CE - Sentencia 11001032500020220028500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: William María Solano Ordóñez

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 .

Cuantía reconocida excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018 el Tribunal Administrativo del Cauca2, por medio de la cual se confirmó la decisión del 10 de mayo de 2016 emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por William María Solano Ordoñez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

presentada por William María Solano Ordoñez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la entidad recurrente solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca que confirmó la decisión del 10 de mayo de 2016 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-001-2014-00193-00 (01) , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por William María Solano Ordóñez y, en

1 En adelante UGPP. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 19001-33-33-001-2014-00193-01; actor: William María Solano Ordóñez, demandado: Ugpp.2

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022) Demandante: Ugpp consecuencia, declaró la nulidad: i) parcial de la Resolución 002838 del 6 de abril de 1994 , por medio del cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE 3 le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación sobre el 75% de lo devengado en el último año de servicio (asignación básica y la bonificación por servicios); y ii) total de las resoluciones RDP043727 del 20 de septiembre de 2013 y RDP047619 del 11 de octubre de esa anualidad, mediante las cuales la Ugpp le

servicios); y ii) total de las resoluciones RDP043727 del 20 de septiembre de 2013 y RDP047619 del 11 de octubre de esa anualidad, mediante las cuales la Ugpp le negó las solicitudes de reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que William María Solano Ordóñez no era acreedor de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio , «debiendo excluirse los factores salariales denominados prima de servicios, prima de vacaciones, y bonificación por servicios prestados, y sobre los cuales no se realizaron aportes» (sic) ; ii) la reliquidación de la p restación de acuerdo con las leyes 33 y 62 de 1985, «y normas concordantes»; iii) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas en exceso como consecuencia del acto de reliquidación de la pensión de vejez, debidamente indexados , según lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; y iv) el pago de los intereses moratorios previstos por el artículo 192 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. William María Solano Ordóñez nació el 31 de octubre de 1935 y durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 1954 y el 30 de abril de 1993 , laboró al servicio de diferentes entidades del Estado, así:

Entidad Desde Hasta

periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 1954 y el 30 de abril de 1993 , laboró al servicio de diferentes entidades del Estado, así:

Entidad Desde Hasta Ministerio de Defensa 14/11/1954 16/09/1956 Registraduría Nacional 23/10/1957 11/05/1958 DAS 01/07/1961 15/11/1963 Municipio de Rosas 01/02/1969 09/02/1971 Departamento del Cauca 08/06/1972 0/704/1973 Departamento del Cauca 01/09/1973 24/07/1974 Municipio de Rosas 11/02/1975 17/11/1978 Departamento del Cauca 18/11/1978 12/05/1980 Congreso Nacional 18/08/1982 01/02/1986 Departamento del Cauca 01/10/1986 30/11/1986 Departamento del Cauca 01/03/1989 08/02/1991 Ministerio del Trabajo 03/02/1992 30/04/1993

3.2. Mediante la Resolución 2838 del 6 de abril de 1994 , Cajanal le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $125.039.13, efectiva a partir del 1 ° de mayo de

3 En adelante Cajanal.3

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022)

Demandante: Ugpp

1993. Dicha prestación se liquidó con el 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio y con los factores de asignación básica y bonificación por servicios.

Demandante: Ugpp

1993. Dicha prestación se liquidó con el 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio y con los factores de asignación básica y bonificación por servicios.

3.3. El 20 de junio de 2013, solicitó a la Ugpp la revisión y reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

3.4. La anterior petición fue resuelta desfavorablemente a través de la Resolución RDP043727 del 20 de septiembre de 2013 y confirmada con la Resolución RDP047619 del 11 de octubre de 2013, por cuanto «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidan sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes, es decir, aquellos sobre los cuales se haya efectuado el descuento del 5% con destino a la Caja Nacional de Previsión Social, y que los factores de auxilio de alimentación y prima de navidad no se encuentran contemplados para liquidar las pensiones reconocidas» (sic).

3.5. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en orden a que se declarara su nulidad porque la Ugpp no aplicó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Ley 33 de 1985 para determinar la cuantía de su pensión, es decir, no incluyó la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior al retiro definitivo del servicio.

determinar la cuantía de su pensión, es decir, no incluyó la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior al retiro definitivo del servicio.

3.6. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán en sentencia del 10 de mayo de 2016 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión reconocida en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, con inclusión de los factores «auxilio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad y todo factor salarial que se encuentre debidamente acreditado» (sic).

3.7. Contra la anterior providencia la Ugpp interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 8 de febrero de 2018 en la que se confirmó la providencia recurrida.

3.8. La Ugpp, a través de la Resolución RDP020196 del 31 de mayo de 2018 , dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de vejez sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio.

4 En adelante CPACA.4

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022) Demandante: Ugpp 1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 18 de febrero de 2018 , el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp, en la cual confirmó la

Demandante: Ugpp 1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 18 de febrero de 2018 , el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp, en la cual confirmó la decisión del 10 de mayo de 2016 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán que ordenó la reliquidación de la pensión de William María Solano Ordóñez sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio (1° de mayo de 1992 al 1° de mayo de 1993), de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 5 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos6:

5.1. Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de 2010 7, para el reconocimiento de la prestación es válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de liquidación, de modo que el monto de la pensión se debe establecer con el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicio bajo el entendido de que son factores de salario aquellas sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

5.2. Si bien, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a William María Solano Ordóñez se le reconoció una pensión de vejez con el 75%

independientemente de la denominación que se les dé.

5.2. Si bien, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a William María Solano Ordóñez se le reconoció una pensión de vejez con el 75% de lo devengado en el último año de servicio, lo cierto es que se omitió incluir los factores de auxilio de alimentación y primas de servicios y de navidad, los cuales fueron devengados por él entre los meses de abril de 1992 y de 1993. Por tanto, era deber de la entidad ajustar la prestación según los lineamientos y parámetros previstos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso que la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que, si bien le asistía el derecho a la pensión en los términos de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que la orden judicial

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 -2325-000-2006-07506-01, M.P. Doctor Victor Hernando Alvarado Ardila. 6 Samai, índice 31, 30RECIBEMEMORIAL_19001333300120140019(.zip) NroActua 31, 19001333300120140019300, 002SegundaInstancia, 001CuadernoSegundaInstancia.pdf, folios 181 al 195. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23

19001333300120140019300, 002SegundaInstancia, 001CuadernoSegundaInstancia.pdf, folios 181 al 195. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.5

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022) Demandante: Ugpp dispuso la inclusión de aquellos factores respecto de los cuales no se realizaron aportes y los cuales no están previstos en la Ley 62 de 19858.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

6.1. La parte accionada guardó silencio9.

1.4. Concepto del Ministerio Público

6.2. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

7. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

8. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

9. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

8 Samai, índice 3, 2_DemandaWeb_Demanda-REVISION(.pdf) NroActua 3. 9 Pese a que la Secretaría notificó personalmente el auto admisorio de la demanda el 19 de septiembre de 2022 , al correo electrónico javierbedoya811016@gmail.com, que fue aportado por la Ugpp, ella no contestó la demanda. Notificación visible en Samai. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».6

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022)

Demandante: Ugpp

10. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 16 de febrero de 2018 12 y la presente acción fue radicada el 29 de marzo de 2022 13, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

10. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 16 de febrero de 2018 12 y la presente acción fue radicada el 29 de marzo de 2022 13, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. Los problemas jurídicos

11. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a William María Solano Ordóñez excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación con la inclusión de aquellos factores salariales sobre los que no se realizaron aportes al sistema general de pensiones y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

12 Samai, índice 31, 30RECIBEMEMORIAL_19001333300120140019(.zip) NroActua 31, 19001333300120140019300, 002SegundaInstancia, 001CuadernoSegundaInstancia.pdf, folio 207. 13 Samai, índice 3. 14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en

13 Samai, índice 3. 14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».7

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022)

Demandante: Ugpp

13. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que

especiales».7

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022)

Demandante: Ugpp

13. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

14. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

15. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022) Demandante: Ugpp v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

16. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»18.

17. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la

17. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

18. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

19. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los « empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder

decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicios.

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.9

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022)

Demandante: Ugpp

20. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones

bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

21. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

22. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

23. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la10

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00285-00 (2139-2022) Demandante: Ugpp Ley 6.a de 194521, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»22; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»23.

24. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 24, esta corporación 25

último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»23.

24. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 24, esta corporación 25 señaló que si el servidor es de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de 1968 y si es de orden territorial se acudiría a la Ley 6. a de 1945, ello en cuanto a

la edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194526 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los servidores públicos del nivel territorial […].

[…]

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (Se resalta).

ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (Se resalta).

25. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1