CE - Sentencia 11001032500020220038100 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Jaime Rojas Pacheco Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literal b). Subtema 1: naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento y liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971; inclusión de la bonificación por servicios en el IBL. Subtema 3: conformidad de la cuantía del derecho pensional con lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila, el 13 de abril de 2021, que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Jaime Rojas Pacheco, con la inclusión de la bonificación por servicios.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva , que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor Jaime Rojas Pacheco con la inclusión de la bonificación por servicios; prestación que la UGPP le había reconocido conforme al régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971, en cuantía equivalente al 75 %. La UGPP fundamenta su solicitud en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el argumento de que la liquidación excedió lo debido de acuerdo con la normativa y los precedentes jurisprudenciales aplicables sobre el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deRadicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deRadicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

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2 acuerdo con los cuales el cálculo del IBL debe corresponder a los factores que constituyen base de cotización, devengados en los últimos 10 años.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Jaime Rojas Pacheco, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra l as resoluciones 008673 del 4 de mar zo de 2015, 017231 del 30 de abril y 023414 del 10 de junio del mismo año, por medio de las cuales la UGPP le negó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida conforme al Decreto 546 de 1971.

2. La pretensión principal de la demanda consistió en que la cuantía pensional fuera equivalente al 75% de la asignación devengada en el periodo aplicado, con la inclusión de la bonificación por servicios devengada como servidor judicial durante más de 20 años.

3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 24 de octubre de 2018, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión del demandante, incluyendo en el cálculo del IBL la doceava parte de la bonificación por servicios prestados.

de octubre de 2018, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión del demandante, incluyendo en el cálculo del IBL la doceava parte de la bonificación por servicios prestados.

4. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 13 de abril de 2021, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el ingreso base de liquidación debía incluir los factores salariales previstos en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 1158 de 1994, que incluyen la bonificación por servicios.

5. La UGPP, en cumplimiento del fallo, expidió la Resolución núm. 00724 de 13 de enero de 2022, por medio de la cual reliquidó la pensión de jubilación reconocida a favor de Jaime Rojas Pacheco con la inclusión de la bonificación por servicios en el IBL pensional.

2.2. Solicitud de revisión

6. El apoderado de la UGPP presentó la solicitud de revisión en ejercicio de la acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, para que se invalide y, en su lugar, se declare que la pensión del señor Jaime Rojas Pacheco debe liquidarse conforme al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluyendo solo los factores establecidos en el Decreto 1158 de 19941, con lo devengado en los últimos 10 años de servicio.

7. La UGPP argumentó que la decisión judicial desconoció los precedentes

Ley 100 de 1993, incluyendo solo los factores establecidos en el Decreto 1158 de 19941, con lo devengado en los últimos 10 años de servicio.

7. La UGPP argumentó que la decisión judicial desconoció los precedentes de la Corte Constitucional y las normas aplicables, al incluir factores salariales adicionales y calcular el ingreso base de liquidación con lo devengado en el

1 Samai, índice 3., archivo 820 (tamaño).Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

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3 último año de servicio, sin tener en cuenta que el régimen de transición establece que el cálculo debe corresponder a los factores que constituyen base de cotización, devengados en los últimos 10 años.

8. Según la UGPP, la sentencia objeto de revisión genera un detrimento al ordenar el pago de una mesada pensional superior a lo legalmente debido conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , porque, en condición de empleado de la Rama Judicial beneficiario del régimen de transición, el derecho pensional se rige por el Decreto 546 de 1971 , pero solo «en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación».

2.3. Trámite de la acción especial de revisión

2. Esta corporación, mediante auto del 20 de septiembre de 2022, admitió la demanda presentada por la UGPP en ejercicio de la acción especial de

2.3. Trámite de la acción especial de revisión

2. Esta corporación, mediante auto del 20 de septiembre de 2022, admitió la demanda presentada por la UGPP en ejercicio de la acción especial de revisión, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila, el 13 de abril de 2021, y ordenó la notificación personal del auto a Jaime Rojas Pacheco y al agente del Ministerio Público 2. El demandado fue notificado, pero no contestó la demanda.

3. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; ordenó oficiar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva para que enviara a este proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 41001-33-33-004-2016-00130-00; requirió a la UGPP para que constituyera nuevo apoderado, solicitud que atendió mediante poder conferido al abogado Jorge Iván Palacio Palacio 3, y corrió traslado de las pruebas conforme al artículo 110 del CGP4.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

4. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)5, por cuanto este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos.

2 Samai, índice 6.

este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.

2 Samai, índice 6. 3 Samai, índice 29. 4 Samai, índice 22. 5 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

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3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

5. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo 251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro

5. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo 251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

6. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por el secretario del Tribunal Administrativo del Huila, que la sentencia objeto de revisión, dictada por esa Corporación judicial el 13 de abril de 2021, cobró ejecutoria el 28 de abril del citado año 6. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 27 de mayo de 20227, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

7. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general de la república y el procurador general de la nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, establecida en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

8. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.

9. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia, frente a la aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

10. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse antes de que la UGPP asumiera las funciones de

6 Samai, índice 30, cuaderno segunda instancia, pág. 55. 7 Samai, índice 3.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

7 Samai, índice 3.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

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5 la extinta Caja Nacional de Previsión Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».

11. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por activa para ejercer la acción de revisión especial, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero deriva da de la reliquidación de la pensión de jubilación.

12. Jaime Rojas Pacheco se encuentra legitimado para la causa por pasiva, al tener la condición de demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho definido mediante la sentencia objeto de la acción especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo de l Huila el 13 de abril de 20218.

3.4. Problema jurídico

13. De acu erdo con el marco fijado en la solicitud de revisión especial presentada por la UGPP en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del

presentada por la UGPP en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de 2021, la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir del argumento de la UGPP, según el cual la reliquidación de la pensión debía ordenarse conforme al periodo y el IBL dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, únicamente con los factores dispuestos en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que incluyen la bonificación por servicios prevista en el Decreto 1158 de 1994. Bajo este escenario, procede la Sala a responder el siguiente problema:

¿La sentencia objeto de revisión incurrió en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar la inclusión de la bonificación por servicios prevista en el Decreto 1158 de 1994 , en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación calculado conforme con previsto en el Decreto 546 de 1971, esto es, con la asignación más alta devengada durante el último año de servicio y todos los factores devengados en ese periodo, tal y como lo fijó la UGPP en el acto de reconocimiento pensional?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que imponen el pago de pensiones

14. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo

decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»9.

8 Samai, índice 30. 9 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

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15. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones que exceden lo debido de acuerdo con la ley10.

16. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralid ad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones11.

para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralid ad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones11.

17. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

18. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión12 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada13.

19. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA14, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley15, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y

previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley15, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada16».

10 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 13 CPACA, artículo 250. 14 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 15 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. 16 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003 . «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)».Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)».Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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20. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»17.

21. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado18 ha considerado que la acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes

características:

1. Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de naturaleza pública; ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA; iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social19;

1. tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social19; iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha sido concedida con violación al de bido proceso

(literal a) y/o cuando la liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)20.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Exceso de la cuantía pensional.

22. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia cuestionada excedió lo debido conforme a la ley, al incluir en el IBL dispuesto en el acto de reconocimiento pensional, la bonificación por servicios devengada en condición de servidor judicial, durante más de 20 años.

23. A juicio del ente accionante, la pensión de jubilación debió ser reliquidada con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio,

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión , sentencia del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-0002020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.

sentencia del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-0002020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-0002020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25000-2012-00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-00963-00 (acción de revisión).Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 sin incluir la bonificación por servicios prestados, única incluida en la orden de reliquidación de la pensión.

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8 sin incluir la bonificación por servicios prestados, única incluida en la orden de reliquidación de la pensión.

24. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de la motiv ación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la cuantía de la prestación frente a lo debido de acuerdo con la ley.

3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional

25. La UGPP, mediante la Resolución 053473 de 20 de noviembre de 2013 , reconoció una pensión de jubilación a Jaime Rojas Pacheco , condicionada al retiro definitivo del servicio, a partir del 1 de julio de 2011 , en cuantía de un millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos, ($1.754.156), equivalente al 75% del ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual «más elevada devengada en el último año de servicio, comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011 », conforme a lo previsto en el Decreto 546 de 197121, en los siguientes términos:

«Para determinar el Ingreso Base de Liquidación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un 75 % sobre un ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011.

un ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011.

AÑO FACTOR VALOR IBL

2011 ASIGNACIÓN BÁSICA

MES 690,762.00

2011 AUXILIO DE

TRANSPORTE 63,600.00 2011 INCREMENTO 2.5% 13,664.00

2011 PRIMA DE

ALIMENTACIÓN

42,932.00

2011 PRIMA DE

ANTIGÜEDAD

1,035,838.00

2010 PRIMA DE NAVIDAD 175,874.00

2010 PRIMA DE

PRODUCTIVIDAD

149,155.00

2011 PRIMA DE SERVICIOS 79,855.00

2010 PRIMA DE

VACACIONES

87,195.00

26. El acto administrativo citado refiere que el pensionado nació el 1 de abril de 1954, que prestó servicios en la Rama Judicial desde el 4 de septiembre de 1979 hasta el 30 de junio de 2011 y que el último cargo desempeñado fue el de secretario, en cuyo ejercicio devengó asignación básica, auxilio de transporte , primas de alimentación, antigüedad, navidad, productividad, servicios, vacaciones e incremento del 2.5%.

21 Samai, índice 30, cuaderno ppal., pág. 38.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00381-00 (3552-2022)

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: UGPP

Demandado: Jaime Rojas Pacheco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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27. Mediante Resolución 008673 del 4 de marzo de 2015, la UGPP negó la reliquidación de la pensión solicitada por Jaime Rojas Pacheco el 7 de noviembre de 2014, con el argumento de que el IBL se debía calcular conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio . Esta decisión fue confirmada por la entidad al resolver los recursos de reposición y apelación, mediante las resoluciones 017231 del 30 de abril de 2015 y 023414 del 10 de junio de 201 5, respectivamente22.

28. La Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Neiva, mediante constancia expedida el 19 de noviembre de 2015, certificó que Jaime Rojas Pacheco laboró en la Rama Judicial desde el 4 de septiembre de 1979 hasta el 30 de marzo de 2014 y el último cargo desempeñado fue el de escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de Baraya (Huila) 23.

29. El reporte de nómina del 19 de noviembre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, señala que Jaime Rojas Pacheco devengó los siguientes emolumentos: sueldo básico, auxilio de transporte, incremento del 2.5% , subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados ,

Consejo Superior de la Judicatura, señala que Jaime Rojas Pacheco devengó los siguientes emolumentos: sueldo básico, auxilio de transporte, incremento del 2.5% , subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados , vacaciones y primas de antigüedad, vacaciones, servicios, navidad y productividad24.

30. El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva , mediante sentencia concentrada nro. 155 del 24 de octubre de 2018 , dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Jaime Rojas Pacheco declaró la nulidad de lo