CE - Sentencia 11001032500020220022900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022) (AER)

Accionante: Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

FONCEP Demandado: Rosa Matilde Vélez de Pérez Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Presupuestos de configuración Decisión: Declarar fundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y PensionesFONCEPen contra de la sentencia de 10 de octubre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”2 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 33 35 022 2016 00267 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial3

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 33 35 022 2016 00267 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial3

2.1.1. La demanda

2. La señora Rosa Matilde Vélez de Pérez, por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.

2 Magistrado Ponente: Cerveleón Padilla Linares. 3Archivo ”11001333502220160026700” página 43 -61 contenido en el archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333502220160026.zip” en el índice 13 de Samai.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y

Pensiones FONCEP

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2 derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin istrativo contra el Fondo de

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2 derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin istrativo contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• La nulidad de la Resolución 2381 del 12 de noviembre de 2015 proferida por el FONCEP, mediante la cual se negó la reliquidación pensional de la señora Rosa Matilde Vélez de Pérez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

• A título de restablecimiento del derecho soli citó (i) que se ordene a la demandada a reliquidar su pensión de jubilación en los términos del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985; (ii) ordenar que la reliquidación se haga efectiva a partir de la fecha en la que se causó su reconocimiento, (iii) el reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la indexación correspondiente.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. La demandante nació el 7 de abril de 1951 y laboró al servicio del Estado, durante más de 20 años, esto es desde el 1 .° de abril de 1972 hasta el 31 de diciembre de 2006.

4. Dado lo anterior, el FONCEP profirió la Resolución 169 de 27 de febrero de 2007, por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación, por un monto

diciembre de 2006.

4. Dado lo anterior, el FONCEP profirió la Resolución 169 de 27 de febrero de 2007, por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación, por un monto de $811.569, efectiva a partir del 1.° de enero de 2007.

5. Inconforme con la anterior decisión, el 27 de agosto de 2015 formuló solicitud de reliquidación pensional con el fin de que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio , esto es, asignación básica, prima de antigüedad, prima de servicios , vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios, bonificació n por recreación y los demás factores que hubiera devengado durante su último año de servicios comprendido entre el 1 .° de enero y el 31 de diciembre de 2006 , fecha en que demostró el retiro definitivo del servicio oficial.

6. Como respuesta, el FONCEP expidió la Resolución 2381 de 12 de noviembre de 2015 por medio de la cual negó la reliquidación pensional.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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3 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los

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3 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos 1. ° 2. º, 3. °, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993, 130 del Código Sustantivo del Trabajo, 79 del Decreto 1950 de 1973 y las Leyes 33 y 62 de 1985.

8. En cuanto al concepto de violación, indicó que se desconoció lo dispuesto en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , en virtud del cual su pensión debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de la asignación básica, la s primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones y de navidad, así como la bonificación por servicios, la bonificación por recreación y los demás factores que hubiera percibido la actora , de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de

Estado.

2.1.4. Sentencia de primera instancia4

9. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá , mediante providencia de 5 de diciembre de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

10. Para tal efecto, señaló que la entidad demandada, al expedir la Resolución 2381 del 12 de noviembre de 2015 , reconoció correctamente la aplicación de la

de la demanda.

10. Para tal efecto, señaló que la entidad demandada, al expedir la Resolución 2381 del 12 de noviembre de 2015 , reconoció correctamente la aplicación de la Ley 33 de 1985 al calcular la pensión con el 75% del salario promedio del último año de servicio, pero limitó indebidamente los factores salariales incluyendo únicamente: asignación básica, prima de antigüedad y la bonificación por servicios.

11. Indicó que, esta interpretación restrictiva contravenía la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado que establece que la Ley 33 de 1985 no indica de forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que estos están simpl emente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados habitualmente por el trabajador durante el último año de servicios.

4Archivo ”11001333502220160026700” página 101-108 contenido en el archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333502220160026.zip” en el índice 13 de Samai.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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12. En ese sentido, ordenó a la demandada a reliquidar la pensión de la señora Rosa Matilde Vélez de Pérez en una cuantía equivalente al 75% del promedio

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12. En ese sentido, ordenó a la demandada a reliquidar la pensión de la señora Rosa Matilde Vélez de Pérez en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006-, con incl usión de la asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad, haciendo la salvedad de aquellos que se causaron anual o semestralmente deberán computarse en 1/12 o 1/6 respectivamente. Lo anterior, con efectos fiscales a partir del 27 de agosto de 2012, dado el fenómeno jurídico de prescripción que se suscitó en el proceso, teniendo en cuenta que la solicitud la radicó el 27 de agosto de 2015.

13. Finalmente, autorizó a la entidad , descontar de la reliquidación los aportes correspondientes a factores sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal. De otra parte, estimó procedente el reajuste de las sumas debidas de la condena en conformidad con lo establecido en el artículo 187 del

CPACA.

2.1.5. Recurso de apelación

14. La apoderada de la entidad demandada5, manifestó que, la sentencia recurrida desconoció el carácter vinculante de las sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015, que establecieron criterios claros y obligatorios para calcular el IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Señaló, que la actora

SU-230 de 2015, que establecieron criterios claros y obligatorios para calcular el IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Señaló, que la actora pertenece a dicho régimen, ya que, al 1° de abril de 1994, le faltaban más de 10 años para cumplir los requisitos de pensión, por lo que los factores salariales a tener en cuenta correspondían únicamente sobre los cuales la demandada cotizó, razón por la que so licitó la revocatoria de la sentencia y que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión. 6

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A” dictó sentencia de segunda instancia el 10 de octubre de 2019 , en la cual confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Veintidós

5 Archivo ”11001333502220160026700” página 109 -122 contenido en el archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333502220160026.zip” en el índice 13 de Samai. 6 Archivo ”11001333502220160026700” página 261 -274 contenido en el archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333502220160026.zip” en el índice 13 de Samai.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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5 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 5 de diciembre de 2016, con los siguientes argumentos:

16. Estimó que, la demandante, al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994-, contaba con más de 35 años de edad y más de 15 años de servicios, lo que l a hacía beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la citada ley.

17. En ese sentido indicó que el IBL de su pensión de jubilación debió liquidarse de acuerdo con lo señalado en el artículo 3. ° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que fueron devengados por ella durante su último año de servicio, lo anterior, según el tribunal, en atención a la posición fijada por el Consejo de Estado en sentencia de 28 de agosto de 2018.

18. Expresó que, de acuerdo con el acervo probatorio, durante el año anterior a su retiro , la señora Rosa Matilda Vélez de Pérez devengó factores salariales sobre los que efectivamente aportó al sistema general de pensiones peros sin especificar cuáles fueron los factores a tener en cuenta para la respectiva liquidación.

19. Declaró la prescripción parcial de las mesadas causada s con anterioridad al 12 de junio de 2010.

especificar cuáles fueron los factores a tener en cuenta para la respectiva liquidación.

19. Declaró la prescripción parcial de las mesadas causada s con anterioridad al 12 de junio de 2010.

2.1.7. La acción especial de revisión7

20. El Foncep invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de

naturaleza pública y especialmente:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obt enido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

7 Índice 2 de Samai, archivo “4ED_DEMANDA.pdf”Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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21. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

1. Revocar l a sentencia de 10 de octubre de 2019 proferida por la Sección SegundaSubsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro

1. Revocar l a sentencia de 10 de octubre de 2019 proferida por la Sección SegundaSubsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Rosa Matilde Vélez de Pérez contra el Foncep, radicado 11001 33 35 022 2016 00267 00, que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá el 5 de diciembre de

2016.

1. Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de la señora Rosa Matilde Vélez de Pérez de conformidad con las sentencias de 18 de agosto de 2018, C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 SU-210 de 2017, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU395 de 2017

SU-631 de 2017, t-039 de 2018 y los autos 229 de 2017 y 326 de 2014; esto es, teniendo como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores determinados en el Decreto 1158 de 1994.

22. Para fundamentar ambas causales de revisión el Foncep sostuvo que la señora Rosa Matilde Vélez de Pérez no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe

señora Rosa Matilde Vélez de Pérez no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

23. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017 y T-039 de 2018 y la sentencia de 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.

2.1.8. Contestación

24. La señora Rosa Matilde Vélez de Pérez fue notificada personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 8 de noviembre de 2022 , como se advierte en el índice 11 del expediente digital disponible en Samai.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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25. Se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario bajo los siguientes

presupuestos:

26. En primer lugar, señaló que no se configuran las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la reliquidación pensional se ajustó estrictamente a la normativa vigente y a la jurisprudencia consolidada, es así que, las reglas aplicadas por el fallador de instancia encuentran respaldo en pronunciamientos de la Corte Constitucional, particularmente las sentencias C168 de 1995, SU 047 de 2016 y SU 631 de 2017, por lo que no existe exceso en el reconocimiento prestacional que justifique la revisión solicitada.

27. Seguidamente, invocó el artículo 83 de la Constitución Política para sostener que las decisiones judiciales objeto de estudio gozan de presunción de legalidad y de buena fe , por lo que el recurso impetrado desconoce estos principios fundamentales al cuestionar una decisión que aplicó correctamente el régimen de transición pensional, generando inseguridad jurídica contraria al ordenamiento superior y a los postulados del Estado de Derecho.

28. Finalmente, adujo que la señora Vélez de Pérez consolidó su derecho pensional bajo el régimen de transición, habiendo ingresado al servicio público en 1972 y completado más de 20 años de servicio antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. La sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto

pensional bajo el régimen de transición, habiendo ingresado al servicio público en 1972 y completado más de 20 años de servicio antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. La sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018 respalda esta posición, estableciendo que las pensiones reconocidas bajo dicho régimen no constituyen fraude , ni abuso del derecho, sino una aplicación legítima del régimen de transición previsto por el legislador.

2.1.9 El Ministerio Público , por intermedio del procurador adscrito a esta dependencia emitió concepto en el que señaló que las providencias censuradas fueron proferidas con soporte fáctico y jurídico que hasta ese entonces era lo aplicable en esos casos, fundamentándose en la sent encia C-168 de 1995, a través de la cual se difería la responsabilidad al juez para que en cada caso, en virtud de las garantías constitucional y legales , garantizara los derechos constitucionales fundamentales de los pensionados. Por lo anterior , solicitó declarar infundado el recurso impetrado por el FONCEP.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión de la referencia , de conformidad con elAcción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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8 artículo 249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

30. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

31. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria d e la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria d e la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

32. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 10 de octubre de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de CundinamarcaSubsección “A” ejecutoriada el 29 de octubre de 2019, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 2 de febrero de 2022 9, es decir, en tiempo.

8 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto). 9 Índice 1 de la plataforma SAMAI.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

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3.3. Problema jurídico

33. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSubsección “A”, incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar al Foncep, a reliquidar la pensión de vejez de la señora Rosa Matilde Vélez de Pérez con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo como factores salariales los percibidos durante dicho periodo, y sobre los cuales realizó las respectivas cotizaciones.

34. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

35. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el

literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

35. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 10 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 11, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de

10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00229-00 (0439-2022)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y

Pensiones FONCEP

835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

36. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción especial12, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias

artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción especial12, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia 13 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado14, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

37. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 15 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

38. Según la regla jurisprudencia l fijada por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere d ecir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).

Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. S ección