CE - Sentencia 11001032500020220023100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

Accionante: Carmenza Sofia Esquivia Cueter Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones Temas: Causal 5.° del artículo 2 50 de la Ley 1137 de 20 11

Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso y al principio de congruencia.

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por la señora Carmenza Sofia Esquivia Cueter 1 en contra de la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-33-002-2016-00093-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

2. Pretensiones. a través del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, se solicitó:

3. La nulidad de la Resolución No. 0007705 de 30 de agosto de 2012, proferida por el extinto Instituto de Seguros Sociales y del acto administrativo ficto o presunto

del derecho, se solicitó:

3. La nulidad de la Resolución No. 0007705 de 30 de agosto de 2012, proferida por el extinto Instituto de Seguros Sociales y del acto administrativo ficto o presunto de contenido negativo dimanado de la falta de solución al recurso de reposición y en subsidio apelación presentado el 16 de noviembre 2012.

4. Como restablecimiento del derecho , se exigió el reconocimiento y pago a favor del finado Julio Abiel Alzate Orozco de la pensión de jubilación por aportes regulada en la Ley 71 de 1988 y su correspondiente sustitución a la demandante, en calidad de cónyuge sobreviviente.

5. Se pidió asimismo el pago de las mensualidades dejadas de recibir desde el 29 de enero de 2011 , la indexación de la primera mesada pensional y la condena en costas y agencias en derecho de la entidad demandada.

1. Hechos. La demanda se sustentó en los siguientes:

1 El escrito de revisión fue remitido al correo electrónico de la secretaría general de esta corporación el 16 de diciembre de 2021, pues así lo evidencia el documento denominado “ ED_RVRECURSOEXTRAORDI(.MSG) NroActua 2”, visible en el índice 2 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

Demandante: Carmenza Sofia Esquivia Cueter

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6. El finado Julio Abiel Álzate Orozco nació el 27 de febrero de 1956 y se afilió

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6. El finado Julio Abiel Álzate Orozco nació el 27 de febrero de 1956 y se afilió al extinto Instituto de Seguros Sociales el 28 de febrero de 1977. La actora contrajo matrimonio con aquél el 22 de mayo de 1984 y convivió con él hasta el 29 de enero de 2011, fecha de su fallecimiento.

7. Al 1.° de abril de 1994, data en que la Ley 100 de 1993 entró en vigencia, el señor Alzate Orozco tenías más de 15 años de cotizaciones y, a la fecha de su muerte contaba con 1011 semanas correspondiente a los servicios prestados en los sectores público y privado2.

8. Mediante la Resolución 0007705 de 30 de agosto de 2012, el extinto ISS negó la sustitución pensional reclamada, al considerar que, dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, el señor Julio Alzate no había cotizado las semanas requeridas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de

2003.

9. El recurso de reposición y en subsidio apelación presentado en contra de esa decisión no fueron resueltos por el ente accionado.

10. Normas violadas y concepto de violación . En la demanda se señalaron como infringidas las siguientes disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 13, 23, 25, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; artículos 36 y 151 de la Ley 100 de 1993; artículo 1.° de la Ley 71 de 1998 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994.

53 de la Constitución Política; artículos 36 y 151 de la Ley 100 de 1993; artículo 1.° de la Ley 71 de 1998 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994.

11. Al desarrollar el concepto de violación, el abogado de la parte actora indicó que la entidad accionada se equivocó al exigir tiempos de fidelidad y aportes al sistema dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del causante, en tanto para esa fecha ya había consolidado el derecho a la pensión de jubilación por aportes regulada en la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994.

12. Lo anterior, por cuanto, según afirmó, cuando entró a regir el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, el extinto Alzate Orozco tenía cotizados más de 15 años de servicios que lo hacía merecedor del régimen de transición contenido en el artículo 36 ejusdem.

13. Sentencia de primera instancia 3. El 26 de febrero de 2018, e l Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costa s y agencias en derecho a la institución accionada. Con tales fines y luego de referenciar los alcances normativos y jurisprudenciales de la pensión por aportes, concluyó:

14. El finado Julio Abiel Álzate Orozco no consolidó el derecho a la aludida prestación, porque a la fecha de su muerte no contaba con la edad y el tiempo de

2 718 semanas por los servicios prestados a la DIAN y 293 semanas cotizadas al ISS.

prestación, porque a la fecha de su muerte no contaba con la edad y el tiempo de

2 718 semanas por los servicios prestados a la DIAN y 293 semanas cotizadas al ISS. 3 Expediente digital, índice 19 archivo No. 1, 17_0018Otros_ED_04472022 NroActua 19.pdf Folios 197-214 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

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3 servicios requerido en la Ley 71 de 1988.

15. La demandante no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes establecida en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, pues dentro de los tres años anteriores al deceso de aquel no se cotizaron las semanas exigidas en el artículo 46 ejusdem.

16. A pesar de ello, en virtud del principio de la condición más beneficiosa , se debe conceder la pensión de sobrevivientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 758 de 1990 -aprobatorio del Acuerdo 049 de ese año -, que para la consolidación de esa prestación demanda la cotización de 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la muerte y/o 300 semanas en cualquier época . Esta última situación fue probada en el paginario, pues el finado laboró al servicio de la DIAN desde el 22 de noviembre de 1979 hasta el 30 de noviembre de 1992.

17. Aunque los aportes fueron realizados a los extintos CAJANAL e ISS , tal

DIAN desde el 22 de noviembre de 1979 hasta el 30 de noviembre de 1992.

17. Aunque los aportes fueron realizados a los extintos CAJANAL e ISS , tal situación no impide el aludido reconocimiento , toda vez que en casos similares la Corte Constitucional ha establecido que los requisitos para acceder a la pensión se deben acreditar ante el sistema pensional y no ante las entidades de previsión que lo administran , para lo cual se pueden exigir y emitir los respectivos bonos pensionales.

18. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, la abogada de la entidad demandada la recurrió en apelación. Con tales fines argumentó:

19. La parte actora no es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por cuanto el finado Julio Alzate Orozco no cotizó al sistema pensional las 50 semanas exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, tampoco se demostró el requisito de convivencia señalado en el artículo 47 ejusdem.

20. El finado tampoco cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pues solo acreditó 255 semanas cotizadas, siendo que el artículo 9.° de la Ley 797 de 2003 exige un tiempo superior.

21. Sentencia objeto de revisión 5. El 18 de febrero de 2021 , e l Tribunal Administrativo de Córdoba revocó la sentencia apelada.

22. En un primer momento, señaló como «CUESTIÓN PREVIA» lo siguiente:

«Debe advertirse que la sentencia de primera instancia reconoció el derecho prestacional por aplicación del régimen de transición y en virtud del mismo se dio

22. En un primer momento, señaló como «CUESTIÓN PREVIA» lo siguiente:

«Debe advertirse que la sentencia de primera instancia reconoció el derecho prestacional por aplicación del régimen de transición y en virtud del mismo se dio aplicación a las reglas contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, y al considerar que bajo dichas regl as la actora acreditó los requisitos para acceder al beneficio

4 Expediente digital, índice 19 archivo No. 1, 17_0018Otros_ED_04472022 NroActua 19.pdf Folios 218-219 de la plataforma SAMAI. 5 Expediente digital, índice 19 archivo No. 2, 18_0019Otros_ED_C2 NroActua 19 .pdf Folios 78-91 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

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4 pensional, y revisado el recurso la parte accionada señala que la actora no acredita el cumplimiento de los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a semanas cotizadas en los últimos tres años y la convivencia de la demandante con el afiliado en los últimos 5 años, y que el causante no laboró el número mínimo de semanas para adquirir el derecho a pensión de vejez, en tal sentido para al analizar los argumentos señalados por el accionante indefectiblemente debe analizarse el régimen pensional aplicable a la parte actora, bajo el entendido que en ultimas lo que

semanas para adquirir el derecho a pensión de vejez, en tal sentido para al analizar los argumentos señalados por el accionante indefectiblemente debe analizarse el régimen pensional aplicable a la parte actora, bajo el entendido que en ultimas lo que el accionado persiguió es señalar que la pensión solo puede obtenerse bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993»

23. A partir de allí, concluyó que:

24. El material probatorio demostró que el finado Julio Alzate Orozco es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto, a la fecha de su entrada en vigencia había cotizado más de 15 años de servicios.

25. Sin embargo, no le asiste el derecho a la pensión por aportes contenida en la Ley 71 de 1988, pues a la fecha de su muerte no tenía 60 años de edad y tampoco contaba con los 20 años de servicios allí exigidos.

26. Tampoco tiene derecho a la aplicación de la Ley 33 de 1985, porque no prestó sus servicios al Estado durante 20 años o más.

27. La aplicación ultractiva de las reglas contenidas en el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de ese mismo año, requiere el cumplimiento de los criterios establecidos en la sentencia SU -005 de 2018, dimanada de la Corte

Constitucional.

28. Tales exigencias corresponden a la superación, por parte de la reclamante, del test de vulnerabilidad6 y, además, que se demuestre que el causante falleció en vigencia de la Ley 100 de 1993 y/o de la modificación introducida por la Ley 797 de

28. Tales exigencias corresponden a la superación, por parte de la reclamante, del test de vulnerabilidad6 y, además, que se demuestre que el causante falleció en vigencia de la Ley 100 de 1993 y/o de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, que no pudo cotizar el número de semanas requerido para habilitar la pensión de sobrevivientes y que satisfiz o las semanas mínimas requeridas en el Decreto 758 de 1990 y/u el regulado en un régimen pensional anterior.

29. Aunque la demandante superó el test de vulnerabilidad, no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes porque: i) el causante solo cotizó a Colpensiones 292.61 semanas; ii) en vigencia del Decreto 758 de 1990 solo aportó 4 semanas; ii) aunque el finado prestó sus servicios a la DIAN por más de 13 años, tal periodo fue cotizado ante la extinta CAJANAL y la aplicación de la norma en cita exige la afiliación al otrora Instituto de Seguros Sociales y; iv) en consecuencia, no demostró la cotización de 300 semanas en cualquier época y/o los aportes de 150 semanas en los últimos seis años.

6 Pertenecer a un grupo de especial protección y/o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo; que la ausencia de la pensión afecte el mínimo vital de la demandante y/o su vida en condiciones dignas; demostrar que la interesada dependía económica del cau sante; que el finado se estaba sometido a alguna circunstancia que le impidió cotizar las semanas requeridas para causar la pensión de sobrevivientes; que la accionante

que la interesada dependía económica del cau sante; que el finado se estaba sometido a alguna circunstancia que le impidió cotizar las semanas requeridas para causar la pensión de sobrevivientes; que la accionante desplegó, con diligencia, los trámites administrativos y judiciales para acceder a la prestación.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

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30. Tampoco tiene derecho a la pensión de sobrevivientes concebida originalmente en la Ley 100 de 1993 -tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -, porque en el año anterior al fallecimiento no se cotizaron las 26 semanas allí exigidas.

31. Del recurso extraordinario de revisión 7. La recurrente invocó la causal establecida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20118.

32. Fundamentos. Para la censora, el Tribunal Administrativo de Córdoba desconoció el principio de congruencia que debe revestir toda providencia judicial y, de contera , excedió los límites que tenía como juez de segunda instancia , vulnerando con ese actuar el derecho al debido proceso de su cliente.

33. En ese contexto, señaló que esa corporación no podía examinar la decisión de primer grado, en la que se reconoció la pensión de sobreviviente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, pues la entidad demandada no impugnó esa decisión.

de primer grado, en la que se reconoció la pensión de sobreviviente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, pues la entidad demandada no impugnó esa decisión.

34. Según adveró, tales reparos apuntaron a desacreditar el cumplimiento, por parte del finado y de la demandante, de los requisitos que determinan el acceso a la pensión de sobrevivientes regulada en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003; siendo que el derecho no fue reconocido al amparo de esas disposiciones.

35. Por otro lado, también señaló que esa providencia desconoció el principio de la non reformatio in pejus.

36. La intervención de Colpensiones. La citada entidad no contestó el recurso extraordinario.

III. CONSIDERACIONES

37. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta Corporación.

38. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

7 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “ ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.PDF) NroActua2.PDF”.

presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

7 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “ ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.PDF) NroActua2.PDF”. 8 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

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39. En el presente asunto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 18 de febrero de 2021 y el escrito de revisión fue remitido al correo electrónico de la secretaría general de esta corporación el 16 de diciembre de 2021 ,9 Por tanto, la Sala concluye que el recurso fue presentado dentro de la oportunidad legal.

40. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario, corresponde a la Sala determinar sí : ¿La sentencia impugnada desconoció el principio de congruencia y de non reformatio in pejus y, de contera, vulneró el debido proceso de la demandante?

41. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del

proceso de la demandante?

41. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales y; iv) la finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda instancia.

Normas y jurisprudencia aplicables.

42. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

43. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón a que pue de ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunale s administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

44. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso

secciones de esta Corporación-.

44. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada. En sentencia de 3 de marzo de 2020, 10 la Sala Décima Especial de

Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

9 Ver documento denominado “ED_RVRECURSOEXTRAORDI(.MSG) NroActua 2”, visible en el índice 2 de la plataforma SAMAI. 10 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

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43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante

Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».11

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina12 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.13

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».14

no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».14

45. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a juicio.

46. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 12 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884. 13 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del

de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalme nte por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada». 14 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001 -03-15000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00231-00 (0447-2022)

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8 argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los fundamentos y la causal alegada. 15 En la sentencia que se viene citando, esta

Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpreta tiva del juez 16 o para corregir errores «in iudicando» 17, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 18-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho 19-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 20o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación21-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo».22

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 16 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001 -03-15000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. 17 En sentencia C998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…». 18 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados». 19 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 20 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 21 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 22 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de

apelación. 22 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia