CE - Sentencia 11001032500020220054600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

Accionante: José Alex Betancour Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Temas: Causal 5.° del artículo 2 50 de la Ley 1137 de 20 11.

Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso. Principio de congruencia.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por José Alex Betancour Rodríguez1 en contra de la sentencia del 8 de junio de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-001-2020-00062-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

Pretensiones. A través del medio de control se solicitó:

2. Declarar que frente a la petición de 21 de junio de 2018, se produjo el silencio administrativo negativo y, en consecuencia, se proclame su nulidad.

Pretensiones. A través del medio de control se solicitó:

2. Declarar que frente a la petición de 21 de junio de 2018, se produjo el silencio administrativo negativo y, en consecuencia, se proclame su nulidad.

3. Subsidiariamente, se apliquen las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, de acuerdo con lo explicado en el concepto de violación, y se anule la decisión ficta demandada.

4. Como restablecimiento del derecho exigió: i) reconocer que el demandante ha realizado las mismas funciones de los soldados profesionales que antes fungieron como voluntarios; ii) declarar que, al igual que los oficiales y suboficiales, el actor se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le permite acceder a la prima de actividad; iii) condenar a la demandada a reconocer y pagar al actor la diferencia del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual, la prima de actividad y el reajuste del subsidio familiar, con la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.

1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta Corporación el 4 de agosto de 2022, según se evidencia en el índice 3 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

Recurrente: José Alex Betancour Rodríguez

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2 Hechos.

5. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional

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2 Hechos.

5. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional en vigencia de los Decretos Leyes 1793 y 179 4 de 2000 . Desde entonces, su asignación básica mensual ha sido inferior a la recibida por los soldados profesionales que ingresaron a la institución con anterioridad a esa norma -otrora soldados voluntarios-, a pesar de que las funciones de unos y otros son similares.

6. Que ha estado en servicio activo en iguales condiciones de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, por lo que debe recibir la prima de actividad.

Además, tiene derecho a que el subsidio familiar que actualmente devenga sea reajustado en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Normas violadas y concepto de violación.

7. La negativa de los derechos reclamados evidencia la discriminación permanente, sistemática e injustificada que, a lo largo del tiempo, han experimentado los soldados profesionales en relación con los beneficios conferidos a otros grupos de militares -oficiales y suboficiales - en materia de prerrogativas emanadas de la muerte en combate, las partidas computables para fines de asignación de retiro y el subsidio familiar.

Sentencia de primera instancia.

8. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 202 1, e l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa declaró la existencia del acto ficto negativo denunciado en la demanda, pero negó el resto de súplicas vertidas en ella.

9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas del régimen de personal, salarial y prestacional de los soldados profesionales, así como

negativo denunciado en la demanda, pero negó el resto de súplicas vertidas en ella.

9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas del régimen de personal, salarial y prestacional de los soldados profesionales, así como la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 -radicado 34202015-, concluyó:

9.1 El demandante no tiene derecho a que su asignación básica mensual corresponda a un salario mínimo legal mensual más un sesenta por ciento (60%), porque se vinculó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto Ley 1794 de 2000.

9.2 Tampoco le asiste razón en cuanto a la prima de actividad, pues en la norma en cita no se estableció ese beneficio en favor de los soldados profesionales. Además, no se vulneró el principio a la igualdad por el hecho de que tal emolumento sea concedido a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, porque tal diferencia obedece a criterios razonables como el grado de responsabilidad, las funciones que desempeñan, la experiencia y requisitos exigidos al interior de la institución para acceder a cada grado.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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3 9.3 El actor viene devengando el subsidio familiar en los términos del Decreto 1161 de 2014, por lo que no puede reajustarse de acuerdo con las reglas del Decreto Ley 1794 de 2000.

3 9.3 El actor viene devengando el subsidio familiar en los términos del Decreto 1161 de 2014, por lo que no puede reajustarse de acuerdo con las reglas del Decreto Ley 1794 de 2000.

9.4 Es improcedente la aplicación de las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, pues la diferencia salarial existente entre los antiguos soldados voluntarios y los soldados profesionales se justificó en la garantía de los derechos adquiridos de los primeros.

Recurso de apelación.

10. Inconforme con la anterior decisión, el abogado de la parte actora la recurrió en

apelación, arguyendo, en esencia, que:

11. En relación con la pretensión del 20% sobre la asignación básica mensual,

argumentó:

11.1 El a quo confundió que el juicio de igualdad propuesto en la demanda apuntaba a comparar la situación de los antiguos soldados profesionales que decidieron vincularse como soldados profesionales y el grupo de uniformados que ingresó a las filas castrenses a partir de los Decretos Leyes 1793 y 1794 de 2000 quienes, en su totalidad, están gobernados por las mismas normas, tienen las mismas condiciones, responsabilidades y formación y, además, cumplen con las mismas funciones. Por tanto, no podía afirmar que ambos grupos pertenecen a regímenes jurídicos distintos a partir de l a fecha de vinculación a la entidad que, por cierto, no es un criterio objetivo que patrocine esa desigualdad.

11.2 No se demostraron los criterios objetivos que, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifican un trato diferente en

patrocine esa desigualdad.

11.2 No se demostraron los criterios objetivos que, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifican un trato diferente en materia salarial, entre ellos, los de evaluación y desempeño, las divergencias en la estructura institucional y/o diversas clasificaciones de empleo.

11.3 Se desconocieron: las reglas jurisprudenciales sobre el principio de «a salario igual – trabajo igual»; la existencia de una igualdad formal entre los sujetos que deben ser comparados; los medios de prueba que evidencian la aludida similitud; la presunción de carga probatoria en materia de discriminación; los principios fundamentales del derecho al trabajo y de la carrera militar; la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad propuestas en la demanda.

12. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la prima de actividad, alegó:

12.1 Los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares cumplen con el supuesto de hecho previsto en la norma para acceder a la prima de actividad , relacionada con la permanencia en elRadicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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4 servicio. Por tanto, no existe patrón alguno que justifique la diferenciación existente al respecto.

12.2 La demandada no demostró la existencia de un criterio que justifique esa desigualdad , además de que las funciones desempeñadas por los

servicio. Por tanto, no existe patrón alguno que justifique la diferenciación existente al respecto.

12.2 La demandada no demostró la existencia de un criterio que justifique esa desigualdad , además de que las funciones desempeñadas por los oficiales y suboficiales no constituye un parámetro que avale la distinción, porque aún ellos tienen asignadas diversas misiones y no por eso se les deja de reconocer la prima.

12.3 Se desconoció que, en tratándose de discriminación, opera una inversión de la carga de la prueba que no fue satisfecha por la accionada.

13. Frente a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, afirmó:

13.1 No se estudiaron las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad planteadas en cuanto a este ítem, ni la vulneración al derecho a la igualdad y las garantías de favorabilidad pedidas en la demanda.

13.2 Se dio por probado, sin estarlo, que la demandada desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que pesada sobre el acto ficto negativo demandado.

13.3 Se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral , in dubio pro operario y condición más beneficiosa , pues se aplicó la interpretación normativa más desfavorable a los intereses del trabajador.

Sentencia objeto de revisión.

14. En sentencia de 8 de junio de 2022 , el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas al demandante.

15. Con dicho propósito, luego de citar la jurisprudencia de unificación del 25 de

agosto de 2016, concluyó lo siguiente:

confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas al demandante.

15. Con dicho propósito, luego de citar la jurisprudencia de unificación del 25 de

agosto de 2016, concluyó lo siguiente:

15.1 El actor no tiene derecho a recibir como asignación básica mensual una suma equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, porque su vinculación al Ejército Nacional se cumplió en vigencia del Decreto Ley 1794 de 2000 y además, su ingreso no hizo parte de la transición laboral.

15.2 Tampoco hay lugar a reconocer la prima de actividad, porque hace parte del régimen salarial y prestacional de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, del cual, por cierto, no participan los soldados profesionales.

15.3 De igual manera no se puede reconocer el subsidio familiar en los términos solicitados por el actor, puesto que adquirió el derecho en vigenciaRadicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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5 del Decreto 1161 de 2014.

15.4 Respecto de la vulneración del derecho a la igualdad que se alega, el artículo 53 constitucional enseña que a trabajo igual corresponde igual remuneración, cláusula que se rige por las previsiones de la identidad en funciones, responsabilidades y demás car acterísticas de cada cargo, contrario sensu, ante diferentes supuestos de hecho (como es el caso de los soldados que ingresaron como voluntarios y fueron asimilados a

funciones, responsabilidades y demás car acterísticas de cada cargo, contrario sensu, ante diferentes supuestos de hecho (como es el caso de los soldados que ingresaron como voluntarios y fueron asimilados a profesionales respecto de aquellos que ingresaron como profesionales) no es posible otorgar el mismo tratamiento.

15.5 Además, no resulta procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte actora, toda vez que el acto administrativo se expidió conforme a la normatividad vigente y la diferencia encontrada está justificada en razones objetivas.

Del recurso extraordinario de revisión.

16. La causal invocada. Para el recurrente, las sentencias dictadas en el proceso ordinario incurrieron en la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la ley 1437 de 20112.

17. Fundamentos. Se hicieron los siguientes reproches:

18. En cuanto a la sentencia de primer grado:

18.1 No examinó ni se pronunció frente a los supuestos fácticos, pretensiones y cargos jurídicos invocados en la demanda en torno al reajuste salarial, relacionados con la vulneración al derecho a la igualdad, el desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativa de los soldados profesionales, de los postulados del derecho al trabajo, los hechos demostrados, las cargas probatorias y la presunción de discriminación -las tres últimas señaladas en los alegatos de conclusión-.

18.2 No valoró ni resolvió los supuestos de hecho, súplicas y argumentos jurídicos formulados en el libelo relacionados con la prima de actividad, entre ellos: la infracción al principio de igualdad y la omisión de los principios del derecho al trabajo.

jurídicos formulados en el libelo relacionados con la prima de actividad, entre ellos: la infracción al principio de igualdad y la omisión de los principios del derecho al trabajo.

19. En cuanto a la sentencia de segundo grado:

19.1 No resolvió la solicitud de adición y de nulidad de la sentencia de primer grado. La primera de ellas, relacionada con los puntos que no fueron objeto de decisión y, la segunda, fincada en la vulneración del principio de

2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»Radicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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6 congruencia y, de contera, del derecho al debido proceso.

19.2 No se pronunció completa, exhaustiva y rigurosamente sobre los cargos formulados en contra de la negativa de las tres pretensiones invocadas en la demanda -reajuste salarial (13 reparos), prima de actividad ( 7 reproches) y subsidio familiar (5 reparos).

20. Con sustento en lo señalado, arguyó que las providencias de primera y segunda instancia desconocieron el principio de congruencia al no resolver todos y cada uno de los supuestos fácticos, pretensiones y argumentos jurídicos invocados en la demanda y en el recurso de apelación.

instancia desconocieron el principio de congruencia al no resolver todos y cada uno de los supuestos fácticos, pretensiones y argumentos jurídicos invocados en la demanda y en el recurso de apelación.

21. Pretensiones. Se solicitó declarar la nulidad parcial de las aludidas sentencias y, consecuentemente, devolver el expediente al juzgado de primera instancia para que profiera una sentencia en la que se resuelvan cada uno de los puntos planteados en la demanda.

22. La intervención del Ejército Nacional 3. Dentro de la oportunidad de ley, el abogado designado se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario alegando,

en esencia:

22.1 Que dentro del trámite ordinario se le respetó al demandante su derecho al debido proceso, así como todas las garantías que lo integran.

22.2 El demandante reitera que tenía dos pretensiones principales, a saber: i) reconocimiento del 20% de la diferencia salarial con los soldados profesionales que antes eran voluntarios y ii) reconocimiento de la prima de actividad militar.

22.3 La sentencia de segunda instancia , luego de realizar un recorrido normativo sobre, resolvió todos los cargos y reproches formulados en la apelación, explicando las razones por las cuales no había lugar al reconocimiento del reajuste salarial del 20% , ni mucho menos desconocimiento del derecho a la igualdad.

22.4 Así las cosas, es claro que la intención del recurrente no es otra distinta que reabrir etapas procesales ya finalizadas, como reiterar alegatos ya rendidos.

23. La intervención de la procuradora delegada 4. Oportunamente rindió su

que reabrir etapas procesales ya finalizadas, como reiterar alegatos ya rendidos.

23. La intervención de la procuradora delegada 4. Oportunamente rindió su concepto, a través del cual solicitó declarar infundado el recurso, pues la sentencia de segunda instancia resolvió todos y cada uno de los argumentos formulados en la alzada , explicando las razones por las cuales mantuvo la negativa sobre las pretensiones de reajuste salarial y prima de actividad y señalando los motivos por

3 Ver índice 13 de la plataforma SAMAI. 4 Ver índice 11 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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7 los cuales accedió al subsidio familiar en los términos prescritos en el artículo 11 del Decreto Ley 1794 de 2000.

III. CONSIDERACIONES

24. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.

25. De la oportunidad para interponer el recurso . De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

26. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 8 de junio de 2022, mientras que el recurso fue presentado el 4 de agosto de 2022, mientras que el recurso fue presentado el 1.° de agosto de 2023 a través de ventanilla virtual de este tribunal 5. Por tanto, se concluye que su radicación se cumplió dentro de los términos de ley.

27. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso, corresponde a la Sala determinar sí ¿La sentencia impugnada desconoció el principio de congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el debido proceso del demandante?

28. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales.

29. Normas y jurisprudencia aplicables.

30. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

31. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso

5 Índice 3 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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8 administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

32. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».7

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina8 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del

6 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 8 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884. 9 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las

reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violenci a o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalme nte por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».Radicado: 11001-03-25-000-2022-00546-00 (4988-2022)

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9 legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».10

33. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de

debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a juicio.

34. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los fundamentos y la causal alegada. 11 En la sentencia que se viene citando, esta

Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpret ativa del juez 12 o para corregir errores «in iudicando» 13, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 14-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho 15-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 16o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada

de una persona con mejor derecho 15-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 16o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación17-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al

10 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001 -03-15000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 12 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001 -03-15Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 12 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001 -03-15000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. 13 En sentencia C998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…». 14 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados». 15 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una de