CE - Sentencia 11001032500020220033800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Demandante: José Francisco Orellano Niebles

Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones

Temas: Revocatoria de prestación periódica. Falta de congruencia.

Ataque sobre la valoración e interpretación judicial. DECLARA

INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor José Francisco Orellano Niebles contra la sentencia del primero (1.°) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F 2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que Colpensiones, mediante Resolución 285863 del 14 de agosto de 2014, le reconoció la pensión de vejez en cuantía de $3.328.904, con una tasa de reemplazo del 87 %, al acreditar 1.211 semanas de cotización ; decisión fue modificada por la

reconoció la pensión de vejez en cuantía de $3.328.904, con una tasa de reemplazo del 87 %, al acreditar 1.211 semanas de cotización ; decisión fue modificada por la Resolución GNR 387359 del 5 de noviembre de 2014, fijando el monto pensional en la misma suma, pero reconociéndola a partir del 21 de julio de 2014, al establecerse que el afiliado contaba con 1.214 semanas cotizadas.

Mediante Resolución SUB 7379 del 15 de marzo de 2017, Colpensiones revocó los mencionados actos administrativos, negó el reconocimiento de la pensión de vejez y ordenó el reintegro de la totalidad de los recursos percibidos con ocasión del reconocimiento inicial.

Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante las Resoluciones SUB 30770

1 La presentación del recurso se efectuó el 8 de abril de 2022 , de acuerdo con la anotación efectuada por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI. 2 Decisión que revocó el numeral segundo de la sentencia proferida el 16 de octubre de 2019 por el Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá y la confirmó en lo demás, dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 del 5 de abril de 2017 y DIR 5809 del 16 de mayo de 2017, razón por la cual el pago de la pensión fue suspendido en ese mismo mes.

Con ocasión de una acción de tutela interpuesta el 15 de mayo de 2017, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó a Colpensiones suspender provisionalmente, por el término de cuatro meses, los efectos de la Resolución SUB 7379 del 15 de marzo de 2017, mientras se interponía el correspondiente medio de control, así como restablecer el pago de la prestación durante dicho periodo.

Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones SUB 7379 del 15 de marzo de 2017, SUB 30770 del 5 de abril de 2017 y DIR 5809 del 16 de mayo de 2017, y que, en consecuencia, se restableciera su derecho a la pensión de vejez, manteniéndose vigentes los actos administrativos que inicialmente reconocieron la prestación.

El Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, en la que declaró la nulidad parcial de los actos demandados, en cuanto ordenaban el reintegro de los valores pagados a título de mesadas, y dispuso que Colpensiones efectuara el pago correspondiente a los meses de abril y mayo de 2017, junto con sus respectivos aportes y descuentos en salud, para luego suspender definitivamente la prestación.

valores pagados a título de mesadas, y dispuso que Colpensiones efectuara el pago correspondiente a los meses de abril y mayo de 2017, junto con sus respectivos aportes y descuentos en salud, para luego suspender definitivamente la prestación.

Ambas partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1 .° de marzo de 2022, mediante decisión que revocó parcialmente la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la providencia del 1 de marzo de 2022 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia que ordenó el pago de las mesadas pensionales de los meses de abril y mayo de 2017 y la confirmó en lo demás.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

Que la sentencia de primera instancia no se apartó del objeto del litigio, ni abordó cuestiones ajenas. Por el contrario, dijo que se ocupó de examinar los aspectos que derivaban del contenido de los actos administrativos demandados, tal como correspondía según el problema jurídico planteado. Que Colpensiones, en su contestación de la demanda, argumentó que el reconocimiento pensional fue ilegal, sustentándose en las pruebas recaudadas durante el proceso administrativo ; pruebas y argumentos que guardaban coherencia con el litigio.

Precisó que, aunque la demandada incluyó la excepción de inexistencia del derecho basada en razones que no se ajustaban del todo al litigio, eso no invalida el resto

3 Páginas 73 -105 del archivo digitalizado «ED_C02_01OtrosContinuacionCuadernoDePrimeraInstanciaJ[…]»,

basada en razones que no se ajustaban del todo al litigio, eso no invalida el resto

3 Páginas 73 -105 del archivo digitalizado «ED_C02_01OtrosContinuacionCuadernoDePrimeraInstanciaJ[…]», el cual reposa en el índice 00016 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de los argumentos de defensa que sí fueron pertinentes. Por tanto, el juez de primera instancia actuó dentro del marco del proceso, garantizando el derecho de defensa y el principio de congruencia procesal. En consecuencia, el argumento de apelación por incongruencia no estaba llamado a prosperar.

Respecto del fondo del asunto, confirmó que Colpensiones actuó conforme a la ley al revocar el acto de reconocimiento pensional, pues se logró probar que la historia laboral del demandante había sido alterada irregularmente por un funcionario de Colpensiones, lo que incrementó en 104 semanas sus cotizaciones, sin que existieran evidencias de que trabajó para la empresa J. Glottmann S.A. durante el periodo ent re marzo de 1969 y marzo de 1971 ; circunstancia que no refutó el demandante ni en sede administrativa ni judicial, ni aportó evidencia que desvirtuara el informe de auditoría de la entidad.

Que la revocatoria del acto administrativo se ajustó a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y fue precedida del procedimiento establecido en el CPACA, incluyendo notificación del auto de apertura, traslado de pruebas, oportunidad para

Que la revocatoria del acto administrativo se ajustó a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y fue precedida del procedimiento establecido en el CPACA, incluyendo notificación del auto de apertura, traslado de pruebas, oportunidad para ejercer defensa y emisión de una decisión debidamente motivada. Por ello, consideró que la administración respetó el debido proceso y cumplió con la carga de justificar la revocatoria mediante motivos objetivos, verificables y transparentes, tal como lo exige la jurisprudencia, en especial la Sentencia C -853 de 2003 de la Corte Constitucional.

Expresó que tanto la jurisprudencia constitucional como la del Consejo de Estado han admitido la posibilidad de revocar de forma unilateral actos administrativos cuando se demuestra que fueron obtenidos mediante fraude, sin necesidad de acudir previamente a la jurisdicción penal. En este caso, el reconocimiento pensional era contrario a derecho y su revocatoria era obligatoria, dado que se basó en información fraudulent a. A pesar de ello, Colpensiones no podía exigir la devolución de las mesadas ya pagadas, pues no se probó la mala fe del demandante, quien no solicitó la alteración de su historia laboral.

Sobre la suspensión anticipada del pago de las mesadas de abril y mayo de 2017, determinó que, aunque se realizó antes de que la resolución de revocatoria quedara en firme, no podía ordenarse su pago porque el derecho pensional fue declarado inexistente y que al ser contraria a derecho el reconocimiento no existía justo título que respalde la exigencia del pago.

Concluyó que no procedía exigir el reembolso de los pagos recibidos por el

inexistente y que al ser contraria a derecho el reconocimiento no existía justo título que respalde la exigencia del pago.

Concluyó que no procedía exigir el reembolso de los pagos recibidos por el demandante entre 2014 y 2017, pues el artículo 164 del CPACA, establece que no se podrán recuperar prestaciones pagadas a particulares de buena fe y no se demostró que el señor Orellano Niebles hubiera actuado de mala fe, ya que no hay evidencia de que él haya solicitado o promovido la alteración de su historia laboral.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor José Francisco Orellano Niebles, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpuso recurso extraordinario deRadicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5.° de la citada legislación.

Para sustentar el recurso presentó los siguientes planteamientos:

Considera que vulneró el principio de congruencia, al pronunciarse sobre aspectos que no fueron solicitados en la demanda ni en el recurso de apelación, específicamente la suspensión del pago de mesadas pensionales, tema que no fue planteado como pretensión en el proceso.

Que el problema jurídico planteado por el demandante en su demanda —y reiterado en audiencia inicial— se centró en la nulidad de los actos administrativos que

planteado como pretensión en el proceso.

Que el problema jurídico planteado por el demandante en su demanda —y reiterado en audiencia inicial— se centró en la nulidad de los actos administrativos que revocaron su pensión, los cuales habrían sido expedidos con desviación de poder y violación del debido proceso, solicitando el restablecimiento del derecho pensional vigente desde 2014. Sin embargo, el juez de primera instancia resolvió, sin que se le hubiera pedido, sobre la suspensión del pago de mesadas, y la segunda instancia confirmó esa decisión.

Alega que el Tribunal centró su análisis en la presunción de legalidad de los actos administrativos sin realizar una valoración real y material de las pruebas ni del contexto en el que se emitieron dichos actos. Tampoco se explicó de qué pruebas surgió la supuesta certeza sobre la legalidad de la revocatoria, limitándose a reiterar lo afirmado por Colpensiones en sus resoluciones.

Que Colpensiones no habría aportado al proceso la información completa y pertinente, lo que debilitó la posibilidad de defensa del actor. Por ello, afirma que la entidad no lo notificó personalmente de los actos que le revocaron la pensión ni entregó copia integral de estos, lo que violó garantías fundamentales.

Considera que debió aplicarse el principio de favorabilidad en favor del trabajador , reconociendo la confianza legítima que el afiliado tenía en la información del sistema pensional y en los actos que reconocieron su pensión, así como la buena fe con la que actuó. Por ello, no era procedente una revocatoria directa, mucho menos en los términos arbitrarios en los que se hizo.

Que el juez de primera instancia aceptó como válidas las excepciones de la entidad

que actuó. Por ello, no era procedente una revocatoria directa, mucho menos en los términos arbitrarios en los que se hizo.

Que el juez de primera instancia aceptó como válidas las excepciones de la entidad demandada, sin que estas hubieran sido propuestas formalmente, y terminó resolviendo un supuesto no planteado por el actor, transformando la demanda en una excusa para valida r las acciones de Colpensiones , quien no aportó pruebas suficientes, teniendo la carga de probar la legalidad de la revocatoria.

Expreso que, conforme al artículo 19 de la Ley 797 de 2003 , la revocatoria directa de actos favorables que han creado situaciones jurídicas consolidadas —como una pensión reconocida y pagada — requiere el consentimiento del titular, salvo que haya fraude probado, lo cual no ocurrió en este caso.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Que Colpensiones actuó de forma desordenada y fragmentaria en la entrega de información, dilatando el proceso y omitiendo el expediente completo, lo que demuestra una falta de buena fe y transparencia administrativa.

Que tanto el juez de primera instancia como el tribunal desconocieron el principio de buena fe, el principio de confianza legítima y el deber de proteger los derechos fundamentales del pensionado, a quien se le retiró su pensión sin observar el procedimiento legal ni garantizarle una verdadera posibilidad de defensa.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

Colpensiones4 sostuvo que el reconocimiento de la pensión de vejez fue indebido,

procedimiento legal ni garantizarle una verdadera posibilidad de defensa.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

Colpensiones4 sostuvo que el reconocimiento de la pensión de vejez fue indebido, pues el solicitante no cumplía con los requisitos legales establecidos, especialmente en cuanto al número de semanas mínimas exigidas por la Ley 797 de 2003 , por lo que revocó el acto de reconocimiento pensional.

Que la razón principal de la revocatoria del acto de reconocimiento fue la detección de una alteración fraudulenta en la historia laboral del señor Orellano, en la cual se le adicionaron 104 semanas sin soporte alguno, asociadas a la empresa JG GLOTTMANN S.A, la cual fue realizada de manera abusiva e ilícita por un usuario interno del sistema, sin que mediara solicitud del afiliado ni requerimiento de autoridad alguna.

Adujo que en cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado 32 Administrativo de Bogotá, la entidad revisó nuevamente la historia laboral del actor, concluyendo que no reunía los requisitos del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que para el 1 de abril de 1994 (entrada en vigencia de dicha ley) tenía 36 años de edad, solo contaba con 10 años de cotización, lo cual lo excluía del beneficio transitorio.

Que al momento de expedirse los actos administrativos que revocaron la pensión, el señor Orellano tenía 55 años y 1.609 semanas cotizadas, por lo cual tampoco cumplía con el requisito de edad (60 años) exigido para acceder a la pensión bajo el régimen general.

Defendió la legalidad de las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia,

cumplía con el requisito de edad (60 años) exigido para acceder a la pensión bajo el régimen general.

Defendió la legalidad de las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, señalando que sí se respet aron el principio de congruencia, y que los falladores analizaron de fondo la posible vulneración del debido proceso, así como la legalidad de la revocatoria directa y como consecuencia de ello, ambas decisiones judiciales excluyeron las semanas fraudulentas y concluyeron que no había derecho pensional vigente que pudiera restablecerse.

Argumentó que no hay lugar al restablecimiento de la mesada pensional, pues hacerlo equivaldría a perpetuar un error inducido por una alteración ilícita en la historia laboral, lo que implicaría un grave perjuicio para el Estado y los recursos del sistema general de pensiones.

4 Cfr. 00022 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia proferida el 1.° de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca considerando la causal invocada por el recurrente.

Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos : i) Generalidades del recurso

1.° de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca considerando la causal invocada por el recurrente.

Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos : i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular8.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

5 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

5 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez. 7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de l as razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de

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1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley10.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso

apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad q ue no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia11.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos

9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613) 10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión. Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y

11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00). 12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 1100103-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001 -03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001 -03-15-000-201502342-00. C.P. Alberto Yepes BarreiroRadicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, tra nsacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita»14.

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 15 o el principio de congruencia 16 constituyen variables de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que l a anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se hubiera proferido en otro sentido17.

Principio de congruencia

seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que l a anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se hubiera proferido en otro sentido17.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad en la sentencia, a saber : «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación». 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación». 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 15 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en comento» . Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00). 16 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» . Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (145214. 17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00338-00 (2733-2022)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por caus