CE - Sentencia 11001032500020220042700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)

Demandante Helio Fabio Zuluaga Orozco

Demandado: Providencia

recurrida: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 Sentencia del 31 de agosto de 20 21 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Helio Fabio Zuluaga Orozco contra la sentencia del 31 de agosto de 20 21 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Ugpp3.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Ugpp3.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del C PACA, Helio Fabio Zuluaga Orozco presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 003724 del 29 de enero de 2013, por medio de la cual la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la Ugpp le negó el reajuste de la pensión de jubilación; y RDP 016706 de l 15 de abril de 2013, que confirmó el acto inicial al resolver un recurso de apelación interpuesto en su contra.

1 En lo sucesivo Ugpp. 2 En adelante CPACA. 3 Radicación 76147-33-31-001-2013-00831-00(01) 4 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «41RECIBEMEMORIAL_46012022RESPUESTAOFI(.pdf) NroActua 35 », link «76-14733-33-001-2013-00831-00», carpeta «Exped. Digitalizado 76147 -33-31-001-2013-00831-01». archivo «1(1) Demanda.pdf», folios 3 a 20.2

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)

Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco

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2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reajuste de la pensión de jubilación en «cuantía del 7%, por elevación en la cotización que para el sistema de salud dispuso la Ley 100 de 1993 », a partir del 1 de febrero de 2002; iii) la actualización de las sumas que resulten; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Helio Fabio Zuluaga Orozco nació el 6 de enero de 1936, por tanto, cumplió 55 años de edad en igual día y mes de 1991. Prestó sus servicios al Estado por más de 32 años, desempeñándose en la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

3.2. A través de la Resolución 0 358 del 5 de marzo de 1993, la Caja Nacional de Previsión Social 5 le reconoció la pensión de jubilación a partir del 6 de enero de 1991, condicionada el retiro definitivo del servicio para su disfrute.

3.3. La anterior resolución fue confirmada mediante la Resolución 34002 del 4 de agosto de 1993. Posteriormente, la Resolución 22276 del 2 de octubre de 2000

1991, condicionada el retiro definitivo del servicio para su disfrute.

3.3. La anterior resolución fue confirmada mediante la Resolución 34002 del 4 de agosto de 1993. Posteriormente, la Resolución 22276 del 2 de octubre de 2000 reliquidó la pensión reconocida con fundamento en nuevos tiempos de servicio y la condicionó al retiro definitivo del cargo, lo cual ocurrió el 31 de enero de 2002.

3.4. Cajanal, en cumplimiento de una sentencia judicial, a través de la Resolución 7304 del 31 de octubre de 2005 reliquidó la prestación. La cuantía reconocida ascendió a $2.562.087.18, desde el 1 de febrero de 2002.

3.5. Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, la cotización en salud correspondía al 5% de la mesada pensional. Con la entrada en vigor de la norma, el descuento se elevó al 12%. No obstante, esa disposición estableció que los pensionados, o quienes hubieran cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1 de enero de 1994, tendrían derecho a que su mesada incluyera el reajuste correspondiente al mayor valor de la cotización, esto es, el 7%.

3.6. El 13 de julio de 2012, el demandante solicitó a la UGPP el reajuste de su pensión de jubilación en cuantía del 7%, derivado del incremento en la cotización para el sistema de salud dispuesto por la Ley 100 de 1993, con efectos a partir del 1 de febrero de 2002. No obstante, la Subdirección de Derechos Pensionales de la entidad negó la petición mediante la Resolución RDP 003724 del 29 de enero de 2013.

1 de febrero de 2002. No obstante, la Subdirección de Derechos Pensionales de la entidad negó la petición mediante la Resolución RDP 003724 del 29 de enero de 2013.

3.7. A través de la Resolución RDP 016706 del 15 de abril de 2013, la Ugpp confirmó el anterior acto administrativo al resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra.

5 En adelante Cajanal.3

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1.2. Sentencia de primera instancia6

4. Mediante sentencia proferida el 30 de enero de 20 15 el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Cartago accedió a las pretensiones de la demanda . Para el efecto, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y le ordenó a la Ugpp que reajustara la pensión de jubilación reconocida al actor, a partir del 13 de julio de 2008 , con fundamento en

las siguientes consideraciones:

4.1. A partir del año 1994, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, se modificó el porcentaje de los aportes en salud, del 5% al 12%, de los cuales el 4% estaba a cargo del trabajador. Sin embargo, el legislador, con el fin de no afectar a quienes ya habían adquirido

Sistema de Seguridad Social Integral, se modificó el porcentaje de los aportes en salud, del 5% al 12%, de los cuales el 4% estaba a cargo del trabajador. Sin embargo, el legislador, con el fin de no afectar a quienes ya habían adquirido derechos pensionales antes de esa fecha, estableció en el artículo 143 de esa norma un mecanismo de reajuste en la suma diferencial que se generara por dicho incremento.

4.2. Posteriormente, la Ley 1122 de 2007, que introdujo modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y dispuso que, a partir del 1 de enero de 2007, la cotización al régimen contributivo de salud sería del 12,5% del ingreso o salario base de cotización.

4.3. En el caso concreto, mediante la Resolución 03058 del 5 de marzo de 1993, Cajanal reconoció al demandante una pensión vitalicia de jubilación, con efectos a partir del 1 de abril de 1991 y condicionada a su retiro definitivo del servicio, en cuantía de $258.825. El actor se retiró definitivamente el 30 de enero de 2002, fecha desde la cual inició el disfrute efectivo de la pensión concedida.

4.4. Así, aunque el derecho pensional del actor se consolidó en 1991, solo pudo hacerlo efectivo a partir de 2002, momento en el que comenzó a cotizar el 12% sobre la totalidad de la mesada reconocida, conforme con la normativa vigente.

4.5. De igual manera, a partir de 2007, el monto de la cotización en salud se incrementó al 12,5%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1122 de

4.5. De igual manera, a partir de 2007, el monto de la cotización en salud se incrementó al 12,5%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1122 de ese año. Este aspecto debía ser considerado por C ajanal al efectuar el reajuste anual de la pensión.

4.6. En ese contexto, con fundamento en las disposiciones legales que aumentaron progresivamente la cotización en salud (del 5% al 12% y posteriormente al 12,5%), así como en la compensación prevista en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, el demandante tenía derecho a dicho beneficio, toda vez que desde 2002, al retirarse del servicio, debió asumir el 12% de aportes sobre el monto íntegro de la pensión.

4.7. En consecuencia, la entidad demandada debió tomar como base la mesada reconocida en 2002, adicionar el 7% correspondiente a la diferencia generada por

6 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «41RECIBEMEMORIAL_46012022RESPUESTAOFI(.pdf) NroActua 35 », link «76-14733-33-001-2013-00831-00», carpeta «Exped. Digitalizado 76147 -33-31-001-2013-00831-01». archivo «2.Demanda.pdf», folios 23 a 31.4

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)

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el aumento en la cotización en salud, y sobre esa cifra aplicar el descuento legal del 12% hasta 2006 y del 12,5% a partir de 2007.

1.3. El recurso de apelación7

5. La Ugpp interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado con

fundamento en lo siguiente:

5.1. En aplicación del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la entidad efectuó el reajuste de la mesada pensional del actor por concepto de aportes en salud, aplicados mes a mes y dirigió los recursos a la EPS en la que estaba afiliado y no de manera directa a la pensión. De esta forma, la mesada permaneció inalterada, puesto que el reajuste no modificaba el valor recibido por el pensionado. En la sentencia del 29 de marzo de 2006 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (rad. 26428, M.P. Eduardo López Villegas), se indicó lo siguiente:

«En consecuencia, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994 pretendieron que el pensionado con derechos adquiridos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, a pesar de los incrementos en las cotizaciones a salu d ordenados por esta normativa, mantuviera el mismo nivel de ingresos que tenía previamente.»

5.2. La Corte Constitucional, mediante sentencia C -111 de 1996, declaró la

incrementos en las cotizaciones a salu d ordenados por esta normativa, mantuviera el mismo nivel de ingresos que tenía previamente.»

5.2. La Corte Constitucional, mediante sentencia C -111 de 1996, declaró la exequibilidad de las expresiones «con anterioridad al 1.º de enero de 1994» y «a partir de dicha fecha » contenidas en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. En ese pronunciamiento se señaló lo siguiente:

«Este reajuste de la pensión es específico para quienes se les hubiere reconocido la pensión con anterioridad al 1o. de enero de 1994 y rige a partir de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan; no ampara ninguna desigualdad sino que, por el contrario acata dicho principio consagrado en el artículo 13 de la C.P., y es evidente que es distinto al reajuste anual ordenado para todos los pensionados a que se refiere el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 […].

Es preciso concluir, pues, que en este caso no quiso el legislador hacer un reajuste general de la pensión, que existe consagrado en la mencionada norma, sino resolver un caso específico precisamente para preservar el principio de igualdad, lo cual interpr eta y realiza los fines consagrados en el supremo ordenamiento jurídico».

5.3. Con fundamento en esa interpretación normativa y jurisprudencial, el derecho de los pensionados reconocidos antes del 1 de enero de 1994 se limitaba al reajuste establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. Este debía ser asumido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, a través de su administración

los pensionados reconocidos antes del 1 de enero de 1994 se limitaba al reajuste establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. Este debía ser asumido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, a través de su administración fiduciaria, encargado de efectuar directamente el giro de las cotizaciones a la EPS correspondiente.

7 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «41RECIBEMEMORIAL_46012022RESPUESTAOFI(.pdf) NroActua 35 », link «76-14733-33-001-2013-00831-00», carpeta «Exped. Digitalizado 76147 -33-31-001-2013-00831-01». archivo «2.Demanda.pdf», folios 41 a 43.5

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)

Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco

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1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión8

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 20 21 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda . La decisión se

fundamentó en las siguientes consideraciones:

6.1. Se encontraba probado que el 6 de enero de 1991 Helio Fabio Zuluaga Orozco adquirió la condición de pensionado, motivo por el cual Cajanal, mediante la

fundamentó en las siguientes consideraciones:

6.1. Se encontraba probado que el 6 de enero de 1991 Helio Fabio Zuluaga Orozco adquirió la condición de pensionado, motivo por el cual Cajanal, mediante la Resolución 03058 del 5 de marzo de 1993, le reconoció una pensión de jubilación con efectos a partir del 1 de abril de 1991.

6.2. En ese contexto, resultaba que, al haber adquirido el actor la calidad de pensionado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, aquel tenía derecho al reajuste previsto en el artículo 143 de esta norma, frente al incremento de la base de cotización en salud que pasó del 5% al 12%, como se desprendía de los históricos de pago, en los cuales constaba que al demandante se le aplicaba este último porcentaje por concepto de salud.

6.3. No obstante, conforme con la interpretación de las altas cortes9 respecto de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, el reajuste establecido en dichas disposiciones para quienes obtuvieron el reconocimiento de la pensión antes de la entrada en vigencia de esa normativ a tenía un carácter meramente compensatorio y no constituía una retribución directa a favor del pensionado. Ese reajuste buscaba neutralizar el efecto negativo sobre el valor de la mesada causado por el incremento en la cotización al sistema de salud, mas no aumentar el monto de la pensión una vez practicada la deducción correspondiente.

6.4. En consecuencia, el reajuste pretendido resultaba improcedente, pues no representaba un incremento real en el ingreso del pensionado, sino una

aumentar el monto de la pensión una vez practicada la deducción correspondiente.

6.4. En consecuencia, el reajuste pretendido resultaba improcedente, pues no representaba un incremento real en el ingreso del pensionado, sino una compensación destinada a la entidad promotora de salud. Por ello, el demandante no tenía derecho al reajuste reclamado sobre el valor de su pensión.

1.5. Recurso extraordinario de revisión10

7. Helio Fabio Zuluaga Orozco interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA . Para tal efecto,

consideró lo siguiente:

7.1. La providencia recurrida configuraba una vía de hecho al centrar el análisis en el carácter compensatorio del reajuste por el incremento en el aporte al sistema de

8 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «45RECIBEMEMORIAL_003SentenciaSegundaI(.pdf) NroActua 35». 9 Corte Constitucional sentencias C -111 de 1996 y T -677 de 2003. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 14 de agosto de 2002 (sin identificar). Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2005, M.P. Alberto Arango Mantilla, radicación: 11001-03-25-000-2002-00162-01 (3165-02). 10 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento

(3165-02). 10 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».6

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)

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salud, sin considerar las particularidades del caso , toda vez que la mesada se vio afectada por el aumento en la cotización previsto en la Ley 100 de 1993, que elevó el aporte del 5% al 12%. Como los requisitos para la pensión se habían cumplido antes de la entrada en vigor de esa ley, debía mantenerse el porcentaje inicial, por lo que la entidad pensional tenía que adicionar el 7% a la mesada y posteriormente deducir el 12% ordenado por la norma.

7.2. Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el descuento para salud pasó de un 5% para pensionados oficiales y un 3.96% para pensionados del ISS a un 12% para cobertura familiar. En protección de los derechos adquiridos, el artículo 143 de esa ley y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 dispusieron que quienes hubieran cumplido con los requisitos para pensionarse antes del 1 de enero de 1994 tendrían derecho al reajuste equivalente al mayor valor del aporte en salud.

7.3. Cajanal no aplicó lo dispuesto en estas normas, pues no reajustó la mesada en

cumplido con los requisitos para pensionarse antes del 1 de enero de 1994 tendrían derecho al reajuste equivalente al mayor valor del aporte en salud.

7.3. Cajanal no aplicó lo dispuesto en estas normas, pues no reajustó la mesada en el 7% correspondiente y, en su lugar, descontó directamente el 12% de la pensión y lo trasladó a la EPS. De esa manera, la totalidad del aporte fue asumid o por el pensionado, sin compensación previa.

7.4. Al haberse adquirido la condición de pensionado antes del 1 de enero de 1994, lo procedente era incrementar la mesada en el 7% para luego descontar el 12%, de modo que el aporte final asumido por el beneficiario equivaliera al 5% inicialmente vigente.

7.5. El análisis de l a providencia recurrida no se enfocó en las disposiciones que sustentaban las pretensiones, sino en interpretaciones parciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que fueron valoradas de manera deficiente. Aunque la compensación no representaba un aumento real de la mesada, sí buscaba garantizar que el valor neto, después del descuento en salud, se mantuviera en condiciones similares a las que existirían si solo se aplicara el 5%.

7.6. La sentencia no resolvió de fondo la situación planteada, al establecer que la compensación prevista en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 debía reconocerse a favor de la EPS y no como un incremento del ingreso del pensionado. Con ello, desconoció principios esenciales

compensación prevista en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 debía reconocerse a favor de la EPS y no como un incremento del ingreso del pensionado. Con ello, desconoció principios esenciales del derecho laboral como la favorabilidad, la primacía de la realidad, la igualdad y la irrenunciabilidad de los derechos mínimos.

7.7. Desde el 1 de febrero de 2002, cuando comenzó a recibir la pensión, se aplicó de manera íntegra el descuento del 12% sin que mediara compensación alguna, lo que dejó sin eficacia los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión11

8. La Ugpp contestó el recurso extraordinario de revisió n con fundamento en las

siguientes consideraciones:

11 Samai, índice 21, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 21».7

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8.1. El artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 dispusieron que las entidades encargadas de pagar las pensiones reconocidas con anterioridad a su vigencia debían asumir la diferencia en el aporte al sistema de

dispusieron que las entidades encargadas de pagar las pensiones reconocidas con anterioridad a su vigencia debían asumir la diferencia en el aporte al sistema de salud, que pasó del 5% al 12%. Esta previsión tenía un carácter compensatorio y no retributivo. En ese sentido, el ajuste allí previsto no generaba un aumento en el valor de la prestación, sino que buscaba equilibrar el mayor cargo por aportes. La reclamación del demandante, encaminada a que ese mecanismo se reflejara como un incremento real en su ingreso, resultaba improcedente.

8.2. El beneficio legal no representaba una suma adicional en la asignación periódica, sino la conservación de su valor adquisitivo, en la medida en que la entidad cumplió con la obligación de trasladar la cotización correspondiente a la EPS, por lo que lo pretendido era contrario al ordenamiento jurídico, tal como lo concluyó el tribunal en la providencia cuestionada.

8.3. Si bien el actor adquirió la calidad de jubilado antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el goce efectivo de la prestación solo se produjo a partir del 2 de febrero de 2002, cuando la normativa ya regía, momento a partir del cual tanto él como su empleador estaban llamados a efectuar aportes del 12%. La liquidación del derecho en esa fecha obedeció a una orden judicial, con base en el promedio salarial del último año de servicios, lo que implicó la aplicación del porcentaje legal vigente.

8.4. En conclusión, el ingreso mensual del demandante no presentó disminución alguna, pues las deducciones realizadas se ajustaron a lo previsto en la ley.

1.7. Intervención del Ministerio Público

vigente.

8.4. En conclusión, el ingreso mensual del demandante no presentó disminución alguna, pues las deducciones realizadas se ajustaron a lo previsto en la ley.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado12 de la Sala Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Legitimación en la causa

11. En el asunto objeto de estudio, Helio Fabio Zuluaga Orozco se encuentra legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra la Ugpp y en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

12 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.8

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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco

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2.3. Oportunidad para presentar el recurso

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2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. En este caso, se observa que la sentencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, quedó ejecutoriada el 12 de octubre de ese año, según la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 13, y el recurso fue radicado el 2 de septiembre de 202214.

13. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

14. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada15. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 16 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,

establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores de nat uraleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la causal que inv oca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera instancia.

2.5. Problema jurídico

17. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

13 Samai, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «9_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 11». 14 Samai, índice 1, actuación «Radicación ventanilla virtual». 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

«9_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 11». 14 Samai, índice 1, actuación «Radicación ventanilla virtual». 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.9

Radicado: 11001-03-25-000-2022-00427-00 (4601-2022)

Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA en la sentencia del 31 de agosto de 20 21 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , Sala Segunda de Decisión Oral , al haber revocado la decisión de acceder a las pretensiones y en su lugar negarlas?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

18. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha

señalado los siguientes:

causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado los siguientes:

1. cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso 17 que solo pudieron ser advertidas en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y legalidad de las nulidades18 y;

1. cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria o la aplicación de las normas 19. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el