CE - Sentencia 11001032500020220030900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-20221) Recurrente: Ana Rosa Pinto Afanador Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 8 del artículo 250 del CPACA. Sentencia contraria a una anterior que constituya cosa juzgada entre las partes. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ana Rosa Pinto Afanador contra la sentencia del 4 de marzo de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Esta decisión revocó el fallo del 15 de febrero de 2019 , mediante el cual el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá inaplicó la expresión «“esta prima no constituye factor salarial para ningún efecto legal”», declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a la Nación, Procuraduría General de la Nación a reliquidar los factores salariales con inclusión de la prima técnica como factor

constituye factor salarial para ningún efecto legal”», declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a la Nación, Procuraduría General de la Nación a reliquidar los factores salariales con inclusión de la prima técnica como factor salarial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que radicó contra dicha entidad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP2, y el expediente ordinario aportado a este trámite , la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 11001-33-35029-2015-00399-01.

1.1.1. La demanda

2. Ana Rosa Pinto Afanador radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación en la que solicitó declarar la nulidad de los oficios 2505 del 12 de junio de 2009, SG núm. 1000 del 12

1 Expediente digital. 2 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

Recurrente: Ana Rosa Pinto Afanador

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disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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de marzo de 2012 , SG núm. 4220 del 10 de octubre de 2013, SG003689 del 11 de agosto de 2014, SG005144 del 24 de octubre de 2014, SG005615 del 18 de noviembre de 2014 y de la Resolución núm. 420 del 11 de diciembre de 2014 que le negaron la inclusión de la prima técnica como factor salarial en la liquidación de sus prestaciones sociales.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se d eclare que la prima técnica reconocida mediante el Decreto núm. 303 del 1 de abril de 1998 constituye factor salarial, y que se condene a la Nación, Procuraduría General de la Nación a reliquidarle y pagarle la diferencia dejada de percibir por concepto de prestaciones sociales, al no haberse incluido dicha prima como factor salarial, desde el 16 de mayo de 1973, fecha en la que se vinculó a la entidad, hasta el 31 de mayo de 2007, cuando se retiró.

4. En el concepto de violación, indicó que la Nación, Procuraduría General de la Nación desconoció la normativa legal y constitucional, dado que percibía mensualmente la prima técnica y esta tenía como finalidad la retribución del servicio

4. En el concepto de violación, indicó que la Nación, Procuraduría General de la Nación desconoció la normativa legal y constitucional, dado que percibía mensualmente la prima técnica y esta tenía como finalidad la retribución del servicio prestado. De manera que, claramente era constitutiva de factor salarial y así debió considerarlo la entidad demandada al expedir los actos administrativos3.

1.1.2. Contestación de la demanda

5. La Nación, Procuraduría General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones porque los actos administrativos enjuiciados se expidieron con fundamento en las disposiciones aplicables, comoquiera que la prima técnica no ha sido considerada factor salarial para los servidores públicos de la entidad.

6. Adicionalmente, destacó que, aunque la demandante citó pronunciamientos que en su entender eran similares a su caso, estas decisiones respondían a situaciones jurídicas concretas y consolidadas, de suerte que no era posible extender sus efectos al caso con creto, máxime cuando no eran sentencias de unificación proferidas de conformidad con el artículo 270 del CPACA4.

1.1.3 Sentencia de primera instancia

7. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, Sección Segunda, profirió sentencia el 15 de febrero de 2019, en la que resolvió:

PRIMERO.- INAPLICAR las expresiones, “Esta prima no constituye factor salarial para ningún efecto legal”, referentes a la prima técnica, las cuales están contenidas en los decretos que el Gobierno Nacional expidió para los años 1998 a 2007 fijando las

PRIMERO.- INAPLICAR las expresiones, “Esta prima no constituye factor salarial para ningún efecto legal”, referentes a la prima técnica, las cuales están contenidas en los decretos que el Gobierno Nacional expidió para los años 1998 a 2007 fijando las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, entre otros y, por ser contraria a preceptos de rango constitucional, conforme a las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos: 1) Oficio 2505

3 Samai, índice 11, 01DemandayAnexos.pdf. 4 Samai, índice 11, 05ContestacionDdayAnexos.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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del 12 de junio de 2009, suscrito por el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se niega la petición presentada por la señora Ana Rosa Pinto Afanador el 21 de mayo del mismo año (adicionado con escrito del 26 del mismo mes y a ño) consistente en reconocer como factor salarial la prima técnica, por ella devengada en dicha entidad, para efectos de liquidar sus prestaciones sociales; 2) Oficio SG1000 de 12 de marzo de 2012, suscrito por la Secretaria General de la

devengada en dicha entidad, para efectos de liquidar sus prestaciones sociales; 2) Oficio SG1000 de 12 de marzo de 2012, suscrito por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Ana Rosa Pinto Afanador el 22 de febrero de 2012, indicándole que le reitera lo expresado en el oficio 2505 del 12 de junio de 2009; 3) Oficio SG4220 de 10 de octubre de 2013, suscrito por la Secretaria General (E) de la Procuraduría General de la Naci ón, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Ana Rosa Pinto Afanador el 03 de octubre de 2013, indicándole que por identidad sustancial del a petición le reitera lo expresado en el oficio 2505 del 12 de junio de 2009; 4) Oficio SG003689 de 11 de agosto de 2014, suscrito por la Secretaria General (E) de la Procuraduría General de la Naci ón, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Ana Rosa Pinto Afanador el 16 de julio de 2014, indicándole que por identidad sustancial del a petición le reitera lo expresado en el oficio 2505 del 12 de junio de 2009; 5) Oficio SG005144 de 24 de octubre de 2014, suscr ito por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Ana Rosa Pinto Afanador el 17 de septiembre de 2014, para lo cual efectúa un recuento de todos los derechos de petición que ha

Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por la señora Ana Rosa Pinto Afanador el 17 de septiembre de 2014, para lo cual efectúa un recuento de todos los derechos de petición que ha presentado con antelación para reiterarle que por identidad sustancial del a petición le reitera lo expresado en el oficio 2505 del 12 de junio de 2009; 6) Oficio SG005615 de 18 de noviembre de 2014 suscrito por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual declara improcedentes los recursos de reposición y en subsidio de apelación presenta dos por la apoderada de la demandante en contra del oficio SG005144 de 24 de octubre de 2014; 7) Resolución 420 de 11 de diciembre de 2014, por medio de la cual el Procurador General de la Nación resuelve el recurso de queja presentado por la apoderada de la demandante en contra de la decisión de rechazar el recurso de apelación propuesto en contra del oficio SG005144 de 24 de octubre de 2014; en el sentido de declararlo “bien rechazado por improcedente’) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION a reliquidar los haberes salariales y prestacionales de la señora ANA ROSA PINTO AFANADOR, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.885.169 expedida en San Gil, computando como factor salarial la prima técnica desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de mayo de 2007, conforme a los lineamientos de la parte motiva.

en San Gil, computando como factor salarial la prima técnica desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de mayo de 2007, conforme a los lineamientos de la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A PAGAR a la señora ANA ROSA PINTO AFANADOR, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.885.169 expedida en San Gil, las diferencias generadas entre lo efectivamente cancelado y lo que debe pagarse al computar la bonificaci ón judicial como factor salarial, conforme a las consideraciones de la presente sentencia.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. […]5.

8. Afirmó que los decretos que expidió el Gobierno nacional prohibieron considerar la prima técnica como factor salarial. Sin embargo, el Consejo de Estado, en sentencia

5 Samai, índice 11, 10Fallo1raInstancia.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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del 1 de agosto de 20136, declaró la nulidad de la expresión «esta prima no constituye factor salarial» y para ello estableció que primaban las normas generales que permitían tener a la prima técnica como factor salarial.

9. A partir de lo anterior, luego de que revisó el material probatorio aportado al proceso, acudió a la excepción de inconstitucionalidad de la expresión «esta prima no

tener a la prima técnica como factor salarial.

9. A partir de lo anterior, luego de que revisó el material probatorio aportado al proceso, acudió a la excepción de inconstitucionalidad de la expresión «esta prima no constituye factor salarial» al considerarla violatoria del mínimo vital, de la primacía de la realidad sobre las formas y de los convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

10. De modo que, dispuso que acogió los lineamientos trazados por el Consejo de Estado y concluyó que en el caso de la señora Ana Rosa Pinto Afanador, la prima técnica que percibió, de 1998 a 2007, era factor salarial.

11. Por consiguiente, anuló los actos administrativos demandados y le ordenó a la Nación, Procuraduría General de la Nación reliquidar todos los factores salariales y prestacionales de la demandante con la inclusión de esta prima. También le ordenó a la demandada el pago de las diferencias resultantes entre el valor pagado y el que debió haber percibido la señora Ana Rosa Pinto Afanador, del 1 de abril de 1998 al 31 de mayo de 2007.

12. Aclaró que en el caso particular no se configuró la prescripción trienal, porque entre cada petición no transcurrieron más de 3 años , y precisó que las diferencias de los valores causados debían ajustarse a partir del 1 de abril de 19987.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

13. La señora Ana Rosa Pinto Afanador solicitó la modificación del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, en la medida en que en el proceso quedó demostrado que tenía derecho a percibir la prima técnica desde el 4 de diciembre de

13. La señora Ana Rosa Pinto Afanador solicitó la modificación del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, en la medida en que en el proceso quedó demostrado que tenía derecho a percibir la prima técnica desde el 4 de diciembre de 1992 y adujo qu e esta providencia debía confirmarse en lo demás. En igual sentido, radicó solicitud de aclaración, corrección y/o adición con el fin de que la sentencia se ajustara en lo pertinente8.

1.1.5. Recurso de apelación de la parte demandada

14. La Nación, Procuraduría General de la Nación pidió que se revocara la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

15. Al respecto, indicó que la prescripción debía contabilizarse desde el 21 de mayo de 2009 cuando la demandante presentó la primera reclamación administrativa, toda vez que, con la petición del 17 de septiembre de 2014 pretendió revivir los términos de caducidad de la acción, lo que hacía que todos los derechos reclamados antes del 21 de mayo de 2006 estuvieran cobijados por este fenómeno.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, exp. 11001-03-25-000-2010-000157-00 (1107-10). 7 Samai, índice 11, 10Fallo1raInstancia.pdf. 8 Samai, índice 11, 11RecursoApelacionySolicitudAclarar.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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16. Sumado a esto, consideró que, en todo caso, la inaplicación de una norma por la vía de la excepción de inconstitucionalidad solo es una posibilidad predicable del caso concreto, de tal forma que como los decretos posteriores a 1992 , que regulan la materia, impiden considerar la prima técnica como factor salarial, no podía proceder con su reconocimiento y pago9.

1.1.6. Auto que resuelve solicitud de aclaración, corrección y/o adición

17. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, Sección Segunda, profirió auto el 26 de abril de 2019 en el que precisó que la señora Ana Rosa Pinto Afanador pretendió discutir un asunto del fondo del proceso como lo es la fecha de reconocimiento del derecho, para lo cual no están previstos los institutos de la aclaración, la adición y la corrección. De suerte que, como estos eran aspectos que debía resolver el Tribunal al desatar los recursos de apelación interpuestos, negó las solicitudes presentadas por la parte demandante10.

1.1.7. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

18. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 4 de marzo de 2021, revocó íntegramente el fallo de primera instancia del 15 de febrero de 2019 y, en su lugar, declaró probada la excepción de prescripción del derecho y negó las pretensiones de la demanda.

primera instancia del 15 de febrero de 2019 y, en su lugar, declaró probada la excepción de prescripción del derecho y negó las pretensiones de la demanda.

19. Para sustentar su decisión, acogió la tesis según la cual la interposición de peticiones reiterativas a lo largo del tiempo no podía revivir términos judiciales que son de orden público. Razón para considerar que, en este escenario la primera petición fue la que interrumpió la prescripción.

20. Así las cosas, precisó que Ana Rosa Pinto Afanador fue retirada del servicio el 30 de noviembre de 2006 y laboró hasta el 31 de mayo de 2007. Sumado a que, radicó solicitud administrativa el 21 de mayo de 2009, lo que dio lugar a que suspendiera el término prescriptivo hasta el 21 de mayo de 2012.

21. Igualmente, tuvo por demostrado que la demandante radicó peticiones el 22 de febrero de 2012, el 3 de octubre de 2013 y el 16 de julio de 2014, las cuales se tramitaron como reiterativas en los términos del artículo 19 del CPACA, esto derivado de que remitieron a la solicitante a la primera respuesta.

22. Bajo este entendido, a juicio del Tribunal, la demanda fue presentada hasta el 7 de mayo de 2015, esto es, con posterioridad al 21 de mayo de 2012, por lo que resulta evidente que esta se ejerció por fuera del término de caducidad de la acción y operó la prescripción de las mesadas anteriores al término de tres años.

23. Por tanto, un pronunciamiento como el expuesto lo relevaba para pronunciarse de fondo11.

operó la prescripción de las mesadas anteriores al término de tres años.

23. Por tanto, un pronunciamiento como el expuesto lo relevaba para pronunciarse de fondo11.

9 Samai, índice 11, 12ApelacionProcuraduria.pdf. 10 Samai, índice 11, 15AutoResuelveSolicitudAclaracion.pdf. 11 Samai, índice 11, 18TACRevocaFallo1eraInstancia.pdf, páginas 23 a 37 del archivo digital.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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1.2. Recurso extraordinario de revisión

24. La señora Ana Rosa Pinto Afanador radicó recurso extraordinario de revisión el 9 de marzo de 2022 , contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de marzo de 2021, sustentada en que esta decisión incurrió en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA. Subsidiariamente, indicó que la providencia desconoció el artículo 29 constitucional atinente al debido proceso, que, precisó, es causal de revisión en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

25. Como pretensiones, le pidió a esta corporación revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, modificar el numeral tercero de la providencia de primera instancia, para

25. Como pretensiones, le pidió a esta corporación revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, modificar el numeral tercero de la providencia de primera instancia, para que se ordenara el reconocimiento y pago de la reliquidación con las prestaciones y los salarios, incluida la prima técnica como factor salarial a partir del 4 de diciembre de

1992.

26. En sustento de lo anterior, afirmó que en su caso en particular se configuró la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, dado que los magistrados que integraron la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, firmantes de la sentencia enjuiciada, ya se habían pronunciado en torno a la prescripción de la reliquidación prestacional con la inclusión de la prima técnica.

27. En particular, aludió a la sentencia proferida en el caso de otra funcionaria de la Nación, Procuraduría General de la Nación, en el que se trató el tema de la prescripción de la prima técnica como factor salarial, frente a lo cual concluyó que tenía derecho a que sus prestaciones sociales fueran reliquidadas con la inclusión de la prima técnica a partir de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado el 1 de agosto de 2013, que anuló las expresiones que impedían considerar este factor como tal.

28. Adicionalmente, en cuanto a la causal contenida en el artículo 29 de la Constitución Política, la señora Ana Rosa Pinto Afanador indicó que en la sentencia recurrida se desconoció el debido proceso porque no se consideró que tenía derecho a que se le reconociera la prima técnica en la reliquidación de sus prestaciones sociales,

Constitución Política, la señora Ana Rosa Pinto Afanador indicó que en la sentencia recurrida se desconoció el debido proceso porque no se consideró que tenía derecho a que se le reconociera la prima técnica en la reliquidación de sus prestaciones sociales, como lo definió el Consejo de Estado en la sentencia de nulidad que profirió , el 1 de agosto de 2013 , dentro del expediente con número de radicación 11001 -03-25-0002010-000157-00 (1107-10).

29. Así las cosas, destacó que esta corporación, en la referida providencia judicial, declaró la nulidad de las expresiones que impedían otorgar a la prima técnica la naturaleza de factor salarial. Sin embargo, a pesar de esto , la Nación, Procuraduría General de la Nación se negó a reconocerle su derecho en sede administrativa, tan así que tuvo que acudir por la vía judicial y lo hizo dentro del término de exigibilidad del derecho – el 7 de mayo de 2015–, en tanto este solo surgió a partir de la expedición de la sentencia de nulidad del 1 de agosto de 2013.

30. Por tanto, para el momento en que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , no había prescrito su derecho a obtener la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima técnica, porque este emanó de lo considerado por el Consejo de Estado en la sentencia del 1 de agosto de 201312.

12 Samai, índice 2, ED_RECURSOREVISONANA(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

31. Esta corporación, a través de auto del 9 de junio de 2022 13, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que allegara copia del expediente ordinario, así como constancia de ejecutoria de la sentencia recurrida. La autoridad judicial remitió lo solicitado al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá , comoquiera que el expediente había sido devuelto14, y este último atendió lo pedido15.

32. En este orden, se admitió el recurso en auto del 28 de septiembre de 202316, se ordenó la notificación personal a la Nación, Procuraduría General de la Nación, y se le reconoció personería a la abogada de la recurrente.

33. Luego de que esta decisión fuera notificada, el Ministerio Público 17 rindió concepto en el que indicó que no existía triple identidad entre la providencia recurrida y las que fueron referenciadas en el recurso, de suerte que la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA no p odía acreditarse con la expedición de sentencias dictadas en casos similares por la misma autoridad. A su vez, consideró que en el trámite judicial se aplicaron las normas y la jurisprudencia relativa a la configuración de la prescripción . Finalmente, agregó que en lo que respecta al cargo por violación del debido proceso, el recurso no gozó de una debida fundamentación.

en el trámite judicial se aplicaron las normas y la jurisprudencia relativa a la configuración de la prescripción . Finalmente, agregó que en lo que respecta al cargo por violación del debido proceso, el recurso no gozó de una debida fundamentación.

34. En consecuencia, pidió declarar infundado este recurso extraordinario.

35. Por su parte, la Nación, Procuraduría General de la Nación 18 se opuso a las pretensiones de esta demanda comoquiera que en el caso particular no existían dos sentencias con las mismas partes, objeto y causa para predicar la existencia de cosa juzgada, de forma tal que los supuestos invocados no correspondían a la causal del numeral 8 del artículo 250 del CPACA. Así las cosas, en la medida en que no existía fallo anterior constitutivo de cosa juzgada entre las partes, debía declarase infundado este recurso que no podía convertirse en una tercera instancia judicial.

36. Agregó, con relación a la violación del artículo 29 constitucional, que existían unas hipótesis reconocidas por el Consejo de Estado que habilita ban su procedencia, las cuales no se predica ban en el asunto concreto , pues en este se justificaron las razones por las que operó la prescripción de los derechos laborales, y lo que pretendió la recurrente fue reabrir el debate de las instancias que culminó con una sentencia desfavorable. Planteó, como excepciones, la falta de legitimación material en la causa por pasiva; y, por todos estos motivos, pidió que este recurso se declarara infundado.

37. A través de auto del 27 de agosto de 2024 19, se abrió el proceso a pruebas, se ofició al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que

37. A través de auto del 27 de agosto de 2024 19, se abrió el proceso a pruebas, se ofició al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que aportara el expediente ordinario, se tuvieron como pruebas los documentos aportados

13 Samai, índice 4. 14 Samai, índice 10. 15 Samai, índice 11. 16 Samai, índice 13. 17 Samai, índice 19. 18 Samai, índice 20. La Sala tendrá por oportuna esta contestación en la medida en que así lo consideró el magistrado ponente en el auto que abrió a pruebas el proceso – se trató de un aspecto que ya quedó definido –, al considerar que la Nación, Procuraduría General de la Nación descorrió el traslado de la demanda, y, a raíz de esto, les reconoció personería a las abogadas de la entidad demandada. 19 Samai, índice 28.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022)

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con el recurso de revisión, se ordenó correr el traslado respectivo y se negaron las demás pruebas. A su vez, se les reconoció personería a las abogadas de la demandada. El Juzgado atendió el requerimiento20.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión

demandada. El Juzgado atendió el requerimiento20.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Ana Rosa Pinto Afanador contra la sentencia del 4 de marzo de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA 21.

2.2. Oportunidad

39. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 4 de marzo de 202122, se notificó el 13 de mayo de 2021 23 y cobró ejecutoria el 21 de mayo de 2021 24. Así las cosas, como la señora Ana Rosa Pinto Afanador interpuso el recurso extraordinario de revisión el 9 de marzo de 202225, su radicación fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA 26.

2.3. Legitimación en la causa

40. La señora Ana Rosa Pinto Afanador y la Nación, Procuraduría General de la Nación están legitimadas en la causa para ser partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y demandada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho27.

2.4. Problemas jurídicos

41. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala de finir si es procedente infirmar la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de marzo de 2021.

corresponde a la Sala de finir si es procedente infirmar la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de marzo de 2021.

42. En particular, deberá precisar si en el caso en concreto se configura la causal de revisión dispuesta en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, relativa a ser la sentencia contraria a una anterior que constituya cosa juzgada entre las partes , porque los magistrados que integraron la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , firmantes de la sentencia enjuiciada, ya se habían pronunciado en punto a la prescripción de la reliquidación prestacional con la inclusión

20 Samai, índice 34. 21 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». 22 Samai, índice 11, 18TACRevocaFallo1eraInstancia.pdf, páginas 23 a 37 del archivo digital. 23 Samai, índice 11, 18TACRevocaFallo1eraInstancia.pdf, página 38 del archivo digital. 24 Samai, índice 11, 20CopiassentenciasconEjecutoria, pdf, páginas 31 y 32 del archivo digital. 25 Samai, índice 2, ED_CORREOENV_RVRECURSODEREVISI(.msg) NroActua 2. 26 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». 27 Estas calidades les fueron debidamente reconocidas en el auto admisorio proferido por el Juzgado Veintinueve

26 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». 27 Estas calidades les fueron debidamente reconocidas en el auto admisorio proferido por el Juzgado Veintinueve Administrativo de Bogotá D.C, Sección Segunda, el 20 de noviembre de 2015.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00309-00 (2353-2022) Recurre