CE - Sentencia 11001032500020230004700 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032500020230004700 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2016-01038-00 (0862-2023) (AER)
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones Demandado: Wilson Nallid Ortiz Quintero Temas: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032 presentada por Colpensiones en contra de la sentencia de 21 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-008-2016-0051600/01
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial3
2.1.1. La demanda
2.El señor Wilson Nallid Ortiz Quintero, por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
2.1. Proceso ordinario inicial3
2.1.1. La demanda
2.El señor Wilson Nallid Ortiz Quintero, por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra Colpensiones, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
- La nulidad de la Resolución 02763 de 30 de enero de 2012 mediante la
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-0056100(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 El recurso se presentó el 15 de febrero de 2023 de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Folio 57 y siguientes del archivo 03 contenido en el índice 13 de Samai.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023) (AER)
Accionante : Colpensiones
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2 cual el asesor de Gerencia del extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS
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2 cual el asesor de Gerencia del extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS reconoció una pensión de jubilación al señor Wilson Nallid Ortiz Quintero con fundamento en el régimen especial por actividad de alto riesgo establecido en los Decretos 1047 de 1978 y 1835 de 1994.
- La nulidad de la Resolución GNR 143963 de 22 de junio de 2013 proferida por Colpensiones que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y en donde se negó la reliquidación pensional de acuerdo con el régimen especial con la inclusión de nuevos factores salariales devengados durante el último año de servicios en virtud de los Decretos 1933 de 1989 ,1835 de 1994 y 1848 de 1969 y se modificó la decisión con el fin de incluir en nómina de pensionados por retiro efectivo de servicios.
- La nulidad de la Resolución VPB 11757 de 9 de marzo de 2016 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 02763 de 30 de enero de 2012 y ordenó la reliquidación de la pensión del señor Ortiz Quintero por nuevos tiempos laborados.
- A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación, de conformidad con los artículos el artículo 73 ° del Decreto 1848 de 1969 por remisión expresa del artículo 1 . ° del Decreto 1933 de 1989, en cuantía del 75% de lo devengado en el último año de servicios comprendido entre el 1. ° de abril de 2012 al 2 de abril de 2013
1933 de 1989, en cuantía del 75% de lo devengado en el último año de servicios comprendido entre el 1. ° de abril de 2012 al 2 de abril de 2013 incluyendo todos los factores salariales devengados como los son la asignación básica, bonificación por servicios, las primas de vacaciones de navidad, de servicios y de productividad.
- Finalmente solicitó el pago de intereses moratorios , de las costas y agencias en derecho.
1.1.2 Hechos relevantes
3. El señor Wilson Nallid Ortiz Quintero laboró en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1990 y el 31 de diciembre de 2011, acumulando un tiempo de servicios de 21 años, 1 mes y 11 días.
4. Como consecuencia de la Supresión del DAS, el actor fue incorporado alRadicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023)
(AER)
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3 CTI de la Fiscalía General de la Nación a partir del 1. ° de enero de 2012 en virtud de la Ley 1444 de 2011, con funciones afines con la entidad liquidada, desempeñando actividades de alto riesgo protegidas por la Ley 1223 de 2008.
5. El señor Ortiz Quintero fungió como detective investigador con funciones de Policía Judicial consistente en la investigación de delincuencia organizada ,
desempeñando actividades de alto riesgo protegidas por la Ley 1223 de 2008.
5. El señor Ortiz Quintero fungió como detective investigador con funciones de Policía Judicial consistente en la investigación de delincuencia organizada , narcotráfico, delitos fiscales , medioambientales y contra la vida , por medio de unidades especializadas. Una vez incorporado a la fiscalía general de la Nación, ejerció sin solución de continuidad hasta la fecha del retiro las mismas funciones propias de investigador que venía desarrollando dentro del ámbito de la policía judicial.
6. Adquirió el estatus jurídico de pensionado el día 15 de febrero de 2010 al cumplir el tiempo de servicio requerido para quienes desempeñan actividades de alto riesgo, por lo que mediante Resolución No. 02763 del 30 de enero de 2012 el ISS le reconoció la pensión de conformidad con el régimen especial establecido el artículo 4. ° del Decreto 1835 de 1994 en armonía con los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1898, condicionado al retiro efectivo del servicio.
7. Contra la anterior decisión, el pensionado interpuso los recursos de reposición y apelación , y solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1933 de 1989 y el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 tales como las primas de vacaciones, de navidad, de riesgo y de servicios por ser beneficiario del régimen especial de alto riesgo.
8. Mediante Resolución GNR 143963 de 22 de junio de 2013 Colpensiones
vacaciones, de navidad, de riesgo y de servicios por ser beneficiario del régimen especial de alto riesgo.
8. Mediante Resolución GNR 143963 de 22 de junio de 2013 Colpensiones resolvió el recurso de reposición contra dicha decisión. Señaló que el actor no tenía derecho a la reliquidación solicitada, y ordenó la inclusión en nómina del pensionado por encontrar acreditado el retiro efectivo del servicio.
9. A través de Resolución VPB 11757 de 9 de marzo de 201 4, se resolvió el recurso de apelación y en esta oportunidad, la entidad modificó la Resolución No. 02763 del 30 de enero de 2012 y ordenó la reliquidación de la pensión por nuevos tiempos laborados, sin embargo, negó la inclusión deRadicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023)
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4 todos los factores devengados durante el último año de servicios.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
10. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos 2.º, 13, 25,48, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 4 de 1966;
33 y 62 de 1985; 100 de 1993; 2223 de 2008 y los Decretos 1933 de 1989,1932 de 1989; 1835 de 1994, 1047 de 1978 y 2527 de 2000.
11. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado desconoció lo dispuesto en los Decretos 1047 de 1978,1835 de 1994 y 1933 de 1989 que establecen un régimen de transición para trabajadores del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, según el cual, el demandante tiene derecho a que su pensión sea liquidada con el promedio de los salarios y primas devengados du rante el último año de servicios, es decir , asignación básica, bonificación por servicios, las primas de vacaciones de n avidad, de servicios y de productividad.
2.1.4. Sentencia de primera instancia. 4
12. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante providencia de 13 de julio de 2017, concedió las pretensiones de la demanda.
13. En primer lugar, sostuvo que el demandante tiene derecho a que su pensión sea reconocida atendiendo las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993, es decir, según los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, pues se vinculó al DAS, el 20 de noviembre de 1990, es decir, antes de la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994, y laboró durante 20 años como detective, por lo que es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 4. ° de dicha disposición.
Decreto 1835 de 1994, y laboró durante 20 años como detective, por lo que es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 4. ° de dicha disposición.
14. Señaló que de acuerdo con los Decretos 1047 de 1978, 1835 de 1994 y 1933 de 1989, el actor tenía derecho a que su pensión fuera reconocida en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados durante el último año de servicios.
15.Indicó que en la sentencia de unificación de 1. ° de agosto de 2013, el Consejo de Estado indicó que constituye salario no solo la remuneración ordinaria sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie como contraprestación directa
4 Folio 1 y siguientes del archivo 03 contenido en el índice 13 de Samai.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023) (AER)
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5 del servicio.
16. Advirtió que Colpensiones al momento de liquidar la pensión del demandante estimó que los únicos factores a tener en cuenta serían los señalados en el Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir con 75% del promedio de lo devengado entre el 4 de mayo de 1996 y el 3 de mayo de 2006.
17. En ese orden, señaló que el demandante tenía derecho a que su pensión
21 de la Ley 100 de 1993, es decir con 75% del promedio de lo devengado entre el 4 de mayo de 1996 y el 3 de mayo de 2006.
17. En ese orden, señaló que el demandante tenía derecho a que su pensión fuera reliquidada con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios (31 de marzo de 212 y 1. ° de abril de 2013 ), es decir, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados , l as doceavas partes de las primas de navidad, de vacaciones, de servicios y de productividad.
18. Finalmente ordenó a la demandada a descontar los valores correspondientes a los aportes que no fueron efectuados por concepto de pensión.
2.1.5. Recurso de apelación. 5
19. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia.
Indicó que el ingreso base de liquidación no es un aspecto del régimen de transición del que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual al momento de liquidarse la pensión se tuvieron en cuenta los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, lo anterior, de conformidad con la sentencia de unificación de 230 de 2015.
20. El apoderado de la parte demandante también interpuso recurso de apelación y como fundamento de inconformidad señaló que , para efectos de calcular los aportes, se debe aplicar la prescripción extintiva establecida en el artículo 817 de Estatuto Tributario modificado por el artículo 53 de la Ley 1739
apelación y como fundamento de inconformidad señaló que , para efectos de calcular los aportes, se debe aplicar la prescripción extintiva establecida en el artículo 817 de Estatuto Tributario modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014, que es de 5 años a partir de la fecha en que se hizo exigible.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión.6
5 Según la sentencia de segunda instancia visible a folio 10 y siguientes del archivo 01 contenido en el índice 13 de Samai. 6 Folio 10 y siguientes del archivo 03 contenido en el índice 13 de Samai.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023) (AER)
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6
21. El Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección SegundaSubsección “D”, dictó sentencia de segunda instancia el 2 1 de febrero de 2019, en la cual, confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá el 13 de julio de 2017, lo anterior, con los
siguientes argumentos:
22. Como fundamento de su decisión señaló que el demandante tiene derecho a que se reliquide su pensión de conformidad con las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, teniendo en cuenta que se vinculó al DAS con anterioridad a la entrada
anterioridad a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, teniendo en cuenta que se vinculó al DAS con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994.
23. En ese sentido, sostuvo que el demandante tiene derecho a que su pensión se reliquide con el 75% de los factores salariales enlistados en el Decreto 1933 de 1989 y que fueron devengados durante el último año de servicios, esto es, el 1. ° de abril de 2012 hasta el 1. ° de abril de 2013, incluyendo como factores la asignación básica, y 1/12 parte de la bonificación por servicios, y de las primas de navidad, de vacaciones y de servicios.
24. Señaló que en el presente asunto no había lugar a incluir la prima de productividad a pesar de que fue devengada por el actor durante el último año de servicios, pues no se encuentra enlistada entre los factores señalados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.
25. Por otra parte, advirtió que, aunque el reconocimiento pensional se efectuó mediante acto de 30 de enero de 201 2, el retiro efectivo del servicio se efectuó el 1. ° de abril de 2013, por lo que tenía hasta el 1. ° de abril de 2016 para presentar la demanda, sin embargo, esta fue presentada el 21 de noviembre de 2016 por lo que operó la prescripción frente a las mesadas anteriores al 21 de noviembre de 2013.
26. Finalmente, señaló que los aportes al sistema de pensión no están sujetos al fenómeno de la prescripción, pues son el sustento para el reconocimiento de un
noviembre de 2013.
26. Finalmente, señaló que los aportes al sistema de pensión no están sujetos al fenómeno de la prescripción, pues son el sustento para el reconocimiento de un derecho imprescriptible e irrenunciable, como lo es la pensión, por lo que estimó que no había lugar a declarar la pre scripción de los aportes a pensión coya inclusión se ordenó. Sin embargo, precisó la entidad de previsión que hiciera los descuentos debe efectuarlos en el porcentaje que corresponda al trabajador y durante el tiempo en que devengó cada factor.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023)
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7 2.1.7. La acción especial de revisión 7
27. Colpensiones invocó como causal de revisión la consagrad a en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
28. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
(i) Revocar la sentencia de 21 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
28. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
(i) Revocar la sentencia de 21 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda subsección “D” dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Wilson Nallid Ortiz Quintero contra C olpensiones, radicado 10013335008201600516-00 que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá de 13 de julio de 2017.
(ii) Declarar que al señor Wilson Nallid Ortiz Quintero no le asiste derecho a que su pensión de vejez se reliquide con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios, ya que la mesada pensional se excedió la base de liquidación con la ley que legalmente no era aplicable (Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989).
29. Para fundamentar la causal de revisión Colpensiones sostuvo que el señor Wilson Nallid Ortiz Quintero no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que desconocía los artículos 230 y 246 de la Constitución Política; 36 de la Ley 100 de 1993 ; el Acto Legislativo 01 de 2005; y los artículos 2 1 del Decreto 2067 de 1991 y 45 de la Ley 270 de 1996, así como las sentencias C634 de 2011, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 expedidas por
la Corte Constitucional.
Decreto 2067 de 1991 y 45 de la Ley 270 de 1996, así como las sentencias C634 de 2011, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 expedidas por la Corte Constitucional.
30. Indicó que las sentencias recurridas desconocieron los lineamientos estipulados por la Corte Constitucional sobre el alcance que debe darse al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de
7 Archivo 02 contenido en el índice 3 de Samai.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023) (AER)
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8 acuerdo con los cuales, dicho régimen solo comprende las condiciones de edad, tiempo y monto, pero en cuanto a la liquidación o porcentaje del ingreso base de liquidación sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, con los factores sobre los cuales cotizó al Sistema General de Pensiones.
31. Adicionalmente, señaló que, al acoger una interpretación contraria a la constitución, el pensionado obtiene un beneficio desproporcionado e irrazonable por lo que resulta procedente acudir a aquellas acciones judiciales que permitan salvaguardar los recursos públicos.
2.1.8. Contestación
32. El señor Wilson Nallid Ortiz Quintero fue notificado de la admisión de la acción
por lo que resulta procedente acudir a aquellas acciones judiciales que permitan salvaguardar los recursos públicos.
2.1.8. Contestación
32. El señor Wilson Nallid Ortiz Quintero fue notificado de la admisión de la acción de revisión 7 de julio de 2023, como se advierte en el índice 11 de Samai. Sin embargo, no contestó la demanda.
33. El representante del Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
34. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Ad ministrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
35. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha
8 En la sentencia C -835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha
8 En la sentencia C -835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del términoRadicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023) (AER)
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9 expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
36. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
37. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 realizó un análisis sobre la acción extraordinaria de revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como vía para la revisión de las pensiones reconocidas mediante providencias judiciales en las hipótesis de abuso del derecho, providencia en la que señaló que «[…] frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titulari dad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las prime ras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.»
38. De esta manera, se entiende que pese a que COLPENSIONES, no se encuentre señalada expresamente por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como sujeto activo de la acción de revisión, está legitimada para interponer el recurso allí previsto.
39. Para el caso que se revisa, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue
allí previsto.
39. Para el caso que se revisa, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue
establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023)
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10 proferida el 21 de febrero de 2019 9 y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 15 de febrero de 2023.10
3.3. Problema jurídico
40. En ese orden, deberá verificar la Sala si la sentencia de 2 1 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección segundaSubsección “D”, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a Colpensiones, al reliquidar la pensión de jubilación del señor Wilson Nallid Ortiz Quintero con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, es decir, la asignación básica, la bonificación por servicios y l as primas
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, es decir, la asignación básica, la bonificación por servicios y l as primas de navidad, de servicios, y de vacaciones, teniendo en cuenta el régimen especial del DAS.
41. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en el literal y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
42. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 11 (antes artículo 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
9Folio 10 y siguientes del archivo 03 contenido en el índice 13 de Samai. 10 Archivo “Acta Reparto” contenido en el índice 4 de Samai. 11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la pa rte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la pa rte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal nece saria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dic tada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2016 -01038 -00(0862 -2023)
(AER)
Accionante : Colpensiones
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11 al principio de la cosa juzgada 12, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
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11 al principio de la cosa juzgada 12, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
43. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción especial13, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa.
44. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia 14 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado15, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
45. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 16 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Supre
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