice 27. págs. 51 a 57.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

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adelante IBL) debe calcularse según los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993. Además, propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación4.

1.1.3. Sentencia de primera instancia

6. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2018, negó la s pretensiones de la demanda . Consideró que la accionante es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 , que la pensión fue reconocida a través de la Resolución GNR 160491 del 27 de mayo de 2016 y se aplicó el IBL del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en armonía con las sentencias C-258 de 20135 y SU-230 de 20156.

7. El Juzgado señaló que la liquidación de la pensión también estaba acorde con

sentencias C-258 de 20135 y SU-230 de 20156.

7. El Juzgado señaló que la liquidación de la pensión también estaba acorde con las reglas de unificación fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 20187, por consiguiente, era improcedente disponer la reliquidación de la pensión con todos los factores salariales devengados en el último semestre de servicios, acorde con el régimen especial de la Contraloría General de la República, contenido en el Decreto 929 de 19768.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

8. La demandante solicitó que se revo cara la sentencia de primera instancia , con

fundamento en los siguientes argumentos:

9. Indicó que adquirió su estatus pensional el 5 de octubre de 2001, por haber trabajado 20 años en la Contraloría General de la República y cumplir 50 años de edad, esto, conforme al artículo 7 del Decreto 929 de 1976. De modo que la pensión se debía reliquidar con el 75% de los factores salariales devengados en el último semestre de servicios.

10. Señaló que las sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015 de la Corte Constitucional, así como el fallo del 28 de agosto de 2018 9 del Consejo de Estado , fueron proferid os después de la consolidación de su estatus y no tienen efectos retroactivos. En consecuencia, solicitó la protección de sus derechos adquiridos en materia pensional y la aplicación de los principios de favorabilidad, inescindibilidad de la ley, así como los derechos a la igualdad, al debido proceso y de defensa.

retroactivos. En consecuencia, solicitó la protección de sus derechos adquiridos en materia pensional y la aplicación de los principios de favorabilidad, inescindibilidad de la ley, así como los derechos a la igualdad, al debido proceso y de defensa.

11. Finalmente, sostuvo que COLPENSIONES incumplió las obligaciones previstas en la Ley 1151 de 2007, ya que, a su juicio, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en el caso bajo examen desconoce los parámetros del sistema pensional. Por ello, la demandante sostuvo que era necesario solicitar de oficio el extracto o reporte de semanas cotizadas para verificar si: i) el IBL y la tasa de remplazo cumplen con lo establecido en la ley; y ii) «el monto pensional es el correcto frente a las decisiones de que (sic) se han aplicado

4 Ibidem. págs. 84 a 88. 5 Expedientes D-9173 y D-9183. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 6 Expediente T3558256. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 7 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01. M.P. César Palomino Cortés. 8 Samai, índice 2. ED_DEMANDA_02RECURSOEXTRAORDINA. págs. 18 a 23. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

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y que variaron la seguridad jurídica, confianza legitima (sic) y la inescindibilidad de la ley»10.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

12. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 7 de diciembre de 2020, confirmó la decisión de primera instanci a, que negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento del fallo indicó que la actora es beneficiaria del Decreto 929 de 1976, en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993 . Sin embargo, solo preserva de aquel decreto los requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión.

13. Frente al ingreso base de liquidación, e xplicó que COLPENSIONES reconoció la pensión de la actora según el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se ajusta a las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020 y al fallo de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del 28 de agosto de 201811. Por último, señaló que los actos administrativos demandados aplicaron los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, lo cual, se acomoda a la jurisprudencia aludida12.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, lo cual, se acomoda a la jurisprudencia aludida12.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

14. La señora Silvia Sandoval Suárez interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En la demanda invocó la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que señala «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación », por haber violado los derechos al debido proceso y a la defensa, así como «el principio de obtención de la prueba».

15. Como fundamento del recurso, la parte actora expuso que en el proceso ordinario solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación acorde con el Decreto 929 de 1976 y la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 201013, por tanto, la pensión debía reliquidarse con el 75% de todos los factores salariales devengados en los últimos seis meses de servicios.

16. Para l a accionante, la tesis del Tribunal es manifiestamente ilegal e inconstitucional, «referente a la exclusión de los factores salariales unificados […] acogiéndose a la sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado para calcular el monto pensional»14, lo cual vulneró sus derechos al debido proceso y de defensa.

17. Resaltó que consolidó su estatus pensional el 26 de junio de 2004, mientras prestaba sus servicios en la Contraloría General de la República; sin embargo, el

debido proceso y de defensa.

17. Resaltó que consolidó su estatus pensional el 26 de junio de 2004, mientras prestaba sus servicios en la Contraloría General de la República; sin embargo, el Tribunal le aplicó el citado fallo de la Sala Plena, el cual fue dictado 14 años después.

10 Samai, índice 27. págs. 162 a 163. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés. 12 Samai, índice 2. ED_DEMANDA_02RECURSOEXTRAORDINA. págs. 12 a 17. 13 M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 14 Ibidem. págs. 1 a 2.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

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Así entonces, consideró que la aplicación de los precedentes judiciales vulneró sus derechos adquiridos.

18. Afirmó que la sentencia de unificación de 2018, en la que se basó la decisión de instancia, desconoció el principio de irretroactividad de la ley al permitir su aplicación a un caso anterior sin una excepción válida. Además, el fallo del Tribunal vulneró los principios de progresividad, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica e inescindibilidad de la ley.

un caso anterior sin una excepción válida. Además, el fallo del Tribunal vulneró los principios de progresividad, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica e inescindibilidad de la ley.

19. Agregó que tiene derecho a la aplicación integral del Decreto 929 de 1976, por ser la norma más favorabl e en materia pensional en cuanto al ingreso base de liquidación, respecto de la Ley 100 de 1993.

20. Teniendo en cuenta lo expuesto, adujo que la sentencia de segunda instancia adolece de nulidad absoluta, ya que desconoció el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, el Decreto 929 de 1976, las sentencias de unificación sobre el régimen de transición y la Constitución Política. Por último, señaló que en el proceso no obró el estudio aritmético o la práctica de la f órmula financiera autorizada que demostrara la correcta liquidación de la mesada pensional15.

21. Señaló que «no obra en el desarrollo de las dos instancias, la aplicación de la formula financiera autorizada que soporte el juicio aplicado para decidir» la demanda de reliquidación pensional16.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

22. A través de l auto del 17 de marzo de 202217, el despacho admitió el recurso extraordinario de revisión y ordenó la notificación personal a COLPENSIONES y el Ministerio Público para que contestaran y solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes. Posteriormente, mediante el auto del 19 de octubre de 2023 18, se verificó que COLPENSIONES no contestó el recurso . Además, se decretaron como pruebas los

pertinentes. Posteriormente, mediante el auto del 19 de octubre de 2023 18, se verificó que COLPENSIONES no contestó el recurso . Además, se decretaron como pruebas los documentos allegados y se ofició al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga para que remitiera el expediente con radicado 68001 -33-33-008-2017-00063-00/0119, el cual fue allegado el 11 de marzo de 202520.

1.3.1. Concepto del Ministerio Público

23. La Procuraduría Delegada ante esta corporación solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Silvia Sandoval Suárez , pues los jueces de instancia se limitaron a aplicar un precedente de unificación obligatorio, cuyas discrepancias ya fueron superadas y constituyen la base del recurso presentado. Expuso que no se advierte una vulneración evidente del debido proceso que justifique la nulidad de la sentencia acusada; por el contrario, consider ó que se garantizó adecuadamente el propósito esencial de administrar justicia.

15 Samai, índice 2. ED_DEMANDA_02RECURSOEXTRAORDINA. págs. 1 a 8. 16 Ibidem. pág. 7. 17 Samai, índice 4. 18 Samai, índice 16. 19 Dentro del auto interlocutorio, se estableció que, u na vez recibid o el expediente, se prescindiría del máximo período probatorio. 20 Samai, índice 27.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

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período probatorio. 20 Samai, índice 27.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

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24. Señaló que el fallo objeto del recurso extraordinario de revisión acató la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201821, la cual adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. En ese sentido, sostuvo que no hubo aplicación retroactiva de la jurisprudencia, dado que la regla de decisión aplicable al caso quedó establecida en la sentencia SU-230 de 2015.

Finalmente, señaló que la sentencia de unificación CE -SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proferida por esta Sección, se basó en la sentencia de unificación de 201 8 para concluir que los regímenes especiales están sujetos al artículo 36 de la Ley 100 de 199322.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Silvia Sandoval Suárez contra la sentencia del 7 de diciembre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 201123.

2.2. Oportunidad

de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 201123.

2.2. Oportunidad

26. La sentencia objeto de l recurso fue proferida el 7 de diciembre de 2020, se notificó el 10 de diciembre de 202024, y quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 2020.

Así las cosas, c omo la recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión el 29 de noviembre de 2021, según obra en el expediente digital 25, su interposición fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 de la Ley 1437 de 201126.

2.3. Legitimación en la causa

27. La señora Silvia Sandoval Suárez y COLPENSIONES están legitimados en la causa para ser partes en este proceso, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

28. De acuerdo con los argumentos presentados por la demandante, y con el fin de determinar si se configura la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la Sala se circunscribirá a responder el siguiente problema jurídico:

¿La sentencia del Tribunal que negó la pretensión de reliquidación de la pensión con todos los factores salariales devengados en los últimos seis meses de servicios en la Contraloría General de la República, no podía aplicar el fallo de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo del Consejo de Estado, toda vez que fue expedido 14 años después de la consolidación del estatus pensional, y por tanto, violó

Contraloría General de la República, no podía aplicar el fallo de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo del Consejo de Estado, toda vez que fue expedido 14 años después de la consolidación del estatus pensional, y por tanto, violó los derechos al debido proceso, al aplicar retroactivamente dicha providencia?

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés. 22 Samai, índice 11. 23 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». 24 Samai, índice 27. pág. 233. 25 Samai, índice 2. ED_CORREORADI_01CORREORADICACIONP. 26 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

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2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

29. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una controversia, siempre

29. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 de la Ley 1437 de 201127.

30. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado en los artículos 248 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 28, para casos en que la decisión judicial está inmersa en supuestos como «la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión», entre otros29.

31. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión supone que no puede utilizarse «para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»30.

32. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

33. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 31.

Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de

33. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 31.

Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su configuración»32.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA relativa a la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

34. El artículo 250 d e la Ley 1437 de 2011 regula las causales del recurso extraordinario de revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 5 de julio de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 5 de abril de 2024. Radicado. 11001-03-15-000-2023-04705-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 29 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia del 3

29 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2022-03940-00. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia del 3 de agosto de 2022. Radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13 de octubre de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). M.P. Alberto Montaña Plata. 32 Ibidem.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

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35. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de apelación»33.

36. No obstante, como la Ley 1437 de 2011 no regula expresamente en qué escenarios se configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

37. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del Código General del

encargado de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

37. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso contenido en la Ley 1564 de 201234. De tal manera no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.

38. Así se pronunció la Sala Tercera Especial de Decisión del Consejo de Estado en decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la sentencia «se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 de la Ley 1564 de 2012 (antes el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil ) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 i bidem (antes 144 del Código de

Procedimiento Civil)»35.

39. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el afectado

puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»36.

40. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo del Consejo de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.

41. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes

circunstancias excepcionales37:

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo. Sentencia del 19 de septiembre de 2023 . Radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 34 Antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil 35 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00. 36 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

34 Antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil 35 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2021-11463-00. 36 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). 37 Op. cit. Radicado 11001-03-15-000-2020-03585-00.Radicación: 11001-03-25-000-2021-00893-00 (4804-2021)

Recurrente: Silvia Sandoval Suárez

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-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con violación al debido proceso38.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación39.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus40.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia41.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no fue vinculada al proceso42; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado43.

42. En conclusión, esta corpor